Eddie «Junito» Irizarry Jr., a 27-year-old Puerto Rican young man, tragically lost his life on August 14, 2023, during a traffic stop when he was fatally shot by then-Philadelphia Police Officer Mark Dial.
On the second day, the jury trial of former Philadelphia police officer Mark Dial continued to draw significant public attention and community mobilization. Outside the courthouse, a demonstration was held by the family of Eddie Irizarry and the Party for Socialism and Liberation (PSL), demanding justice for the young Puerto Rican man fatally shot by the police in August 2023.
“We have organized protests, and no matter how much time passes, Philadelphia will be here demanding justice,” said Xiomara Torres, a spokesperson for the PSL.
Protesters held signs with messages such as “Not One More,” “Justice for Eddie,” and “End Police Brutality.” Among them were family members, friends of the victim, and citizens who deeply relate to the case. One of them, Rosali Pichardo, shared her reason for attending: “I needed and wanted to be here supporting the family. It’s not fair that someone was killed who wasn’t doing anything wrong.”
Eddie’s aunt and father. (Photo: AP/File)
Rosali’s sentiment is shared by many in the community. Irizarry’s death has left a deep wound and raised broader concerns about what many see as increasingly aggressive policing. Community members are demanding changes to law enforcement practices.
Protesters at the Philadelphia Courthouse. (Photo: Impacto/Staff)
Eddie Irizarry was fatally shot on August 14, 2023, by Officer Dial during a traffic stop. Initially, the Philadelphia Police Department claimed that Irizarry had exited his vehicle with a knife and attempted to attack officers. However, body camera footage later revealed that Irizarry remained inside his vehicle and that Dial fired through the closed driver’s side window. This evidence directly contradicted the official version and led to Dial’s dismissal and subsequent criminal charges.
On Monday the 19th, the jury was selected, and during Tuesday’s session, several officers testified, including Dial’s partner, Officer Michael Morris. Morris stated that he shouted “Knife!” as they approached the vehicle and claimed the knife, which had a black handle, could have been mistaken for a firearm.
In the courtroom, Eddie Irizarry’s father, who was present during the testimony, remained composed but expressed his frustration: “They claim Eddie pulled a knife, but forensic evidence showed he never touched it. It continues to be proven that the police are lying and manipulating the case to protect an officer unnecessarily. Mark Dial made a mistake, and like anyone who makes a mistake, he must face the consequences.”
In a separate conversation with Impacto, Don Eddie—the victim’s father—broke down in tears as he recalled the last words his son shared with him before the incident:
“I’ll never forget when he said, ‘Papi, you’re very devout, take this prayer, pray to the Divine Child,’ and he gave me a scapular. He told me, ‘Take it, because I only have two haircuts left,’ jokingly. I thank God, and I hold on to the hope that justice will soon be served.”
The case has reignited a broader debate around police accountability and institutional transparency. The decision is now in the hands of a 14-member jury. Dial, who is currently free on $200,000 bail, faces a charge of third-degree murder.
Although the trial is still ongoing, the swift pace of the proceedings and the presentation of evidence and arguments have raised expectations that a verdict may be reached by the end of this week.
Una persona espera a que le atiendan en un local de envío de remesas en Downey, California. Imagen de archivo. EFE/Ana Milena Varón
Miami.- La propuesta de un impuesto del 5 % a las remesas enviadas desde Estados Unidos, que debate ahora la Cámara de Representantes, angustia a migrantes cuyas familias dependen de este dinero, con más de 40 millones personas que resultarían afectadas en el país.
El gravamen, atado al polémico presupuesto federal que discute este miércoles la Cámara de Representantes con un futuro incierto, inquieta a inmigrantes como la hondureña María Lorenza Carrasco, quien lleva 33 años en Florida, desde donde envía unos 1.300 dólares mensuales a sus dos hijas y a su hermano enfermo de cáncer.
«Es una ayuda que les doy yo a mis hijas y ellas sobreviven de eso, mi hermano, que tiene cáncer. Le van a hacer una operación ahorita a mi hermano, le han hecho tres operaciones en Honduras y le volvió el cáncer de nuevo», expuso la centroamericana a EFE.
La tasa afectaría a más de 40 millones de personas, tanto indocumentadas como residentes con ‘green card’, y otros visados de no inmigrantes, según denunció el Caucus Hispano del Congreso (CHC).
«Claro, (estoy) muy preocupada. Eso no puede ser, no puede ser eso. Imagínese, yo no gano mucho en este país, yo me sacrifico para mandarles el dinero», relató la hondureña amparada con el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Un 5 % con un alto costo
La iniciativa, parte del polémico plan presupuestario y fiscal que impulsa el presidente estadounidense, Donald Trump, y que la Cámara Baja debate esta semana, aplicaría un gravamen del 5 % a las remesas transferidas desde EE.UU. al exterior.
Esto impactaría a países como México, el segundo mayor receptor de remesas del mundo, y Nicaragua, Honduras y el Salvador, donde estos ingresos representan cerca de una cuarta parte de su producto interior bruto (PIB), según el Banco Mundial.
Aunque la tasa es del 5 %, esto se sumaría a otros gravámenes que ya se aplican, por lo que el costo de enviar 350 dólares de Estados Unidos a México pasaría de 6 a 23,5 dólares, según estimó una investigación del BBVA México.
