Luego de seis meses de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha obtenido casi todo lo que ha deseado de una Corte Suprema que reformó durante el primero.
Los jueces —tres de los cuales fueron nombrados por él— han allanado el camino para despojar de protecciones legales a más de 1 millón de inmigrantes, despedir a miles de empleados federales, expulsar a miembros transgénero de las fuerzas armadas, destituir a los directores de las agencias gubernamentales independientes y más.
Las victorias legales son notables en sí mismas, pero la forma en que el presidente las obtiene es de destacar. Los abogados del gobierno aprovechan las apelaciones de emergencia —utilizadas ocasionalmente en presidencias anteriores— para que los casos lleguen por la vía rápida a la Corte Suprema, donde a menudo las decisiones se emiten sin ninguna explicación.
El uso por parte de Trump de los casos de emergencia en la sombra —procedimientos judiciales acelerados al margen del proceso ordinario— refleja su enfoque agresivo de gobierno durante su segundo mandato, con menos voces moderadas dentro de su gobierno y del Partido Republicano. Por lo regular busca cualquier ventaja posible para promover su agenda, independientemente de las prácticas o tradiciones del pasado.
El resultado es una serie de vías libres por parte del máximo tribunal de la nación, sin claridad alguna sobre cómo debe interpretarse la ley en el futuro. El más reciente ejemplo se produjo el lunes, cuando la Corte Suprema permitió al gobierno federal avanzar con una promesa clave de campaña: desmantelar el Departamento de Educación y despedir a casi 1.400 trabajadores.
La mayoría no justificó su voto
Los seis jueces conservadores no justificaron su voto, pero la jueza Sonia Sotomayor emitió un voto disidente a nombre de los tres jueces liberales del tribunal.
“Cuando el ejecutivo anuncia públicamente su intención de infringir la ley y luego cumple esa promesa, es deber del poder judicial frenar esa ilegalidad, no acelerarla”, escribió Sotomayor.
En un caso anterior que permitía el envío de migrantes a países distintos al suyo con poca o ninguna posibilidad de objeción, Sotomayor se quejó de que “el gobierno tiene a la Corte Suprema en marcado rápido”.
David Warrington, el abogado principal de la Casa Blanca y exabogado personal de Trump, manifestó que el equipo del presidente trabaja “las 24 horas del día para impulsar su agenda”.
Altos funcionarios del gobierno, quienes se negaron a ser identificados al hablar sobre la estrategia legal, refirieron que la Casa Blanca recurre a la lista de casos de emergencia en la sombra debido a que los opositores políticos han sido muy agresivos al solicitar órdenes temporales de restricción a jueces de menor instancia para frenar sus propuestas.
Skye Perryman, titular de la organización sin fines de lucro Democracy Forward, la cual ha interpuesto repetidas demandas contra el gobierno, informó que las apelaciones de emergencia se han presentado “de forma prematura e inapropiada”.
“Existe la preocupación de que esta Corte Suprema no está controlando la apropiación de poder de este gobierno de la forma en que el pueblo estadounidense espera que lo haga y que la Constitución exige”, agregó.
Trump recurre repetidamente a los jueces en busca de ayuda
Casi desde que Trump asumió el cargo, la lista de casos de emergencia en la sombra de la Corte Suprema ha estado repleta de apelaciones del gobierno. Durante un tiempo, se pidió la participación de los jueces casi una vez a la semana, mientras Trump realizaba labores por levantar las órdenes de tribunales de menor instancia que frenaban su ambiciosa agenda conservadora.
Los fallos a la sombra de la corte se han producido en algunas de las más de 300 demandas que han impugnado partes de la agenda del segundo mandato de Trump.
Funcionarios de su gobierno han criticado duramente a los jueces de tribunales inferiores, a quienes consideran un obstáculo en el camino de Trump. Stephen Miller, el principal asesor político de Trump, ha hablado de “tiranía judicial”. El mismo Trump pidió iniciar un juicio político contra el juez federal James Boasberg, lo que provocó una inusual reprimenda del presidente de la Corte Suprema, John Roberts.
Boasberg determinó que miembros del gobierno podrían estar en desacato luego de ignorar su orden de que los aviones en los que se deportaba a personas al amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 regresaran al país. En un principio, ignoró las órdenes de los jueces de “facilitar” el regreso de Kilmar Ábrego García, quien fue deportado indebidamente a El Salvador.
No obstante, la Corte Suprema no se ha mostrado particularmente escéptica ante las acciones del gobierno, han manifestado los críticos.
“Los jueces de distrito han reconocido que esto no es normal. Lo que el gobierno intenta hacer no es normal y debe ser detenido”, dijo Pamela Karlan, profesora de derecho de la Universidad de Stanford, en declaraciones al podcast “Original Jurisdiction”. “La Corte Suprema actúa como si tuviera que guardar municiones para algo, aunque aún no tengo en claro para qué”.
Las decisiones finales aún están por llegar
El máximo tribunal no ha emitido fallos definitivos en ninguno de los casos, los cuales continúan en tribunales inferiores. Es posible que el tribunal de última instancia finalmente escuche las apelaciones en algunos de estos casos y emita fallos definitivos.
Pero para entonces, incluso si la Corte Suprema declara ilegal una política, podría ser demasiado tarde, expuso Alicia Bannon, directora del Judiciary Program del Brennan Center for Justice, una organización sin fines de lucro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
“En muchos de estos casos, no se puede devolver al genio a la lámpara”, expresó Bannon. Sobre la orden del Departamento de Educación, dijo: “Una vez que esos despidos hayan avanzado, una vez que ese departamento haya sido efectivamente aniquilado, no puedes, ya sabes, presionar un botón y retomar el statu quo”.
Los jueces liberales también han señalado lo que consideran el daño que sus colegas causan a los jueces de tribunales inferiores.
“Quizás la degradación de nuestro régimen de Estado de derecho ocurriría de todos modos. Pero la complicidad de esta corte en la creación de una cultura de menosprecio por los tribunales inferiores, sus fallos y la ley (tal como la interpretan) seguramente acelerará la caída de nuestras instituciones de gobierno, lo que permitirá nuestra desaparición colectiva”, escribió la jueza Ketanji Brown Jackson el mes pasado en su discrepancia sobre una decisión que limitaba la autoridad de los jueces para emitir requerimientos judiciales a nivel nacional o universal.
La decisión de reducir los requerimientos judiciales a nivel nacional se produjo después de que el gobierno presentó una apelación de emergencia a las órdenes que bloquean el intento de Trump por negar la ciudadanía a los hijos nacidos de padres que se encuentran en Estados Unidos sin permiso o de manera temporal. Pero la opinión mayoritaria de la jueza Amy Coney Barrett no decía nada sobre si la política de ciudadanía por derecho de nacimiento viola la Constitución.
El asunto podría volver pronto al tribunal de última instancia; los jueces evalúan si sus órdenes anteriores deben modificarse para cumplir con el fallo de la Corte Suprema.
