Votantes hacen fila para ingresar a un centro de votación en Pensilvania. La participación electoral es una herramienta fundamental para que los ciudadanos hagan escuchar su voz. (Foto: Ilustrativa/Pexels)
Antes del amanecer, por toda la ciudad, los primeros autobuses de SEPTA se detienen junto a la acera y abren sus puertas. Trabajadores con uniformes médicos y chalecos de almacén suben a bordo, con las manos alrededor de un vaso de café. Para muchos de ellos, este es el primer trabajo del día, no el último. Al amanecer, sobre la I-95, la luz ilumina a cada persona que se dirige al trabajo, en lo que representa uno de los días de los aproximadamente 60 años durante los cuales recorrerán esta misma ruta. Trabajar es algo saludable, pero estos trabajadores están sobrecargados de trabajo porque, por mucho que trabajen, siguen luchando para pagar el alquiler, la comida, la gasolina y las necesidades básicas.
En la Oficina Oval, sin embargo, la misma luz de la mañana se siente diferente al reflejarse en medallones dorados, una repisa de chimenea dorada y figuras de querubines trasladadas desde Mar-a-Lago. El presidente ha presumido de que se trata de oro de 24 quilates, el mismo brillo que recubre su ático, situado en lo alto de la Quinta Avenida.
El oro es solo el telón de fondo. Lo que importa es la desconexión y la falta de conciencia sobre las dificultades que enfrenta la gente común, así como lo que esta administración ha hecho al país, a los inmigrantes, a los niños, a las personas mayores y a los jóvenes soldados enviados a una guerra que muchos consideran innecesaria. Tenemos una Constitución y está siendo cuestionada. Uno de los desafíos consiste en afirmar que el presidente puede ejercer el cargo durante más de dos mandatos, algo que prohíbe la 22.ª Enmienda. En el Congreso, bajo control republicano, se están aprobando leyes que perjudican al pueblo estadounidense y benefician a los multimillonarios. Han olvidado dónde deben estar sus lealtades y cuáles son los intereses de las personas que votaron por ellos.
Se puede escuchar en las filas de las farmacias, en la larga pausa antes de que una madre pregunte cuánto cuesta un medicamento recetado, o en las personas que miran sus facturas del supermercado y se preguntan qué compraron que cuesta tanto. La ley One Big Beautiful Bill, que el presidente firmó el 4 de julio de 2025, recortó la cobertura de Medicaid y de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act) de tal manera que se proyecta que alrededor de 16 millones más de estadounidenses perderán su seguro médico para 2034, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (Congressional Budget Office), una entidad no partidista.
Una persona deposita su papeleta en una urna durante la jornada electoral, un acto que representa el ejercicio del derecho al voto y la participación ciudadana. (Foto: Ilustrativa/Pexels)
La CBO también determinó que la versión de la Cámara de Representantes supondría una pérdida de aproximadamente 1,600 dólares al año para el décimo de los hogares con menores ingresos, mientras que el décimo de los hogares más ricos obtendría una ganancia de unos 12,000 dólares. La misma ley destinó 75,000 millones de dólares al control migratorio, a pesar de que los inmigrantes indocumentados, las manos que amasan nuestro pan y construyen nuestras casas, pagaron un estimado de 96,700 millones de dólares en impuestos en 2022. El Departamento de Educación perdió casi la mitad de su personal, y Filadelfia perdió su oficina regional de Derechos Civiles.
Tenemos el voto, que es nuestra voz para decidir lo que sucederá después. En las elecciones del 3 de noviembre en Pensilvania, votaremos para elegir al gobernador y también a representantes en el Congreso. Esto significa que podemos votar por los candidatos que, a nuestro juicio, restablecerán los controles y contrapesos sobre el presidente. El Congreso controla el presupuesto, redacta las leyes y tiene la facultad de investigar. Una mayoría demócrata puede bloquear leyes, rechazar gastos y citar documentos mediante órdenes judiciales. Nada de eso sucede si nos quedamos en casa. El oro se desvanece. Los salones de baile se vacían. Lo que perdura es un país que recuerda para quién fue construido: «Nosotros, el pueblo». El 3 de noviembre, acude a votar y demuéstralo.
El plazo para registrarse para votar ya venció, pero si estás registrado:
– Solicita una papeleta para votar por correo antes de las 5 p. m. del martes 27 de octubre.
– Puedes solicitarla, votar y devolverla en una sola visita a la oficina electoral de tu condado.
– Las papeletas de voto por correo deben llegar antes de las 8 p. m. del 3 de noviembre. No basta con que tengan matasellos de esa fecha.
– O vota en persona el 3 de noviembre, de 7 a. m. a 8 p. m.
Anima a tus familiares, amigos y vecinos a votar. Cada voto cuenta y la participación de todos es fundamental.
Candidatos republicanos y demócratas que participan en las contiendas electorales de Pensilvania del 3 de noviembre de 2026, en una jornada que podría influir en el equilibrio de poder en Washington y Harrisburg. (Foto: Ilustrativa)
Las elecciones de este año en Pensilvania se centran en dos grandes preguntas: si Josh Shapiro conservará su aceptación en la gobernación y qué partido obtendrá ventaja en los distritos congresionales más competidos del estado, especialmente los distritos 1, 7, 8 y 10. Los resultados podrían influir tanto en el rumbo político de Pensilvania como en el equilibrio de poder en Washington.
