HARRISBURG.– State Rep. Danilo Burgos, D-Phila., introduced H.B. 1301 today, legislation to establish the Pennsylvania Socially Diverse Farmers Commission to review current policies and produce a report making recommendations to promote and implement a Commonwealth diversity, equity and inclusion plan within the Department of Agriculture.
“Each and every Pennsylvanian has the ability to touch, feel and taste Pennsylvania’s bountiful fruits, vegetables, meat and dairy and other agricultural goods – but not every Pennsylvanian has the same opportunity to help grow and produce it or participate in Pennsylvania’s $132.5 billion agricultural industry,” Burgos said. “It’s time to establish the Pennsylvania Socially Diverse Farmers Commission to determine what policies are needed to open Pa.’s ag industry to a more diverse generation of Pa. farmers to grow and produce the high-quality foods that feed our families and economy.”
According to the USDA’s 2017 Census of Agriculture, of the 90,461 producers in Pennsylvania, 89,843 were white, 759 were Hispanic, Latino or Spanish origin, 108 were American Indian/Alaska Native, 103 were Asian and 80 were Black or African American. Throughout his tenure, Pennsylvania Department of Agriculture Secretary Russell Redding has recognized the challenges and barriers facing many socially diverse farmers, working to establish Project JUST and now supporting the creation of a Pa. Socially Diverse Farmers Commission.
“Anyone who wants to be a part of Pennsylvania agriculture should have the opportunity to do so. Whether they live on Pennsylvania’s rural acres or in urban spaces, agriculture in Pennsylvania is ZIP code neutral,” said Agriculture Secretary Russell Redding. “The strength and resiliency of our future industry relies on hands who are passionate for agriculture, regardless of the color of their skin. I look forward to working with Representative Burgos to evaluate where we stand today and how we can feed the future equitably.”
Once established, the commission would have one year to study and develop an action plan to improve opportunities for socially diverse and disadvantaged farmers by seeking to eliminate disparities for historically socially disadvantaged groups and BIPOC populations in Pennsylvania. The commission’s report will make reviews and recommendations in several areas, including, but not limited to: education and career opportunities for socially disadvantaged individuals, farmers and groups; current issues facing socially disadvantaged farmers; and capital access for socially disadvantaged farmers.
“Pennsylvania and our nation are long overdue to identify and implement the reforms needed promote equal access for all to an industry employing and supporting nearly 593,000 people and injecting $32 billion in wages into our economy,” Burgos said. “I thank Secretary Redding for his support and am ready to work with my co-sponsors to introduce, promote and do everything we can to establish the Pennsylvania Socially Diverse Farmers Commission.”
Un estudio de la ONU del 2016 demostró que esta actividad generó ganancias de más de siete mil millones de dólares a nivel mundial. (Foto: VOA)
EL PASO, TEXAS, EE.UU.-Cuando lo metieron dentro del baúl de un automóvil, bajo un fondo falso, Ronald Cetina-Galicia no sabía si iba a salir vivo. El guatemalteco estaba en la oscuridad, con un pequeño hueco que usaba para respirar, mientras era transportado a la frontera con Estados Unidos por contrabandistas.
Después de más de una hora, el coche en el que venía fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP), que vigilan la frontera con México. Lo descubrieron al pasar un detector de metales por el maletero en el que Ronald iba escondido. Arrestaron a los dos hombres que lo traían y a él lo llevaron a un centro de detención.
“A Dios le doy gracias porque dicen que todos los que se meten ahí [en el baúl del carro] no salen (…) sentí mucho miedo”, dijo Cetina-Galicia a la Voz de América. Había tratado de ingresar sin documentos a Estados Unidos en siete ocasiones. Ahora, se encuentra en Tucson, Arizona, en un albergue para migrantes y solicitantes de asilo.
Miles de personas intentan cruzar la frontera de manera irregular cada año, con los números aumentando drásticamente en los últimos meses. Muchos de ellos, como Cetina-Galicia, ponen sus vidas y las de sus propios hijos en manos de traficantes humanos, de contrabandistas, narcotraficantes o coyotes, alimentando una industria multimillonaria.
Detrás de cada historia hay profundas heridas y cicatrices que difícilmente sanarán. Por historias como la que le relató a la VOA Sue Chilton, ranchera de Arivaca, es difícil para las autoridades fronterizas comprender por qué una persona decide arriesgar su vida y la de sus propios hijos para llegar a Estados Unidos. Chilton narró el drama de una pareja que viajaba en una caravana con 18 hombres. Según sus palabras, a diario la mujer era abusada sexualmente por cada hombre del grupo, mientras el jefe de la banda amenazaba con arma blanca al esposo.
Diego Piña López, gerente de portafolio de Casa Alitas, uno de los refugios de inmigrantes en Tucson, Arizona, aseguró a la VOA que por años, han atendido a más de 30.000 personas, quienes en su mayoría huyen de situaciones insostenibles en sus países de origen. La mayoría de ellos llegan a su refugio cargando pesados dramas emocionales cuyas heridas tardan años en cicatrizar.
