Residents of Pennsylvania will head to the polls on May 20, 2025, to choose their candidates for municipal and judicial offices. This is your chance to decide the future of your family and community. That’s why we’re sharing some tips to make this process easier for you.
To register for the 2025 Philadelphia primary elections, you can follow these steps:
Check Your Eligibility: You must be a U.S. citizen for at least one (1) month before the election, a resident of Philadelphia and your voting district for at least thirty (30) days before the election, and at least 18 years old on the election date.
Eligible citizens must submit a voter registration application to register.
Before starting, find your Pennsylvania driver’s license or PennDot identification card.
You can register online through the Pennsylvania Department of State website. You can also register in person at your county election office. https://vote.phila.gov
Confirm Your Registration: After submitting your application, you can check your registration status on the Pennsylvania Department of State website.
The City Commissioners’ office will receive applications until fifteen (15) days before the upcoming election.
You are not eligible to register and vote if you are currently incarcerated for a felony and will not be released before the next election.
You can obtain voter registration forms at U.S. Postal Service offices, Philadelphia public libraries, state liquor stores, or other state offices. Also, this spring, you will be able to use the C70 Interactive Voter Guide to research your ballot and find information about candidates, their campaigns and priorities, and their responses to the C70 candidate questionnaire.
Remember that specific dates for registration and elections may vary, so it’s a good idea to stay alert to official announcements. If you need more help, you can visit the Voter Registration Office at 520 N Columbus Boulevard, 15th floor, Philadelphia, PA 19123 or contact them directly at (215) 686-159.
Source: Voter Guide, Philadelphia City Commissioner.
This content is a part of Every Voice, Every Vote, a collaborative project managed by The Lenfest Institute for Journalism. Lead support for Every Voice, Every Vote in 2024 and 2025 is provided by the William Penn Foundation with additional funding from The Lenfest Institute for Journalism, Comcast NBC Universal, The John S. and James L. Knight Foundation, Henry L. Kimelman Family Foundation, Judy and Peter Leone, Arctos Foundation, Wyncote Foundation, 25th Century Foundation, and Dolfinger-McMahon Foundation. To learn more about the project and view a full list of supporters, visit www.everyvoice-everyvote.org. Editorial content is created independently of the project’s donors.
Los residentes de Pensilvania acudirán a las urnas el 20 de mayo de 2025 para elegir a los candidatos de sus partidos para cargos municipales y judiciales. Esta es la oportunidad que tienes para decidir el destino de tu familia y tu comunidad. Por eso compartimos algunos consejos para que se haga más fácil este proceso.
Para registrarte en las primarias de Filadelfia en 2025, puedes seguir estos pasos:
1. Verifica tu elegibilidad: Debes ser ciudadano de EE. UU durante como mínimo un (1) mes antes de la elección, ser residente de Filadelfia y de su distrito electoral como mínimo treinta (30) días antes de la elección y tener al menos 18 años para la fecha de la elección.
2. Los ciudadanos elegibles deben presentar una solicitud de registro electoral para registrarse.
3. Antes de comenzar busca tu su licencia de conducir de Pensilvania o la tarjeta de identificación de PennDot.
4. Puedes registrarte en línea a través del sitio web del Departamento de Estado de Pennsylvania. También puedes registrarte en persona en la oficina de elecciones de tu condado. https://vote.phila.gov
5. Confirma tu registro: Después de enviar tu solicitud, puedes verificar tu estado de registro en el sitio web del Departamento de Estado de Pennsylvania.
6. La oficina de Comisionados de la Ciudad recibirá las solicitudes hasta quince (15) días antes de la próxima elección.
7. No se es elegible para registrarse y votar si actualmente se está recluido en un centro penitenciario por un delito grave y no será liberado hasta después de las próximas elecciones.
Las solicitudes de registro electoral están disponibles en las oficinas Postales, bibliotecas públicas de Filadelfia, tiendas de licores u otras oficinas estatales. Además esta primavera, podrán usar la Guía Interactiva del Votante de C70 para conocer los detalles de su papeleta electoral y obtener información sobre los candidatos, sus campañas, prioridades, y sus respuestas al cuestionario de candidatos de C70.
Recuerda que las fechas específicas para el registro y las elecciones pueden variar, así que es buena idea estar muy pendiente a los anuncios oficiales. Si necesitas más ayuda puedes visitar la oficina de Registro Electoral en 520 N Columbus Boulevard l5Th piso Filadelfia, PA 19123 o comunicarte directamente (215) 686-159.
Fuente: Voter Guide, Philadelphia City Commisioners.
Este contenido forma parte de Every Voice, Every Vote, un proyecto colaborativo gestionado por The Lenfest Institute for Journalism. El apoyo principal para Every Voice, Every Vote en 2024 y 2025 lo proporciona William Penn Foundation con fondos adicionales de The Lenfest Institute for Journalism, Comcast NBC Universal, The John S. and James L. Knight Foundation, Henry L. Kimelman Family Foundation, Judy y Peter Leone, Arctos Foundation, Wyncote Foundation, 25th Century Foundation y Dolfinger-McMahon Foundation. Para obtener más información sobre el proyecto y ver una lista completa de los patrocinadores, visite Every Voice, Every Vote . El contenido editorial es creado sin intervención de los donantes del proyecto.
