Una manifestante canta durante una manifestación en apoyo del activista palestino Mahmoud Khalil, el lunes 10 de marzo de 2025, en Nueva York. (Foto: AP/Yuki Iwamura)
Cuando el presidente Donald Trump pronunció su discurso conjunto ante el Congreso la semana pasada, se jactó de que en sus primeras semanas de regreso en la Casa Blanca había “devuelto la libertad de expresión a Estados Unidos”.
Sin embargo, los defensores de la Primera Enmienda afirman que nunca han visto la libertad de expresión bajo ataque como lo ha estado en el segundo mandato de Trump.
El gobierno republicano de Trump ha amenazado a miembros demócratas del Congreso con ser investigados por criticar a los conservadores, ha retirado subvenciones federales que incluyen términos a los que se opone, ha sancionado a bufetes de abogados que representan a opositores políticos de Trump y ha arrestado al organizador de las protestas estudiantiles que Trump criticó como «antisemitas, antiestadounidenses».
“Tu derecho a decir algo depende de lo que el gobierno piense al respecto, lo cual no es libertad de expresión en absoluto”, dijo Will Creeley, director legal de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, un grupo no partidista de la Primera Enmienda.
Trump el lunes se atribuyó el mérito del arresto por parte de agentes de inmigración de Mahmoud Khalil, un estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia y residente legal permanente que ayudó a liderar protestas pro-palestinas allí. Los abogados de Khalil afirman que el gobierno lo está atacando por su activismo y para “discriminar contra puntos de vista particulares”.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el gobierno revocará las visas o tarjetas verdes de los partidarios de Hamás, que Estados Unidos ha designado como una organización terrorista, “para que puedan ser deportados”. El gobierno aún no ha presentado documentos que especifiquen por qué Khalil fue detenido, y un juez federal ordenó a principios de esta semana a los funcionarios de inmigración que no deportaran a Khalil mientras se resuelve su caso.
Los partidarios de Trump, incluidos miembros del Congreso, han argumentado que dado que Khalil no es ciudadano estadounidense, el gobierno puede atacarlo por su discurso, que ellos sostienen equivale a simpatía por el terrorismo.
“Este es el primer arresto de muchos por venir. Sabemos que hay más estudiantes en Columbia y otras universidades de todo el país que han participado en actividades pro-terroristas, antisemitas y antiestadounidenses, y el gobierno de Trump no lo tolerará”, escribió Trump.
Apuntando a universidades por sus mensajes y manifestaciones
Incluso algunos aliados de Trump se sintieron incómodos con ese enfoque: “Casi no hay nadie que no quiera deportar”, escribió la comentarista conservadora Ann Coulter en X, “pero, a menos que hayan cometido un crimen, ¿no es esto una violación de la primera enmienda?”.
En el otro extremo del espectro político, los activistas que se organizaron para protestar contra la guerra en Gaza estaban atónitos por la medida del gobierno.
“Aprendemos sobre nuestros derechos de la Primera Enmienda desde que somos niños”, dijo Germán Rafael González, miembro de los Estudiantes por la Justicia en Palestina de la Universidad de Stanford. “Pero eso es un mito. No es la realidad en la que vivimos ahora. Y es aterrador”.
Antes del arresto de Khalil durante el fin de semana, el gobierno presionó a la Universidad de Columbia para que reprimiera el activismo anti-Israel entre estudiantes y profesores, y Trump ha amenazado con actuar contra cualquier universidad que apoye protestas que él considere “ilegales”.
También emitió una orden que prohíbe la financiación federal de lo que su gobierno etiqueta como diversidad, equidad e inclusión (DEI), lo que llevó a una congelación de subvenciones federales mientras el gobierno las revisa en busca de palabras prohibidas como “género”.
Todd Wolfson, presidente de la Asociación Americana de Profesores Universitarios, que demandó al gobierno de Trump por su prohibición de las políticas de DEI y ganó una orden judicial en su contra de un juez federal, dijo que el gobierno está retirando fondos de proyectos que tienen palabras prohibidas, retirando subvenciones de investigaciones en áreas como la diversidad de cultivos o las diferencias en la mortalidad infantil en áreas urbanas y rurales.
“Nadie realmente quiere que el Gran Hermano te diga qué puedes investigar”, dijo Wolfson. “Estas son preguntas que nuestro país necesita saber las respuestas”.
“La amenaza más seria” a la libertad de expresión
Durante varios años, los republicanos han sido el partido que se ha quejado de las infracciones de la Primera Enmienda, desde las quejas sobre las universidades « progresistas» que cancelan a los oradores conservadores hasta los ataques a las empresas de medios sociales a las que acusan de censurar los puntos de vista conservadores, incluido el bloqueo a Trump tras el ataque de sus partidarios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Los estados de Florida y Texas, controlados por el Partido Republicano, incluso elaboraron leyes para limitar la forma en que las empresas de redes sociales regulan los contenidos, aunque la Corte Suprema de Estados Unidos las mantuvo en suspenso el año pasado debido a posibles violaciones de la Primera Enmienda.
El año pasado, Trump se posicionó como un defensor de la Primera Enmienda durante su campaña, y firmó una orden ejecutiva solo horas después de ser investido en el cargo que prohíbe a cualquier persona en el gobierno federal interferir con los derechos de libertad de expresión de los estadounidenses. Pero también hizo promesas que indicaban que podría oponerse a algunas de las protecciones fundamentales de la Primera Enmienda, como deportar a estudiantes extranjeros que protestaron contra Israel o prohibir la quema de banderas, que la Corte Suprema ha dictaminado que es libertad de expresión protegida.
Creeley, de la fundación de derechos individuales, dijo que intentó ser optimista antes de que Trump asumiera el cargo de que el nuevo presidente solucionaría algunos problemas de la Primera Enmienda. En cambio, dijo, ha empeorado.
“No puedo recordar nada como esto”, dijo Creeley. “He estado defendiendo los derechos de la Primera Enmienda desde 2006, y esta es la amenaza más seria que puedo recordar”.
Acciones contra medios y abogados para enfriar la disidencia
El gobierno de Trump también ha atacado a los medios de comunicación.
El presidente ha demandado a varios medios por la cobertura que no le gusta, y sus designados en la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC por sus siglas en inglés) han ayudado a presionar a esas empresas de medios. Mientras tanto, la FCC de Trump está abriendo investigaciones de otras empresas de medios con las que Trump ha tenido disputas, y el gobierno ha prohibido a The Associated Press formar parte de la pool de prensa de la Casa Blanca porque no usará el nombre preferido de Trump para el Golfo de México. The AP está demandando para restaurar su acceso por motivos de la Primera Enmienda.
El gobierno también ha atacado a bufetes de abogados por sus afiliaciones con demócratas o al gobierno anterior. Les retiró las autorizaciones de seguridad a los abogados de un bufete que ayudó en las investigaciones del abogado especial Jack Smith sobre Trump durante el gobierno del presidente Joe Biden y a Perkins Coie, un bufete demócrata de larga data que Trump culpa por la investigación sobre la relación de su campaña con Rusia durante su primer mandato. El martes, Perkins Coie demandó al gobierno para revertir la acción, diciendo que violó la Primera Enmienda y otras garantías constitucionales.