El próximo 3 de noviembre de 2026, los votantes de Pensilvania acudirán a las urnas para elegir gobernador, todos los miembros de la delegación estatal en la Cámara de Representantes federal y decenas de legisladores estatales. El estado, considerado uno de los más competitivos del país, vuelve a ocupar un lugar central en la política nacional.
La carrera más importante: Gobernador
El actual gobernador demócrata, Josh Shapiro, busca la reelección frente a la tesorera estatal republicana, Stacy Garrity. La contienda es la única elección estatal de mayor rango en la boleta y tendrá un impacto directo en temas como educación, economía, infraestructura, energía y presupuesto estatal.
Aunque diversos analistas consideran a Shapiro favorito, la carrera sigue siendo observada de cerca debido a la importancia estratégica de Pensilvania como estado bisagra.
Las contiendas congresionales más reñidas
El control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos podría depender de varios distritos de Pensilvania. Los expertos identifican estos como los más competitivos:
Distrito 1 (Bucks County y parte de Montgomery County)
Probablemente la contienda congresional más mediática de Pensilvania. Perry es una figura nacional conservadora, mientras que Stelson busca convertir el distrito en una victoria demócrata.
Lo que interesa a los latinos del área de Filadelfia
Para los residentes de los condados de Montgomery, Bucks y Philadelphia, el Distrito Congresional 1 merece especial atención. Parte de Montgomery County forma parte de esa jurisdicción y el resultado podría tener repercusiones nacionales. Además, los votantes elegirán miembros de la Cámara y el Senado estatal, cuyos resultados podrían influir en el equilibrio de poder en Harrisburg.
Esta edición especial rumbo a las elecciones de medio término es posible gracias al apoyo deEvery Voice, Every VotedeThe Lenfest Institute for Journalism, que ayuda a brindar información electoral para que nuestra comunidad vote informada.
Este contenido forma parte de Every Voice, Every Vote, un proyecto colaborativo gestionado por The Lenfest Institute for Journalism. El apoyo principal para Every Voice, Every Vote en 2024 y 2025 es proporcionado por la William Penn Foundation, con financiamiento adicional de The Lenfest Institute for Journalism, Comcast NBCUniversal, The John S. and James L. Knight Foundation, Henry L. Kimelman Family Foundation, Judy and Peter Leone, Arctos Foundation, Wyncote Foundation, 25th Century Foundation y Dolfinger-McMahon Foundation. Para obtener más información sobre el proyecto y ver la lista completa de patrocinadores, visita Every Voice, Every Vote . El contenido editorial se crea de manera independiente a los donantes del proyecto.
Republican and Democratic candidates competing in Pennsylvania’s November 3, 2026, elections, which could influence the balance of power in Washington and Harrisburg. (Photo: Illustrative)
This year’s elections in Pennsylvania revolve around two major questions: whether Josh Shapirocan maintain his popularity as governor and which party will gain an advantage in the state’s most competitive congressional districts, particularly Districts 1, 7, 8, and 10. The results could influence both Pennsylvania’s political direction and the balance of power in Washington.
On November 3, 2026, Pennsylvania voters will head to the polls to elect a governor, all members of the state’s delegation to the U.S. House of Representatives, and dozens of state legislators. Considered one of the nation’s most competitive battleground states, Pennsylvania is once again at the center of national politics.
The top race: Governor
Incumbent Democratic Governor Josh Shapiro is seeking reelection against Republican State Treasurer Stacy Garrity. The contest is the highest-profile statewide race on the ballot and will have a direct impact on issues such as education, the economy, infrastructure, energy, and the state budget.
Although many analysts consider Shapiro the favorite, the race continues to draw close attention because of Pennsylvania’s strategic importance as a swing state.
The most competitive congressional races
Control of the U.S. House of Representatives could hinge on several Pennsylvania districts. Political observers identify the following as among the state’s most competitive contests:
District 1 (Bucks County and part of Montgomery County)
This is one of the most closely watched congressional districts in the country, largely because it encompasses politically divided suburban communities.
This is likely the highest-profile congressional race in Pennsylvania. Perry is a nationally known conservative figure, while Stelson hopes to flip the district for Democrats.
Issues of interest to Latino voters in the Philadelphia area
For residents of Montgomery,Bucks, andPhiladelphiacounties, Congressional District 1 deserves special attention. Part of Montgomery County falls within the district, and the outcome could have national implications.
In addition, voters will elect members of the Pennsylvania House and Senate. Those results could affect the balance of power in Harrisburg and shape state policy on key issues for years to come.
This special edition leading up to the midterm elections is made possible through the support ofThe Lenfest Institute for Journalism’s Every Voice, Every Voteinitiative, which helps provide election information so our community can make informed voting decisions.
This content is a part of Every Voice, Every Vote, a collaborative project managed by The Lenfest Institute for Journalism. Lead support for Every Voice, Every Vote in 2024 and 2025 is provided by the William Penn Foundation with additional funding from The Lenfest Institute for Journalism, Comcast NBC Universal, The John S. and James L. Knight Foundation, Henry L. Kimelman Family Foundation, Judy and Peter Leone, Arctos Foundation, Wyncote Foundation, 25th Century Foundation, and Dolfinger-McMahon Foundation. To learn more about the project and view a full list of supporters, visit www.everyvoice-everyvote.org. Editorial content is created independently of the project’s donors.
