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Microsoft dice que 394.000 computadoras fueron infectadas con programa maligno Lumma

(Foto: EFE/HANNIBAL HANSCHKE)

Microsoft divulgó este miércoles que 394.000 computadoras con el sistema operativo Windows en todo el mundo fueron infectadas con el programa maligno (‘malware’) Lumma y las autoridades internacionales están intentando desmantelar la trama de ciberdelincuencia que lo opera.

Las computadoras fueron infectadas entre el 16 de marzo y el 16 de mayo por Lumma Stealer, una de las herramientas «favoritas» de los piratas para robar datos como contraseñas, cuentas de banco o carteras de criptomonedas, que luego emplean para reclamar rescates o atacar servicios esenciales, dijo Microsoft en su blog.

El gigante tecnológico explicó que el 13 de mayo su unidad contra crímenes digitales interpuso una acción legal en un tribunal de Georgia (EE. UU.), que le permitió «incautarse y facilitar la caída, suspensión y bloqueo de unos 2.300 dominios» que formaban «la infraestructura de Lumma».

El Departamento de Justicia de EE. UU. en paralelo, «se incautó de la estructura de comando central de Lumma e interrumpió los mercados donde se vendía la herramienta a otros ciberdelincuentes», mientras que las autoridades de Europa y Japón ayudaron a suspender las infraestructuras locales del programa.

La propagación del virus se concentró sobre todo en el continente europeo, según un mapa compartido por Microsoft en su blog, y en el que aparecen en color rojo Alemania, Polonia, Países Bajos y otros países cercanos, así como parte de España y Portugal, pero también en el este de EE.UU., Brasil y México.

«Trabajando con las autoridades y socios del sector, hemos cortado las comunicaciones entre la herramienta maliciosa y las víctimas», dijo Microsoft, dando a entender que las computadoras infectadas no están ya en riesgo.

La empresa citó un ejemplo de cómo se propagó este programa en el mes de marzo, con una campaña de suplantación de identidad que hacía creer a los usuarios que eran contactados por la agencia de reservas vacacionales Booking.com, y donde piratas cometieron «fraude y robo» de datos con Lumma.

Fiscal de Ciudad de México apunta a 4 implicados en crimen de funcionarios que fue muy planificado

México
Un cuerpo yace cubierto mientras la policía trabaja en el lugar donde la secretaria personal y un asesor de la alcaldesa de la Ciudad de México fueron asesinados por hombres armados en una motocicleta, en la Ciudad de México, el martes 20 de mayo de 2025. (AP Foto/Tristán Velázquez)

CIUDAD DE MÉXICO— La fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde, dijo el miércoles que cuatro personas estuvieron presuntamente involucradas en el asesinato de dos funcionarios de la capital la víspera y, aunque no adelantó cuál pudo ser el móvil de este crimen, aseguró que “se trató de un ataque directo y con un grado importante de planeación y que quienes lo ejecutaron tenían experiencia previa”.

Según dijo Alcalde, hubo vigilancia en días previos en la zona donde fue el ataque que acabó con la vida de Ximena Guzmán y José Muñoz, la secretaria particular y un asesor de la alcaldesa Clara Brugada, en una céntrica avenida y en hora pico.

“El ataque necesariamente implicó una inversión de recursos considerables humanos, logísticos, materiales”, agregó la fiscal capitalina. “Sin embargo, y es muy importante recalcar que hasta el momento no se cuenta con una hipótesis concluyente sobre el móvil del ataque ni sobre los autores intelectuales”.

Las autoridades no descartan ninguna línea de investigación, contemplan tanto los posibles móviles personales como profesionales y dijeron que se abrió un grupo de investigación interinstitucional, con operaciones las 24 horas del día los siete días de la semana.

“No podemos concluir que esto esté vinculado al crimen organizado, mucho menos hablar en estos momentos de un grupo de crimen en específico”, subrayó Alcalde.

Horas antes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que “toda el área de investigación e inteligencia” del Estado trabaja junto con las autoridades capitalinas para “brindarles todo el apoyo que se requiera” y esclarecer cuanto antes el crimen.

En las imágenes de una cámara de seguridad, divulgadas en redes, se ve a un individuo disparando repetidas veces contra el vehículo que conducía Guzmán y al que se acercó caminando Muñoz, quien también fue tiroteado por el atacante y quedó tendido en el suelo. Otras tres personas más ayudaron con la logística, según las autoridades.