Participantes del taller Boricuactivated. (Foto: Cortesía/Alliyah Maduro-Ramos)
La culminación del curso de Compromiso Cívico 101 de Primavera y el evento culminante de BoricuActivated celebraron su cuarto (4º) año de asociación con Esperanza Academy.
Expresando su gratitud al fundador y director ejecutivo, Rev. Luis Cortés, de Esperanza, Jennice Fuentes declaró: «Por creer en nuestra misión de empoderar a los jóvenes a través del compromiso cívico y por darnos el privilegio de enseñar a los estudiantes de Esperanza la importancia de abogar por los temas que más les importan».
Rev. Luis Cortés, fundador y director ejecutivo de Esperanza. (Foto: Cortesía/Alliyah Maduro-Ramos)
Fuentes, la fundadora de BoricuActivated, se mantiene profundamente enfocada en su misión: capacitar a las comunidades a lo largo de los Estados Unidos que deseen comprender mejor cómo funciona la relación con los funcionarios electos. «A veces las personas votan o se registran para votar, los candidatos son elegidos y hasta las próximas elecciones no se sabe nada. Con esta iniciativa, el objetivo es que los estudiantes empiecen a establecer ese diálogo esencial a través de la capacitación y el compromiso cívico», explicó la fundadora.
Por su parte, el Rev. Luis Cortés comentó: «Entre los servidores públicos presentes, muchos de ellos trabajaron en Esperanza, y ellos, junto con todos los presentes en el evento, tienen algo en común: el compromiso de servir a la comunidad, incluso más allá de aquí. Cuando eres de Esperanza, puedes tomar liderazgo, representar los intereses de tu comunidad y vecindario, y ser parte del proceso del gobierno de los Estados Unidos».
Rev. Luis Cortés, Nilda Ruíz, Kathryn Mckenzie-Zeigler, Jennice Fuentes y estudiantes de Esperanza Academy. (Foto: Cortesía/Alliyah Maduro-Ramos)
El evento fue dinámico, ya que los estudiantes tuvieron la oportunidad de tomar notas, intercambiar impresiones, hacer solicitudes y pedir respuestas durante casi 20 minutos. Luego, cada funcionario electo o los miembros de su equipo hablaron sobre las acciones necesarias para abordar las inquietudes de los estudiantes. Entre los funcionarios electos y/o representantes presentes estuvieron: Scott Heppard (jefe de Gabinete) – Oficina del congresista Brendan Boyle, Tyrone Manning (gerente de Asuntos de Defensa) – Oficina del senador Art Haywood, Beth Connor (defensora de los constituyentes) – Oficina del senador Dave McCormick, Kathryn McKenzie-Zeigler (asistente del Congreso) – Oficina del representante Dwight Evans, Quetcy Lozada (concejala del 7mo Distrito), Eduardo Ramírez (asesor de Servicios a los Constituyentes) – Oficina del representante Danilo Burgos, y William García (director de Asuntos Latinos) –Alcaldia de Filadelfia.
Quetcy Lozada, concejala del 7mo Distrito. (Foto: Cortesía/Alliyah Maduro-Ramos)
El evento sirvió para honrar a un grupo de estudiantes, y se les hizo entrega de certificados como símbolo de la culminación de la capacitación realizada durante las pasadas tres semanas, que les acercó el Gobierno a través de sus representantes.
Rev. Luis Cortés, Nilda Ruíz, Jasmira Vélez y Quetcy Lozada. (Foto: Cortesía/Alliyah Maduro-Ramos)
Para aquellos interesados en conocer los próximos talleres y proyectos, pueden visitar: www.boricuactivated.org o seguirlos en redes sociales @boricuactivated.
Integrantes del Centro de Bienvenida de las Hermanas de San José. (Foto: Cortesía de Sisters of St. Joseph Welcome Center)
Por lo general los agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (por su acrónimo en inglés ICE), al igual que otros agentes de la Ley, no están autorizados a entrar a los hogares y a espacios privados de edificios públicos como iglesias, sin que muestren una orden firmada por un juez federal. A partir de marzo de este año, ICE se encuentra bajo una orden judicial y que le permitiría ingresar a cualquier lugar de culto de una lista específica de aproximadamente 1,400 lugares en 36 estados.
Para dejar claro el respeto que deberían tener los lugares sagrados, Nuevo Movimiento Santuario (por su acrónimo en inglés NSM), una organización interreligiosa de justicia para inmigrantes realizó una acción enfrente de ICE 114 N.8th St., en el centro de la ciudad, el pasado 3 de abril, en la cual participaron representantes de más 30 de congregaciones de fe. “Juntos construimos un altar para mostrar que los espacios de culto, no solo son seguros sino sagrados y nosotros definimos esos espacios, no Trump”, afirmó Peter Pedemonti, el cofundador de NSM.
Miembros de Granny Peace Brigade participaron activamente. (Foto: Cortesía/Granny Peace Brigada)
En esta manifestación pacífica participaron docenas de miembros del clero, así como la rabina Linda Holzman, fundadora del grupo Tikkun Olam Chavurah, quienes pidieron que “los impuestos de los contribuyentes se dediquen a construir vivienda para todos en vez de financiar centros de detención, que nuestros líderes en el Gobierno de la ciudad se opongan a las leyes federales injustas y que todos denunciemos cualquier injusticia que presenciemos”.