Jameel Jaffer, director del Instituto Knight de la Primera Enmienda en Columbia, dijo que los ataques a los bufetes de abogados han asustado a algunos abogados de alto perfil para que no tomen casos que desafíen al gobierno, lo cual, sostuvo, es el objetivo.
“Hay una larga tradición de abogados que asumen clientes controvertidos, a veces contra nuestro gobierno”, dijo Jaffer. “El gobierno de Trump ha dejado claro que retaliará contra los abogados”.
Jaffer dijo que los ataques a la libertad de expresión y de asociación están destinados a enfriar la disidencia al convencer a las personas en la oposición de que podrían convertirse en objetivos.
“Todos nosotros podemos participar en el gobierno al involucrarnos en protestas”, dijo Jaffer. “Cuando el gobierno cierra ese tipo de discurso, está cerrando la democracia”.
“No seré silenciado”
El gobierno de Trump incluso ha atacado a miembros del Congreso.
Trump nombró a Ed Martin, un abogado defensor que representó a algunos de los acusados en el ataque del seis de enero, como fiscal federal interino en el Distrito de Columbia. Martin escribió a Chuck Schumer, el líder de la minoría del Senado y uno de los principales demócratas del país, diciéndole que un comentario que hizo en 2020 advirtiendo a los jueces conservadores de la Corte Suprema que “pagarían el precio” por anular el derecho al aborto podría verse como una amenaza. Schumer se ha disculpado desde entonces por la declaración.
Martin también escribió al representante demócrata Robert García de California, advirtiéndole que los comentarios que hizo sobre el asesor de Trump, Elon Musk, podrían verse como una amenaza. García había dicho que los demócratas deberían “traer armas reales a esta pelea de bar”.
“Los miembros del Congreso deben tener el derecho de oponerse con firmeza al gobierno de Trump”, respondió García en la plataforma X de Musk. “No seré silenciado”.
120 autobuses contarán con esta mejora a finales de abril
FILADELFIA. – SEPTA estrena hoy una nueva iniciativa añadiendo zonas designadas cochecitos de niños en autobuses de seis rutas que operan en la ciudad de Filadelfia. Esta iniciativa busca que los viajes en SEPTA sean más cómodos para las personas que viajan con niños en cochecitos.
A partir de hoy, SEPTA pone en marcha una nueva iniciativa para facilitar los viajes de las personas que viajan con niños en cochecitos. Se han añadido zonas designadas para cochecitos en autobuses de seis rutas dentro de la ciudad de Filadelfia, ofreciendo más comodidad y accesibilidad para las personas que viajan con niños en cochecitos.
Durante el próximo mes, un total de 120 autobuses en las rutas 23, 25, 32, 49, 58 y 84 incorporarán esta mejora, con los primeros ya en circulación. Se espera que todos los autobuses cuenten con estos espacios a finales de abril.
Los autobuses equipados con zonas para cochecitos estarán identificados con una pegatina especial .junto a la puerta de embarque y, en el interior, el espacio designado se señalará con señalización azul.
«Sabemos que viajar con niños pequeños en autobús puede ser un desafío, tanto para los pasajeros como para nuestros conductores», afirmó Scott A. Sauer, Gerente General Interino de SEPTA. «Por eso, quisimos conocer directamente la opinión de los usuarios y de nuestros conductores antes de desarrollar esta iniciativa. A partir de sus comentarios, hemos diseñado estos espacios y estamos deseando ver cómo mejoran la experiencia de viaje una vez que los 120 autobuses estén en servicio con esta nueva característica”.
El tamaño máximo de los cochecitos es de 66 cm (26 pulgadas) de ancho y 91 cm (36 pulgadas) de largo. Los pasajeros pueden solicitar al conductor que despliegue la rampa de accesibilidad al subir o bajar del autobús. Las instrucciones para los usuarios son asegurar al niño en el cochecito, poner los frenos, sujetarlo mientras esté a bordo y mantener despejados el pasillo y las puertas.
Para fomentar el uso adecuado de estos espacios, la nueva señalización en los autobuses invitará a los pasajeros a cederlos a quienes viajen con niños en cochecitos.
Asimismo, se recuerda a los pasajeros seguir siempre las indicaciones de los conductores, quienes se encargarán de garantizar que estos espacios se utilicen correctamente y de mantener un entorno seguro para todos. Es importante destacar que los asientos prioritarios seguirán estando disponibles para pasajeros con movilidad reducida.
Dos estudiantes que se toman un descanso entre clases en el campus de la universidad Utah Valley en Orem, Utah. Foto: EFE/GEORGE FREY/Archivo)
La organización Voto Latino denunció este miércoles que los recortes del presidente de EE. UU., Donald Trump, al Departamento de Educación ponen en peligro el futuro de más de 18 millones de estudiantes latinos en Estados Unidos.
Las oficinas de ese ministerio amanecieron cerradas hoy después de que Trump lo ordenara, como parte de su plan para desmantelarlo y cumplir una de sus promesas electorales.
Según Voto Latino, estos recortes afectan directamente a estudiantes universitarios latinos que dependen de becas y préstamos federales para costear su educación.
En 2022, la matrícula hispana en la educación superior alcanzó los 3,8 millones de estudiantes, de los cuales casi el 75% recibe algún tipo de ayuda financiera.
Asimismo, Voto Latino señala que la eliminación del Departamento de Educación agravaría la inseguridad alimentaria en comunidades vulnerables. Más de seis millones de niños latinos dependen del Programa Nacional de Almuerzos Escolares para su alimentación diaria.
Agrega que otro grupo severamente afectado serían los niños latinos con discapacidades, que suman aproximadamente 1,1 millones en las escuelas públicas del país. El Departamento de Educación garantiza que estos estudiantes reciban los apoyos y adaptaciones necesarias para su desarrollo académico.
Los estados con mayor población estudiantil latina entre el jardín de infancia (Kindergarten) hasta el último año de la escuela secundaria (12) sufrirían las peores consecuencias, entre ellos: California: más de 3,2 millones de estudiantes latinos (56,1% del total de alumnos K-12); Texas, con 2,9 millones (53,2%), y Florida, con más de un millón (36.4%).
Voto Latino ha instado a padres, educadores y aliados a movilizarse contra estos recortes y exigir al Congreso que los revierta.
«No nos quedaremos de brazos cruzados mientras Trump amenaza el derecho a la educación de millones de niños», declaró la organización.
El anuncio de despidos masivos en esa cartera ha generado alarma entre defensores de la educación pública, quienes advierten sobre el impacto devastador que tendrá en millones de estudiantes que dependen de recursos federales para acceder a oportunidades académicas, señaló la organización.
El presidente Donald Trump camina desde la Oficina Oval para partir en el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, el 28 de febrero de 2025. (Foto: VOA)
Los aranceles previstos del 25 % sobre todas las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos entraron en vigor este miércoles, una medida que afecta, entre otros, a Argentina, Brasil, México, Canadá y Japón.