Hasta el momento no se han reportado detenidos. Por otro lado, además del hallazgo de una motocicleta y un coche el mismo día del crimen, se informó el miércoles de la localización de un tercer vehículo utilizado por los agresores que huyeron hacia el este y ya están siendo buscados en los estados aledaños a la capital.

Aunque para los cientos de transeúntes y conductores que suelen pasar diariamente por la calzada de Tlalpan, donde ocurrió el ataque, todo transcurría el miércoles con normalidad, para algunos era inevitable mirar hacia la escena del crimen donde fueron colocados dos carteles con mensajes escritos a mano dedicados a Guzmán y ramos de flores y velas para Muñoz.

“Al pasar por aquí me da el mismo trauma”, afirmó Loretta García Ortiz, una estudiante universitaria de 19 años, al recordar el impacto que le generó el martes, pasadas las 7 de la mañana, cuando en el camino a la universidad pasó a un lado de la acera donde yacía el cuerpo ensangrentado de Muñoz y unos metros más adelante observó a Guzmán muerta dentro de su auto.

“Uno sale de la casa pensando que va a ser un día normal como cualquiera, con la misma rutina, pero cuando ves un accidente así te impacta”, dijo García Ortiz al admitir que quedó un poco ansiosa y temerosa de que algo así le pueda suceder.

Igual sensación de temor le quedó a Óscar Sánchez, un vendedor callejero de tacos de 38 años, quien afirmó que, pese a que el ataque ocurrió a unos metros de su local, se enteró de los hechos por un comerciante vecino y al ver a los policías y militares acordonando el lugar.

“Creo que la delincuencia es igual. Está al pie del cañón para todos. No es nada más para ciertas personas”, indicó Sánchez. Agregó que el ataque de la víspera demostró que “ya no importa que seas funcionario. Ya es parejo”.

Al regresar de acompañar a su esposa al trabajo, Isidro Yáñez, un acupunturista de 63 años, no pudo evitar detenerse para leer los carteles en memoria de Guzmán.

“Los asesinatos siempre sorprenden y más si son en este sentido”, comentó Yáñez señalando que aunque para los mexicanos la violencia se ha convertido en algo cotidiano, en este caso impactó más porque fue “algo muy planeado”.

La seguridad de la Ciudad de México no es sólo un tema local. Aquí están situados los tres poderes del Estado y es el principal nodo de comunicaciones del país. Por eso Brugada participa todos los lunes en el gabinete de seguridad federal, frente a la asistencia cada uno o dos meses del resto de gobernadores.

Aunque es considerado un reducto de relativa tranquilidad dentro del país, la presencia del crimen organizado en la capital no es un secreto y el atentado en 2020 contra Omar García Harfuch —entonces responsable de la seguridad capitalina y hoy de la federal— fue el mayor ejemplo: una emboscada con fusiles de alto poder y granadas en un barrio de lujo organizada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que acabó con el vehículo blindado acribillado, tres muertos y García Harfuch herido.

En aquel momento el gobierno federal dijo que organismos de inteligencia habían recibido días antes información de amenazas de grupos del crimen organizado contra algunos funcionarios que no especificó.

Sin embargo, esos actos de violencia extrema no son habituales en la zona urbana, algo que los expertos atribuyen a la necesidad de los cárteles de tener a la ciudad como centro de otro tipo de operaciones y pasar más desapercibidos.

Según los gráficos divulgados en el más reciente informe del Instituto de Economía y Paz —que mide la violencia en el país—, la Ciudad de México es un punto importante de entrada de drogas procedentes tanto de Centro o Sudamérica como de los puertos del Pacífico mexicano adonde llegan los precursores químicos con los que se fabrican drogas sintéticas, incluido el fentanilo. La capital también es desde donde se mueve el narcotráfico hacia la frontera con Estados Unidos.

“Hay presencia de grupos criminales particulares en la ciudad y hay trabajo permanente y constante” para combatirlos, reconoció el miércoles la presidenta.

Sheinbaum afirmó que cuando llegó a la alcaldía de la ciudad en 2018 el sistema de seguridad estaba “descompuesto” y por eso “se construyó un modelo de investigación, de inteligencia y un trabajo coordinado con el gabinete federal”.