Gloria Katbeh, voluntaria de NSM y participante en esta actividad, en entrevista con Impacto compartió su sentir, “para mí fue una acción de fe cuyo mensaje llegó claro a la comunidad y a ese nevo Gobierno acerca de lo que está pasando. Como siempre lo decimos, las familias inmigrantes venimos a este país a trabajar y a dar a este país frutos. Nuestra fe no tiene qué ver con la política, aquí estamos para defender ese espacio que Dios nos dio a nosotros y lo vamos a defender siempre”. Gloria nació en Venezuela, es una feligresa activa en la Iglesia de los Santos Inocentes.
Gloria Katbeh vino a Estados Unidos por una mejor vida. (Foto: Leticia Roa Nixon)
Nuevo Movimiento Santuario pelea y gana campañas de justicia para inmigrantes con sus congregaciones aliadas, más allá de nacionalidad, religión, clase social y estatus migratorio, y fue establecida en 2007.
Sus cofundadores son Peter Pedemonti y Blanca Lucía Pacheco, y sus oficinas están en 2601 Potter Stt., Philadelphia, PA 19125; 215-279-7060.
La comunidad de Fairhill disfrutó la apertura de los centros. (Foto: Cortesía/Charito Morales)
En el vecindario de Fairhill se celebró la finalización de uno de los proyectos de remodelación de Rebuild Renovation más grande hasta la fecha.
El 4 de abril, funcionarios de la Ciudad, de Rebuild Philaldelphia, Las Águilas de Filadelfia, HACE CDC, Creative Philadelphia y OACCE cortaron el listón de las instalaciones del Centro Recreativo Rivera y el Centro Mann Older Adult cuyo costo de renovación fue de $16.8 millones.
Gracias a la contribución de $200,000 aportada por el equipo Las Águilas (Philadelphia Eagles) y la Fundación NFL, la comunidad cuenta ahora con un campo para futbol americano y soccer con pasto natural, amplia iluminación y cámaras de seguridad, en un espacio apto para que los niños y jóvenes jueguen seguros después de clases.
El edificio que alberga a los dos centros está en el 3201 N. 5th St. (Foto: Cortesía/Salam Bustanji)
Los miembros de la comunidad celebraron con gusto la renovación, que tiene un gimnasio, un centro de computación público, un gimnasio de boxeo, un salón de levantamiento de pesas y salones multiusos; instalaciones que servirán mejor a los residentes del vecindario.
La alcaldesa Cherelle Parker aseveró que los residentes de Filadelfia merecen tener acceso a parques, centros recreativos y bibliotecas de alta calidad, sin importar el código postal del vecindario.
Remodelación de uno de los salones multiusos. (Foto: Cortesía/Salam Bustanji)
Por su parte la concejala del Distrito 7 Quetcy Lozada expresó, “me siento muy emocionada de dar la bienvenida a los residentes del barrio Fairhill al Centro Recreativo Rivera y el Centro Mann Older Adult. Abrimos las puertas al espacio que es verdaderamente de ellos, un lugar de conexión, actividad y comunidad”. Añadió que esta transformación de dichos centros es una prueba de la resiliencia y visión de la comunidad. También puntualizó su profundo agradecimiento por la paciencia de todos en este proceso, ya que el inicio de la renovación fue en mayo de 2021.
El mural “Ritmo del Centro” está pintado en un muro de retención a lo largo de la calle 5 y la avenida Allegheny. (Foto: Cortesía/Salam Bustanji)
María N. González, presidenta y directora ejecutiva de HACE CDC, señaló que este proyecto es un ejemplo lo que se puede lograr con colaboraciones entre la Ciudad, organizaciones comunitarias, financiadores y residentes trabajando juntos con la meta común de mejorar la calidad de vida de las comunidades. La recreación y espacios abiertos son esenciales para comunidades saludables y vibrantes”, agregó.
Cuadrilátero para boxeo nuevo. (Foto: Cortesía Salam Bustanji)
El equipo de Rebuild Philadelphia realizó eventos interactivos para que la comunidad participara en el proyecto de remodelación. De hecho, las imágenes del mural de 5, 000 pies cuadrados, comisionado a City’s Percent for Art Program, llamado “El Ritmo del Centro”, se inspiró en los dibujos de niños y envejecientes del vecindario. El mural fue diseñado por Linda Fernández, Keir Johnston y Ernel Martínez de “Amber Art and Design”.
El nombre del centro recreativo es en honor a las contribuciones de la puertorriqueña Ramonita Negrón Rivera a la comunidad hispana del norte de la ciudad.
There is one open seat. Once selected in May, this and other court positions will undergo retention elections in November for terms expiring at the end of 2025. The Superior Court also hears appeals on matters involving children and families.
You may vote for only one candidate from the list below:
Brandon Neuman (Democrat): “Electing me to the Superior Court will ensure that Pennsylvanians have their voices heard by a fair and impartial judge. I hope to earn the voters’ trust”.
Maria Battista (Republican): “The opinions issued by our appellate courts have a far-reaching impact on all of our lives. My years of experience in civil, criminal, and administrative law make me especially qualified to serve on the Superior Court”.
