La Fiscalía General de México informó el martes de la existencia de tres investigaciones abiertas contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por presuntos delitos de corrupción.  En un comunicado, la Fiscalía divulgó los casos sin dar el nombre completo del investigado, pero un funcionario federal, que pidió el anonimato por no poder hacer declaraciones de pesquisas en proceso, confirmó que se trata de Peña Nieto, quien gobernó México entre 2012-2018.

En julio, la agencia contra el lavado de dinero de México había acusado al expresidente de manejar millones de dólares en fondos posiblemente ilegales en la que fue la primera acusación formal contra Peña Nieto, a pesar de una lluvia de denuncias de corrupción que hubo durante su gobierno.  Ahora se le acusa también de presuntos delitos de carácter electoral, de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito, aunque el hecho de que la fiscalía informe públicamente de estas investigaciones no implica, todavía, el inicio de un proceso penal.  Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la lucha contra la corrupción es un asunto prioritario en su gobierno, en lo que va de su administración no se había actuado contra ninguno de sus predecesores. Según el comunicado de la Fiscalía —que no aclara cuándo se inició cada investigación— el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la constructora española OHL. En éste se investigan “tanto delitos de carácter electoral, como patrimoniales”.  “En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, agrega la nota de prensa. El segundo caso tiene como origen denuncias presentadas por las autoridades hacendarias “por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales”. La Fiscalía explicó que antes de judicializar el caso se precisa “dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables» para, eventualmente, poder abrir un proceso. Esta investigación es la originada por las denuncias de la agencia mexicana contra el lavado de dinero, aclaró el funcionario.

La tercera investigación tiene que ver con un presunto delito de enriquecimiento ilícito, en la cual se están desahogando los dictámenes fiscales y patrimoniales. Según el funcionario, se originó por una denuncia presentada por un particular sobre si durante su presidencia Peña Nieto acumuló más patrimonio del declarado.

Peña Nieto se mudó a España después de dejar el cargo. En julio, tras las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo a través de su cuenta oficial de Twitter que estaba convencido de que las autoridades competentes le permitirían “aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”.

“Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de Justicia”, agregó en ese momento.

Emilio Lozoya, director de la empresa petrolera estatal durante su administración, afirmó que Peña Nieto y su mano derecha, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron sobornar a legisladores, incluidos cinco senadores, para apoyar una controvertida reforma energética y otros proyectos estructurales en 2013 y 2014. Videgaray niega las acusaciones. Ninguno de los dos enfrenta cargos en ese caso.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó el miércoles una «venganza» contra su predecesor. El mandatario evadió responder en su rueda de prensa diaria si exhortará a Peña Nieto a volver de España, para afrontar sus denuncias judiciales.

“Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, no me corresponde a mí y no es mi fuerte la venganza, y no solo es el expresidente Peña, es también el expresidente (Felipe) Calderón (2006-2012). Si no, ya hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón”, contestó cuestionado por la prensa.

Además del caso de OHL, una investigación está relacionada con la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno, que en julio pasado reveló transferencias irregulares de más de 26 millones de pesos (unos 1,25 millones de dólares) entre 2019 y 2021 a cuentas de Peña Nieto.

Aunque López Obrador reiteró que su postura es «mirar hacia delante» porque «la justicia también es prevenir, no caer en lo espectacular y no hacer lo mismo», también admitió que «los procesos que existen deben tener su curso».

«Nosotros no podemos decirle al fiscal que no actúe o a una dependencia que tenga una carpeta sobre irregularidades o posibles irregularidades (que no actúe)”, argumentó.