The Housing Counseling Assistance Program funds counseling services that help individuals and families make decisions regarding housing. (Photo: Illustrative/Ivan S./Pexels)
On Sept. 25, the administration of President Donald Trump proposed eliminating $56.1 million from the Housing Counseling Assistance Program administered by the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD). The proposal was part of a broader effort to rescind nearly $1 billion in federal funding that had previously been approved by the House and Senate and signed into law by the president.
The program funds counseling services that help individuals and families make housing-related decisions, from purchasing a first home and understanding a mortgage to preventing foreclosure and finding alternative housing options.
The proposal sparked strong bipartisan opposition in Congress, where it was widely viewed as an unlawful maneuver. On Sept. 30, 2026, a coalition of organizations led by the National Urban League filed an emergency lawsuit. The following day, U.S. District Judge Jia M. Cobb temporarily blocked the funding cut and froze the expiration date of the funds to prevent them from being returned to the Treasury while the case proceeds through the courts. For now, the future of the funding remains subject to ongoing litigation.
UnidosUS, a nonpartisan nonprofit organization and the nation’s largest Hispanic civil rights and advocacy group, also filed an amicus curiae brief in support of the plaintiffs and the families who rely on housing counseling services.
The National Low Income Housing Coalition (NLIHC), a national organization that advocates for affordable housing policies, has urged housing advocates to contact their members of Congress and ask them to protect federal housing resources. With Congress in recess until its expected return on Nov. 9, October presents an opportunity for organizations and residents to express their concerns to lawmakers.
In addition, temporary federal government funding has been extended through Dec. 11, a key date for budget negotiations. While that deadline does not, by itself, determine the outcome of the litigation over housing counseling funds, it does increase pressure surrounding federal spending priorities.
Housing affordability remains a national concern. High home prices, elevated mortgage interest rates and rising rental costs continue to place financial strain on families. Nonprofit organizations warn that funding cuts would force them to reduce counseling services that help families avoid foreclosure, gain access to affordable housing and achieve homeownership.
Such reductions could limit the availability of housing counseling services, though they would not necessarily result in direct cuts to affordable housing construction programs, nor would they affect all agencies equally.
In Philadelphia, one question remains: What would the loss of these resources mean for families who depend on housing counseling services?
Oficinas de U.S. Department of Housing and Urban Development en Washington DC. (Foto: RR.SS.)
El pasado 25 de septiembre, la Administración del presidente Donald Trump propuso cancelar 56.1 millones de dólares del programa de Asistencia de Asesoramiento de Vivienda (Housing Counseling Assistance Program) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD). La medida formaba parte de una iniciativa para rescindir cerca de 1,000 millones de dólares en fondos federales previamente aprobados por la Cámara y el Senado y firmados por el presidente.
El programa financia servicios de asesoría que ayudan a personas y familias a tomar decisiones sobre vivienda: desde comprar su primera propiedad y entender una hipoteca hasta prevenir ejecuciones hipotecarias y encontrar alternativas de vivienda.
La propuesta generó un fuerte rechazo bipartidista en el Congreso, donde fue considerada una maniobra ilegal. El 30 de septiembre de 2026, una coalición de organizaciones, liderada por la National Urban League, interpuso una demanda de emergencia. Al día siguiente, la jueza de distrito Jia M. Cobb bloqueó temporalmente el recorte de fondos y congeló la fecha de vencimiento del presupuesto para evitar que los recursos regresaran al Tesoro mientras el caso se resolvía formalmente ante los tribunales. Por ahora, el futuro de estos fondos sigue sujeto al proceso judicial.
UnidosUS, una organización sin fines de lucro y apartidista, reconocida como la mayor organización hispana de defensa y derechos civiles del país, también presentó un escrito de amicus curiae en apoyo de los demandantes y de las familias que dependen de la asesoría de vivienda.
La National Low Income Housing Coalition (NLIHC), una organización nacional que aboga por políticas de vivienda asequible, ha instado a los defensores de la vivienda a que contacten a sus representantes en el Congreso y les pidan que protejan los recursos federales. Con el Congreso en receso hasta su regreso previsto para el 9 de noviembre, octubre representa una oportunidad para que organizaciones y ciudadanos expresen sus preocupaciones a los legisladores.
Además, el financiamiento temporal del Gobierno federal se prolonga hasta el 11 de diciembre, una fecha clave para las negociaciones presupuestarias. Aunque este plazo no constituye, por sí mismo, una fecha límite para resolver el litigio sobre los fondos para el asesoramiento de vivienda, sí incrementa la presión sobre las prioridades del gasto federal.
La asequibilidad de la vivienda sigue siendo una preocupación nacional. Los elevados precios de la vivienda, las tasas de interés hipotecarias y los costos de alquiler aumentan la presión sobre las familias. Organizaciones sin fines de lucro advierten que los recortes de financiación las obligarían a reducir los servicios de asesoría que ayudan a las familias a evitar ejecuciones hipotecarias, a acceder a viviendas asequibles y a convertirse en propietarias. Esta posible reducción podría limitar algunos servicios de asesoría, pero no necesariamente implicaría recortes directos en la construcción de viviendas asequibles ni afectaría por igual a todas las agencias.
En Filadelfia, la pregunta sigue abierta: ¿qué consecuencias tendría la pérdida de estos recursos para las familias que dependen de los servicios de asesoría habitacional?