Conscientes del nivel de complejidad del reto que enfrentan para encontrar el balance entre las necesidades humanitarias y la seguridad nacional con respecto al fenómeno de la masiva inmigración desde los países centroamericanos, una de las puntas de lanza de la estrategia del mandatario Joe Biden para disuadir la inmigración de personas indocumentadas es atacar las raíces de la problemática desde su raíz, como lo explicó en entrevista con la Voz de América para #másalládelmuro, la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Emily Mendrala.
Negocio multimillonario, nivel adicional de complejidad
En el 2018, Víctor Manjarrez, exjefe de la Patrulla Fronteriza en Texas y Arizona, llevó a cabo un estudio que concluyó que en un sólo año, los carteles que controlan zonas al norte de México y cerca a la frontera con EE. UU., hicieron 100 millones de dólares sólo en tarifas para permitir el paso a los contrabandistas, conocidas como “derechos de piso”.
Además del dinero que se paga a los carteles durante la ruta, los contrabandistas cobran una suma a cada una de las personas que quieren pasar a EE. UU. de manera irregular. Manjarrez asegura que debido a la nueva política migratoria, que levantó la prohibición a la entrada de menores sin compañía y algunas unidades familiares al país para pedir asilo, los precios que cobran estas organizaciones empezaron a subir.
“Van a estar cobrando entre 3.000 y 5.000 dólares [por persona]”, aseguró el exagente.
La industria del contrabando de personas o el tráfico humano mueve grandes cantidades de dinero, según un informe de la ONU. El estudio del año 2016 demostró que esta actividad generó ganancias de más de 7.000 millones de dólares a nivel mundial.
El hecho de que sea una actividad al margen de la ley expone a las personas a muchos peligros, en especial al estar moviéndose en una zona agreste que les es desconocida, explicó a la VOA Mario Escalante, agente de la Patrulla Fronteriza de El Paso.
“Los dejan abandonados, los roban e [incluso] violan a las jovencitas”, contó Escalante. “Como ellos controlan el método en el que cruzan estos ilegales, ponen en riesgo a las personas que intentan cruzar”.
El exdirector Manjarrez, quien trabajó por más de 30 años como agente, subrayó que, debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas, los grupos se aprovechan para convencerlos de pasar con ellos, pagándoles una gran suma de dinero. Una vez en el viaje, también pueden explotarlos haciéndolos partícipes de actividades ilegales; los obligan a conducir los coches, arriesgándose a que, de ser detenidos sean procesados por tráfico de personas o a llevar maletas o bolsas.
En algunos casos, le contó a la VOA el propio inmigrante Ronald Cetina-Galicia, pueden incluso ser extremadamente violentos: “Piden cantidad de dinero (…) y si no lo dan la fecha o en el tiempo que ellos dicen, lo matan (…) o le quitan una mano, le quitan la lengua, le quitan una oreja”.
En palabras del exagente de CBP Víctor Manjarrez, “nadie cruza gratis, pagas con dinero o con tu cuerpo”.
El gobierno del presidente Joe Biden ha insistido en que la frontera sur está cerrada y ha pedido a las personas que deseen pedir asilo o migrar a EE. UU. que no vengan “por ahora”. El objetivo, aseguran oficiales del gobierno, es llevar a cabo una reforma migratoria, que abra “caminos legales para que las personas puedan llegar a EE. UU. de manera ordenada y segura”, según dijo a la VOA Martha Youth, vicesecretaria del Buró de Migraciones del Departamento de Estado.
“Lo importante es que las personas no se pongan en manos de narcotraficantes de personas, que obviamente es un negocio para ellos”, insistió la funcionaria.
Pero frente a la complejidad del reto y sin soluciones sostenibles a largo plazo, como la aprobación de una profunda reforma inmigratoria, historias como las compiladas en #másalládelmuro, seguirán cobrando vidas a ambos lados de la frontera.
Fotografía de archivo cedida por CNN en Español donde aparece el chileno Mario Kreuztberger, más conocido como Don Francisco. (Foto: EFE/CNN en Español)
Miami, EE.UU.- El popular presentador Mario Kreutzberger, más conocido como «Don Francisco», narra su vida profesional y personal al cumplir 80 años de vida en «Con ganas de vivir», un libro de memorias que sale a la venta en mayo con anécdotas que abarcan más de 50 años de trayectoria.
Así lo anunció este miércoles en un comunicado el grupo editorial Penguin Random House, a cargo de este volumen de 400 páginas que incluye detalles de la vida personal del creador y presentador de «Sábado Gigante», el programa de más larga duración de la historia de la televisión, donde se dio a conocer como «Don Francisco».
En un tono íntimo, pero también lleno del humor que lo caracteriza, Kreutzberger va construyendo el relato de su vida, «que es a la vez la historia de la televisión chilena en un comienzo», indica la editorial.
También estas páginas recogen la construcción de un espacio de visibilidad para los millones de inmigrantes latinos en Estados Unidos con la internacionalización de «Sábado Gigante» y su proyección a todos los países del continente, apunta la editorial.
La casa editora clasifica el volumen como un «relato íntimo del animador que unió al mundo hispano».