Por estos datos, migrantes piden a sus gobiernos actuar contra el impuesto, como la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien denunció que el gravamen incumple un tratado vigente desde 1994 para evitar la doble tributación entre EE.UU. y México, que recibió un récord de casi 65.000 millones de dólares en remesas en 2024.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre en Miami, pidió a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que reaccione, al citar datos del Banco Central que muestran que estas remesas son el 27 % del PIB hondureño.
«Este año vamos a superar los 10.000 millones (de dólares enviados) a pesar de todo esta incertidumbre y esta crisis que está habiendo de inmigración dentro de EE.UU. Pero, aún así, no tenemos esa reciprocidad, ese apoyo que nosotros nos merecemos y que pedimos a gritos», manifestó en una entrevista con EFE.
Un golpe contra los migrantes
Por ser el país con más inmigrantes, Estados Unidos es también la principal fuente de remesas del mundo, al concentrar una cuarta parte del envío total, con un estimado de más de 200.000 millones de dólares, según datos del Banco Mundial actualizados a finales de 2022.
En este contexto, migrantes como la hondureña Dalila Galvez interpretan el impuesto como un golpe para su trabajo y otros países, pues los 300 dólares que ella envía cada mes a su familia representan «mucho, demasiado porque compran comida, pagan luz y pagan cuando se enferman».
«Nosotros (los migrantes) somos lo que trabajamos en el sol (…) no somos haraganes, no somos ladrones, solo venimos a tratar de ganar un poco más para subir, poder (ayudar) allá a nuestro país», contó en una entrevista.
Pero las voces de estos inmigrantes están lejos de escucharse, pues Trump ha puesto todo su empeño para hacer que la propuesta de ley que incluye el impuesto a las remesas se apruebe antes de julio.
Composición de varias fotos cedidas por la Casa Blanca donde aparece el grupo de deportados del que no se sabe su paradero conformado por, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez, ambos de Cuba, Thongxay Nilakout, de Laos, Jesús Muñoz Gutiérrez, oriundo de México, Dian Peter Domach, de Sudán del Sur, Kyaw Mya y Nyo Myint, de Birmania, y Tuan Thanh Phan, de Vietnam. EFE/La Casa Blanca
San Antonio (EE. UU.).- El Gobierno de Estados Unidos se negó este miércoles a revelar el destino de un vuelo de deportación que partió la noche del martes con ocho inmigrantes a bordo. Según un grupo de abogados, los expulsados — entre ellos nacionales de países como México, Cuba y Vietnam— fueron enviados a Sudan del Sur.
En una conferencia de prensa en Washington, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, confirmó la salida del vuelo desde Texas, pero ocultó el «destino final» de estas personas por motivos de «seguridad» y aseguró que siguen en custodia del gobierno estadounidense.
Los migrantes son originarios de Cuba, Laos, México, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur y tienen todos antecedentes penales que van desde asesinato hasta robo con arma de fuego, según detalló el Gobierno.
«Ningún país en el mundo quería aceptarlos porque sus crímenes son especialmente monstruosos (…) pero gracias al Departamento de Estado encontramos un país que estaba dispuesto a aceptar a estos ilegales», dijo McLaughlin a reporteros en Washington.
El grupo de deportados está conformado por Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez, ambos de Cuba; Jesús Muñoz Gutiérrez, oriundo de México; Thongxay Nilakout, de Laos; Kyaw Mya y Nyo Myint, de Birmania, Tuan Thanh Phan, de Vietnam y Dian Peter Domach, de Sudán del Sur.
Ayer en la noche, sin embargo, varias organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes presentaron un recurso de emergencia ante un tribunal en Massachussets para que interviniera y denunciaron iban a al menos dos de sus clientes iban a ser enviados a Sudán del Sur.
El país, al este de África, está envuelto en un conflicto armado y el propio Departamento de Estado de EE.UU. recomienda a sus ciudadanos a no visitar y retiró a inicios de mayo al personal no esencial del gobierno estadounidense allí.
El juez federal Brian Murphy ordenó al Gobierno anoche a mantener la custodia de los migrantes y asegurarse que puedan ser devueltos a EE.UU. si la corte encuentra que las expulsiones fueron «ilegales».
En una audiencia de urgencia ayer, el juez Murphy señaló que el Gobierno podría haber violado una orden de su tribunal que prohíbe las deportaciones de migrantes a terceros países donde puedan estar en riesgo sin la posibilidad de defender sus casos en las cortes, según informó el diario The New York Times.
El vuelo de ayer representa el más reciente episodio del enfrentamiento entre el Gobierno de Trump y el poder judicial, en torno a las medidas cada vez más agresivas para cumplir su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas.
Los tribunales y las organizaciones en defensa de los derechos humanos han acusado al Gobierno estar ignorando el debido proceso y algunos expertos legales alertan de que el país está acercándose a una «crisis constitucional».
Para acelerar las deportaciones, Washington está buscando acuerdos con otros países para que acepten a los migrantes expulsados del país.
A mediados de marzo, EE.UU. envió a más de 200 personas, en su mayoría venezolanos, a una megacárcel en El Salvador, donde aún permanecen incomunicados de sus familiares y abogados.
Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele llegaron a un acuerdo -que no ha sido mostrado al público- para que el país centroamericano reciba a los migrantes por un periodo inicial de un año a cambio de un pago de 6 millones de dólares.