El domingo 27 de septiembre, en el marco de la iniciativa “Ama a tu prójimo, protege a cada niño” –una jornada de acción a nivel estatal en Filadelfia y Pittsburgh–, se instó al gobernador Shapiro a cerrar el centro de detención de menores Abraxas. (Foto: Cortesía/PIC)
En un ala de seguridad de Abraxas Academy, un joven de 14 años espera a ser llamado para una audiencia de inmigración. Cuando llegue ese día, seguirá estando solo; tal vez cuente con un intérprete o con un abogado a través de una videollamada. Si tiene suerte, tendrá a su lado a un abogado comprometido, alguien como Justin Mixon o de la organización Aldea. Menores migrantes no acompañados permanecen recluidos en Abraxas, en Morgantown (Pensilvania), mientras afrontan procesos de deportación que, según los defensores de sus derechos, avanzan con mayor rapidez que los de los adultos. La Coalición de Inmigración de Pensilvania (PIC, Pennsylvania Immigration Coalition) está instando al gobernador Josh Shapiro a emitir una orden de traslado de emergencia para poner fin a estos internamientos.
Abraxas comenzó a operar en 1973. La administración del centro afirma que la seguridad de los jóvenes es su máxima prioridad y se presenta como un entorno de apoyo para adolescentes con dificultades, ofreciendo terapia, escolarización y servicios de reunificación familiar. Sin embargo, el centro es objeto de numerosas demandas y denuncias.
En agosto de 2025, la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) adjudicó a Abraxas Alliance un contrato de 9.2 millones de dólares para albergar hasta 30 adolescentes migrantes no acompañados. Desde octubre de 2025, estos menores residen en un ala de un edificio que, por lo demás, acoge a jóvenes sentenciados o a la espera de juicio en el sistema de justicia juvenil. Desde 2013, los inspectores estatales han documentado al menos 15 incidentes en los que el personal maltrató físicamente a los menores. En marzo de 2026, el senador Ron Wyden señaló que seis demandantes en procesos civiles acusaron a empleados del centro de Morgantown de abuso sexual. “No es la excepción, es la regla”, afirmó Jasmine Rivera directora ejecutiva PIC–una organización 501(c)(3) que colabora con 65 entidades dedicadas a los derechos de los inmigrantes–, al referirse a los abusos en Abraxas durante una sesión informativa dirigida a miembros de la comunidad y a la prensa. En noviembre de 2025, el estado de Pensilvania revocó la licencia de la unidad de detención de seguridad de la academia; Abraxas presentó una apelación y continúa operando dicha unidad.
La coalición, junto con Wyden y los representantes Summer Lee, Madeleine Dean y Chris Deluzio, ha solicitado la cancelación del contrato. Según Rivera, en el caso de los jóvenes en Morgantown, el problema nunca ha sido la falta de información: “Es una decisión política”. El gobernador Shapiro ha afirmado que los jóvenes se encuentran bajo custodia federal, fuera de su jurisdicción. No obstante, ella sostiene que dicha afirmación es incorrecta, dado que el estado es quien otorga la licencia al centro. La coalición argumenta que, si se cerrara el lugar, las autoridades federales se verían obligadas a trasladar a los jóvenes a otros albergues o a sistemas de acogida familiar. Cumplir 18 años estando detenido conlleva un riesgo particular: Rivera señaló que, al alcanzar esa edad, los jóvenes son sometidos a un proceso acelerado de deportación.
El rastro del dinero conduce a GEO Group, una empresa privada de gestión penitenciaria con sede en Florida. GEO adquirió Abraxas tras comprar Cornell Companies en 2010 y, en 2021, vendió la gestión operativa a una organización sin fines de lucro; sin embargo, sigue siendo propietaria del edificio en Morgantown, el cual arrienda a Abraxas. Rivera describió el entramado de sociedades de responsabilidad limitada (LLC) y organizaciones sin fines de lucro como algo “deliberadamente confuso”.
El proceso para reunir a un menor con sus familiares extensos se ha convertido en una trampa. Rivera explicó que, cuando la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) debe liberar a un menor, programa una cita para la toma de huellas dactilares del adulto que actuará como patrocinador; no obstante, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aprovecha dicha cita para detener a esa persona. “Están utilizando a los niños como cebo”, afirmó.
Dozens of immigrants, community leaders, and organizations gathered in Pittsburgh on September 27 to call for the closure of the Abraxas detention center (Photo: Courtesy/PIC)
In a secure wing of Abraxas Academy, an unnamed 14-year-old boy waits to be called for an immigration hearing. When that day arrives, he will still be alone. Maybe an interpreter will be there, perhaps an attorney on a video call. If he is lucky, he will have an attorney who cares by his side, someone like Justin Mixon or Aldea. Unaccompanied migrant boys are held at Abraxas in Morgantown, Pa., while they fight deportation cases that advocates say move faster than those of adults. The Pennsylvania Immigration Coalition (PIC) is pressing Gov. Josh Shapiro to issue an emergency removal order to end the placements.
Abraxas began in 1973, and the center’s administration says youth safety is its highest priority, presenting itself as a caring place for troubled teenage boys with therapy, schooling, and family reunification services. Yet numerous lawsuits and complaints target the facility. The record reads like a police report stapled behind a glossy brochure.