Ann Marie Wheatcraft (Republican): “During my time on the bench, I have consistently imposed some of the harshest penalties on violent criminals”.
Commonwealth Court
Here are the Democrat and Republican candidates for this seat (vote for one):
Stella Tsai (Democrat): “My principles and roots are based on integrity, transparency, consistency, and empathy. I believe our legal system must be accessible and fair for all Pennsylvanians”.
Joshua Prince (Democrat): “The judiciary is the last line of defense to protect citizens’ freedom and ensure their rights are upheld”.
Matt Wolford (Republican): “I am a qualified and experienced legal professional, ready to bring my deep knowledge of government actions and bureaucracy to the Commonwealth Court”.
Philadelphia Municipal Court
The Philadelphia Municipal Court is a limited jurisdiction court made up of 27 judges, divided into three divisions:
Criminal Division handles adult criminal cases with a maximum penalty of five years. It also handles all initial criminal arrests in the city, misdemeanor trials, and preliminary hearings for felony cases.
Civil Division handles civil cases involving: a. Claims under $12,000 b. Unlimited dollar amounts in landlord-tenant disputes c. $15,000 limits in real estate and school tax cases
Traffic Division handles traffic violations.
In this primary, five Democratic candidates are running for three open seats:
Sherrie Cohen
Amanda Davison
Cortez Patton
Shawn Page
Qawi Abidul-Rahman
Court of Common Pleas
These courts have general trial jurisdiction and are organized into 60 districts. Philadelphia’s is the largest, with 101 judges. Each court is overseen by a President Judge, elected by peers.
They handle:
Criminal and civil cases
Family and child matters
Appeals from lower courts (like the Municipal Court)
Philadelphia’s Court of Common Pleasis divided into three:
Trial Division: Handles major criminal and civil cases
Family Division: Oversees divorce, paternity, custody, child support, domestic violence, juvenile matters, dependency, and adoptions
Orphans’ Court Division: Handles wills, estates, and trusts
TwelveDemocratic candidates are running fornine seats. Meet them below:
Will Braveman: “People in court are often in crisis. They deserve a system that offers dignity, empathy, and respect for all”.
Irina Ehrlich: “My legal experience, commitment to justice, and compassion will make me a fair judge who treats everyone with respect”.
Larry Farnese: “Our courts must reflect the belief that everyone deserves fairness, respect, and swift resolutions”.
Kia Ghee: “Philadelphia needs leaders who understand our community’s challenges and are committed to justice and equity”.
Sarah Jones: “If elected, I’ll serve the people of Philadelphia with a focus on fairness, integrity, and compassion”.
Leon A. King II: “I’ve lived it. I can empathize with many people and what they’ve gone through. I’m authentic and committed”.
Brian Kisielewski: “Justice must be accessible, fair, and focused on what really matters”.
Anthony Stefanski: “My goal is simple: to ensure that every person who enters my courtroom—whether accused or seeking justice—has a fair chance”.
Deborah Watson-Stokes: “There will always be obstacles and people who don’t see you the way you see yourself. But you will always have what you need if you don’t give up”.
Qawi Abdul-Rahman: “Elect me to bring change to our judicial system”.
Sherrie Cohen: “I’ll fight for universal pre-K for all 3- and 4-year-olds, full school funding, education equity, a moratorium on charter schools, and an end to conflicts of interest and arbitrary student selection”.
Taniesha Henry: “I want to make sure sensitive issues are handled with care and integrity because I have the wisdom to make fair decisions and treat everyone with respect”.
District Attorney
The District Attorney prosecutes crimes in the county and works with local, state, and federal law enforcement to ensure public safety and legal compliance.
This position is elected citywide every four years, with no term limits. You may vote for one:
Pat Dugan (Democrat): “I’ve answered the call to serve my entire life to protect our citizens”.
Larry Krasner (Democrat): “I’ll continue to fight mass incarceration and work to prevent violence”.
City Controller
The City Controller performs independent audits and analysis of city finances and helps identify ways to improve operations and spending.
This position is elected citywide for four years, with no term limits.
Candidates (vote for one):
Christy Brady (Democrat): “Bringing people together to solve tough problems and deliver results for the citizens of Philadelphia.”
Ari Patrinos (Republican): “Let’s chart a new course, together”.
Election Officials
Judge of Elections: The lead official at a polling place, responsible for opening/closing the polls, overseeing staff, verifying voters, and preventing fraud. Must live in the precinct and is elected for a four-year term (no term limits).
Majority & Minority Inspectors of Elections: Verify voter registration documents and signatures, prepare certificates, ensure the legality of the process, and confirm vote machine numbers at the end of the day. Also elected for four years with no term limits.
Many of these candidates are highly recommended by the PA Bar JEC (Judicial Evaluation Commission), which reviews candidates for appellate court positions.
We’ll keep you informed. And remember: Your vote is your voice—make it count!
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El Centro de Arte Esperanza, en colaboración con Philadelphia Ballet, presentará “De Cerca”, una presentación íntima y dinámica el 12 de abril, pero ya no hay boletos disponibles. El público que adquirió a tiempo sus entradas tendrá la oportunidad de ver a poca distancia a los bailarines, creando una conexión más profunda entre los artistas y la comunidad. Después de la función habrá una plática con los artistas.