Una persona camina frente a un mensaje a estudiantes colocado en la pared de la Academia "Place Bridge", el 20 de mayo de 2025, en Denver. (AP Foto/Rebecca Slezak)
Durante los últimos dos meses de su vida en EE. UU., José Alberto González y su familia pasaron casi todo el tiempo en su departamento de un dormitorio en Denver. No hablaron con nadie excepto con sus compañeros de vivienda, otra familia originaria de Venezuela.
Consultaban mensajes de WhatsApp para enterarse de alertas de agentes de inmigración en el área antes de salir a hacer algún trabajo ocasional de jardinería o para comprar comida o cosas para la casa.
Pero casi todos los días, a las 7:20 a.m., la esposa de González llevaba a sus hijos a la escuela.
La idea de que sus hijos aprendieran inglés en escuelas estadounidenses y el deseo de ganar dinero fueron lo que impulsaron a González y a su esposa a llevar a sus hijos de 6 y 3 años a Estados Unidos.
Llegaron hace dos años con el plan de quedarse una década. Pero el 28 de febrero, González y su familia subieron a un autobús de Denver a El Paso, donde cruzarían la frontera a pie y emprenderían el largo viaje de regreso a Venezuela.
Aunque los inmigrantes en Estados Unidos evitan salir en público por el miedo de encontrarse con las autoridades migratorias, familias de todo el país envían casi todo el tiempo a sus hijos a la escuela.
Eso no significa que se sientan seguros. En algunos casos, las familias informan a las escuelas de sus hijos que van a dejar el país.
Miles de inmigrantes ya han notificado a las autoridades federales que planean “autodeportarse”, según el Departamento de Seguridad Nacional. El presidente Donald Trump ha alentado a más familias a irse al avivar su temor al encarcelamiento, intensificar la vigilancia gubernamental y ofrecer 1.000 dólares y transporte para dejar el país.
Y el lunes, la Corte Suprema permitió que la administración Trump quitara de las protecciones legales a cientos de miles de inmigrantes venezolanos, lo que podría exponerlos a la deportación. Sin el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), aún más familias considerarán abandonar Estados Unidos, aseguran algunos defensores.
Que una cantidad importante de alumnos se vaya podría ocasionar problemas a las escuelas, las cuales reciben financiación según el número de estudiantes que matriculan.
“Con el terrible miedo e incertidumbre en la mente de los padres, ¿quién podría culpar a alguien por tomar la decisión de irse?”, dijo Andrea Rentería, directora de una escuela primaria de Denver que atiende a estudiantes inmigrantes. “Puedo decirles como directora que no dejaré entrar a nadie a esta escuela. Nadie va a llevarse a tu hijo. Pero no puedo decirles lo mismo como parte de la fuerza laboral o al conducir a algún lugar”.
Un estudiante de segundo grado usa su mano para hacer cuentas en la Academia «Place Bridge», el 20 de mayo de 2025, en Denver. (AP Foto/Rebecca Slezak)
Rumores de redadas migratorias en las escuelas fueron un punto de inflexión
Cuando Trump fue elegido en noviembre, tras prometer deportar inmigrantes y retratar a los venezolanos —en particular— como pandilleros, González supo que era el momento de irse. Estaba dispuesto a aceptar la compensación de ganar solo 50 dólares semanales en su país natal, donde las escuelas públicas funcionan sólo unas pocas horas al día.
“No quiero que me traten como delincuente”, dijo González en español. “Soy de Venezuela. Tengo tatuajes. Para él, quiere decir que soy criminal”.
A González le tomó meses ahorrar los más de 3.000 dólares que necesitaba para llevar a su familia a Venezuela en varios autobuses y a pie. Él y su esposa no le comunicaron a nadie su plan, excepto a la madre soltera con quien compartían su apartamento, por miedo a llamar la atención. Decirle a la gente que querían irse sería señal de que vivían aquí ilegalmente.
Enviaron a sus hijos a la escuela de Denver con regularidad hasta finales de febrero, cuando el teléfono de González se llenó de mensajes que aseguraban que agentes de inmigración planeaban redadas dentro de las escuelas. Esa semana, mantuvieron a su hijo en casa.
“De verdad teníamos miedo por el niño”, dijo González. “Porque no teníamos un estatus legal”.
En los meses posteriores a la toma de posesión de Trump, la asistencia a las Escuelas Públicas de Denver se vio afectada, según datos del distrito.
La asistencia a nivel de distrito disminuyó un 3% en febrero en comparación con el mismo período del año anterior, con descensos aún más pronunciados de hasta un 4,7% en las escuelas que atienden principalmente a estudiantes inmigrantes recién llegados. Las tasas a la baja continuaron durante marzo, con una disminución de la asistencia a nivel de distrito del 1,7% y de hasta un 3,9% en algunas escuelas para recién llegados.
Hubo padres que informaron al personal escolar de Denver que no tenían planes de acercarse al campus de sus hijos, luego de que el gobierno de Trump pusiera fin a una política que limitaba la aplicación de la ley migratoria en las escuelas.
El distrito escolar de Denver demandó al gobierno por dicha revocación y alegó que la asistencia disminuyó “notablemente” en todas las escuelas, “en particular en aquellas que se ubican en zonas con familias recién llegadas al país y donde ya se han producido redadas de ICE”, las siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Un juez federal falló en marzo que el distrito no pudo demostrar que la nueva política causara la disminución de la asistencia.