In August 2025, the federal Office of Refugee Resettlement (ORR) awarded Abraxas Alliance a $9.2 million contract to hold up to 30 unaccompanied teenage boys. Since October 2025, migrant boys have lived in a wing of a building that otherwise houses youth sentenced or awaiting trial in juvenile court. State inspectors have recorded at least 15 incidents since 2013 where staff physically mistreated minors. In March 2026, Sen. “This is not a bug; this is a feature,” said Jasmine Rivera, executive director of PIC, a nonprofit that works with 65 immigrant rights organizations, during a briefing for community members and the press. In November 2025, Pennsylvania revoked the license for Abraxas Academy’s secure detention unit. Abraxas appealed and continues operating it.
The coalition, Wyden and Reps. Summer Lee, Madeleine Dean and Chris Deluzio have called for the contract to be canceled. For the boys in Morgantown, Rivera said, the problem was never a lack of information. “It is a political choice.” Governor Shapiro has said the boys are in federal custody, beyond his reach. Still, She, called that incorrect since the state licenses the facility. Closing it, the coalition argues, would force federal officials to move the boys to shelters or foster care. Turning 18 inside detention carries its own danger: on that birthday, she said, the boys are fast-tracked for deportation.
The money trail runs through the GEO Group, a Florida-based private prison company. GEO acquired Abraxas when it bought Cornell Companies in 2010 and sold the operating side to a nonprofit in 2021. It still owns the Morgantown building and leases it to Abraxas. Rivera called the web of shell LLCs and nonprofits “purposely confusing.”
The path to reuniting a child with extended family has become a trap. Rivera said that when ORR must release a child, it schedules the adult sponsor for fingerprinting, and ICE arrests the sponsor at the appointment. “They are using the kids as bait,” she said.
Las banderas de Estados Unidos y Puerto Rico simbolizan la doble identidad de una comunidad cuya participación electoral podría influir en los resultados de las elecciones de medio término del 3 de noviembre. (Foto: Taino Studios)
La comunidad puertorriqueña podría desempeñar un papel importante en las elecciones de medio término de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre de 2026. Su presencia en distritos congresionales competitivos, particularmente en el noreste del país, convierte la participación de sus votantes en un factor relevante para los partidos políticos.
Según un reportaje del periodista Joel Cintrón Arbasettipublicado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), basado en datos de la Encuesta sobre la Comunidad de 2024 del Censo de Estados Unidos, se identificaron 59 distritos congresionales en Florida, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York y Ohio donde los puertorriqueños constituyen el grupo latino más numeroso. En conjunto, estos distritos albergan a 2,386,911 personas de origen puertorriqueño, incluidos menores de edad.
De los 59 distritos identificados, 32 están representados por republicanos y 27 por demócratas. Estas cifras muestran la presencia de la comunidad boricua en territorios electorales importantes, aunque su influencia dependerá, entre otros factores, de cuántos ciudadanos elegibles acudan a las urnas.
De acuerdo al CPI, la participación electoral continúa siendo uno de los principales desafíos. Carlos Vargas Ramos, científico político y director de política pública del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College, explicó que las diferencias entre los sistemas electorales de Puerto Rico y Estados Unidos pueden contribuir a esta situación.
Mientras que en Puerto Rico las elecciones generales se celebran cada cuatro años, en Estados Unidos existen elecciones presidenciales, congresionales, estatales y municipales en distintos momentos. Esta frecuencia requiere que los ciudadanos estén informados y participen regularmente en procesos que pueden pasar inadvertidos para parte del electorado.
Las banderas de Estados Unidos y Puerto Rico, junto con el estandarte de Filadelfia, representan la diversidad de las comunidades que forman parte del electorado y cuyo voto puede influir en las decisiones políticas y la representación en el gobierno. (Foto: Taino Studios)
Filadelfia concentra una parte importante del voto boricua
Pensilvania cuenta con 13 distritos congresionales donde los puertorriqueños son el grupo latino más numeroso. El Distrito 2, que comprende sectores del norte de Filadelfia, incluidos Kensington y Fairhill, concentra a 105,911 personas de origen puertorriqueño, la cifra más alta del estado. Allí también se encuentra el Centro de Oro, uno de los principales núcleos de la comunidad boricua en la ciudad.
Entre los desafíos de la zona figuran la pobreza, la crisis de opioides, el costo de la vivienda y la falta de oportunidades económicas, asuntos que forman parte de las preocupaciones de los residentes.
En este distrito, el demócrata Brendan Boyle buscará la reelección frente a la republicana Jéssica Arriaga, nacida y criada en el norte de Filadelfia y de ascendencia puertorriqueña.
Arriaga ha cuestionado los resultados de las medidas para combatir la adicción y el narcotráfico, además de señalar el alto costo de la vivienda y la necesidad de atraer empleos. Durante su entrevista con el CPI, indicó que ofrecería más detalles sobre sus propuestas después de las elecciones.
Boyle, por su parte, ha respaldado iniciativas legislativas relacionadas con Puerto Rico, incluidas propuestas sobre asistencia alimentaria y el estatus político de la isla. El CPI informó que solicitó una entrevista con el congresista, pero no había recibido respuesta al cierre de su publicación.
En el Distrito congresional 3, el demócrata Chris Rabb aspira a ocupar el escaño que dejará vacante Dwight Evans, quien no buscará la reelección. Rabb ha expresado su apoyo a la independencia de Puerto Rico y a la cancelación de la deuda de la isla.
