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Jornaleras de Nueva York esperan que la tecnología ponga fin al abuso laboral

Un grupo de mujeres jornaleras inmigrantes esperan ser contratadas para trabajos de limpiezas, el 29 de junio de 2022 en la plaza de un vecindario judío hasídico de Brooklyn en Nueva York (EE. UU). (Foto: EFE/Ángel Colmenares)

Nueva York, EE. UU.– Las historias de las jornaleras que salen a la calle en Nueva York en busca de trabajo tienen mucho en común: son indocumentadas, latinas, algunas recién llegadas y limpian hogares tras horas de espera en la calle, expuestas a las inclemencias del tiempo y al acoso sexual.

Ahora, un grupo de ellas intenta mejorar su situación en un mundo laboral moderno con la ayuda de un curso de uso de la tecnología, como las aplicaciones, del que hoy se gradúan las primeras 50 trabajadoras.

Cada mañana, cerca de un centenar de mujeres, a veces más, acuden al mismo lugar, una pequeña plaza entre las calles Mercy y Division en un vecindario judío hasídico en Brooklyn, armadas solo con la esperanza de regresar a casa con algo de dinero, aunque muchas reciben salarios por debajo del límite legal o de lo que les prometen, y sufren condiciones humillantes de trabajo.

UNA ESPERA DIARIA PARA SER CONTRATADAS

Allí, intentan resguardarse del inclemente sol y humedad del verano, algunas conversan y reciben la solidaridad de grupos comunitarios que les llevan frutas y cada miércoles una comida caliente de una iglesia local, tal vez la única en el día.

Con rostros sombríos, muchas aguardan a los posibles empleadores, en su mayoría miembros de la comunidad judía del barrio, -algunas son adolescentes enviadas por su familia-, que tras una breve negociación sobre el pago por el trabajo, se alejan de la plaza acompañadas de una inmigrante.

Y cada mañana puede haber un rostro nuevo, como el de la peruana Verónica Sandoval, que en su primer día en esta plaza dice a Efe que llegó a Nueva York hace tres meses junto a sus hijos de 16 y 17 años, donde se aloja con familiares.

«Dicen que acá hay más oportunidades que en mi país» donde trabajaba en un salón de estética, comentó la mujer, que lucía tímida y desconcertada y que supo del lugar a través de una conocida.

Muchas trabajadoras, por su condición de indocumentadas, protegían su rostro por temor a las autoridades inmigración.

Detalle de las manos de una jornalera de limpieza sentada mientras espera ser contratadas para trabajos de limpieza, el 29 de junio de 2022 en la plaza de un vecindario judío hasídico de Brooklyn en Nueva York (EE. UU). (Foto: EFE/Ángel Colmenares)

UN CURSO DE TECNOLOGÍA Y NEGOCIACIÓN

Las trabajadoras reciben ayuda del Proyecto de Justicia Laboral, que hace cuatro años organizó a un grupo de ellas bajo el nombre de «Liberty Cleaners», que ha aprendido sobre sus derechos y a negociar su salario y las condiciones bajo las cuales son contratadas.

«Aprendimos de los Deliveristas Unidos (repartidores de comida) que trabajan con aplicaciones» dijo a Efe la mexicana María Valdez, dirigente de las Liberty Cleaners, y coordinadora del curso en tecnología impartido a medio centenar de sus limpiadoras.

El curso piloto fue organizado por el Empire State College de la Universidad pública del Estado (SUNY) y les enseñó, además, a usar productos ecológicos para la limpieza.

«La de hoy es una graduación muy simbólica para ellas porque, por primera vez, pisaron una universidad en este estado. Es muy emocionante ver su crecimiento, desde donde empezaron en la esquina ganando unos 13 dólares la hora», destacó Valdez.

Indicó además que esperan poder convertir a Liberty Cleaners en una plataforma para que estas inmigrantes puedan manejar su propia empresa.

La mexicana Merced Aguilar ha acudido a esta plaza durante ocho años, tras emigrar de California a Nueva York con un hijo y explica a Efe que tras tomar el curso, espera poder mejorar su situación laboral.

«Hemos pasado por muchas circunstancias (con los empleadores), maltrato, nos hacen trabajar jornadas largas por poco dinero y a veces no nos quieren pagar ni un mínimo», comentó.

Aguilar es contratada al menos 3 días a la semana por cuatro horas cada día, por las que exige al menos el salario mínimo en este estado, de 15 dólares la hora, tras aprender sobre sus derechos con el Proyecto de Justicia Laboral.

Un grupo de mujeres jornaleras inmigrantes reciben comida mientras esperan ser contratadas para trabajos de limpiezas, el 29 de junio de 2022 en la plaza de un vecindario judío hasídico de Brooklyn en Nueva York (EE. UU). (Foto: EFE/Ángel Colmenares)

LIMPIANDO EN CONDICIONES HUMILLANTES

Sin embargo, la necesidad lleva a otras a aceptar ofertas de empleo u ofrecer hacer la limpieza por 12 o 13 dólares la hora y condiciones humillantes.