Zhour Boutyebi, quien ayuda en las aulas, trabaja con estudiantes en la clase de matemáticas de segundo grado en la Academia «Place Bridge», el 20 de mayo de 2025, en Denver. (AP Foto/Rebecca Slezak)
La asistencia escolar disminuyó en muchas escuelas tras la toma de posesión de Trump
Datos obtenidos de 15 distritos en ocho estados adicionales, incluidos Texas, Alabama, Idaho y Massachusetts, mostraron una disminución similar en la asistencia escolar tras la toma de posesión durante algunas semanas. En la mayoría de los lugares, la asistencia se recuperó antes que en Denver.
Entre 2022 y 2024, más de 40.000 migrantes venezolanos y colombianos recibieron albergue u otro tipo de asistencia de Denver. Trump dijo durante su campaña que iniciaría sus deportaciones masivas cerca de allí —en el suburbio de Aurora— debido a la presunta actividad de pandillas venezolanas.
A nivel nacional, las escuelas aún reportan descensos inmediatos en la asistencia diaria durante las semanas en que hay control migratorio —o incluso rumores de redadas del ICE—, en sus comunidades, reportó Hedy Chang, de “Attendance Works” (La Asistencia Funciona), una organización sin fines de lucro que ayuda a las escuelas a abordar el ausentismo.
Decenas de distritos no respondieron a las solicitudes de datos de asistencia. Algunos manifestaron que temían llamar la atención de las autoridades migratorias.
A finales de febrero, González y su esposa dieron de baja a sus hijos de la escuela y dijeron a la administración que regresarían a Venezuela. Él publicó un mensaje de despedida en un grupo de Facebook de voluntarios de Denver que utilizaba para encontrar trabajo y otras ayudas. “Gracias por todo, amigos”, escribió. “Mañana me voy con el favor de Dios”.
Inmediatamente, media docena de mujeres venezolanas y colombianas le pidieron consejos para regresar a sus países. “Planeamos irnos en mayo, si Dios quiere”, publicó una mujer en español.
En Denver, 3.323 estudiantes se han dado de baja de la escuela hasta mediados de abril —un aumento de 686 en comparación con el mismo período del año pasado. Los funcionarios escolares de Denver no pudieron explicar el incremento.
En la escuela primaria de Denver de 400 estudiantes que dirige Andrea Rentería, al menos dos estudiantes se han dado de baja desde la toma de posesión de Trump debido a preocupaciones migratorias. Uno regresará a Colombia y el otro no dijo a dónde se dirigía.
Los funcionarios escolares de Massachusetts y el estado de Washington han confirmado que algunos estudiantes se han dado de baja para regresar a El Salvador, Brasil y México. Los haitianos intentan ir a México o a Canadá.
En Chelsea, Massachusetts, un distrito de 6.000 estudiantes donde casi la mitad de ellos aún aprenden inglés, algunas familias han dado de baja a sus hijos recientemente debido a preocupaciones migratorias.
En marzo, una madre retiró a dos niños pequeños del distrito para regresar a El Salvador, según Daniel Mojica, administrador del distrito. Su hija de 19 años se quedará sola en el país para terminar sus estudios —una señal de que estas decisiones causan más separaciones familiares.
En Bellingham, Washington, dos familias dieron de baja a sus hijos tras una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a principios de abril en una empresa local de techado, en la que los agentes arrestaron a los padres de 16 niños que asistían a escuelas de Bellingham. Ambas familias regresaron a México, informó Isabel Meaker, especialista en participación familiar.
“Existe la sensación, no sólo con estas familias, de que no vale la pena luchar. Saben cuál será el resultado final”, dijo Meaker.
ARCHIVO – Mientras un vecino registra el momento con su teléfono, una mujer es sacada por autoridades de un departamento durante una redada, el 5 de febrero de 2025, en el este de Denver. (AP Foto/David Zalubowski, Archivo)
Familias inmigrantes reúnen los documentos necesarios para regresar a casa
Los países con grandes poblaciones residentes en Estados Unidos han notado que más personas desean regresar a su país de origen.
Las solicitudes de pasaportes brasileños en los consulados de Estados Unidos aumentaron un 36% en marzo, en comparación con el año anterior, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Los registros de nacimiento, el primer paso para obtener un pasaporte brasileño para un niño nacido en Estados Unidos, aumentaron un 76% en abril en comparación con el año anterior. Guatemala reporta un aumento del 5% con respecto al año pasado en la cantidad de pasaportes que solicitan sus ciudadanos residentes en Estados Unidos.
El mes pasado, Melvin Josué, su esposa y otra pareja condujeron cuatro horas desde Nueva Jersey hasta Boston para obtener pasaportes hondureños para sus hijos nacidos en Estados Unidos.
Es una medida que se toma con urgencia en caso de que estas familias decidan que la vida en Estados Unidos es insostenible. A Melvin Josué le preocupa la política migratoria de Trump y lo que podría ocurrir si él o su esposa son detenidos, pero últimamente le preocupa más la dificultad de encontrar trabajo.
La demanda de su equipo especializado en tablarroca se detuvo inmediatamente ante la incertidumbre económica causada por los aranceles. También hay mayor reticencia a contratar a trabajadores que estén aquí sin permiso, reportó.
(The Associated Press accedió a no utilizar sus apellidos porque se encuentra en el país sin documentos y teme ser separado de su familia).
“No sé qué haremos, pero quizá tengamos que regresar a Honduras”, dijo. “Debemos estar preparados”.
La magnitud del éxodo y su impacto en las escuelas aún no está clara, pero algunos ya empiezan a preocuparse.