La presencia puertorriqueña también es significativa en otras ciudades de Pensilvania. Dos de las tres ciudades con importantes concentraciones de puertorriqueños en Pensilvania (ReadingyLancaster) tienen alcaldes nacidos en Puerto Rico, mientras queAllentownestá gobernada por un alcalde de ascendencia cubana, reflejando el creciente peso político de las comunidades latinas en el estado.
Reading: Eddie Morán nació en Hatillo, Puerto Rico. Llegó con su familia a Brooklyn, Nueva York, y posteriormente se estableció en Reading. Es reconocido como el primer alcalde latino de una gran ciudad de Pensilvania.
Allentown: Matt Tuerk nació en East Stroudsburg, Pensilvania, pero es de ascendencia cubana. Su abuela emigró desde Cuba y él se convirtió en el primer alcalde latino en la historia de Allentown.
Lancaster: Desde enero de 2026 el alcalde es Jaime Arroyo, nacido en Ponce, Puerto Rico. Llegó a Lancaster siendo niño junto a su familia y se convirtió en el primer alcalde latino de la ciudad.
la participación o ausencia de los boricuas podría marcar la diferencia, por lo que la atención de la prensa nacional, seguirá los resultados de cerca.
Nueva Jersey también tendrá contiendas relevantes
En Nueva Jersey, los puertorriqueños constituyen el grupo latino más numeroso en 11 distritos congresionales, lo que convierte al estado en otro escenario importante para analizar la participación electoral de esta comunidad.
En el Distrito 2, el republicano Jeff Van Drew buscará conservar su escaño frente al demócrata Zack Mullock, alcalde de Cape May. Esta contienda figura entre las disputas que podrían influir en los esfuerzos de los partidos por controlar la Cámara de Representantes.
El Distrito 1, que incluye Camden y comunidades del sur de Nueva Jersey, registra 68,869 habitantes de origen puertorriqueño. Allí, el demócrata Donald Norcross buscará mantener su representación frente al republicano Damon Galdo.
Las banderas de Estados Unidos y Puerto Rico simbolizan la doble identidad de una comunidad cuya participación electoral podría influir en los resultados de las elecciones de medio término del 3 de noviembre. (Foto: Taino Studios)
Las necesidades de Puerto Rico también están en juego
La participación electoral de los puertorriqueños residentes en Estados Unidos también puede influir en las decisiones federales relacionadas con la isla. Aunque sus habitantes tienen ciudadanía estadounidense, debido al estatus territorial de Puerto Rico no votan por el presidente en las elecciones generales ni eligen senadores federales o representantes con voto pleno en la Cámara de Representantes. Quienes residen en los estados sí pueden participar en las elecciones federales si cumplen los requisitos correspondientes.
En agosto, miembros de la diáspora puertorriqueña se manifestaron frente al Ayuntamiento de Filadelfia para llamar la atención sobre la crisis de acceso al agua potable en la isla. La protesta, denominada “Sin agua: una isla en crisis. Una diáspora en acción”, buscó presionar al Gobierno federal para que atendiera la problemática.
El reto de convertir la presencia demográfica en participación
Las elecciones del 3 de noviembre determinarán la composición del Congreso durante los dos últimos años del actual mandato presidencial. En los distritos competitivos, la participación de los votantes puertorriqueños podría contribuir a definir los resultados, aunque la baja participación electoral sigue siendo uno de los principales obstáculos para que los puertorriqueños traduzcan su peso demográfico en influencia política.
El politólogo Carlos Vargas Ramos ha señalado que los puertorriqueños en Estados Unidos suelen registrar niveles de participación electoral inferiores a los de los votantes blancos no hispanos y, en algunos ciclos, inferiores al promedio latino.
Un artículo de Susanne Ramírez de Arellano para NBC News indicó que en Puerto Rico la participación en elecciones generales suele alcanzar hasta 80 %, mientras que al mudarse a Estados Unidos continental la participación electoral de los puertorriqueños disminuye significativamente, pero eso pareciere estar cambiando.
Récord histórico en registro
Filadelfia ha alcanzado niveles históricamente altos de registro electoral; según datos oficiales de la Philadelphia City Commissioners, la ciudad tenía 1,080,636 votantes registrados para las primarias de 2026, una de las cifras más altas registradas en su historia reciente. El total supera los niveles observados en varias elecciones de mitad de período anteriores y se acerca a los máximos alcanzados durante ciclos presidenciales de alta participación.
Además, las elecciones primarias de 2026 registraron una participación de 241,186 votantes sobre un padrón de más de 1.08 millones de electores registrados.
El desafío para la comunidad boricua consiste incrementar y mantener una participación electoral constante, informarse sobre las propuestas de los candidatos y exigir respuestas a los problemas que afectan tanto a sus vecindarios como a Puerto Rico.
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Attendees listen during “67 Counties, 1 Voice: Building Latino Political Power Across Pennsylvania,” a Politics & Civic Engagement session focused on building Latino leadership, organizing and civic participation across Pennsylvania’s 67 counties. (Photo: Benjamín Figueroa Medina)
Easton, PA – A lot of Pennsylvania’s Latino political conversation is easy to associate with Philadelphia, Allentown, Reading or other places where Latino communities are already highly visible. A panel at the 2026 Pennsylvania Latino Convention asked attendees to look further.
“67 Counties, 1 Voice: Building Latino Political Power Across Pennsylvania” focused on what Latino civic participation can look like when it is built locally, including in counties where Latino residents remain a small share of the population.