Este Ballet, reconocido a nivel mundial cuenta, con un número significativo de bailarines latinos provenientes entre otros países, de Brasil, Cuba, España y México.
“Como artista español, entiendo profundamente el poder de la danza para conectar a las culturas y reunir a la gente”, comparte Ángel Corella el director artístico de esta Compañía; y agrega que “De Cerca” es más que una presentación de ballet“, es una oportunidad para compartir la belleza y la narración de historias mediante el ballet, en un escenario íntimo, en el cual las audiencias pueden verdaderamente sentir la emoción y la energía de los bailarines. El ballet pertenece a todos. Y estoy muy agradecido por la oportunidad de conectarme con esta comunidad a través del arte que ha moldeado mi vida”.
El Centro de Arte Esperanza trae a los residentes del norte de Filadelfia diferentes expresiones artísticas no solo de Latinoamérica y del Caribe, sino de otras partes del mundo; por lo que para saber de próximos eventos hay que mantenerse alerta a las redes de la organización cultural que trae gratis o a precios muy accesibles, eventos de primer nivel al barrio latino de la ciudad.
“Inauguramos el Centro de Arte Esperanza y nuestro Teatro Esperanza en 2018 para crear una plataforma para celebrar a los artistas latinos e inspirar a las siguientes generaciones”, expresó el Rev. Luis Cortés, Jr., fundador y director ejecutivo de Esperanza. Comentó que el Philadelphia Ballet ha sido un colaborador increíble para la visión del Centro. “Durante los últimos cinco años, han traído presentaciones increíbles al escenario y trabajado con los estudiantes de nuestras escuelas. Esta colaboración es un ejemplo verdadero de lo que es posible cuando tenemos una intención en común y nos aseguramos de que todos disfruten el arte”.
El programa incluirá una selección de baile clásico y contemporáneo por bailarines hispanos y latinos resaltando la gracia, el atletismo y habilidad artística que define a la Compañía.
El próximo evento en el Esperanza Arts Center, será el 26 de abril con la premier mundial de Perú Negro, donde la pianista Priscila Navarro hará un homenaje del compositor Jimmy López a la música afroperuana. Incluye el estreno de Perú Negro en una versión para dos pianos y dos percusiones con seis danzas afroperuanas, en lo que López describe como un «deseo personal de asimilar la música folclórica peruana hasta integrarla a la perfección con su propio idioma».
En el llamado por Trump “Día de la Liberación” (2 de abril), el presidente anunció aranceles a las importaciones de casi todos los países del mundo, abriendo así una nueva era proteccionista que pretende, entre otras motivaciones, el regreso de la industria perdida al país.
Los efectos no se hicieron esperar: los mercados bursátiles se desplomaron, China respondió con aranceles del 34% a las exportaciones estadounidenses, respondió con 50 %, más superando el 100 % de aranceles. La Unión Europea consensa su respuesta.
El presidente justificó su decisión en implementar políticas de comercio justo “que restaurarán nuestra fuerza laboral, reconstruirán nuestra economía y, finalmente, pondrán a Estados Unidos primero”. Pidió “paciencia para poder ‘construir los fundamentos económicos a largo plazo’ que devuelvan la ‘prosperidad’ al país», dice que «a veces hay que tomar medicamentos para solucionar algo».
El asesor del presidente Elon Musk se distanció de estas políticas de la Casa Blanca, y defiende los aranceles de Trump con la esperanza de que lleven en un futuro a una zona trasatlántica de libre comercio sin aranceles entre Estados Unidos y Europa.
(Foto:Vanessa Graber Perez)
El descontento de una parte de la población que se ha venido acumulando, se transformó en que más de 100 grupos progresistas, incluyendo organizaciones de derechos civiles, sindicatos, defensores de la comunidad LGBT+, veteranos de guerra y activistas electorales, tales como Movimiento 50501, Indivisible, Third Act, MoveOn, Fight Back Table, etc., organizaron alrededor de 1,200manifestaciones en los cincuenta estados de Estados Unidos el sábado 5 de abril. Se manifestaron bajo el lema “¡Manos Fuera!” (“Hands Off”), contra la política de aranceles y recortes de Trump. Las manifestaciones se replicaron en otros lados del mundo, principalmente en Europa.
En el área triestatal, miles de personas protestaron en Filadelfia y en diversos condados de Pensilvania. En la Ciudad del Amor Fraterno, multitudes volvieron a las calles, pero no para celebrar como en el desfile por la victoria de los Eagles, si no para protestar y sentir que no estaban solos en su frustración.
(Foto:Vanessa Graber Perez)
Los manifestantes expresaron su preocupación por los recortes a los servicios sociales, las políticas de inmigración y los derechos humanos. Algunos pidieron el cese de la guerra en Ucrania y la solución del conflicto palestino.
“Donald Trump, Elon Musk y su gabinete multimillonario intentan manipular nuestra economía en contra de los trabajadores estadounidenses para poder repartir billones de dólares en regalos a sus amigos multimillonarios”, dijo el representante estadounidense Brendan Boyle (D-PA) dirigiéndose a la multitud en Independence Mall en Filadelfia.