Una consultora que trabaja con distritos en Texas en materia de educación para inmigrantes reportó que un distrito ha tenido una caída significativa en las inscripciones a la escuela de verano para estudiantes que aprenden inglés.
“Están muy preocupados por la matrícula para el otoño”, dijo Viridiana Carrizales, directora general de ImmSchools, una organización sin fines de lucro que asesora a los distritos escolares sobre cómo satisfacer las necesidades de los estudiantes inmigrantes y sus familias.
Expertos en financiación educativa predicen problemas presupuestarios para los distritos con grandes poblaciones inmigrantes.
“Cada estudiante que entra trae consigo una buena cantidad de dinero por ello —no sólo dinero federal, sino también dinero estatal y local”, dijo Marguerite Roza, profesora de la Universidad de Georgetown especializada en financiación educativa. “Si un distrito tenía a muchos estudiantes migrantes, hay una pérdida potencial de fondos ahí. Creemos que ese es un riesgo muy alto”.
La oferta de Trump de pagar a los inmigrantes para que se marchen y ayudarlos con el transporte podría acelerar las salidas.
González, quien está ahora de regreso en Venezuela, expone que no habría aceptado el dinero porque eso habría implicado registrarse ante el gobierno estadounidense, en el cual ya no confía. Y es lo que responde a las decenas de migrantes en Estados Unidos que lo contactan cada semana para preguntarle cuál es la mejor manera de regresar a casa.
Váyanse por su cuenta, les dice. Una vez que tengan el dinero, añade, es mucho más fácil viajar al sur que llegar a Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, en inglés) anunció este miércoles que pondrá fin a los acuerdos de supervisión y reforma policial con las ciudades de Louisville y Minneapolis, avanzados por la anterior administración en un intento de reformar estos departamentos involucrados en muertes que generaron múltiples protestas en el país.
El Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) había impulsado los acuerdos de ejecución judicial con los departamentos de policía de estas dos ciudades, tras los asesinatos de los afroamericanos Breonna Taylor y George Floyd a manos de agentes de agentes en 2020.
Los pactos abordaban reformas en las agencias del orden sobre el abuso de la fuerza letal, prácticas policiales inconstitucionales y violaciones de los derechos civiles.
Pero ahora el DOJ ha reculado su decisión bajo el argumento de que estos decretos de consentimiento, como se le conoce a los acuerdos, habrían impuesto años de «microgestión» de los departamentos de policía por parte de tribunales federales, «costosos» monitores independientes, y cientos de millones de dólares gastados en su cumplimiento.
“Hoy ponemos fin al fallido experimento de la División de Derechos Civiles de Biden de maniatar a líderes locales y departamentos de policía con decretos de consentimiento fácticamente injustificados”, dijo en un comunicado Harmeet K. Dhillon, fiscal de la División de Derechos Civiles del DOJ.
El fiscal considera que estos decretos son excesivamente amplios y despojan del control policial local a las comunidades donde corresponde, transfiriendo ese poder a burócratas “no electos e irresponsables, a menudo con una agenda antipolicial”.
El anuncio se da a cuatro días de que se conmemore el quinto aniversario de la muerte de George Floyd, de 46 años, a manos de la policía de Minneapolis (Minnesota). La muerte del afroamericano fue grabada en video y desató una ola de indignación por todo el país.
Los reclamos de la comunidad ya se habían escuchado dos meses antes tras el deceso el 13 de marzo de Breonna Taylor, de 26 años, que fue baleada en su apartamento en Louisville (Kentucky).
Varios agentes de policía fueron encontrados culpables por las muertes de los dos afroamericanos, que se encontraban desarmados cuando fallecieron.
Con el anuncio de ahora la División de Derechos Civiles del DOJ desestimará las demandas de Louisville y Minneapolis, y cerrará las investigaciones subyacentes sobre sus departamentos de policía y, además, se retractará de las conclusiones a las que llegó la Administración Biden sobre violaciones constitucionales.
El DOJ también cerrará sus investigaciones y se retractará de las conclusiones sobre violaciones constitucionales de las policías locales de Phoenix, Arizona; Trenton, Nueva Jersey; Memphis, Tennessee; Mount Vernon, Nueva York; Oklahoma City, Oklahoma, y la Policía Estatal de Luisiana.
Foto difundida por Servicios Infantiles del Condado Palm Beach, que muestra una clase de natación para niños autistas en Small Fish Big Fish, West Palm Beach, Florida, el 1 de abril del 2025. . (Ben Rusnak/ Servicios Infantiles del Condado Palm Beach via AP)
WEST PALM BEACH, Florida, EE. UU.— En una espaciosa piscina interior decorada con recortes de peces en las paredes, un grupo de niños pequeños se balanceaba, flotaba y pateaba con las piernas extendidas.
Parecía una clase de natación para principiantes. Pero aquí, los instructores trabajaban uno a uno o incluso dos con cada niño. Algunos utilizaban tarjetas para ayudar a los pequeños a comunicarse con los maestros señalando algo en ellas en lugar de hablar. Nadie tocaba silbatos.
Todos los estudiantes de esa clase en la escuela de natación Small Fish Big Fish están en el espectro autista, un trastorno del desarrollo vinculado a un riesgo de ahogamiento superior al promedio.