Estados Unidos promulgó el miércoles nuevos aranceles del 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio, poniendo fin a las exenciones previas vigentes para varios aliados.
La medida afecta las importaciones de Argentina, Australia, Brasil, el Reino Unido, Canadá, Japón, México, Corea del Sur y la Unión Europea.
“En mi opinión, estas modificaciones son necesarias para abordar el aumento significativo de la proporción de importaciones de artículos de acero y derivados de acero de estas fuentes, que amenazan con perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos”, declaró el presidente estadounidense Donald Trump en una proclamación que anunciaba los aranceles.
La Unión Europea respondió el miércoles anunciando planes para imponer aranceles a productos estadounidenses por valor de 28.000 millones de dólares a partir de abril.
“Siempre estaremos abiertos a la negociación. Creemos firmemente que, en un mundo plagado de incertidumbres geopolíticas y económicas, no nos conviene imponer aranceles a nuestras economías”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó la acción estadounidense de “totalmente injustificada”, pero descartó la imposición de aranceles como represalia.
“Los aranceles y la escalada de las tensiones comerciales son una forma de autolesión económica y una receta para un crecimiento más lento y una mayor inflación. Los pagan los consumidores. Por eso, Australia no impondrá aranceles recíprocos a Estados Unidos”, declaró Albanese el miércoles.
La semana pasada, Trump anunció primero y luego retrasó casi un mes un mes un arancel del 25% a todos los productos exportados a Estados Unidos desde Canadá, normalmente un aliado fiel y el segundo mayor socio comercial después de México. Trump afirmó que está presionando a Canadá para que frene aún más el flujo de migrantes y drogas ilícitas, especialmente el mortal opioide fentanilo, hacia Estados Unidos.
La respuesta de Canadá incluyó la imposición por parte de funcionarios de la provincia de Ontario de un impuesto del 25 % a la electricidad vendida a 1,5 millones de clientes estadounidenses, lo que provocó la ira de Trump y la amenaza de aumentar los aranceles al acero y al aluminio.
Funcionarios estadounidenses y canadienses se reunieron el martes y acordaron dar marcha atrás: Ontario canceló el impuesto a la electricidad y la administración Trump redujo los aranceles al acero y al aluminio al 25 %.
El primer ministro canadiense saliente, Justin Trudeau, respondió a la ofensiva de Trump contra los productos canadienses la semana pasada anunciando un aumento de los aranceles a las exportaciones estadounidenses. Mark Carney, quien se convertirá en primer ministro en los próximos días, declaró el martes que la respuesta del gobierno maximizará el impacto en Estados Unidos y minimizará el impacto en Canadá.
“Mi gobierno mantendrá nuestros aranceles hasta que los estadounidenses nos muestren respeto y se comprometan de forma creíble y fiable con el comercio libre y justo”, declaró Carney en un comunicado.
Trump también reiteró su sugerencia de que se convierta en el estado número 51 de EEUU.
“Esto haría que todos los aranceles, y todo lo demás, desaparecieran por completo”, declaró Trump el martes en su plataforma Truth Social. “Los impuestos de los canadienses se reducirían sustancialmente, estarían más seguros, tanto militar como económicamente, que nunca, ya no habría problemas en la Frontera Norte, y la nación más grande y poderosa del mundo sería más grande, mejor y más fuerte que nunca. Y Canadá será una parte importante de ello”.
Sugirió que el himno nacional canadiense, «Oh Canadá», aún podría cantarse, «¡pero ahora representando a un GRAN y PODEROSO ESTADO dentro de la nación más grandiosa que el mundo haya visto!».
La guerra arancelaria y comercial de Trump con Canadá y México, a los que también impuso la semana pasada un nuevo impuesto del 25 % a las exportaciones antes de posponerlo, ha generado nerviosismo en Wall Street.
Los índices bursátiles se han desplomado durante días, anulando las grandes ganancias del mercado para los estadounidenses adinerados, junto con las ganancias mucho más modestas para los inversores comunes.
Linda McMahon, secretaria de educación. (Foto: EFE/Albin Lohr-Jones/ Archivo)
El Departamento de Educación estadounidense anunció que ha decidido poner en baja administrativa a la mitad de su personal, una medida que entrará en vigor a partir del 21 de marzo.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, indicó en un comunicado que la excedencias contempladas reflejan el compromiso de su gabinete con la eficiencia y la rendición de cuentas y con la voluntad de garantizar que los recursos van dirigidos «a los que más importan: los estudiantes, los padres y los profesores».
Su nota precisó que todas las divisiones dentro de ese gabinete se verán afectadas y que algunas requerirán una «reorganización significativa para servir mejor a estudiantes, padres, educadores y contribuyentes».
El pasado 20 de enero, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, asumió el cargo, la plantilla del Departamento de Educación contaba con 4.133 trabajadores. Tras la decisión comunicada este martes esa cifra se reducirá a 2.183 empleados.
En la reducción de plantilla, se cuentan casi 600 funcionarios que en las últimas siete semanas aceptaron renuncias voluntarias y jubilaciones, mientras que el resto de trabajadores afectados serán colocados en baja administrativa a partir del 21 de marzo.
El comunicado detalló que en conformidad con el acuerdo de negociación colectiva, todos ellos recibirán su salario completo y los beneficios correspondientes hasta el 9 de junio, así como una «importante indemnización o beneficios de compensación» en función de su antigüedad.
La noticia se dio a conocer el mismo día en que se había filtrado que todas las oficinas del Departamento de Educación en Washington iban a estar cerradas este miércoles «por razones de seguridad» e iban a reabrir el jueves.
Según un correo interno que ha llegado a medios nacionales, el personal de ese departamento recibió un mensaje este martes en el que se les pidió abandonar todas las oficinas en la capital para las 18:00 hora local (22:00 GMT).
La directiva llega en un momento en que la Administración republicana sopesa firmar una orden ejecutiva para desmantelar ese departamento como parte de política del nuevo Ejecutivo de reducir las agencias federales y el tamaño de la fuerza laboral del Gobierno, según ha informado The Wall Street Journal (WSJ).
El WSJ aseguró en febrero que la orden supondría un paso hacia el cumplimiento de una promesa de campaña de Trump de eliminar ese gabinete, limitar la participación federal en la educación y dar más autoridad a los estados en este ámbito.
Los republicanos fueron muy críticos con el Departamento de Educación bajo el mandato del demócrata Joe Biden (2021-2025), en particular con las decisiones de perdonar los préstamos estudiantiles y extender las protecciones contra la discriminación sexual en la educación a las personas del colectivo LGTBI.
Legislators are now circulating co-sponsorship memos on each piece of Governor Shapiro’s energy plan.
Building on Ben Franklin’s energy legacy, the Lightning Plan is supported by leaders from the energy industry, organized labor, environmental groups, and consumer advocates.
Governor Shapiro highlighted his commonsense plan at Voith Hydro — one of the world’s largest dedicated hydropower manufacturing facilities and a company that will benefit from the Governor’s all-of-the-above energy strategy that defines his vision for powering Pennsylvania.