A través de una exhaustiva investigación, adelanta Penguin Random House, Kreutzberger reconstruye la detención de su padre en el campo de concentración de Buchenwald, de la Alemania nazi, en 1938, y la odisea para emigrar estos a Chile, donde nació el presentador el 28 de diciembre de 1940.
«¿Por qué quiero escribir un libro? Me lo pregunté muchas veces antes de comenzar, y siempre llegué a la misma conclusión: Porque soy un comunicador y vivo y respiro del ejercicio diario de comunicar (…)», comienza así el chileno al cumplir 80 años de edad.
«Es una necesidad de la cual no me puedo divorciar, que se ha convertido casi en una obsesión en mi vida, que me ha dado grandes satisfacciones y uno que otro inconveniente», reflexiona el también presentador del «Teletón», una cruzada solidaria que ha permitido construir 14 institutos de rehabilitación a lo largo de Chile, donde se atienden cada año más de 31.000 niños y jóvenes discapacitados.
El «Teletón» se realiza desde 1978 en colaboración con gran parte de los comunicadores chilenos.
Por su importante labor social, la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) confirió a Kreutzberger el título de Embajador.
«Con ganas de vivir» narra conversaciones Kreutzberger con expresidentes estadounidenses como George W. Bush y Barack Obama.
El chileno reflexiona sobre asuntos de inmigración tan dramáticos como la separación familiar, las deportaciones, la posibilidad de legalización de los indocumentados, las leyes de protección temporal (TPS) o el futuro de los estudiantes denominados «dreamers».
«Lamentablemente debo reconocer que, si estas entrevistas hubiera que hacerlas hoy, 15 años después, las preguntas serían casi las mismas (…)», expone al referirse a asuntos que «se convierten en recurrentes promesas de campaña», pero que hasta ahora «ni demócratas o republicanos han tenido la verdadera voluntad política de buscar una solución definitiva».
Kreutzberger es el creador y presentador desde 1962 de «Sábado Gigante», el programa de variedad de más larga duración en la historia de la televisión según consigna el Guinness World Records. El programa puso punto final el 19 de septiembre de 2015 en la cadena Univision en Estados Unidos.
Imagen de archivo de la actriz estadounidense Rosario Dawson. (Foto: EFE/Nina Promme)
Nueva York, EE.UU.– Un grupo de famosos de Hollywood, entre ellos varios latinos como Rosario Dawson y John Leguizamo, así como activistas, abogados y otras figuras se han unido a Amnistía Internacional para apoyar una «promesa de bienvenida» a inmigrantes al cumplirse los primeros 100 días de la Presidencia de Joe Biden.
Con la firma del documento, acompañado de un vídeo narrado por el actor y activista de origen japonés George Takei, el grupo reconoce el compromiso de Biden para aquellos que esperan encontrar en Estados Unidos un hogar seguro -los que buscan asilo, los refugiados, desplazados o indocumentados-, de acuerdo con un comunicado de Amnistía Internacional.
También se compromete con un futuro en que «todos tengan el derecho de ser tratados con dignidad, respeto y justicia, sin importar su situación migratoria, y todo el mundo tenga el derecho de buscar seguridad en Estados Unidos».
En el vídeo, Takei, estrella de «Star Trek», comienza recordando la experiencia durante su infancia en campos de concentración que mucha gente duda existieron en Estados Unidos (tras una orden firmada por el presidente Franklin Delano Roosevelt en 1942 que afectó a más de 120.000 hombres, mujeres y niños de origen japonés tras el ataque de Japón a Pearl Harbor).
El comunicado de Amnistía junto con los grupos Haitian Bridge Aliance y Raíces destaca que, a pesar de haber sido detenido solo por su origen, Takei aún tiene fe en que este país reconocerá que todos son seres humanos.
«Cuando nuestro país ve a cualquier grupo como ‘otro’ corremos el riesgo de deshumanizar a toda la comunidad, lo que puede llevar a un enorme error», indicó el actor en el vídeo.
«Mi familia y yo vivimos ese error en los campamentos japoneses. Hoy, es nuestra política migratoria, hecha aun más dolorosa por la pasada Administración, que ha etiquetado a nuestros vecinos al sur como ‘otro’ y ha llevado a un inmenso sufrimiento y división», destacó.
Sin embargo, Takei afirmó que en este momento el país una oportunidad única de corregir ese error y aseguró estar «orgulloso de ser parte de un esfuerzo colectivo para forjar un camino humano diferente».
Biden se comprometió durante su campaña electoral que en sus primeros 100 días revertiría políticas antiinmigrantes puestas en marcha por la Administración del hoy expresidente republicano Donald Trump y presentaría un proyecto que abriría la puerta al camino hacia la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, promesas que ha ido cumpliendo.
Entre los latinos comprometidos con la “promesa de bienvenida” figuran, además de Dawson y Leguizamo, Cara Santana, Gloria Calderón, Isabella Gómez, Rafael Agustín, Rosa Salazar y Tanya Saracho.
También la cantante Angélique Kidjo entre una larga lista de famosos.