Esto ha preocupado desde hace mucho tiempo a expertos en trastornos del espectro autista y a padres con hijos que padecen el trastorno, y hay datos recientes que muestran claramente el peligro. En Florida, un estado donde el agua abunda desde las playas hasta los patios traseros de las casas, más de 100 niños con autismo o que estaban en evaluación se han ahogado desde principios de 2021, según el Consejo de Servicios Infantiles del condado de Palm Beach.
Las cifras resaltan un dilema que a menudo se pasa por alto: el espectro autista hace que enseñarles a nadar sea aún más necesario, pero a menudo, es mucho más difícil conseguirlo.
“Es un cambio de vida para los niños con autismo”, dijo Lovely Chrisostome, quien sufrió un tremendo susto este invierno cuando su hijo de 6 años salió de la casa familiar y deambuló por su vecindario rodeado de lagos. Ella intentó inscribirlo en clases de natación en una piscina pública, pero él se negó a entrar al agua.
No obstante, su hijo entró en la piscina en la clase específica para niños con trastorno del espectro autista de Small Fish Big Fish. Una instructora lo ayudó a flotar boca arriba. Cuando empezó a mostrar molestias —no le gusta mojarse la cabeza—, lo puso de lado, y en esa posición pareció tranquilo.
Se estima que el autismo afecta a 1 de cada 31 niños estadounidenses. Su seguridad en el agua ha recibido atención pública ocasional tras tragedias como la muerte de Avonte Oquendo, un adolescente autista quien fue hallado en un río de Nueva York tras desaparecer de su escuela, en 2014.
Si bien la investigación científica sobre el tema es poca, dos estudios de 2017 documentaron un riesgo considerablemente mayor de ahogamiento entre personas con trastorno del espectro autista. Esto se debe, en gran parte, a su propensión a deambular y a subestimar los peligros, según el doctor Guohua Li —uno de los coautores— y otros expertos.
Un niño de 5 años de Florida se escabulló aparentemente por una puerta para perros y se metió en la piscina de su abuela. Otro murió en un canal tras resbalar por el agujero de una valla en un parque infantil destinado específicamente para niños en el espectro autista. Una niña de 6 años se ahogó en un lago después de que, evidentemente, trepó por una estantería para libros colocada para bloquear la puerta de un apartamento, según el Consejo de Servicios Infantiles del Condado de Palm Beach. Actualmente, se crea una base de datos nacional.
“Las clases de natación deberían ser un tratamiento de primera línea para el autismo”, dijo Li, profesor de epidemiología de la Universidad de Columbia quien no participa en la investigación del consejo. Él mismo tiene un hijo en el espectro autista.
Las clases pueden salvar vidas
Algunas personas en el espectro autista destacan en la natación, como los adolescentes de Nueva Jersey que aparecen en el documental de 2017 “Swim Team”. Muchos otros son expertos en el agua. Incluso algunos niños en el extremo más severo del espectro pueden dominar los fundamentos de la supervivencia con tan solo ocho horas de terapia ocupacional acuática, afirmó Michele Alaniz, terapeuta ocupacional certificada por la Junta en Pediatría, quien publicó una investigación con base en su trabajo en el Casa Colina Hospital and Centers for Healthcare de Pomona, California.
No obstante, algunas familias no se inscriben en las clases por temor a abrumar a los niños, quienes pueden presentar síntomas que van desde no hablar hasta golpearse la cabeza repetidamente y angustiarse por el ruido. Otros chicos son expulsados de programas que no pueden manejarlos. Las sesiones privadas pueden ser útiles, pero son costosas.
“Contar con alguien que comprenda a un niño en el espectro —cuáles son sus necesidades especiales, cómo comunicarse con el niño, cómo mitigar una crisis, particularmente en una piscina— es fundamental”, dice Lindsey Corey, quien comentó que su hijo de 5 años no aprendió mucho en una clase general de natación ni en clases particulares en su casa en Lake Worth, Florida, pero sí progresó en un programa con instructores capacitados por la Autism Society.
A medida que se presta más atención a los riesgos de ahogamiento, hay quienes intentan que las clases de natación sean más accesibles. Una organización australiana de beneficencia llamada Autism Swim informó que 1.400 profesores de natación, fisioterapeutas y otros profesionales de todo el mundo han tomado su curso de formación en línea desde 2016.
Agitación y alegría en el agua
En Florida, el Consejo de Servicios Infantiles del condado de Palm Beach aportó 17.000 dólares el año pasado a la Sociedad de Autismo de Estados Unidos para capacitar a docenas de instructores, dijo Jon Burstein, quien realizó la investigación del consejo sobre autismo y ahogamiento. La organización pagó otros 13.500 dólares por las clases en Small Fish Big Fish.
La docena de estudiantes, de entre 4 y 8 años, asisten a una escuela pública cercana con gestión autónoma que se especializa en autismo. Al principio, se resistían a subir al autobús —mucho más a meterse al agua—, reportaron los organizadores. Pero una tarde de principios de abril, se dirigieron sin dudarlo a la piscina poco profunda.
Una niña flotaba sobre una tabla de espuma con la cara en el agua, un ejercicio de control de la respiración. Otra sonreía mientras se impulsaba sobre un tubo flotador flexible.
“Es intrépida al punto que da miedo porque se tira a la piscina, sepa nadar o no”, dijo más tarde su madre, Jana D’Agostino. “Así que esto es realmente importante. Les está salvando la vida”.
Al otro lado de la piscina, un niño bajó a regañadientes de los escalones y se metió al agua, donde lo esperaba Melissa Taylor, fundadora de Small Fish. “¡Mi turno!”, dijo ella y metió la cabeza en el agua.