York, PA – Today, Governor Josh Shapiro visited Voith Hydro North America to announce that key components of the “Lightning Plan” – a comprehensive, all-of-the-above energy plan to secure Pennsylvania’s energy future – will be introduced in the General Assembly in the coming weeks. Legislators in both houses of the General Assembly have published co-sponsorship memos aligning with the plan, as Governor Shapiro and Democrats in the General Assembly work to strengthen Pennsylvania’s energy leadership.
Supported by labor and industry leaders, environmental advocates, and consumer groups, Governor Shapiro’s commonsense energy plan will create jobs, lower costs for consumers, speed up permitting, and protect Pennsylvania from global instability by building more energy generation in Pennsylvania – positioning the Commonwealth to continue to be a national energy leader for decades to come.
The Governor made this announcement at Voith Hydro North America’s plant in York, one of the world’s largest hydro turbine manufacturers. The Governor’s all-of-the-above strategy would increase energy production in Pennsylvania – and leading energy manufacturers like Voith will play a key role in that effort by producing more hydropower turbines. By producing more energy, Governor Shapiro’s Lightning Plan will boost key sectors of the Commonwealth’s economy, including manufacturing, robotics and technology, agriculture, and life sciences.
“Pennsylvania has long been a national energy leader, from Ben Franklin to today, but right now, we’re letting other states outcompete us and we’re losing out on jobs, new investment, and innovation – that has to change,” said Governor Shapiro. “My energy plan will power Pennsylvania forward by incentivizing the building of next generation energy projects in the Commonwealth. We have to meet this moment and this plan – supported by leaders from the energy industry, organized labor and environmental groups, and consumer advocates – will lower costs for consumers, create more jobs, speed up permitting, and position the Commonwealth to continue to be a national energy leader for decades to come. The time for action is now and I look forward to working with leaders in the General Assembly to move this forward.”
Pennsylvania needs an energy plan to power the Commonwealth forward. Energy consumption is rising in Pennsylvania and around the world; the nation is facing more extreme weather events; the limits of the energy grid are constantly being tested; and utility costs are on the rise as a result of global instability and foreign wars. Doing nothing is not an option.
The Governor’s energy plan will provide funding for new projects through an updated Pennsylvania Economic Development for a Growing Economy (EDGE) manufacturing tax credit, streamline energy project approvals by creating a state energy siting board to cut red tape, and encourage communities to lower utility bills through shared energy resources. Additionally, the plan increases rebates for energy-efficient appliances to help reduce household energy costs. The Lightning Plan will supercharge energy development in the Commonwealth, positioning Pennsylvania to lead the way in clean, reliable, and affordable energy for years to come.
“Demand for electricity in the US is growing, and hydro power stands out as one of the most reliable and sustainable renewable energy sources available, not only for generating electricity, but also for storing energy – an often overlooked but essential resource to maintain a stable energy grid,” said Stanley Kocon, President & CEO of Voith Hydro North America. “We wholeheartedly support the Governor’s plan to lower electricity costs and to build and upgrade more power plants to ensure clean, reliable and affordable energy for Pennsylvania’s future.”
“We’re long overdue to unite behind a strategy that encourages energy production, lowers costs for energy consumers, creates good paying union jobs that offer family sustaining wages, and at the same time is mindful of the planet that we will leave behind for our kids and our grandkids,” said Jim Enders, President of the Central Pennsylvania Building & Construction Trades Council. “These are common sense goals that we should all be able to agree on. Organized labor is encouraged by the Governor’s leadership on an energy plan that creates thousands of good paying union jobs and puts Pennsylvania energy at the forefront.”
“The Lightning Plan’s impact on communities like York – where manufacturing is not just an industry but a way of life – will be transformative,” said Kevin Schreiber, President & CEO, York County Economic Alliance. “The plan will attract new investments and stimulate job creation by prioritizing sustainable energy production and modernizing tax and other incentives, ensuring that advanced manufacturing remains a cornerstone of local economies. It will also empower manufacturers, such as VOITH HYRDO, to continue to expand operations and lead global energy innovation.”
“It’s not just enough for us as a Commonwealth to reduce our reliance on fossil fuel infrastructure. It’s important for us to boost the amount of renewable energy here in the state. It’s important for us to realize the benefits to air quality, to water quality, to build those things,” said Patrick McDonnell, President & CEO of PennFuture. said Patrick McDonnell, President & CEO of PennFuture. “The lightning plan is a real, concrete way for us to reduce energy costs for consumers and to make sure we’re putting the people of Pennsylvania to work.”
Governor Shapiro’s announcement builds on the energy plan unveiled by the Governor last March, which will protect and create nearly 15,000 energy jobs, lowering utility bills for households, and taking real action to address carbon pollution. These initiatives are projected to save Pennsylvania energy customers $664 million by 2040 and generate $11.4 billion in clean, reliable energy investments.
Independent studies confirm that Governor Shapiro’s plan will save Pennsylvanians money on their electricity bills, create energy jobs, and lead to billions in new investment in power plants and energy infrastructure.
The Lightning Plan: A Bold, All-of-the-Above Energy Plan
Governor Shapiro’s plan will supercharge energy development in the Commonwealth and help energy projects get built and approved faster than ever before through several strategic initiatives. Co-sponsorship memos for each proposal are linked below.
EDGE Tax Credit (sponsored by Sen. Minority Leader Jay Costa, Senator Nick Pisciottano, and Rep. John Inglis): The Pennsylvania Economic Development for a Growing Economy (PA EDGE) Tax Credit Program, established in 2022, hasn’t been used, leaving billions in potential economic development untapped. The Governor’s proposed 2025-26 budget will include key tax credit modifications to revamp the program, including:
·Reliable Energy Investment Credit: Up to $100 million per facility for three years, focused on adding reliable energy sources to the grid.
·Regional Clean Hydrogen Tax Credit: Up to $49 million annually for regional hydrogen projects, with lower thresholds to qualify.
·Sustainable Aviation Fuel: Up to $15 million per year to produce sustainable aviation fuel (SAF), like the CNX and KeyState Energy collaboration at Pittsburgh International Airport.
RESET Board (sponsored by Sen. John Kane and Rep. Mandy Steele): Pennsylvania needs to streamline the process for building energy projects. Currently, Pennsylvania is one of only 12 states without a state entity, accelerating siting decisions for key energy projects. The Governor is proposing the Pennsylvania Reliable Energy Siting and Electric Transition (RESET) Board to speed up permitting, reduce red tape, and support the next generation of energy projects in the state.
Pennsylvania Climate Emissions Reduction Act (sponsored by Sen. Carolyn Comitta and Rep. Aerion Abney): PACER would establish a cap-and-invest program to set Pennsylvania’s carbon limit and invest in reducing electricity costs. Under PACER, 70 percent of the revenue generated would be returned to Pennsylvanians as rebates on their electric bills.
Pennsylvania Reliable Energy Sustainability Standard (sponsored by Sen. Steve Santarsiero and Rep. Danielle Otten): PRESS would modernize Pennsylvania’s outdated energy standards, incentivizing innovation in nuclear and renewable energy, including battery storage, to remain competitive with other states.