Este trabajo fue dirigido por García Harfuch, quien puso en marcha un equipo de operaciones especiales para combatir el crimen, que ahora se está replicando a nivel federal.

EE. UU. cambia plan energético para Puerto Rico y usará 365 millones para mejoras a la red

Fotografía de archivo de la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer Gonzalez, llegando a una gala hispana en Washington (Estados Unidos). (Foto: EFE/Octavio Guzmán)

San Juan.– La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció este miércoles que unos 365 millones de dólares que el Departamento de Energía federal (DOE, en inglés) otorgaría para instalar energía solar en clínicas, asilos y residenciales públicos, irán ahora a mejoras del sistema eléctrico en la isla.

Los 365 millones de dólares fueron otorgados inicialmente por la administración del pasado presidente de EE. UU., Joe Biden, en diciembre de 2024 para instalar energía solar en techos y almacenamiento en baterías en clínicas, asilos y residenciales públicos, cuya construcción estaba programada para comenzar en 2026.

No obstante, el DOE reordenó las prioridades de estas asignaciones, por lo que pasarán el dinero para apoyar tecnologías que mejoren la flexibilidad y la respuesta del sistema, su flujo y el control de energía, la resistencia de los componentes, la seguridad del suministro y la protección.

«Puerto Rico enfrenta una emergencia energética que requiere que actuemos ahora y ofrezcamos soluciones inmediatas. Nuestras comunidades, empresas y centros de salud no pueden permitirse esperar años, ni podemos depender de enfoques fragmentados con resultados limitados», afirmó González en un comunicado.

«En lugar de afectar a unos pocos clientes, destinar estos fondos a proyectos urgentes que mejoren la resiliencia y la confiabilidad de nuestra red eléctrica tendrá beneficios amplios y duraderos para los 3,2 millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico», agregó.

Así, la aportación de estos fondos ampliará el acceso a energía confiable para millones de personas, en lugar de miles, y generará un mayor retorno de la inversión para los contribuyentes, a la vez que impulsa la resiliencia de la red eléctrica en Puerto Rico, garantizó el Gobierno federal.

Los fondos, asignados a través del Fondo de Resiliencia de Puerto Rico, se destinarán a apoyar soluciones prácticas y actividades de emergencia que ofrezcan una solución más rápida y eficaz a la crisis actual, beneficiando a instalaciones críticas como hospitales y centros comunitarios, según se explicó en la nota.

El anuncio de hoy sigue a la decisión del titular del DOE, Chris Wright, de emitir dos órdenes de emergencia para Puerto Rico apenas unas semanas después del último apagón en toda la isla, lo que subraya la urgencia de implementar soluciones inmediatas para los residentes de la isla que dependen del frágil sistema eléctrico.

«Con el liderato del presidente Trump, el Departamento de Energía se centra en fortalecer la red eléctrica americana y garantizar el suministro confiable de electricidad en todo el país, y en ningún otro lugar esto es más necesario que en Puerto Rico», agregó Wright.

Trump pide a la Corte Suprema que impida acceso de supervisores a documentos del DOGE

El presidente Donald Trump habla en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el martes 20 de mayo de 2025, en Washington. (Foto: AP/Alex Brandon)

El gobierno del presidente Donald Trump solicitó el miércoles a la Corte Suprema que bloquee las órdenes judiciales que exigen que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Elon Musk entregue documentos sobre sus operaciones a un grupo de vigilancia gubernamental.

La más reciente apelación de emergencia del Departamento de Justicia ante el máximo tribunal se refiere a si el DOGE, que ha sido fundamental en el impulso del presidente Donald Trump para reformar el gobierno, es una agencia federal sujeta a la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés). El gobierno argumenta que el organismo es simplemente un cuerpo asesor presidencial que está exento de solicitudes de documentos según la FOIA.

El gobierno quiere que los jueces congelen las órdenes que obligarían al DOGE a entregar documentos a la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, por sus siglas en inglés), y que la administradora interina del DOGE, Amy Gleason, responda preguntas bajo juramento en las próximas tres semanas. CREW presentó una demanda en febrero, alegando que el DOGE “ejerce un poder sorprendentemente amplio” sin transparencia sobre sus acciones.