Él hizo lo mismo y luego regresó a los escalones. Taylor continuó trabajando con él, pero el niño no tardó en salir de la piscina y comenzó a hacer movimientos con las manos. Al darse cuenta de que ya había sido suficiente para él, los instructores lo dejaron secarse con la toalla.
“Se nos está dificultando que confíe en nosotros”, explicó Taylor, quien también reconoce cuándo los chapoteos y movimientos repetitivos indican emoción y no alarma.
La sesión continuó para los demás niños, entre ellos, el hijo de Chrisostome, quien salió con una sonrisa.
Ha aprendido mucho en las clases, pero, ¿qué le sorprende más a ella?
Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este miércoles un tenso encuentro con su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, en la Casa Blanca, durante el cual proyectó un video para denunciar un supuesto «genocidio» contra la minoría blanca afrikáner, una acusación que Ramaphosa rechazó categóricamente.
La reunión en el Despacho Oval fue la más conflictiva desde la visita en febrero del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien entonces abandonó la Casa Blanca tras una acalorada discusión con Trump frente a las cámaras.
El tema central del encuentro fueron las denuncias de presunta persecución racial en Sudáfrica, promovidas por la Administración de Trump. Aunque su Gobierno ha recortado drásticamente los programas de acogida, recientemente otorgó estatus de refugiados a varias familias afrikáners (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses).
Trump abrió la reunión calificando a Ramaphosa como alguien «muy respetado en muchos círculos, aunque polémico para algunos», mientras el mandatario sudafricano le ofrecía un apretón de manos y proponía «reiniciar» las relaciones bilaterales.
Choque entre presidentes
La tensión estalló cuando la prensa preguntó por la reciente llegada de refugiados afrikáners. Trump insistió en su teoría de que esta minoría sufre una persecución y exigió explicaciones a su interlocutor.
«En general, son agricultores blancos que huyen de Sudáfrica, y es muy triste verlo. Espero que podamos tener una explicación», declaró ante los medios.
Ramaphosa respondió con firmeza que no existe ningún «genocidio afrikáner», e instó a Trump a escuchar al pueblo sudafricano para desmontar esa narrativa.
«Si realmente hubiera un genocidio contra los agricultores afrikáners, te aseguro que estas personas no estarían aquí, incluido mi propio ministro de Agricultura», afirmó señalando a su delegación, que incluía a miembros de esa comunidad.
Trump insistió en que existen «miles de historias» que confirman la persecución y ordenó la proyección de un video de casi cinco minutos que mostraba a políticos africanos dando discursos a favor de la violencia contra los blancos e imágenes de montículos y cruces que, según Trump, representan más de 1.000 agricultores asesinados.
«Me gustaría saber dónde es eso, porque yo no lo he visto», comentó el presidente sudafricano tras observar, incómodo, las imágenes.
Ramaphosa subrayó que, si bien la delincuencia es un problema en Sudáfrica, la mayoría de las víctimas de la violencia «no son blancos, sino negros», y recordó que aunque la Constitución protege la «inviolabilidad de la propiedad de la tierra», su Gobierno también tiene el derecho de expropiar terrenos para uso público.
«Los están ejecutando, y resulta que son blancos, y la mayoría agricultores. Es una situación difícil. No sé cómo se explica», insistió Trump.
En un momento de la discusión, Ramaphosa llegó a bromear afirmando que no tiene «un avión para darle», en referencia al regalo que Catar le hizo a Trump y que Estados Unidos aceptó este miércoles formalmente.
La tensión solo comenzó a disiparse tras la intervención de los emblemáticos golfistas afrikáners Ernie Els y Retief Goosen, quienes formaban parte de la delegación sudafricana. Ambos, admirados por Trump, evitaron respaldar las denuncias de genocidio.
El G20 en Sudáfrica
La llegada, la semana pasada, de un primer grupo de 49 afrikáners a Estados Unidos en calidad de refugiados fue el último episodio en una serie de tensiones diplomáticas entre ambos países.
En marzo, Trump suspendió toda ayuda y cooperación exterior con Sudáfrica, alegando que el país confisca tierras a granjeros blancos y mantiene una postura hostil hacia Israel en la Corte Internacional de Justicia, donde Pretoria ha denunciado un genocidio en Gaza.
La ley de expropiación de Sudáfrica fue promulgada a principios de año para intentar revertir las desigualdades raciales heredadas del ‘apartheid’ y permite expropiar tierras sin pagar compensación en casos de interés público.
También en marzo fue expulsado de Estados Unidos el entonces embajador sudafricano en Washington, Ebrahim Rasool, designado como persona ‘non grata’ por sus críticas contra Trump.
Mientras Washington considere que existe discriminación contra los afrikáners, Trump ha reiterado que Estados Unidos no participará en ningún evento del G20, que este año acoge Sudáfrica.
Tras el choque de este miércoles con Ramaphosa, volvió a poner en duda su asistencia a la cumbre de presidentes del G20 que se celebrará en Johanesburgo el 22 y el 23 de noviembre.
«Creo que, sin Estados Unidos, (la cumbre) realmente no es muy importante porque ya no es la misma reunión», declaró.
Harrisburg, PA – The Pennsylvania Department of Transportation (PennDOT) today announced that all driver license and photo centers, including its full-service center in Harrisburg, will be closed Saturday, May 24, 2025, through Monday, May 26, 2025, in observance of the Memorial Day holiday.