Susan Baida, co-founder and chair of Latine Unidos of Western Pennsylvania, moderates the “67 Counties, 1 Voice” discussion with Carlos Cubas, Carol Obando-Derstine, Carlos Mora and Jaime Martinez at the Sigal Museum in Easton. (Photo: Benjamín Figueroa Medina)
Moderated by Susan Baida, co-founder and chair of Latine Unidos of Western Pennsylvania, the discussion included Carlos Cubas, a constituent services adviser in the Pennsylvania House of Representatives; Carol Obando-Derstine, a former candidate for U.S. Congress; Carlos Mora, an Erie County organizer with PA United; and Jaime Martínez, Executive Director of Frontline Dignity.
Pennsylvania has 67 counties, and Hispanic or Latino residents now make up about 9.9% of the state’s population. But that population is not concentrated in one part of the Commonwealth. The panel’s central question was how communities build relationships, leadership and civic infrastructure in places where Latino political organizations may not already exist.
Baida framed the opportunity as county-by-county work. The goal, as discussed by the panel, was not simply getting people to show up for one election. It was creating local networks that continue between elections and connect residents with elected officials, community organizations and information.
That distinction between mobilizing and organizing appeared repeatedly.
Panelists discuss how Latino civic participation and political leadership can be built across Pennsylvania during “67 Counties, 1 Voice: Building Latino Political Power Across Pennsylvania” at the 2026 Pennsylvania Latino Convention. The discussion featured moderator Susan Baida with Carlos Cubas, Carol Obando-Derstine, Carlos Mora and Jaime Martínez. (Photo: Benjamín Figueroa Medina)
Panelists described mobilizing as bringing people together around a specific moment or campaign. Organizing, they said, is slower: building relationships, identifying shared concerns, developing local leaders and creating structures that continue after an election or public controversy ends.
Martínez emphasized listening and relationship-building, particularly across communities where people may not begin with the same experiences or political views. His comments focused on creating bridges and building trust before expecting people to act together.
Mora’s experience in Erie offered another example of what that can look like outside Pennsylvania’s better-known Latino population centers. He described arriving in the United States as an immigrant, working a series of jobs and eventually becoming a community organizer. His work now includes organizing in communities where Latino residents are a small minority. Mora is currently identified publicly as an Erie County organizer with PA United.
His point was not that every community looks the same. It was that organizing can begin anywhere when people start with an issue affecting residents directly.
Cubas focused on infrastructure that already exists inside counties. He described county political committees, local government offices and community groups as places where Latino residents can learn how decisions are made and where information moves. He argued that local organizations can also serve as connections between residents and state-level institutions.
Obando-Derstine brought the perspective of having run for Congress. She spoke about fundraising, campaign staffing, relationships and the preparation required long before someone becomes a candidate.
Her experience led to a larger discussion about leadership pipelines.
Pennsylvania’s Legislative Latino Caucus said in March that eight members of Latino descent were serving in the 203-member state House after Rep. Ana Tiburcio was sworn in. The panel treated representation as part of a broader discussion about how candidates are recruited, trained, funded and supported.
Panelists also emphasized that civic participation does not begin with running for Congress.
They discussed local committee positions, neighborhood organizations, municipal boards and constituent-service offices as places where residents can learn how government works, build relationships and develop experience.
The conversation also showed why a statewide Latino political identity can be complicated.
Pennsylvania’s Latino population includes people from different countries, generations, racial backgrounds, immigration experiences, economic circumstances and political viewpoints. Panelists openly acknowledged those differences.
Their argument was not that every Latino voter should think the same way.
Instead, the conversation focused on whether communities with different perspectives can still build enough local infrastructure to communicate, identify shared concerns and make sure decision-makers hear from them.
That is what made the “67 Counties, 1 Voice” framing significant.
The panel did not describe Latino political power as something that would come from one organization, one candidate or one region. It presented political development as something built from the bottom up: one relationship, one neighborhood and one county at a time.
For Latino communities outside Pennsylvania’s most visible population centers, that was a central takeaway.
Political participation does not begin only when a community becomes large enough to command attention.
It can begin much earlier, in the places people already call home.
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Panelistas conversan sobre cómo construir la participación cívica y el liderazgo político latino en todo Pensilvania durante “67 Condados, 1 Voz: Construyendo poder político latino en Pensilvania” en la Convención Latina de Pensilvania 2026. La conversación contó con la moderadora Susan Baida junto a Carlos Cubas, Carol Obando-Derstine, Carlos Mora y Jaime Martínez. (Foto: Benjamín Figueroa Medina)
Easton, PA – Gran parte de la conversación política latina en Pensilvania suele asociarse con Filadelfia, Allentown, Reading u otros lugares donde las comunidades latinas ya tienen una fuerte presencia. Un panel de la Convención Latina de Pensilvania 2026 invitó a los asistentes a mirar más allá.
“67 Condados, 1 Voz: construyendo poder político latino en Pensilvania” se enfocó en cómo puede desarrollarse la participación cívica latina desde el nivel local, incluso en condados donde los residentes latinos todavía representan una pequeña parte de la población.