Lowering Energy Costs for Rural Communities (sponsored by Sen. Judy Schwank and Rep. Peter Schweyer): The Governor’s proposed 2025-26 budget introduces “Community Energy,” a proposal that helps rural communities, farmers, and low-income Pennsylvanians jointly share energy resources to lower costs. For example, farmers could use methane digesters to produce energy for their farms, reducing reliance on utility companies and lowering their energy prices.
Rebates to Reduce Household Energy Costs (sponsored by Sen. Lisa Boscola and Rep. Kyle Donahue): After nearly 20 years, Pennsylvania must reform Act 129, the law that provides rebates and incentives to buy new energy efficient appliances and other ways to reduce electricity needs over time — which in turn, leads to lower electricity prices. The Governor’s proposal will update these energy efficiency standards make Pennsylvania a leader again in saving consumers money on their energy bills.
“As a major energy-producing state, Pennsylvania is in a unique position to lead on sustainable energy sources that can reduce electric costs for families, bring new jobs to our communities, and help secure our right to clean air and pure water,” said Senator Carolyn Comitta. “PACER and the Governor’s “Lightning Plan” are the way forward to cleaner air, better economic opportunities, and consumer savings on electricity bills,” said Comitta, who serves as Minority Chair of the Senate Environmental Resources and Energy Committee. “I thank Governor Shapiro, Rep. Abney, and our legislative partners and co-sponsors for coming together to prioritize Pennsylvania’s future.”
“PACER is a win-win for the environment and Pennsylvanians,” said Representative Aerion Abney. “The program is a tremendous boost to economies across the state by creating many new jobs in the energy sector and reinvests crucial funds in the protection of our planet’s health for generations to come.”
“The current qualifications for a business to claim the Semiconductor tax credits are unattainable,” said Representative Steve Samuelson. “Not only do they leave out worthy businesses making great strides in manufacturing a key component of our electronic devices, but the credits have gone unused for the past two years. My bill would make the credits more attainable, ultimately achieving the goal of spurring economic development.”
“I have long said that it’s a false premise to say we must choose between creating jobs OR saving our planet,” said Senator Steve Santarsiero. “I applaud Governor Shapiro for leading the way and bringing together the interests of consumers, labor and the environment to find a solution that works for all of us. To that end, I am proud to introduce legislation to create the Pennsylvania Reliable Energy Sustainability Standard, the next generation of alternative energy portfolio standards for the Commonwealth. PRESS will turbocharge energy build-out in Pennsylvania and create a more diverse mix of energy resources focusing on clean, reliable, and affordable energy.”
“Pennsylvania is at a critical juncture. With energy demand skyrocketing, the PJM capacity markets facing unprecedented price spikes, and our state sorely lagging in clean energy investments, it’s imperative that we act now,” said Representative Danielle Otten. «PRESS, as part of Governor Shapiro’s Lightning Plan, will help to diversify our energy sources, reduce emissions, build resiliency into our grid, improve reliability, and lower electricity costs for ratepayers, while creating workforce opportunities and securing Pennsylvania’s position as a leader in clean, reliable, and affordable energy for the next 20 years.»
«I’m proud to partner with Governor Shapiro to introduce the Community Energy bill, which will help farmers, low-income residents, and communities across Pennsylvania cut energy costs by sharing resources,” said Senator Judy Schwank. “Community Energy will support new energy projects and agricultural innovation by allowing farmers, for example, to come together to invest in methane digesters to power their operations instead of relying on electric companies. This is just one exciting component of the Lightning Plan, Pennsylvania’s proposed all-of-the-above approach to energy.»
“Clean, renewable energy sources, like solar, geothermal and renewable natural gas help to reduce utility costs and lower the output on the electricity grid, but unfortunately many Pennsylvanians do not have the ability to access them,” said Representative Peter Schweyer. “Community Energy will allow people to subscribe to renewable energy programs which saves them money and ease the amount of energy output on the grid. I applaud Gov. Shapiro’s commitment to Community Energy and look forward to getting it passed and signed into law.”
«Pennsylvania has always been a leader in energy innovation, but red tape has held us back from building the next generation of reliable energy projects,» said Senator John I. Kane. «I’m thrilled to see Governor Shapiro taking bold action with the Lightning Plan, and I’m proud to be the prime sponsor of the RESET Board, which will be a key part of that vision. This one-stop shop for energy development will get steel in the ground faster, create good jobs, lower costs for consumers, and ensure Pennsylvania remains an energy powerhouse for decades to come.»
“If we are serious, really and truly serious, about supercharging energy development in the state to bring costs down for Pennsylvanians and set us up as a dominant energy leader, we must streamline the process,” said Representative Mandy Steele. “Creating a Reliable Energy Siting and Electric Transition Board will speed up the entire process, from permitting to reducing red tape, and supporting new energy projects in a big way. I am happy to be able to work with the governor on getting this proposal through the legislative process and become law.”
«Pennsylvania’s energy future requires a balanced approach, one that prioritizes both supply and demand. Act 129 is a needed but outdated initiative,” said Senator Lisa Boscola. «When first introduced, the program helped make households more efficient by changing out inefficient appliances. As demand continues to outpace supply, we need to reimagine the tools used to create efficiencies in our homes and businesses. Reforming this program will give homeowners and businesses the incentives they need to reduce their energy bills by making investments in items that will drive down their energy consumption. By driving down demand, the program helps ensure we have the power we need to keep Pennsylvania running. Act 129 reforms are just one component of a strategic energy policy that includes smart investments in energy efficiency, resiliency, and generation.»
“I believe that Gov. Shapiro’s lighting plan is a fruitful step forward for the energy industry in Pennsylvania,” said Representative Kyle Donahue. “This plan will create jobs, lower costs for consumers, protect Pennsylvania from global instability by building next generation power, and position the commonwealth to continue to be a national energy leader for decades to come. I look forward to working with Gov. Shapiro and my colleagues in the state House and Senate to support legislation that will enact this plan.”
“As a lifelong resident of Allegheny County, I know how important it is to deliver good, honest union jobs to our working families, regardless of whether they have a college degree,” said Senator Jay Costa. “I also know the importance of keeping costs down wherever possible, so folks can put their hard-earned money where they want it to go, like their kids’ college funds or family vacation. I am proud to be supporting Governor Shapiro on his plans to do both things at once through his Lightning Energy Plan. By unleashing Pennsylvania’s energy potential, Governor Shapiro will create energy jobs, lower energy costs, protect PA’s energy independence, and position our commonwealth as a leader in the nation.”
“I commend Governor Shapiro for this bold, responsible, forward-looking energy plan, and I am happy to be a prime sponsor in the Senate of the EDGE tax credit programs, designed to attract new investments from businesses in critical manufacturing sectors,” said Senator Nick Pisciottano. “I share the Governor’s commitment to affordable, clean, and reliable energy for every family, business, and community in Pennsylvania. This plan will lower electricity costs, which is a top priority for our residents who are facing rising utility bills. We are excited to introduce a plan that strikes a vital balance between meeting the growing energy demands of our state, while also making sure we are protecting our environment for future generations. By focusing on both innovation and practical solutions, we are setting the stage for Pennsylvania to thrive in the energy sector and compete in the global economy.”