Customers may still obtain a variety of driver and vehicle products and services, including all forms, publications, and driver training manuals, online through PennDOT’s Driver and Vehicle Services website.
Driver and vehicle online services are available 24 hours a day, seven days a week and include driver’s license, photo ID and vehicle registration renewals; driver-history services; changes of address; driver license and vehicle registration restoration letters; ability to pay driver license or vehicle insurance restoration fee; driver license and photo ID duplicates; REAL ID pre-verification; and driver exam scheduling. There are no additional fees for using online services.
A complete listing of PennDOT driver and photo license center closings in 2025 is available online. If you are planning to visit one of PennDOT’s Online Messenger Service Centers, please call ahead for hours of operation during holidays.
If you’re flying domestically, you will need a REAL ID-compliant product or other federally-accepted form of identification. Visit www.dmv.pa.gov/REALID for information on how you can get a REAL-ID compliant driver’s license or identification card today.
Motorists can check conditions on major roadways by visiting www.511PA.com. 511PA, which is free and available 24 hours a day, provides traffic delay warnings, weather forecasts, traffic speed information and access to more than 1,000 traffic cameras. 511PA is also available through a smartphone application for iPhone and Android devices, by calling 5-1-1, or by following regional X alerts.
Jalen Hurts, centro, quarterback de los Eagles de Filadelfia, y sus compañeros ejecutan la jugada conocida como tush push durante el Juego de Campeonato de Conferencia de la NFL contra los Commanders de Washington, el domingo 26 de enero de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola, Archivo)
EAGAN, Minnesota, EE. UU.— Una propuesta para prohibir el «tush push» naufragó el miércoles en las reuniones de propietarios de la NFL, según una persona con conocimiento de la decisión.
La propuesta de vetar una polémica jugada de corto yardaje fracasó con una votación de 22-10, con lo que los quarterbacks podrán seguir siendo asistidos por sus compañeros de equipo al lanzarse hacia la línea.
La persona habló con The Associated Press bajo la condición de anonimato porque los detalles de las discusiones de los propietarios aún no se habían hecho públicos.
Los Eagles de Filadelfia llevaron al excentro Jason Kelce, uno de los jugadores que impulsó el éxito del «tush push», a las reuniones en Minnesota con el propietario Jeffrey Lurie para proporcionar más claridad sobre la jugada.
Además, los Lions de Detroit retiraron su propuesta de modificar la siembra de los equipos para los playoffs —en orden de récord en lugar de otorgar los primeros cuatro lugares a los ganadores de división— antes de que se realizara una votación, según una persona familiarizada con la situación. La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque la decisión del equipo no había sido anunciada.
Los propietarios aprobaron modificaciones al saque inicial, que fue drásticamente rediseñado antes de la temporada pasada. Con el objetivo de aumentar la tasa de recuperación de intentos de patada corta, los equipos pueden intentarlos en cualquier momento del juego cuando estén en desventaja, en lugar de solo en el último cuarto. Los jugadores del equipo pateador, aparte del pateador, ahora pueden avanzar un metro.
Después de la votación sobre el «tush push», los Eagles publicaron una foto en las redes sociales del mariscal de campo Jalen Hurts a punto de intentar una jugada de corto yardaje contra los Packers de Green Bay con el pie de foto, «Sigan empujando». Los Packers pusieron su nombre en la propuesta para prohibir que los jugadores ofensivos empujen, tiren, levanten, agarren o rodeen a un corredor.
Microsoft divulgó este miércoles que 394.000 computadoras con el sistema operativo Windows en todo el mundo fueron infectadas con el programa maligno (‘malware’) Lumma y las autoridades internacionales están intentando desmantelar la trama de ciberdelincuencia que lo opera.
Las computadoras fueron infectadas entre el 16 de marzo y el 16 de mayo por Lumma Stealer, una de las herramientas «favoritas» de los piratas para robar datos como contraseñas, cuentas de banco o carteras de criptomonedas, que luego emplean para reclamar rescates o atacar servicios esenciales, dijo Microsoft en su blog.
El gigante tecnológico explicó que el 13 de mayo su unidad contra crímenes digitales interpuso una acción legal en un tribunal de Georgia (EE. UU.), que le permitió «incautarse y facilitar la caída, suspensión y bloqueo de unos 2.300 dominios» que formaban «la infraestructura de Lumma».
El Departamento de Justicia de EE. UU. en paralelo, «se incautó de la estructura de comando central de Lumma e interrumpió los mercados donde se vendía la herramienta a otros ciberdelincuentes», mientras que las autoridades de Europa y Japón ayudaron a suspender las infraestructuras locales del programa.
La propagación del virus se concentró sobre todo en el continente europeo, según un mapa compartido por Microsoft en su blog, y en el que aparecen en color rojo Alemania, Polonia, Países Bajos y otros países cercanos, así como parte de España y Portugal, pero también en el este de EE.UU., Brasil y México.
«Trabajando con las autoridades y socios del sector, hemos cortado las comunicaciones entre la herramienta maliciosa y las víctimas», dijo Microsoft, dando a entender que las computadoras infectadas no están ya en riesgo.
La empresa citó un ejemplo de cómo se propagó este programa en el mes de marzo, con una campaña de suplantación de identidad que hacía creer a los usuarios que eran contactados por la agencia de reservas vacacionales Booking.com, y donde piratas cometieron «fraude y robo» de datos con Lumma.