El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, habla hoy durante una rueda de prensa en el Palacio de Planalto, en Brasilia (Brasil).(Foto: EFE/ Joédson Alves)
Sao Paulo, Brasil.- El fuerte aumento de las muertes de mujeres embarazadas por covid-19 preocupa a las autoridades brasileñas, que en medio de un agravamiento de la pandemia han pedido aplazar planes de embarazo y aceleran la vacunación de las futuras madres.
La media de muertes de mujeres embarazadas y puérperas por covid-19 ha doblado en Brasil en 2021 respecto a 2020, un aumento que los especialistas atribuyen a la propagación de nuevas variantes y a las frágiles políticas de salud en parte del país.
Solo entre enero y abril de este año, al menos 433 gestantes o mujeres que parieron recientemente perdieron sus vidas como consecuencia de la covid-19, frente a los 546 decesos registrados a lo largo de todo el año pasado, según los datos divulgados por el Ministerio de Salud.
Asimismo, un informe del Observatorio Obstétrico Brasileño Covid-19, mantenido por investigadores de tres universidades brasileñas, mostró que la media semanal de muertes aumentó un 62 % este año en la población general, mientras que entre embarazadas y puérperas ese crecimiento fue del 186 %.
«Las gestantes que se infectan con la covid tienen un riesgo mayor de evolucionar mal y necesitar de cuidados intensivos, de intubación, lo que pasa a ser un riesgo también al embarazo», señaló a Efe la profesora y médica Rossana Pulcineli Vieira Francisco, una de las creadoras del Observatorio.
La investigadora explicó que, debido a los cambios fisiológicos en el cuerpo durante la gestación, las embarazadas están más expuestas a riesgos de infección y desarrollar complicaciones, pero apuntó que el peligro es «agravado» por un «sistema de salud que ya presenta muchas debilidades en la atención a gestantes y puérperas».
Brasil, con casi 400.000 muertos y 14,4 millones de contagios por el coronavirus, ha visto su sistema de salud al borde del colapso, con buena parte de las unidades de cuidados intensivos desbordadas y en medio de la falta medicamentos para mantener intubados a los pacientes graves.
La situación se recrudeció aún más con la propagación de nuevas variantes de la covid, que ya se mostraron más contagiosas que la cepa original y llevaron a una rápida escalada de la enfermedad, sobre todo en la población más joven -que es, también, la que más se queda embarazada.
Corte alternativo a una fotografía de archivo fechada el 31 de julio de 2020 que muestra a una mujer embarazada mientras se somete a una ecografía en el Instituto Nacional Materno Perinatal. (Foto: EFE/ Paolo Aguilar)
FALTA DE ASISTENCIA BÁSICA Y AVANZADA
Ante el catastrófico escenario en los hospitales del país, Pulcineli destacó que una cada cinco embarazadas que desarrollaron casos graves de la covid-19 no tuvo acceso a cuidados intensivos, mientras que una cada tres ingresadas en UCI jamás fueron intubadas.
«La alta mortandad en esa población es una consecuencia de una desestructuración y fragilidad del sistema de salud para la atención a la salud de la gestante, que fue agravada y empeorada con el aumento de la demanda de la covid-19», sostuvo.
Con más de 210 millones de habitantes, Brasil tiene una tasa de muerte materna de 55 mujeres fallecidas cada 100.000 nacidos vivos, un índice muy superior al ideal estipulado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 20 muertes por 100.000 nacimientos.
El presidente de la Federación Brasileña de las Asociaciones de Ginecología y Obstetricia (Febrasgo), Agnaldo Lopes, destacó que embarazadas y puérperas son una «población muy peculiar que exige cuidados especiales», sobre todo en casos más graves.
«Además de esos riesgos, las cifras de embarazadas que murieron sin acceso a unidades de alta complejidad refleja todo el sistema de salud y el colapso completo en nuestro sistema que estamos viviendo», recalcó.
MINISTERIO RECOMIENDA POSTERGAR EMBARAZO Y VACUNAR GESTANTES
En medio del avance desenfrenado de la pandemia y de la aparición de nuevas cepas del virus en el país, el Ministerio de Salud recomendó recientemente que las mujeres brasileñas, si es posible, aplacen sus planes de embarazo.
Asimismo, la cartera incluyó esta semana a las embarazadas y puérperas en el grupo prioritario de vacunación, por considerar que ellas «poseen riesgo obstétrico elevado independientemente de la edad».
Así, tanto Pulcineli como Lopes se mostraron favorables a la inmunización de esas mujeres, siempre y cuando la decisión sea discutida previamente con sus médicos, y defendieron el diálogo con especialistas sobre el aplazamiento o no del embarazo, ya que se trata de una «decisión personal» que involucra «múltiples factores».
«Nuestro papel es informar que gestantes y puérperas tienen mayor riesgo de evolucionar mal si contraen la covid y que en Brasil estamos con una tasa de mortalidad bastante elevada por covid en ese grupo», evaluó Pulcineli.
Fotografía de archivo fechada el 19 de marzo de 2021 que muestra a personas que sostienen pancartas durante una Vigilia por la Paz, organizada por la Federación Asiático Americana, en Nueva York (EE.UU.). (Foto: EFE/ Jason Szenes)
Nueva York, EE.UU.– Los ataques contra los asiáticos tras la irrupción de la covid-19 ha llevado a los miembros de esta comunidad en Nueva York a acudir en masa a talleres donde se enseña cómo actuar ante una eventual agresión racista, que están dirigidos a las comunidades más marginadas y desprotegidas.