Protesta en la Rt. 1 en Rehoboth Beach, DE. (Foto: Crédito/Gilberto Rodríguez)
Protesta en Scranton, PA con la participación de Nanci Pelosi. (Foto: Crédito/Facebook Paige for Scranton)
En Delaware se convocaron manifestaciones en diversas ciudades
“…Donald Trump …¡Manos fuera de nuestra Seguridad Social, … de nuestro Medicare, … de nuestro Medicaid, … de SNAP, … de nuestros niños, …de los derechos de las mujeres, … de los derechos LGBTQ! Estamos aquí porque… sabemos que merece la pena luchar por nuestro futuro”, dijo la representante Sarah McBride (D-Del) en las escaleras de la Asamblea Legislativa de Dover, DE al dirigirse al grupo de manifestantes anti–Trump que había allí congregado.
A esta protesta hay que añadir las dos de Rehoboth Beach, DE y la de Newark, DE (donde Lisa Jaremka, ayudó a organizar la protesta con “Indivisible Newark First State” y señaló que calculó que participaron de 3,000 a 5,000 manifestantes).
Manifestación en Filadelfia (Foto: Crédito/Facebook/Randi Weingarten)
En Nueva Jersey hubo al menos una docena de protestas
Aproximadamente 1,000 personas se reunieron frente al Capitolio estatal en Trenton donde habló el presidente de la asociación de educación de Nueva Jersey (NJEA) y candidato a gobernador Sean Spiller. También hubo alrededor de 3,500 manifestantes en Red Bank, según estimaciones de Ben Dziobek, director ejecutivo de Climate Revolution Action Network New Jersey, hubo más protestas en Princeton, Ocean City, Teaneck, Montclair, West Caldwell y ciudades de South Jersey incluyendo Pitman, Bridgeton, Cape May, Atlantic City y Galloway.
En un intento de paralizar las políticas de la actual administración, el senador Chris Coons (D-Del) instó a sus colegas el 2 de abril a apoyar una resolución revocando la “situación de emergencia” declarada por el presidente a principios de año.
La congresista McBride (D-Del), junto a la representante Morrison (MN03) y Tlaib (MI-12), encabezaron la lista de 40 colegas que pidieron mediante carta al secretario de Comercio Howard Lutnick que se exima a los artículos esenciales para cuidado infantil de aranceles (como ya se hizo en 2018).
La senadora Lisa Blunt Rochester (D-Del) declaró el día previo a las manifestaciones que “Esta legislación no es más que un regalo de 4.6 billones de dólares a los ultrarricos a costa de las familias comunes… la única manera de financiar sus exenciones fiscales es quitándoles la atención médica a casi 80 millones de estadounidenses… más de 250,000 habitantes de Delaware dependen del seguro social, 300,000 dependen de Medicaid y más de 70,000 veteranos en Delaware merecen acceso a la atención médica…”.
Por su parte el senador Bernie Sanders (I–Vt), quien ha venido haciendo una gira contra la oligarquía, declaró que “…entiendo que necesitamos políticas comerciales que beneficien a los trabajadores estadounidenses… Y eso incluye aranceles específicos…”. Para Sanders “los aranceles generalizados de Trump no son la manera de lograrlo”.
Para él, la política comercial que debería desarrollarse ha de ser “racional, bien pensada y justa”.
El 4 de abril el líder demócrata en el senado, el senador Chuck Schumer (D-NY) anunció que en las próximas semanas él y sus colegas someterán la agenda republicana a juicio ante la opinión pública, en el pleno del Senado.
La secretaria de prensa Karoline Leavitt dijo esta semana que «las protestas, las demandas y la guerra legal» no disuadirán a Trump «de cumplir las promesas que hizo de hacer que nuestro Gobierno federal sea más eficiente y más responsable».
Estas han sido las manifestaciones multitudinarias mas numerosas desde las organizadas al día siguiente de su primera toma de posesión en el 2017, la histórica Marcha de las Mujeres. En esta ocasión la variedad de los manifestantes era mas extensa y de diversas generaciones, predominando la de los adultos mayores que se han visto significativamente afectados por las perdidas sustanciosas de sus planes de retiro a causa de las caídas de las bolsas.
Este contenido forma parte de Every Voice, Every Vote, un proyecto colaborativo gestionado por The Lenfest Institute for Journalism. El apoyo principal para Every Voice, Every Vote en 2024 y 2025 lo proporciona William Penn Foundation con fondos adicionales de The Lenfest Institute for Journalism, Comcast NBC Universal, The John S. and James L. Knight Foundation, Henry L. Kimelman Family Foundation, Judy y Peter Leone, Arctos Foundation, Wyncote Foundation, 25th Century Foundation y Dolfinger-McMahon Foundation. Para obtener más información sobre el proyecto y ver una lista completa de los patrocinadores, visite Every Voice, Every Vote . El contenido editorial es creado sin intervención de los donantes del proyecto.
El sello del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU en una foto tomada durante una visita de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la estación Kodiak de la Guardia Costera, en Alaska, el lunes 17 de marzo de 2025 in Kodiak, Alaska. (AP Foto/Alex Brandon)
BOSTON— Una jueza federal dijo el jueves que impedirá que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ponga fin a un programa que ha permitido a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos vivir temporalmente en Estados Unidos.