“Pennsylvania energy powered the industrial revolution and Pennsylvania energy will power the technological revolutions of the future – if we make the right investments to support the projects that create jobs today and help create jobs for years to come,” said Represenative John Inglis. “I’m proud to be the sponsor of the EDGE tax credits in the Lightning package to help fund energy generation and infrastructure upgrades and a brighter future.”
“Pennsylvania is the crossroads of America for roads, rails, and skies,” said Representative Rob Matzie. “Investing in sustainable aviation fuel production with the Lightning plan helps cut emissions, create good-paying jobs, and support innovation in agriculture.”
“Pennsylvania has lost out because the PA EDGE tax credit program was not utilized as envisioned,” said Representative Tom Mehaffie. “We are overdue to re-energize the tax credits and ensure the Commonwealth – and nation – have sources of PA-produced, reliable power for years to come.”
See below for co-sponsorship each proposal’s co-sponsorship memo in the House and the Senate.
El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, rodeado de periodistas al final de una rueda de prensa diaria sobre la COVID-19, en la sede del organismo en Ginebra, Suiza, el 11 de marzo de 2020.
Desde el 11 de marzo de 2020 el mundo enfrentó una de las crisis sanitarias más grandes de la historia reciente. La propagación del virus, el impacto de la vacunación y las secuelas a largo plazo han redefinido la forma en que se abordan las pandemias.
MIAMI — Era un 11 de marzo de 2020. Hasta ese momento se habían confirmado aproximadamente 118.000 casos en 114 países y más de 4.000 muertes, según los datos reportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El virus había comenzado a propagarse rápidamente fuera de China, con brotes significativos en países como Italia, Irán, Corea del Sur y España.
Ese día, el organismo sanitario internacional declaró oficialmente la pandemia de COVID-19, una fecha que marcaría el inicio de una crisis sanitaria global sin precedentes en la historia reciente.
La evolución de la pandemia en 5 años
Desde el inicio de la pandemia, la región de las Américas ha sido una de las más golpeadas por el COVID-19, registrando millones de contagios y muertes en el último lustro.
Un año después, 2021 fue el más letal. Además, la aparición de la variante Delta provocó un aumento acelerado de los contagios ya que esa mutación facilitaba la propagación del virus más rápidamente. Para diciembre de ese año, la OPS confirmó un total acumulado de 2,3 millones de fallecimientos en la región.
Con la ampliación de la vacunación, en 2022 las muertes comenzaron a descender. Hasta agosto, la OPS registró 175,7 millones de casos, con una reducción significativa en la mortalidad gracias al avance de las vacunas.
Las medicinas se pudieron distribuir gracias al mecanismo del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX), una estrategia conjunta entre la OPS, la OMS y otros organismos para garantizar una distribución equitativa, especialmente en los países más vulnerables.
La Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria global por la pandemia de COVID-19 el 5 de mayo de 2023. Sin embargo, el organismo sanitario aclaró que el virus sigue circulando y representa un riesgo, pero ya no se considera una emergencia de salud pública de preocupación internacional.
La Dra. Aileen Marty, especialista en enfermedades infecciosas y profesora de la Universidad Internacional de Florida (FIU, en inglés), recordó a la Voz de América la gravedad de la situación. «Fue muy duro para mí y para toda la humanidad. Esta ha sido una de las situaciones más graves de salud que hemos tenido, por supuesto, porque no afectó únicamente a la salud”.
Por su parte, la Dra. Dadilia Garcés, epidemióloga y profesora del Miami Dade College, lamentó que esta crisis sanitaria evidenció la falta de preparación a nivel global que había en torno a la posibilidad de una pandemia de este tipo.
«Siempre he dicho que debimos estar mejor preparados”, manifestó. “Ningún país se preparó adecuadamente para la siguiente pandemia, y se perdió la inversión durante muchos años para la investigación y la vigilancia epidemiológica de enfermedades que todavía están presentes”, añadió.
La actual situación del COVID-19
Durante el último año, la enfermedad ha mostrado una tendencia descendente, atribuida al aumento de la inmunidad poblacional por vacunación e infecciones previas, la disminución de la mortalidad y la reducción de la presión sobre los sistemas sanitarios. Estas mejoras permitieron que la mayoría de los países retomaran actividades similares a las de antes de la pandemia.
Sin embargo, la OMS enfatiza que, aunque la COVID-19 ya no se considera una emergencia de salud pública de preocupación internacional, sigue “representando una amenaza significativa para la salud global”.
“Es esencial mantener la vigilancia, continuar con la vacunación de los grupos vulnerables y reforzar los sistemas de salud para futuras emergencias”, apuntan.
Las secuelas del virus
La pandemia no solo causó muertes inmediatas, sino que también dejó secuelas a largo plazo en muchos sobrevivientes, según habían alertado desde el ámbito sanitario, como el COVID-19 persistente durante semanas o meses después. También el que fue catalogado como “crónico”, que se daba especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados y sin una eliminación efectiva del virus, lo que podría llevar a una infección persistente.
La Dra. Eneida Roldán, jefa ejecutiva de la Red Clínica de FIU y profesora de la Escuela de Medicina de Harvard, señala que, a pesar de que han pasado cinco años, aún es temprano para comprender completamente estas secuelas.
«Estamos viendo secuelas y tenemos que estudiarlas por un largo plazo para saber si esas secuelas son el impacto directo del virus o si es una combinación de otros factores”, dijo a la VOA.
Recomendaciones para la población
Por su parte, el Dr. Carlos Riveros, especialista en medicina interna, recordó que “el virus llegó para quedarse” y que es importante seguir manteniendo unas pautas para prevenir futuros contagios, tanto de este como de otros virus parecidos.
Vacunación continua: «Es fundamental mantenerse al día con las vacunas recomendadas, ya que son la herramienta más efectiva para prevenir enfermedades graves».
Higiene personal: «Lavarse las manos regularmente con agua y jabón, evitar tocarse la cara y cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar son prácticas esenciales para reducir la transmisión de virus respiratorios».
Uso de mascarillas en entornos de riesgo: «En lugares cerrados o con alta concentración de personas, el uso de mascarillas sigue siendo una medida efectiva para prevenir contagios».
Mejora de la ventilación: «Asegurar una buena circulación de aire en espacios interiores disminuye la concentración de patógenos en el ambiente».
Estilo de vida saludable: «Mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física regular y dormir adecuadamente fortalece el sistema inmunológico».
Preparación para el futuro
Por otro lado, la pandemia evidenció la necesidad de fortalecer los sistemas de salud y establecer mecanismos de respuesta rápida ante emergencias sanitarias. Desde la OMS y otros organismos internacionales insisten que se está trabajando en la creación de instrumentos legales que refuercen la prevención, preparación y respuesta ante futuras pandemias, garantizando una distribución equitativa de recursos médicos y fortaleciendo la cooperación global.