«Las comunidades del este asiático de Estados Unidos son culpadas por la propagación de la covid, por eso somos el chivo expiatorio y, como consecuencia, ha habido y hay ataques, como los terribles que hemos visto en vídeo», cuenta en una entrevista a Efe la directora ejecutiva de la Federación Asiático Estadounidense, Jo-Ann Yoo.
Fotografía de archivo fechada el 19 de marzo de 2021 que muestra a personas que sostienen pancartas durante una Vigilia por la Paz, organizada por la Federación Asiático Americana, en Nueva York (EE.UU.). (Foto: EFE/ Jason Szenes)
Yoo responsabiliza, en parte, al expresidente estadounidense Donald Trump y sus continuas referencias despectivas a la covid, que describía como «el virus chino» o la «Kung Flu» (la gripe Kung), sumado al estado de frustración colectiva causado por el sobrecogedor número de muertes y la profunda crisis económica.
«La gente necesita encontrar una válvula de escape a su ira y su frustración y creo que, por eso, los miembros de la comunidad asiático estadounidense sufren acosos verbales, se les escupe y también, como hemos visto, sufren ataques más violentos», comenta.
NUEVA YORK, UNA DE LAS CIUDADES CON MAYOR NÚMERO DE ATAQUES
Según la ONG «Stop AAPI Hate», entre marzo de 2020 y el mismo mes de 2021 se registraron en todo el país 3.795 incidentes de odio contra la comunidad asiática en EE.UU.
El 68 % fueron ataques verbales, el 20,5 % se trataron de acciones en las que deliberadamente se ignoró a una persona de esta comunidad y en un 11,1% de los casos fueron agresiones físicas.
Yoo asegura que en Nueva York, donde reside la mayor comunidad asiática en Estados Unidos, se registraron 1.100 agresiones, «más ataques que en cualquier otra ciudad del país», aunque según los datos de Stop AAPI Hate, California es el estado con más agresiones.
«Pero sabemos que los 1.100 casos son solo un 10 o un 30 % de los incidentes que ocurren en realidad, es un número muy bajo y hay múltiples razones por las cuales la gente no denuncia», dice Yoo, que cita el «estatus incierto de inmigración», el hecho de que en la cultura asiático estadounidense está muy presente «la vergüenza» o la falta del dominio del inglés.
Por eso, explica que su organización ha iniciado una campaña de concienciación en los barrios de mayoría asiática como el Chinataown de Manhattan, pero también en Queens y en Brooklyn, donde negocios y habitantes sufren esta ola de violencia racista.
El informe de Stop AAPI Hate también desvela que las mujeres asiáticas fueron blanco del 68 % de las agresiones.
Fotografía de archivo fechada el 19 de marzo de 2021 que muestra a una niña que sostiene un cartel durante una Vigilia por la Paz, organizada por la Federación Asiático Americana, en Nueva York (EE.UU.). (Foto: EFE/ Jason Szenes)
CÓMO DEFENDERSE ANTE UNA AGRESIÓN RACISTA
Cuando se accede a la web de la asociación que dirige Yoo (www.aafederation.org), lo primero que aparece en la página principal son unos «recursos de seguridad» para «estar a salvo ante un ataque racista anti asiático».
En cuatro documentos, elaborados en cooperación con el «Centro para la Educación contra la Violencia», se ofrecen varias estrategias para evitar una agresión racista, rebajar la tensión o cómo defenderse en caso de la violencia sea física.
El director del programa «Empoderamiento para la autodefensa» de este centro, Rej Joo, explica a Efe cómo, antes de la pandemia, apenas el 2 o el 3 % de los asistentes a sus cursos eran de origen asiático, mientras que ahora ocupan el 75 % de las plazas ofertadas.
Sus programas, cuenta, ofrecen recursos a distintas comunidades como la LGTBI, inmigrantes o mujeres víctimas de violencia machista, entre otras, que necesitan herramientas para defenderse.
En el último curso celebrado este mes de abril centrado en la comunidad del este asiático, el 24 % de los asistentes aseguraba haber sido objeto de un ataque y el 33 % de haber sido testigo de un incidente de racismo o violencia contra un asiático americano.
CÓMO INTERVENIR SI SE PRESENCIA UN ATAQUE
Para Jo-Ann Yoo, «lo que es incluso más triste es que la mayoría de estos ataques están ocurriendo en lugares públicos y la gente no está dando un paso al frente para ayudar a sus compañeros neoyorquinos».
Por eso, Rej también subraya que sus cursos no están pensados únicamente para las personas que sufren directamente un ataque, sino también para quienes lo presencian.
Una persona que es testigo de una agresión puede tener un miedo legítimo a intervenir, pero también puede ayudar, por ejemplo, «haciendo ruido».