El fallo supone un revés importante, aunque quizá temporal, para el gobierno, que desmantela las políticas implementadas bajo el mando del expresidente Joe Biden que crearon nuevas y más amplias vías para que las personas pudieran vivir en Estados Unidos, generalmente durante dos años con autorización de trabajo.
La jueza federal de distrito Indira Talwani anunció que planea emitir una suspensión a la orden para que más de medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos abandonen el país, evitándoles la salida hasta que el caso avance a la siguiente fase. Sus permisos debían cancelarse el 24 de abril.
Durante una audiencia sobre el caso, Talwani cuestionó repetidamente el argumento del gobierno para terminar el programa: que tiene el poder de hacerlo y que ya no estaba cumpliendo su propósito. La jueza señaló que los inmigrantes adheridos al programa que están aquí legalmente ahora enfrentan la opción de «huir del país» o quedarse y «arriesgarse a perderlo todo».
«El meollo del problema aquí es que la secretaria, al acortar el período de permiso otorgado a estas personas, debe tener una decisión razonada», señaló Talwani, agregando que la explicación para terminar el programa se basaba en una «lectura incorrecta de la ley».
«Hubo un acuerdo y ahora ese acuerdo ha sido socavado», añadió posteriormente en la audiencia.
El mes pasado, el gobierno estadounidense revocó las protecciones legales para cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, preparando el terreno para su posible deportación en 30 días.
Los beneficiarios de las protecciones llegaron con patrocinadores financieros y se les otorgaron permisos por dos años para vivir y trabajar en Estados Unidos. Durante ese tiempo, tenían que encontrar otras vías legales si querían permanecer en el país. El permiso de entrada humanitario ha sido un estatus temporal.
Trump ha estado eliminando las vías legales para que los inmigrantes lleguen a Estados Unidos y ha tomado medidas para cumplir su promesa de campaña de deportar a millones de personas que están en el país ilegalmente.
Afuera de la corte, activistas como Guerline Jozef, fundadora y directora ejecutiva de la Haitian Bridge Alliance, uno de los demandantes, dijeron que los ataques contra este programa contradicen la estrategia del gobierno de Trump sobre inmigración.
«Escuchamos la narrativa de personas que vienen aquí ilegalmente y la administración queriendo erradicar la inmigración ilegal», comentó Jozef. «Pero, claramente vemos hoy que ese no es el caso. Incluso aquellas personas que tienen estatus legal, están pagando sus impuestos y trabajando, están bajo ataque».
En todo el país, muchos inmigrantes en el programa de permisos CHNV han estado siguiendo de cerca este caso.
César Báez fue un activista de la oposición política en Venezuela que participó en protestas callejeras contra el gobierno. Temía por su vida y dejó su país para venir a Estados Unidos con el patrocinio de un médico estadounidense. Llegó bajo el programa de permiso humanitario CHNV en diciembre de 2022 y, durante el último año, ha estado trabajando como productor en un medio de comunicación en Washington.
Ha solicitado una visa de trabajo como otra forma de obtener estatus legal y también ha solicitado asilo, pero esos procesos también han sido pausados por el gobierno de Trump.
Para él, el anuncio de la jueza significa esperanza.
«Es muy importante para mí tener protecciones y no ser removido a Venezuela», dijo Báez, de 24 años, en una entrevista telefónica con AP. «No tengo dudas de que, pongo un pie en el país, y de inmediato caería preso».
Una mujer cubana de 34 años que pidió ser identificada sólo por su apellido, Zamora, debido a temores de ser detenida y deportada, recibió la noticia de la jueza como un alivio.
«Estaba aterrada de quedarme sin permiso de trabajo», comentó Zamora, cuyo permiso de entrada y permiso de trabajo expiran en septiembre. «Somos personas que, para poder venir, pasamos por todos los filtros existentes, y el gobierno nos quita el estatus como si hubiésemos sido delincuentes y entrado ilegalmente».
En una moción antes de la audiencia, los demandantes señalaron que la acción del gobierno federal era «sin precedentes» y dijeron que resultaría en que las personas perdieran su estatus legal y su capacidad para trabajar. También calificaron la medida como «contraria a la ley en el sentido de la Ley de Procedimiento Administrativo», que establece los procedimientos que las agencias deben seguir al hacer reglas.
Los abogados del gobierno de Trump argumentaron que los demandantes carecían de capacidad jurídica y que la medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) que afecta a los inmigrantes en el programa, conocido como CHNV, no violaba la Ley de Procedimiento Administrativo. También dijeron que los demandantes no podrían demostrar que la terminación del programa era ilegal.
El abogado del gobierno Brian Ward también argumentó en la corte que terminar el programa no significa que los individuos no podrían ser considerados para otros programas de inmigración. Alegó que el gobierno no los priorizaría para la deportación, algo que Talwani encontró dudoso, dado que podrían ser arrestados si llegaran a ir al hospital o se vieran involucrados en un accidente automovilístico.
El fin de las protecciones temporales para estos inmigrantes ha generado poca reacción política entre los republicanos, con excepción de tres representantes cubano-estadounidenses de Florida que pidieron evitar la deportación de los venezolanos afectados. Uno de ellos, la representante Maria Salazar de Miami, también se sumó a unos 200 legisladores demócratas esta semana para copatrocinar un proyecto de ley que les permitiría convertirse en residentes permanentes legales.