En marzo, el juez federal de distrito, Christopher Cooper, determinó que el papel del DOGE probablemente es más que solo de asesoramiento, señalando sus afirmaciones de ayudar a cerrar USAID y recortar miles de millones de dólares en contratos gubernamentales. “Cancelar cualquier contrato gubernamental parecería requerir una autoridad sustancial, y cancelarlos a esta escala ciertamente lo requiere”, escribió Cooper. El DOGE “probablemente tiene al menos cierta autoridad independiente para identificar y despedir a empleados federales, y cancelar programas y contratos federales”.

Un panel del tribunal federal de apelaciones en Washington suspendió inicialmente la orden de Cooper, pero un panel diferente la reactivó posteriormente. Desde entonces, Cooper ha establecido plazos para que la administración cumpla antes del 13 de junio.

El Procurador General D. John Sauer instó a los jueces a actuar rápidamente, calificando las órdenes de Cooper como “extraordinariamente excesivas e intrusivas”.

El caso es el más reciente de una serie de apelaciones de emergencia que se han llevado ante la Corte Suprema después de que los tribunales inferiores hubieran bloqueado partes de la agenda de Trump.

Jueza ordena libertad bajo palabra a legisladora que se opuso a agentes de migración en Nueva Jersey

La congresista LaMonica McIver, demócrata por Nueva Jersey, sale de los terrenos de la prisión de detención de ICE en Delancey Hall, el viernes 9 de mayo de 2025, en Newark, Nueva Jersey. (Foto: AP/Angelina Katsanis)

Una jueza federal en Nueva Jersey ordenó el miércoles la liberación de la legisladora demócrata LaMonica McIver bajo su propia responsabilidad durante la primera comparecencia en la corte de la congresista por cargos de agresión derivados del intento de los funcionarios de inmigración de arrestar al alcalde de Newark en un centro de detención para migrantes.

McIver compareció de manera remota desde Washington, ya que el Congreso está en sesiones, donde se le notificó oficialmente de los dos cargos de agredir, resistir e impedir la labor de un oficial durante el altercado del 9 de mayo afuera de las instalaciones administradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), llamadas Delaney Hall.

La denuncia de la fiscalía dice que McIver intentó impedir el arresto del alcalde demócrata de Newark, Ras Baraka, quien se postula en las primarias de este año para gobernador de Nueva Jersey, y empujó y agarró a agentes del ICE y de Seguridad Nacional.

La jueza Stacey Adams presidió la audiencia de aproximadamente 15 minutos, en la que McIver, sus abogados y los fiscales federales comparecieron por videollamada en la sala del tribunal de Newark.

McIver negó los cargos y dijo que estaba cumpliendo con su deber como miembro del Congreso de supervisar una instalación federal. Las únicas palabras que pronunció durante el procedimiento fueron «Sí, su señoría», respondiendo a las preguntas de la jueza, incluyendo si había recibido la denuncia en su contra.

Cada cargo conlleva una pena máxima de hasta ocho años de prisión, dijeron los fiscales.

La fiscal federal interina de Nueva Jersey, Alina Habba, acusó a Baraka de allanamiento después del arresto, pero desestimó la acusación el lunes cuando dijo en una publicación en redes sociales que en su lugar acusaría a la congresista. Baraka es candidato demócrata a gobernador en las elecciones primarias del próximo mes.

Procesar a McIver es un caso penal federal poco común contra un miembro en funciones del Congreso por acusaciones distintas al fraude o la corrupción.

El asunto se conecta con una lucha más amplia y más consecuente entre una administración de Trump comprometida en reformar la política migratoria y un Partido Demócrata que se esfuerza por responder.

Los colegas demócratas de McIver calificaron el enjuiciamiento como una infracción a los deberes oficiales de los legisladores de servir a sus electores y un esfuerzo por silenciar su oposición a una política de inmigración que ayudó a impulsar al presidente de nuevo al poder, pero que ahora ha surgido como una línea divisoria en el discurso político estadounidense.

Según la ley, los miembros del Congreso están autorizados a ingresar a las instalaciones federales de inmigración como parte de sus poderes de supervisión, incluso sin previo aviso. El Congreso aprobó un proyecto de ley de asignaciones en 2019 que especificaba la autoridad.