«Eso no significa necesariamente que estés diciendo ‘oye, quiero pelear contigo’. Solo es una alarma y, por lo general, las personas que no quieren problemas van a huir, así que hay muchas estrategia de distracción diferentes que podemos usar solo para detener la violencia», dice Rej.
Captura de un vídeo de NJTV tomado por Brenda Flanagan donde se aprecia el cartel de entrada a las instalaciones de la cárcel del condado de Essex. (Foto: EFE/Brenda Flanagan)
Nueva York, EE.UU.- La cárcel en Newark ya no albergará más detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que pone fin a una lucrativa relación de trece años con la agencia federal, informaron este miércoles medios locales.
La totalidad de los migrantes recluidos en esta instalación penitenciaria deberán ser trasladados antes del 23 de agosto, según la decisión dada a conocer por el ejecutivo del condado de Essex, Joseph DiVincenzo.
En su lugar, el espacio que dejarán los indocumentados será destinado para albergar más reclusos del condado de Union.
ICE, que utiliza también instalaciones en los condados de Bergen y Hudson, también en Nueva Jersey, ya fue notificado y se desconoce a dónde trasladarán a los inmigrantes detenidos de Newark, que al pasado 28 de abril eran 165.
«Hemos tenido una relación de trabajo muy sólida con ICE durante los últimos 13 años. Siempre ha sido en el mejor interés de los detenidos permanecer cerca de sus familiares, amigos, abogados y organizaciones comunitarias que los ayudan en una instalación que es segura y protegida», señaló en un comunicado.
«Esta asociación es una gran oportunidad para que el condado de Union encuentre una forma alternativa de albergar a sus presos sin tener que operar una instalación costosa y para que el condado de Essex maximice la capacidad de nuestro complejo y genere ingresos», indicó además DiVincenzo, según los medios.
Según el nuevo acuerdo, el condado de Union pagaría a Essex 104 dólares diarios por recluso.
Destacan igualmente que el condado de Essex ha recibido hasta tres millones de dólares en un solo mes de ICE, aunque los ingresos se redujeron tras la implementación de la reforma de la fianza en todo el estado en 2017 y la pandemia en 2020 con la merma en los arrestos y que algunos detenidos fueron liberados por posible contagio.
La noticia fue bien recibida por defensores de los inmigrantes como Chia-Chia Wang de American Friends Service Committee en Newark, quien aseguró que ha sido «una gran sorpresa».
«Es un movimiento bienvenido. Pero también espero que sea una oportunidad para que las personas sean liberadas», dijo al diario nj.com.
No obstante dijo estar decepcionada porque los legisladores estatales aún no actúan con relación a un proyecto de ley que pondría fin a este tipo de contratos «para alojar o detener a personas por infracciones de inmigración civil federal».
El millonario monto de unos 310 millones de dólares destinados por Estados Unidos busca parar la inmigración ilegal desde países del Triángulo Norte. (Foto: VOA)
El gobierno estadounidense deJoe Biden ha decidido destinar 310 millones de dólares para la ayuda humanitaria adicional que busca poner freno a la inmigración irregular y a las causas que la originan desde países como Guatemala, Honduras y El Salvador.
La vicepresidenta Kamala Harris, a cargo de la compleja tarea de detener el creciente flujo inmigratorio en la frontera sur impulsado por el presidente Joe Biden, hizo la promesa esta semana al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.
La idea es que los ciudadanos de estos países no se vean obligados a dejar atrás la vida en las tierras que los vieron nacer, en virtud del sueño americano que les ponga ante sí la posibilidad de alimentarse, estar a salvo de maras y de la violencia que cuesta vidas cada año en estas naciones y otras oportunidades para ellos y sus hijos.
Biden ya ha pedido al Congreso otros 861 millones de dólares para atender, el próximo año, las causas que impulsan la migración irregular desde Centroamérica, en el marco de un plan de 4.000 millones de dólares para la región. Sin embargo, estas cifras son parte de un proyecto de presupuesto aún por discutir y aprobar por el Congreso.
La corrupción: ¿Cómo podrá Estados Unidos esquivarla?
El gobierno de Estados Unidos está enterado de que no será tarea fácil.El enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, dijo días atrás al resumir su visita a Centroamérica que la corrupción es uno de los principales motivos de la inmigración masiva procedente de esas naciones.
«La corrupción es el factor principal de la desestabilización en Centroamérica”, dijo Zúñiga la pasada semana a medios. «Si algo va mal en Centroamérica, lo sentimos en Estados Unidos», agregó.
Las sanciones son algunos de los métodos que podría usar Estados Unidos, según ha dicho el propio Zúñiga, al afirmar que lo contempla: «Sanciones, listas de las personas que están involucradas en casos de corrupción, así como a los familiares de estos».
Y para ello -avisó- los departamentos del Tesoro y Justicia harán «lo que sea necesario». A su vez la administración Biden trabaja en la creación de un grupo anticorrupción, que involucra al los departamentos de Justicia y de Estado.
«Estamos del lado de los que son víctimas de la corrupción y no del lado de los que están involucrados en la corrupción», dejó claro Zúñiga hace pocos días.