Susan Baida, cofundadora y presidenta de Latine Unidos of Western Pennsylvania, modera la conversación “67 Condados, 1 Voz” junto a Carlos Cubas, Carol Obando-Derstine, Carlos Mora y Jaime Martínez en el Sigal Museum de Easton. (Foto: Benjamín Figueroa Medina)
Moderada por Susan Baida, cofundadora y presidenta de Latine Unidos of Western Pennsylvania, la conversación incluyó a Carlos Cubas, asesor de servicios a constituyentes de la Cámara de Representantes de Pensilvania; Carol Obando-Derstine, excandidata al Congreso de Estados Unidos; Carlos Mora, organizador comunitario de PA United en el condado de Erie; y Jaime Martínez, director ejecutivo de Frontline Dignity.
Pensilvania tiene 67 condados, y los residentes hispanos o latinos representan actualmente alrededor del 9.9% de la población del estado. Pero esa población no está concentrada en una sola parte del estado. La pregunta central del panel fue cómo las comunidades pueden construir relaciones, liderazgo e infraestructura cívica en lugares donde quizá todavía no existan organizaciones políticas latinas.
Baida presentó la oportunidad como un trabajo que debe hacerse condado por condado. La meta, según se discutió durante el panel, no es simplemente lograr que las personas participen en una elección. Se trata de crear redes locales que continúen entre elecciones y conecten a los residentes con funcionarios electos, organizaciones comunitarias e información.
La diferencia entre movilizar y organizar apareció repetidamente durante la conversación.
Los panelistas describieron la movilización como reunir a las personas alrededor de un momento o una campaña específica. Organizar, explicaron, es un proceso más lento: construir relaciones, identificar preocupaciones compartidas, desarrollar líderes locales y crear estructuras que continúen después de que termine una elección o una controversia pública.
Martínez enfatizó la importancia de escuchar y construir relaciones, particularmente entre comunidades donde las personas pueden comenzar con experiencias o puntos de vista políticos diferentes. Sus comentarios se enfocaron en crear puentes y desarrollar confianza antes de esperar que las personas actúen juntas.
La experiencia de Mora en Erie ofreció otro ejemplo de cómo puede verse ese trabajo fuera de los centros de población latina más conocidos de Pensilvania. Describió su llegada a Estados Unidos como inmigrante, el haber trabajado en varios empleos y, eventualmente, haberse convertido en organizador comunitario. Su trabajo ahora incluye organizar en comunidades donde los residentes latinos representan una pequeña minoría. Mora es identificado públicamente como organizador del condado de Erie con PAUnited.
Su punto no fue que todas las comunidades sean iguales. Fue que la organización puede comenzar en cualquier lugar cuando las personas parten de un problema que afecta directamente a los residentes.
Cubas se enfocó en la infraestructura que ya existe dentro de los condados. Describió los comités políticos de los condados, las oficinas de gobierno local y los grupos comunitarios como espacios donde los residentes latinos pueden aprender cómo se toman las decisiones y cómo circula la información. También sostuvo que las organizaciones locales pueden servir como conexiones entre los residentes y las instituciones estatales.
Obando-Derstine aportó la perspectiva de haber sido candidata al Congreso. Habló sobre la recaudación de fondos, el personal de campaña, las relaciones y la preparación necesaria mucho antes de que una persona se convierta en candidata.
Su experiencia llevó a una conversación más amplia sobre cómo se construyen las próximas generaciones de líderes.
El Caucus Legislativo Latino de Pensilvania informó en marzo que ocho miembros de ascendencia latina servían en la Cámara estatal de 203 miembros después de que la representante Ana Tiburcio asumiera el cargo.
El panel abordó la representación como parte de una conversación más amplia sobre cómo se recluta, capacita, financia y apoya a futuros candidatos.
Los panelistas también enfatizaron que la participación cívica no comienza con una candidatura al Congreso.
Hablaron sobre puestos en comités locales, organizaciones vecinales, juntas municipales y oficinas de servicios a constituyentes como espacios donde los residentes pueden aprender cómo funciona el gobierno, construir relaciones y adquirir experiencia.
La conversación también mostró por qué una identidad política latina a nivel estatal puede ser compleja.
La población latina de Pensilvania incluye personas de diferentes países, generaciones, orígenes raciales, experiencias migratorias, circunstancias económicas y puntos de vista políticos. Los panelistas reconocieron abiertamente esas diferencias.
Su argumento no fue que todos los votantes latinos deban pensar de la misma manera.
En cambio, la conversación se enfocó en si comunidades con diferentes perspectivas pueden construir suficiente infraestructura local para comunicarse, identificar preocupaciones compartidas y asegurarse de que quienes toman decisiones las escuchen.
Asistentes escuchan durante “67 Condados, 1 Voz: construyendo poder político latino en Pensilvania”, una sesión de Política y Participación Cívica enfocada en desarrollar liderazgo latino, organización comunitaria y participación cívica en los 67 condados de Pensilvania. (Foto: Benjamín Figueroa Medina)
Eso es lo que hizo significativo el concepto de “67 Condados, 1 Voz”.
El panel no describió el poder político latino como algo que surgiría de una sola organización, un solo candidato o una sola región. Presentó el desarrollo político como algo que se construye desde abajo: una relación, un vecindario y un condado a la vez.
Para las comunidades latinas fuera de los centros de población más visibles de Pensilvania, esa fue una de las principales conclusiones.
La participación política no comienza únicamente cuando una comunidad se vuelve lo suficientemente grande como para llamar la atención.
Puede comenzar mucho antes, en los lugares que las personas ya llaman hogar.
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