Un video de casi dos minutos difundido por el Departamento de Seguridad Nacional muestra a McIver cerca de una valla de alambre en la instalación justo antes del arresto del alcalde en el lado de la calle de la cerca. Ella y funcionarios uniformados pasan por la puerta, y se une a otros gritando que deberían rodear al alcalde. El video muestra a McIver entre un grupo de varias personas y oficiales. En un momento, su codo izquierdo y luego su codo derecho empujan a un oficial que lleva una cubierta facial oscura y un uniforme verde oliva con la palabra «Policía» en él.

No está claro en el video de la cámara corporal de la policía si ese contacto fue intencional, incidental o resultado de empujones en la escena caótica.

La denuncia dice que ella «golpeó» su antebrazo contra un agente y luego intentó inmovilizar al agente agarrándolo.

La comparecencia en la corte del miércoles incluyó un breve desacuerdo sobre si McIver podría viajar al extranjero por razones personales. Adams había dicho que un acuerdo previo a ella indicaba que solo podía viajar por asuntos oficiales, pero el abogado de McIver, el exfiscal federal para Nueva Jersey, Paul Fishman, dijo que tenía planeadas unas vacaciones.

“No hay ninguna posibilidad de que una congresista sea un riesgo de fuga”, dijo. La jueza dijo que estaría de acuerdo con tal viaje, pero pidió a los fiscales y a la defensa que discutieran y le enviaran un acuerdo si podían llegar a uno.

La representante de Nueva Jersey, Bonnie Watson Coleman, quien, junto con el representante Rob Menendez, se había unido a McIver en el centro de detención, dijo a los periodistas el martes que sus abogados y los de Menendez están programados para reunirse el miércoles con la oficina de Habba.

“Ese es el primer contacto que realmente hemos tenido de ella, así que no sabemos qué tiene planeado, pero estamos listos para cuando sea”, dijo.

Watson Coleman agregó que la oficina de Habba ha indicado que los cargos aún están sobre la mesa.

“Es una posibilidad y puede ser una probabilidad», dijo. “Veremos”.

Se dejó un mensaje buscando comentarios el martes con la oficina de Habba.

McIver, de 38 años, llegó por primera vez al Congreso en septiembre en una elección especial después de la muerte del representante Donald Payne Jr., que dejó una vacante en el Distrito diez. Luego fue elegida para un mandato completo en noviembre. Nativa de Newark, se desempeñó como presidenta del Concejo Municipal de Newark de 2022 a 2024 y trabajó en las escuelas públicas de la ciudad antes de eso.

Se programó una audiencia preliminar, que la jueza enfatizó que ocurriría en persona, para el 11 de junio.

Juez: EE. UU. debe mantener control de deportados a Sudán del Sur en caso de que medida sea declarada ilegal

Funcionarios de inmigración encadenan a una persona detenida el lunes 27 de enero de 2025 en Silver Spring, Maryland. (Foto: AP/Alex Brandon)

Un juez de Estados Unidos falló el martes por la noche que los funcionarios del gobierno federal deben mantener la custodia y el control de los migrantes aparentemente trasladados a Sudán del Sur, en caso de que él determine que sus deportaciones fueron ilegales.

El juez de distrito Brian E. Murphy de Massachusetts emitió el fallo tras una audiencia de emergencia, luego de que los abogados de los inmigrantes dijeron que el gobierno federal parecía haber comenzado a deportar personas de Myanmar y Vietnam a Sudán del Sur, a pesar de una orden judicial que restringe las deportaciones a otros países.

Murphy dijo que el gobierno debe “mantener la custodia y el control de los miembros de la clase que actualmente están siendo trasladados a Sudán del Sur o a cualquier otro tercer país, para asegurar la viabilidad práctica del retorno si el Tribunal determina que tales traslados fueron ilegales”.

Aunque Murphy dejó los detalles a discreción del gobierno, dijo que espera que los migrantes “sean tratados humanamente”.

Los abogados de los migrantes dijeron al juez que hasta una docena de personas de varios países podrían haber sido enviadas a África, lo que, según dijeron, viola una orden judicial que establece que las personas deben recibir una «oportunidad significativa» de presentar sus argumentos de que ser enviadas a otro país que no sea el suyo sería un riesgo para su seguridad.