También señalan que es crucial combatir la desinformación y el negacionismo que surgieron durante la pandemia. “La confianza en la ciencia y en las autoridades sanitarias es esencial para una respuesta efectiva a futuras crisis sanitarias”, dijo el Dr. Riveros.
Con todo el mensaje de la comunidad sanitaria sigue siendo el mismo: “es fundamental no bajar la guardia, aprender de las lecciones del pasado y prepararse adecuadamente para enfrentar futuros desafíos sanitarios”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que duplicará los aranceles previstos al acero y al aluminio procedentes de Canadá, que quedarán sujetos a un gravamen del 50 % que entrará en vigor este miércoles.
A través de su red social, Truth Social, explicó que la medida es una respuesta a la decisión adoptada por la provincia canadiense de Ontario, que comenzó este lunes a incrementar en un 25 % el precio de la electricidad que suministra a Estados Unidos.
«En base a que Ontario, Canadá, ha impuesto un arancel del 25 % sobre la ‘electricidad’ que entra en Estados Unidos, he ordenado a mi secretario de Comercio que AÑADA UN ARANCEL ADICIONAL DEL 25 %, HASTA EL 50 %, sobre TODO EL ACERO Y ALUMINIO QUE LLEGUE A ESTADOS UNIDOS DESDE CANADÁ, UNO DE LOS PAÍSES QUE MÁS ARANCELES IMPONE EN TODO EL MUNDO. Esto entrará en vigor MAÑANA POR LA MAÑANA, 12 de marzo», escribió Trump.
Estaba ya previsto que este miércoles entraran en vigor aranceles del 25 % a las importaciones de acero y aluminio de todos los países, lo que afectará especialmente a Canadá y México, principales exportadores de metales a EE.UU., además de otras naciones como Brasil, Japón, el Reino Unido o la Unión Europea.
Trump añadió que declarará una «emergencia nacional sobre la electricidad» en la zona afectada por el recargo del 25 % impuesto por Ontario, que se estima repercutirá en 1,5 millones de hogares en los estados de Nueva York, Míchigan y Minesota.
Las declaraciones de emergencia nacional permiten ejercer poderes ejecutivos adicionales para afrontar crisis, aunque no está claro qué efecto tendría esta medida si Trump la aplica al suministro eléctrico.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, apuntó en una conferencia de prensa que Trump aún no ha hablado con el nuevo líder del Partido Liberal de Canadá, Mark Carney, y futuro primer ministro de ese país, pero dijo que su teléfono está siempre abierto a los líderes que quieran ponerse en contacto con él.
«El presidente está respondiendo al hecho de que Canadá se ha estado aprovechando de Estados Unidos y de los estadounidenses durante décadas. Ha dejado muy claro que Canadá haría bien en no cortar la electricidad y esperamos que eso suceda», dijo.
(Foto: EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
Amenaza con aranceles al sector automotor
El mandatario había amenazado además en Truth Social con «incrementar sustancialmente» los aranceles a los automóviles y partes que entren en Estados Unidos a partir del 2 de abril si Canadá no elimina los «escandalosos» aranceles que mantiene sobre productos estadounidenses.
Trump argumentó que los aranceles a la industria automotor «cerrarían permanentemente el negocio de fabricación de automóviles en Canadá».»¡Esos coches pueden fabricarse fácilmente en Estados Unidos!», clamó.
El presidente ya había anunciado el 4 de marzo aranceles del 25 % a las importaciones procedentes de Canadá y México, aunque decidió establecer dos excepciones: una para los bienes y servicios cubiertos por el tratado de libre comercio T-MEC y otra para el sector automotor de ambos países.
La decisión de eximir al sector del automóvil se produjo a petición de los principales fabricantes estadounidenses —General Motors, Ford y Stellantis—, que ensamblan vehículos en México y Canadá y temen verse afectados económicamente, ya que muchos automóviles cruzan varias veces la frontera antes de ser finalmente ensamblados.
(Foto: EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
Aranceles canadienses sobre productos lácteos
Para no imponer aranceles al sector automotor, Trump exigió que Canadá elimine los aranceles que aplica a productos estadounidenses y citó especialmente el «arancel antiagrícola contra Estados Unidos de entre el 250 % y el 390 % sobre diversos productos lácteos estadounidenses, considerado desde hace tiempo como escandaloso».
Canadá mantiene aranceles superiores al 200 % sobre productos lácteos importados desde Estados Unidos, pero solo se aplican cuando se supera una determinada cuota anual, acordada previamente por ambos países.
El mensaje de Trump incluyó duras críticas a Canadá por «pagar muy poco en materia de seguridad nacional», al tiempo que reiteró su conocida amenaza de anexionar el país para que se convierta en el estado 51 de Estados Unidos.
«Esto haría desaparecer todos los aranceles y todo lo demás», escribió.
«La línea artificial de separación trazada hace muchos años desaparecerá por fin, y tendremos la nación más segura y hermosa del mundo. Vuestro brillante himno, ‘O Canada’ seguirá sonando, pero ahora representando a un GRAN Y PODEROSO ESTADO dentro de la mayor nación que el mundo haya visto jamás», añadió.
Sus amenazas de anexión han generado un amplio rechazo en el país vecino, donde muchos canadienses han respondido con el lema: «Canadá no está en venta».
Esta fotografía difundida por la Oficina del Presidente de Ucrania, el 11 de marzo de 2025, muestra al Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, caminando durante la reunión de las delegaciones de Ucrania y EE. UU. en Yeda. (Foto: VOA)
En un comunicado difundido por EE. UU. y Ucrania se informó que Kiev aceptó una propuesta de cese al fuego por 30 días. Aún está sujeto a la aceptación y aplicación simultánea por parte de Rusia.
Ucrania aceptó la propuesta de Estados Unidos de un alto el fuego inmediato de 30 días y tomar medidas para restablecer una paz duradera tras la invasión de Rusia, según una declaración conjunta de EE. UU. y Kiev.
Según el comunicado difundido, tras una reunión entre funcionarios estadounidenses y ucranianos en Arabia Saudita, el cese al fuego podrá prorrogarse de común acuerdo entre las partes. Aún está sujeto a la aceptación y aplicación simultánea por parte de Rusia.
Estados Unidos acordó que le comunicará a Moscú que «la reciprocidad rusa es la clave para alcanzar la paz».
«Estados Unidos levantará inmediatamente la pausa en el intercambio de inteligencia y reanudará la asistencia de seguridad a Ucrania», afirmó el comunicado.
Las dos partes también dijeron que buscarán concluir lo antes posible un acuerdo integral para desarrollar los recursos minerales críticos de Ucrania, un acuerdo que ha estado en proceso durante semanas y que quedó en el limbo tras una acalorada reunión en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense Donald Trump y de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy la semana pasada.
«Ucrania ha dado un paso positivo, esperamos que los rusos sigan el mismo camino», dijo el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio desde la ciudad saudita de Yeda.
“Les diremos que esto es lo que está sobre la mesa. Ucrania está dispuesta a dejar de disparar y empezar a hablar. Y ahora les tocará a ellos decir sí o no”, dijo Rubio. “Si dicen que no, entonces sabremos, lamentablemente, cuál es el impedimento para la paz aquí”.
El asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, añadió: “La delegación ucraniana dejó hoy algo muy claro: comparten la visión de paz del presidente Trump”.
Waltz dijo que los negociadores “entraron en detalles sustanciales sobre cómo terminará esta guerra de forma permanent
El presidente Donald Trump saluda a los periodistas al caminar por el jardín de la Casa Blanca en Washington el 9 de marzo del 2025. (Foto: AP/Jose Luis Magana)
La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación es conocida principalmente por hacer que las personas con discapacidades en Estados Unidos tengan los servicios que necesitan en las escuelas. Pero bajo la presidencia de Donald Trump, está asumiendo un papel protagónico en sus batallas políticas.
Los funcionarios designados por Trump han detenido miles de casos pendientes mientras abren nuevas investigaciones alineadas con las promesas de campaña del presidente. Empleados de carrera han sido marginados y presionados para renunciar, y aquellos que permanecen están siendo obligados a reenfocar sus prioridades en el antisemitismo, los problemas transgénero y las quejas contra los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
Un memorando del viernes del jefe de la oficina de derechos civiles anunció que los casos de antisemitismo son ahora la máxima prioridad, apuntando a las universidades donde las protestas propalestinas han traído acusaciones de antisemitismo. Esto siguió a una decisión de recortar 400 millones de dólares en fondos federales destinados a la Universidad de Columbia, donde el sábado las autoridades de inmigración arrestaron a un activista palestino que estaba involucrado en liderar protestas estudiantiles.
En juego están los tipos de casos en los que la oficina tradicionalmente se ha enfocado: estudiantes con discapacidades que necesitan servicios que no están recibiendo, o estudiantes que enfrentan acoso relacionado con el color de su piel.
Es normal que las nuevas administraciones presidenciales pausen los casos de derechos civiles mientras se adaptan, pero esta transición trajo un congelamiento más largo y rígido que otros. Los funcionarios de Trump levantaron el congelamiento para los casos de discapacidad el 20 de febrero, y la semana pasada, la nueva secretaria de Educación, Linda McMahon, anunció que todos los casos podrían reanudarse con normalidad.
Durante el primer mes de Trump en el cargo, la Oficina de Derechos Civiles resolvió alrededor de 50 casos, según un empleado que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. En comparación, la oficina resolvió más de 3.000 quejas en el mismo período del primer mandato de Trump, y casi 500 bajo el entonces presidente Joe Biden.
Incluso los casos más urgentes, que tradicionalmente reciben excepciones, permanecieron inactivos durante el congelamiento. A los abogados del personal se les ordenó no responder a llamadas o correos electrónicos externos, dejando varadas a las familias.
Otro miembro del personal de la oficina de derechos civiles describió correos electrónicos desesperados de padres cuyos colegios se negaron a hacer adaptaciones para las discapacidades de sus hijos. “Simplemente estábamos ignorando sus correos electrónicos”, reveló la persona, que también habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Tylisa Guyton de Taylor, Michigan, presentó una queja ante la Oficina de Derechos Civiles el 20 de enero por las repetidas suspensiones de su hijo de 16 años en un distrito escolar suburbano de Detroit, alegando que un administrador blanco estaba discriminando contra él y un grupo de otros niños negros. El adolescente ha estado fuera de la escuela desde el 4 de diciembre. Incluso mientras se reanudan las investigaciones, no ha recibido noticias de la agencia de derechos civiles.
“Él sigue preguntando todos los días, ‘¿Cuándo puedo volver a la escuela?’” relató Guyton sobre su hijo.
El memorando del viernes informó a los empleados que el antisemitismo sería una “prioridad de investigación y aplicación”. Agregó que el memorando no debe interpretarse como “despriorizar” ninguna otra forma de actividad» de la oficina. Pero los empleados insistieron en que ese es el resultado más probable, ya que las filas menguantes de empleados enfrentan cargas de trabajo más pesadas relacionadas con la agenda del presidente.
El lunes, el Departamento de Educación envió una carta a 60 universidades advirtiendo que podrían perder fondos federales si no logran hacer que los campus sean seguros para los estudiantes judíos. La lista incluye a Harvard, Cornell y muchas otras donde las protestas propalestinas llevaron a acusaciones de antisemitismo.
La política suele influir en las prioridades de la oficina hasta cierto punto, y los republicanos también acusaron a los funcionarios de Biden de ir demasiado lejos cuando abrieron casos sobre prohibiciones de mascarillas COVID-19 o en apoyo a estudiantes transgénero. Pero varios empleados de larga data revelaron que esta es la primera vez que ven casos vinculados a agendas políticas desplazando a su trabajo cotidiano.
Trump ha pedido un cierre total del Departamento de Educación, llamándolo “una farsa” infiltrada por izquierdistas. En su audiencia en el Senado, McMahon aseveró que sería mejor si la oficina de derechos civiles se trasladara al Departamento de Justicia.
Algunos casos están avanzando, pero otros parecen estar estancados, afirmó Marcie Lipsitt, una defensora de la educación especial en Michigan.
“Les he dicho a todos, ‘Van a tener que luchar más para la rendición de cuentas porque con este gobierno no hay rendición de cuentas en el Departamento de Educación y de hecho probablemente no habrá más un Departamento de Educación’”, indicó.
Al mismo tiempo, los funcionarios de Trump han continuado abriendo sus propias “investigaciones dirigidas”, indagaciones proactivas que se apartan del trabajo típico de la oficina en respuesta a quejas. La oficina ha abierto más de una docena de tales investigaciones, muchas dirigidas a presionar a las universidades para que dejen de permitir a los atletas transgénero o para que adopten una postura más dura contra los manifestantes propalestinos.
Esto se traduce en más trabajo para menos empleados en la oficina de aproximadamente 500 trabajadores. Los empleados dicen que las oficinas de campo en todo el país fueron afectadas después de que decenas de trabajadores del departamento fueron puestos en licencia en respuesta a las órdenes de Trump contra los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión. Muchos otros aceptaron indemnizaciones a cambio de renuncias, dejando algunas oficinas de campo sin administradores en puestos clave de liderazgo.
Los cambios menores en la oficina podrían tener un impacto desproporcionado. Las quejas no pueden avanzar a menos que el demandante firme un formulario de consentimiento que permita que su nombre sea divulgado durante la investigación. Durante años, la oficina envió recordatorios si el formulario no se presentaba; los padres a menudo no sabían que era necesario. Pero un manual actualizado de la administración Trump elimina los recordatorios.
Los empleados dicen que esto significa que más casos serán desestimados por un tecnicismo.
Algunos defensores de la educación especial han comenzado a presentar más casos ante agencias estatales, explicó Brandi Tanner, una psicóloga y defensora de la educación especial con sede en Atlanta. En conversaciones en una reciente conferencia en California, los defensores de la discapacidad expresaron incertidumbre y ansiedad, afirmó Tanner.
“Estamos asustados, pensando qué más va a ocurrir”, dijo. “¿Perderán los estudiantes sus derechos?”