Personas llegan a oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en Miami el 17 de agosto de 2018. (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo)
WASHINGTON— Un juez federal permitió el jueves que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump proceda con un requerimiento que exige que todas las personas que se encuentren en Estados Unidos sin autorización legal se registren con el gobierno federal y porten documentación, una medida que podría tener repercusiones de gran alcance para los inmigrantes en todo el país.
El juez Trevor Neil McFadden, quien fue designado al cargo por Trump, falló a favor del gobierno, el cual había argumentado que simplemente estaba aplicando un requerimiento ya existente para que todos los que estén en el país y no fueran ciudadanos estadounidenses se registren con el gobierno. McFadden no abordó en su decisión la base de estos argumentos, sino que se centró principalmente en la cuestión técnica de si los grupos que intentaban detener el requerimiento tenían capacidad jurídica para presentar sus reclamos. El juez dictaminó que no los tenían.
El requerimiento entra en vigor el viernes.
Inmediatamente después del fallo, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) enfatizaron en un comunicado de prensa que el viernes es la fecha límite para que se registren aquellos que ya han estado en el país durante al menos 30 días y que, en adelante, el requerimiento de registro se aplicará en su totalidad.
“El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para aquellos que están en nuestro país ilegalmente: váyanse ahora. Si se van ahora, pueden tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem en el comunicado. “El gobierno de Trump aplicará todas nuestras leyes de inmigración; no elegiremos qué leyes haremos cumplir. Debemos saber quién está en nuestro país por la seguridad de nuestra patria y la de todos los estadounidenses”.
Aunque persisten preguntas sobre cómo funcionará el requerimiento de registro, podría tener un impacto de gran alcance. El gobierno federal, que ha intentado cumplir con su promesa de campaña de llevar a cabo deportaciones a gran escala, ha dicho que entre 2,2 millones y 3,2 millones de personas podrían verse afectadas.
Uno de los grupos que demandó, el National Immigration Law Center (Centro Nacional de Leyes de Inmigración), calificó el fallo del jueves como «decepcionante» en un comunicado.
“Este fallo decepcionante desafortunadamente significa que, por ahora, el plan de Trump para forzar a las personas a una elección imposible avanza. Mientras consideramos los próximos pasos en nuestro caso, instamos a los miembros de la comunidad afectada a consultar con un abogado de inmigración para comprender mejor las consecuencias de registrarse o no”, dijo Nicholas Espíritu, subdirector jurídico del NILC.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció el 25 de febrero que ordenaría que todas las personas que estuvieran en Estados Unidos de manera ilegal se registraran con el gobierno federal, y dijo que aquellas que no lo hicieran podrían enfrentar multas o ser enjuiciadas. No registrarse se considera un delito, y las personas estarán obligadas a llevar documentos de registro con ellos o arriesgarse a pasar tiempo en prisión y pagar multas.
El registro será obligatorio para todos los mayores de 14 años que no cuenten con estatus legal. Las personas que se registren deben proporcionar sus huellas dactilares y dirección, y los padres y tutores de cualquier persona menor de 14 años deben asegurarse de registrarla.
El proceso de registro también se aplica a los canadienses que estén en Estados Unidos por más de 30 días, como los que pasan los meses de invierno en lugares cálidos, como Florida.
La ley federal de inmigración ha requerido durante mucho tiempo que aquellos que no son ciudadanos estadounidenses y viven en el país, incluidas las personas que están aquí ilegalmente, se registren con el gobierno. Estas leyes se remontan a la Ley de Registro de Extranjeros de 1940, que surgió en medio de crecientes temores de inmigrantes y subversivos políticos en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial. Los requisitos actuales provienen de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952.
Pero el requerimiento de registro sólo se ha aplicado en raras circunstancias. De hecho, los detractores afirman que no se ha utilizado universalmente desde que se introdujo por primera vez a mediados de la década de 1940.
Se utilizó de manera limitada después del 11 de septiembre de 2001, cuando el Sistema de Registro de Entrada-Salida de Seguridad Nacional requería que todos los hombres no ciudadanos de 16 años o más provenientes de 25 países, casi todos árabes o musulmanes, se registraran con el gobierno. El programa no llevó a ninguna condena por terrorismo, pero provocó que más de 13.000 personas fueran sujetas a procedimientos de deportación. La medida fue suspendida en 2011 y disuelta en 2016.
El gobierno de Trump ha argumentado que el requerimiento de registro siempre ha existido y que los funcionarios simplemente lo están ejerciendo.
Los grupos que presentaron la demanda afirman que el gobierno debería haber pasado por el proceso de notificación pública antes de implementar el cambio, y que simplemente lo está aplicando para facilitar el objetivo del presidente Donald Trump de llevar a cabo deportaciones masivas.
Argumentan que el registro pone en un enorme dilema a quienes trabajan, contribuyen a la economía y tienen profundos lazos familiares en el país: ¿Se presentan, se registran y esencialmente entregan su ubicación a un gobierno que intenta llevar a cabo deportaciones masivas, o permanecen a la sombra y se arriesgan a ser acusados del delito de no registrarse?
El gobierno ya ha pedido a las personas sujetas al requerimiento de registro que creen una cuenta en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