La aparente deportación de un hombre de Myanmar fue confirmada en un correo electrónico enviado por un funcionario de inmigración de Texas, según documentos judiciales. El hombre fue informado de su deportación únicamente en inglés, un idioma que no habla bien, y sus abogados se enteraron del plan horas antes de su vuelo de deportación, añadieron los abogados.

Una mujer también informó que su esposo, originario de Vietnam, y alrededor de otras 10 personas fueron trasladadas a África el martes por la mañana, escribieron abogados de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración.

Los abogados pidieron a Murphy una orden judicial de emergencia para evitar las deportaciones. Murphy, quien fue nombrado al cargo por el expresidente Joe Biden, determinó anteriormente que cualquier plan para deportar personas a Libia sin previo aviso «claramente» violaría su fallo, el cual también se aplica a personas que de otro modo han agotado sus apelaciones legales.

Murphy dijo en su orden del martes que los funcionarios federales deben comparecer en la corte el miércoles para identificar a los migrantes afectados, abordar cuándo y cómo se enteraron de que serían trasladados a un tercer país, y qué oportunidad se les dio para presentar una solicitud basada en el miedo. También ordenó que el gobierno proporcione información sobre el paradero de los migrantes aparentemente ya deportados.

Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni la Casa Blanca respondieron a mensajes enviados en busca de comentarios.

Algunos países no aceptan deportaciones de Estados Unidos, lo que ha llevado al gobierno federal a concretar acuerdos con otras naciones, como Panamá, para que reciban a los inmigrantes. Washington también ha enviado a inmigrantes venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador al amparo de una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII que ha sido impugnada en los tribunales.

Sudán del Sur ha sufrido repetidos episodios de violencia desde que se independizó de Sudán en 2011, en medio de esperanzas de que podría usar sus grandes reservas de petróleo para traer prosperidad a una región golpeada por la pobreza. Hace apenas unas semanas, el principal funcionario de la ONU en el país advirtió que los enfrentamientos entre fuerzas leales al presidente y un vicepresidente amenazaban con convertirse en una guerra civil a gran escala.

La situación es «oscuramente reminiscente a los conflictos de 2013 y 2016, los cuales cobraron más de 400.000 vidas», dijo Nicholas Haysom, jefe de la misión de paz de la ONU, la cual cuenta con casi 20.000 efectivos.

El informe anual del Departamento de Estado sobre Sudán del Sur —publicado en abril de 2024— dice que entre los «problemas significativos de derechos humanos» se incluyen asesinatos arbitrarios, desapariciones, torturas o tratos inhumanos por parte de las fuerzas de seguridad y una extensa violencia basada en la identidad de género y sexual.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha otorgado Estatus de Protección Temporal a un pequeño número de sursudaneses que ya vivían en Estados Unidos desde la fundación del país en 2011, protegiéndolos de la deportación al considerar que las condiciones son demasiado inseguras en la nación africana. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, extendió recientemente esas protecciones hasta noviembre para permitir una revisión más exhaustiva.

US must keep control of migrants sent to South Sudan in case removals were unlawful, judge rules

Homeland Security Secretary Kristi Noem speaks during a news conference, April 9, 2025, in Washington. (Photo: AP/Alex Brandon/File)

A federal judge has ruled that U.S. officials must retain custody and control of migrants apparently removed to South Sudan in case he orders their removals were unlawful.

U.S. District Judge Brian E. Murphy in Massachusetts issued the ruling late Tuesday after an emergency hearing, after attorneys for immigrants said the Trump administration appears to have begun deporting people from Myanmar and Vietnam to South Sudan — despite a court order restricting removals to other countries.

Murphy said the government must “maintain custody and control of class members currently being removed to South Sudan or to any other third country, to ensure the practical feasibility of return if the Court finds that such removals were unlawful.”

While Murphy left the details to the government’s discretion, he said he expects the migrants “will be treated humanely.”

Attorneys for the migrants told the judge that immigration authorities may have sent up to a dozen people from several countries to Africa, which they argue violates a court order saying people must get a “meaningful opportunity” to argue that sending them to a country outside their homeland would threaten their safety.

The apparent removal of one man from Myanmar was confirmed in an email from an immigration official in Texas, according to court documents. He was informed only in English, a language he does not speak well, and his attorneys learned of the plan hours before his deportation flight, they said.