Estados Unidos contempla además en este esfuerzo la labor conjunta con aliados de la región, ha dicho Zúñiga: «No solo trabajar entre nosotros mismos, sino también con los países de la región para asegurarnos de que tengan los medios para hacer cumplir sus leyes y poder monitorear sus fronteras».
Establecer cláusulas de transparencia y rendición de cuentas, como en otras ocasiones, para poner en función estos montos millonarios, podría ser clave también para que estos fondos lleguen a los necesitados.
Otro recurso podría ser, sostienen observadores, que los recursos sean puestos en manos de organizaciones no gubernamentales y agencias de Estados Unidos y otros países que garanticen su correcta utilización en atacar, por ejemplo, la inseguridad alimentaria.
Ya por adelantado, está establecido que la asistencia será parcialmente gestionada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), y se estructurará en dos grandes partidas: una de 255 millones de dólares para ayuda humanitaria y otra de 55 millones para hacer frente a la inseguridad alimentaria en la región.
¿Quiénes son los más necesitados de esa ayuda en Centroamérica?
Los que huyen de la violencia y de las pandillas en sus países, los que no tienen trabajo ni oportunidades, los que buscan un futuro mejor para sus hijos, engrosan las listas de inmigrantes irregulares, según corroboró la Voz de América en una serie de reportajes bajo el título de Más Allá del Muro, que entrevistó a inmigrantes, menores no acompañados, autoridades migratorias, granjeros, responsables de refugios que albergan migrantes y otros protagonistas de este desafío que enfrenta la administración Biden.
El Programa Mundial de Alimentos dijo en un informe a principios de este año que después de que varios huracanes azotaran la región y de los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, el número de personas que padecen hambre en Guatemala, El Salvador y Honduras ha llegado a 7,8 millones. Así que garantizar la seguridad alimentaria será uno de los fines de este dinero destinado por Estados Unidos.
Pero no solo estas son las razones para escapar de sus casas. La violencia contra las mujeres, las personas LBGTQ y los afrodescendientes y hasta la pandemia está provocando la estampida.
¿Qué esperar?
La vicepresidentaHarris se reunió el jueves con representantes de instituciones filantrópicas para pedirles que ayuden a la Casa Blanca a esbozar un plan que ofrezca un futuro mejor para Honduras, Guatemala y El Salvador.
«La mayoría de las personas no quieren abandonar sus hogares; no quieren abandonar a sus abuelos y no quieren abandonar su cultura», indicó Harris al comienzo de una mesa redonda con varios directores ejecutivos de fundaciones, tales como Arturo Aguilar, director de Rockefeller Brothers Fund, o Darren Walker, presidente de la Fundación Ford.
El trabajo cercano con México está en esta agenda para frenar la inmigración. Está previsto que la vicepresidenta Harris y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador sostengan una reunión virtual el próximo 7 de mayo,a un mes de la primera conversación para abordar asuntos de interés bilateral como la inmigración.
El caso de El Salvador no es todavía claro cómo cooperarán ambas naciones, dado que la controversia surgida días atrás a través de las redes socialesentre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la única congresista estadounidense de origen centroamericano, Norma Torres, escaló recientemente al punto de que un legislador y un asesor especial Zúñiga afirmaran que habría incurrido Bukele en una supuesta interferencia electoral.
Honduras, otro de los países en la mira de Estados Unidos, atraviesa por la coyuntara dado por la lacondena a cadena perpetua para Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, que dejó en evidencia al Gobierno hondureño, en riesgo al país, y de paso esbozó el difícil camino que le espera a las relaciones de Estados Unidos con el país centroamericano, según analistas.
El experto en temas de inmigración, Jahir Dabroy, dijo a la VOA que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, podría liderar las relaciones en el Triángulo Norte. Justo ha sido con Giammattei que la vicepresidenta Harris ha conversado en los últimos días.
«Hay un tema de agenda de geopolítica internacional que trasciende nuestros intereses», dijo Dabroy. Según el experto, Estados Unidos busca mantener la influencia en el territorio y por ello refuerza las relaciones bilaterales y regionales. Está previsto que en junio Harris y Giammattei se reúnan frente a frente.
«De aquí a junio, los gobiernos deberíamos tener trazada una hoja de ruta para que haya acuerdos de gobierno a gobierno para establecer el duro camino que tenemos para lograr no solo la paz, el progreso y el desarrollo, sino contar con la colaboración de ustedes en los temas donde necesitamos ser fortalecidos», ha dicho Giammattei.
El presidente estadounidense Joe Biden camina hacia el jardín norte de la Casa Blanca en Washington. (Foto: EFE/Stefani Reynolds)
Washington, EE.UU.- El Gobierno va a proponer este miércoles un plan de bienestar social a 10 años cuyo coste se estima en 1,8 billones de dólares que prevé financiar con nuevas subidas de impuestos a las rentas más altas.
El presidente, Joe Biden, anunciará oficialmente el plan esta noche durante su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso.
Bautizado como «Plan Estadounidense para las Familias», se trata del tercer paquete legislativo con marcado carácter social que anuncia el Gobierno de Biden en apenas tres meses en el poder tras el rescate económico de 1,9 billones que ya fue aprobado y el «Plan de Empleo Estadounidense», aún en negociaciones y presupuestado en 2,25 billones.