A woman also reported that her husband from Vietnam and up to 10 other people were flown to Africa Tuesday morning, attorneys from the National Immigration Litigation Alliance wrote.

The attorneys asked Murphy for an emergency court order to prevent the deportations. Murphy, who was appointed by President Joe Biden, previously found that any plans to deport people to Libya without notice would “clearly” violate his ruling, which also applies to people who have otherwise exhausted their legal appeals.

Murphy said in his Tuesday order that U.S. officials must appear in court Wednesday to identify the migrants impacted, address when and how they learned they would be removed to a third country, and what opportunity they were given to raise a fear-based claim. He also ruled that the government must provide information about the whereabouts of the migrants apparently already removed.

The Department of Homeland Security and the White House did not immediately return messages seeking comment.

South Sudan’s police spokesperson Major General James Monday Enoka told The Associated Press Wednesday that no migrants had arrived in the country and that if they arrive, they would be investigated and again «re-deported to their correct country» if found not to be South Sudanese.

Some countries do not accept deportations from the United States, which has led the Trump administration to strike agreements with other countries, including Panama, to house them. The Trump administration has sent Venezuelans to a notorious prison in El Salvador under an 18th-century wartime law hotly contested in the courts.

South Sudan has suffered repeated waves of violence since gaining independence from Sudan in 2011 amid hopes it could use its large oil reserves to bring prosperity to a region long battered by poverty. Just weeks ago, the country’s top U.N. official warned that fighting between forces loyal to the president and a vice president threatened to spiral again into full-scale civil war.

The situation is “darkly reminiscent of the 2013 and 2016 conflicts, which took over 400,000 lives,” Nicholas Haysom, head of the almost 20,000-strong U.N. peacekeeping mission.

The U.S. State Department’s annual report on South Sudan, published in April 2024, says “significant human rights issues” include arbitrary killings, disappearances, torture or inhumane treatment by security forces and extensive violence based on gender and sexual identity.

The U.S. Homeland Security Department has given Temporary Protected Status to a small number of South Sudanese already living in the United States since the country was founded in 2011, shielding them from deportation because conditions were deemed unsafe for return. Secretary Kristi Noem recently extended those protections to November to allow for a more thorough review.

South Sudan’s diplomatic relations with the U.S grew tense in April when a deportation row led to the revocation of visas and a ban on South Sudanese nationals.

The U.S is one of the biggest donors to South Sudan’s humanitarian aid programs with the total funding in 2024 standing at over $640 million, according to the U.S embassy in South Sudan.

Acusan a un hombre de suministrar alcohol a joven de 20 años que cayó del muro de PNC Park en abril

Un fanático yace en la franja de advertencia del jardín derecho del PNC Park tras caer del graderío durante el juego del miércoles 30 de abril de 2025, entre los Piratas de Pittsburgh y los Cachorros de Chicago (Foto: AP/Gene J. Puskar)

PITTSBURGH. — Un hombre ha sido acusado de proporcionar alcohol al joven de 20 años que cayó desde las gradas hacia el jardín en un juego de los Piratas de Pittsburgh el 30 de abril.

Ethan Kirkwood, de 21 años y originario de McKeesport, Pensilvania, fue arrestado el martes por cargos menores de suministrar alcohol a un menor y tiene una audiencia preliminar programada para el 23 de junio, según documentos judiciales.

Kavan Markwood sufrió heridas graves tras caer desde la parte superior de un muro de unos siete metros de altura sobre la franja de advertencia en el PNC Park durante un juego entre los Piratas y los Cachorros de Chicago.

Markwood fue internado en el centro de traumatología del Hospital General de Allegheny en estado crítico, pero ha mostrado un progreso sustancial desde la caída.

Kirkwood dijo que compró alcohol para Markwood en el estadio, según una denuncia penal obtenida por el canal WTAE-TV en Pittsburgh. La denuncia también indica que un video de vigilancia del PNC Park muestra a Kirkwood en el momento en que compra dos cervezas de 24 onzas (700 mililitros).

Otro video, tomado minutos después, muestra a Kirkwood y Markwood juntos, cada uno con una cerveza.

Schwarber y Harper ayudan a Filis a vencer 7-4 a Rockies para su 5ta victoria seguida

El abridor venezolano Jesús Luzardo, de los Filis de Filadelfia, labora contra los Rockies de Colorado en el juego del martes 20 de mayo de 2025 (Foto: AP/David Zalubowski)

Kyle Schwarber conectó su 17º jonrón y Bryce Harper sumó tres hits, incluidos dos dobles, para respaldar una buena apertura del venezolano Jesús Luzardo por los Filis de Filadelfia, quienes vencieron el martes 7-4 a los Rockies de Colorado, con lo cual hilaron su quinto triunfo.

Bryson Stott y Brandon Marsh pegaron también tres hits cada uno en el ataque de 17 imparables de Filadelfia. Trea Turner, Max Kepler y Alec Bohm consiguieron dos hits cada uno por los Filis.

Luzardo (5-0) permitió una carrera y dos hits en seis entradas, con diez ponches.

Schwarber empató con Shohei Ohtani de los Dodgers en el liderato de jonrones de las Grandes Ligas, gracias a su batazo solitario al bosque central en el séptimo capítulo.

Harper les dio a los Filis una ventaja de 2-0 con su primer doble, tres bateadores después de comenzar el juego contra el abridor venezolano de los Rockies Antonio Senzatela (1-8). Stott conectó un sencillo al inicio y Turner lo siguió con un doble de terreno.

Nick Castellanos aumentó a 3-0 la diferencia con un elevado de sacrificio.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 3-0′. El dominicano Adael Amador de 4-1 con una remolcada.

Nueva política de salud de Trump limita acceso a vacunas contra el COVID

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Un frasco de la fase 3 de la vacuna de Novavax contra el coronavirus preparada para su uso en un ensayo en el hospital de la Universidad St. George en Londres. El 7 de octubre de 2020. (AP Foto/Alastair Grant, Archivo)

WASHINGTON — La administración Trump dijo el martes que limitará la aprobación de vacunas estacionales contra el COVID-19 a personas mayores y otros en alto riesgo, mientras se recopilan más datos sobre el resto de la población, lo que genera dudas sobre si algunas personas que desean una vacuna este otoño podrán obtenerla.

Altos funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) establecieron nuevos requisitos para el acceso a las vacunas actualizadas contra el COVID, diciendo que continuarían utilizando un enfoque simplificado para hacerlas disponibles a adultos de 65 años o más, así como a niños y adultos jóvenes con al menos un problema de salud de alto riesgo.

Sin embargo, el marco de la FDA, publicado el martes en el New England Journal of Medicine, insta a las empresas a realizar estudios grandes y prolongados antes de que las vacunas modificadas puedan ser aprobadas para personas más saludables. En el artículo y en un webcast posterior, el principal funcionario de vacunas de la FDA dijo que más de 100 millones de estadounidenses podrían calificar para lo que él denominó un refuerzo bajo la nueva guía.

El doctor Vinay Prasad describió el nuevo enfoque como un «compromiso» que permitirá las vacunaciones en grupos de alto riesgo mientras se generan nuevos datos sobre si las vacunas todavía benefician a personas más saludables.

«Para muchos estadounidenses simplemente no sabemos la respuesta sobre si deberían recibir el séptimo, octavo, noveno o décimo refuerzo de COVID-19», explicó Prasad, quien se unió a la FDA a principios de este mes. Anteriormente, Prasad pasó más de una década en el ámbito académico, criticando frecuentemente el manejo de la FDA en la aprobación de medicamentos y vacunas.

No está claro qué significan los próximos cambios para las personas que aún pueden querer una vacuna contra el COVID-19 en otoño, pero que no encajan claramente en una de las categorías.

Datos provisionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que más de 47.000 estadounidenses murieron por causas relacionadas con el COVID el año pasado. El virus fue la causa subyacente para dos tercios de esos casos y fue un factor contribuyente para el resto. Entre ellos, hubo 231 niños cuyas muertes se consideraron relacionadas con el COVID, 134 de ellos donde el virus fue la causa directa, cifras similares a las muertes pediátricas anuales por la gripe.

El nuevo enfoque de la FDA es la culminación de una serie de pasos recientes bajo el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., que examinan el uso de las vacunas contra el COVID y plantean importantes preguntas sobre la disponibilidad más amplia de las vacunas. Se publicó dos días antes de la primera reunión de expertos externos en vacunas de la FDA en el segundo gobierno del presidente Donald Trump.

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Grupo de Ciencia y Medios Educativos del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.