Si el primer rescate se financió a través de la deuda y el plan de empleo se hará con una subida del impuesto de sociedades; este prevé pagarse con una alza al 39,6 % del impuesto sobre la renta a los más ricos, incluyendo las ganancias de capital, así como combatiendo la evasión fiscal.
De los 1,8 billones presupuestados para el plan para familias, 1 billón se cubrirá a través de inversión directa y 800.000 millones con beneficios fiscales.
Del nuevo plan presentado por Biden destaca que amplía en cuatro años el sistema de educación pública gratuita, que actualmente va desde el inicio de la primaria a los 5 años hasta el final de la secundaria a los 18.
Por un lado instaura la gratuidad escolar para los dos años de educación infantil previos al ingreso a la escuela primaria, es decir para las franjas de 3 y 4 años.
Por el otro el plan también convierte en gratuitos dos años de estudios en los llamados colegios universitarios, instituciones a las que se accede tras superar la educación secundaria y que ofertan titulaciones académicas de dos años.
El Gobierno calcula que a lo largo de la década de duración del plan la gratuidad de la educación infantil le costará 200.000 millones de dólares y la de los colegios universitarios 109.000 millones de dólares.
«Todo el mundo sabe que 13 años (de educación pública gratuita) hoy en día ya no son suficientes», apuntó la Casa Blanca en un comunicado.
Otra de las medidas que más destaca del proyecto es la que establece un periodo de baja remunerada de 12 semanas por maternidad y paternidad, así como por enfermedad o el cuidado de un familiar, entre otras variables menos comunes.
El plan, con un coste de 225.000 millones de dólares a 10 años, pagará entre un 66 % y un 80 % del salario del trabajador hasta un tope de 4.000 dólares mensuales.
La Casa Blanca recordó en el comunicado que «Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo que no garantiza bajas remuneradas» y que por ello «ha quedado atrás de sus competidores económicos en el número de mujeres en la fuerza laboral».
Para ayudar precisamente a la conciliación familiar, el plan de Biden también prevé subvencionar parte del costo de las guarderías, para que las familias no destinen a esa partida más del 7 % de sus ingresos.
El Gobierno calcula que, de media, las familias ahorrarán 14.800 dólares anuales por niño gracias a esta ayuda.
Otras iniciativas incluidas son programas de comida para niños, una reforma del subsidio de desempleo o importantes rebajas fiscales para las familias.
FEROZ OPOSICIÓN REPUBLICANA
El plan requiere ahora de la aprobación del Congreso, donde con toda probabilidad afrontará la feroz oposición de los republicanos, que hasta el momento han rechazado la mayor parte de la agenda legislativa de Biden.
Se trata del tercer paquete legislativo billonario que presenta Biden en apenas tres meses en el poder. Hasta la fecha solo se ha aprobado el primero, que ya chocó con la oposición de los republicanos y resistencias en sus propias filas.
Para hacer valer su débil mayoría en el Congreso, los demócratas tienen que usar un mecanismo legislativo que les permite aprobar de manera excepcional proyectos por mayoría simple en el Senado y además no pueden permitirse ninguna deserción.
El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas. (Foto: EFE/Oliver Contreras)
Los Ángeles, EE.UU.- La fecha límite para que se implemente la Ley del REAL ID, una identificación con estándares federales para abordar vuelos nacionales, se ha extendido hasta 2023 debido a la pandemia, anunció este martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La aplicación de la medida que requiere que todos los viajeros mayores de 18 años presenten una identificación Real ID en los vuelos nacionales comenzará a partir del 3 de mayo de 2023, indicó el DHS en un comunicado.
La fecha de implementación de la Ley de Modernización de REAL ID se ha pospuesto varias veces; hasta hoy el plazo era el 1 de octubre de 2021.
Aunque la regulación fue creada en 2005 para garantizar la identidad de los viajeros a la luz de los ataques del 11 de septiembre de 2001, los 50 estados requirieron de más de una década para implementar la identificación que contara con todas las medidas de seguridad.
El DHS aseguró que los 50 estados, el Distrito de Columbia y cuatro de los cinco territorios cubiertos por la ley ya cumplen con los estándares de seguridad y emiten licencias de conducir y tarjetas de identificación que cumplen con lo0s parámetros REAL ID.
El problema es que muchas de las agencias estatales que tramitan el Real ID han extendido el plazo para renovar las licencias debido a la pandemia de covid-19.
“Extender el plazo de ejecución total de REAL ID dará a los estados el tiempo necesario para reabrir sus operaciones de trámite de licencias de conducir y garantizar que sus residentes puedan obtener una licencia o tarjeta de identificación que cumpla con REAL ID», dijo el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas.
Actualmente solo 43 % de todas las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas cumplen con REAL ID, advirtió el DHS en el comunicado.
Los gobernadores de varios estados han estado presionando para que la fecha de cumplimiento se aplazara nuevamente a medida que los territorios continúan recuperándose de la emergencia sanitaria.
Incluso el mismo DHS ha reconocido hoy que también “necesita tiempo para implementar los requisitos exigidos por la Ley”.