«No te dan guantes, ni cepillo y quieren que laves el inodoro con las manos, que uses mucho clorox en el baño, que limpies el piso de rodillas», indicó Aguilar al recordar lo que vivió antes de unirse a las Liberty Cleaners, situación que aún afrontan otras inmigrantes, según dijeron a Efe.

Otra mujer contó cómo los detergentes que les obligan a usar le hacen daño, mostrando sus manos muy ásperas.

Valdez destacó que la idea del curso, que esperan impartir a otras trabajadoras es para llevarlas a «dejar la esquina (la plaza donde están ahora) y esas condiciones de trabajo y moverlas hacia la tecnología, que sería la nueva norma de contratación».

«Nos hemos dado cuenta que la nueva generación ya no irá a las esquinas a contratar trabajadoras, usarán las aplicaciones y es a ese mundo al que queremos impulsarlas», afirmó.

Pennsylvania to begin fiscal year without a budget

HARRISBURG, Pa. — Pennsylvania’s new fiscal year will begin without a state budget in place, as Gov. Tom Wolf’s administration and top Republican lawmakers haltingly worked through Thursday’s deadline to hammer out a roughly $42 billion spending plan whose details were still largely being kept secret.

Negotiators had yet to fully brief rank-and-file lawmakers on any sort of agreement or publish the details of hundreds of pages of budget-related legislation that typically underpin such a spending plan.

Efforts to settle final details in the sprawling budget package came with 11th-hour wrangling over a number of issues, including pressure by Republicans for Wolf to agree to election-related legislation that has roots in former President Donald Trump’s baseless claims Democrats stole the 2020 election.

The state’s bank account is flush with billions in extra cash — tax receipts boosted by inflation and an economy juiced with federal pandemic subsidies — but the extra money in a state accustomed to deficits hasn’t necessarily solved problems.

Without new budget legislation signed into law by Friday, the state will lose the authority to make some payments, although a stalemate must typically last several weeks before any effect on services is felt.

Both the House and Senate scheduled weekend voting sessions in an effort to finish a budget package before Independence Day.

Missing the budget deadline has revived memories of protracted, monthslong budget fights between Wolf and the Republican-controlled Legislature in 2015 and 2017.

Starting the fiscal year without a budget in place isn’t “preferable, but the most important thing is to get it right and that’s what we’re doing,” said Senate Appropriations Committee Chairman Pat Browne, R-Lehigh.

Negotiations in closed-door talks revolve around a substantial amount of new aid for public school s — albeit under half the amount Wolf sought in his February budget proposal — and various concessions by the Democratic governor to Republican lawmakers who control the Legislature.

New aid for public schools is expected to land at around $850 million, or about 10% more, lawmakers say. That is short of the almost $1.8 billion more that Wolf had initially requested for instruction, school operations and special education.

Nevertheless, Senate Minority Leader Jay Costa, D-Allegheny, called the $850 million “historic” and said he was comfortable with the path that budget talks are on.

New aid to schools also will include substantial sums for school security upgrades and school counselors or psychiatrists.

Despite billions in extra cash, budgetmakers have said they are not contemplating any sort of broad-based tax cut for Pennsylvanians on sales or income.

Rather, Wolf and Republican lawmakers have focused on cutting Pennsylvania’s 9.99% corporate income tax rate, one of the nation’s highest. Along with that, Wolf has sought changes to ensure more multistate corporations pay the tax.

In exchange for boosting aid to schools, Republican lawmakers sought concessions on various policy goals that Wolf had unilaterally pursued over Republican objections.

Those include Wolf’s plan to toll up to nine interstate bridges — which was blocked in a Thursday ruling by Commonwealth Court — and subject charter schools to stronger ethics, accounting and admissions standards.

Republicans have also pressed for an agreement on legislation to restrict third-party funding for county election offices and equipment — a throwback to GOP complaints that money from the nonprofit Center for Technology and Civic Life was heavily tilted to left-leaning counties to help Democrat Joe Biden win 2020’s presidential election.

The movement fueled by Trump’s false claims of widespread voter fraud has latched onto the 2020 donations as one of its many grievances over how the election was conducted.

Money distributed by the Center for Technology and Civic Life came from Facebook founder Mark Zuckerberg, drawing the nickname “Zuckerbucks” from Republicans.

The center and county officials say counties received what they asked for, and Philadelphia’s election officials have testified in a legislative hearing that elections in more heavily populated counties are more expensive to administer on a per-resident basis.

Another fight involves state aid for the University of Pittsburgh.

Abortion rights opponents in the House have held up the state’s annual aid to Pitt, insisting the university first end its federally funded fetal tissue research.

The university historically has received aid every year from the state, and Wolf has proposed $162.5 million for it, a 5% increase.

The university says fetal tissue research is critical to efforts to cure serious diseases, including Alzheimer’s, diabetes and Parkinson’s, and to helping to deliver healthy babies successfully.

Buttigieg launches $1B pilot to build racial equity in roads

Transportation Secretary Pete Buttigieg listens at an event in Philadelphia, on Jan. 14, 2022. Buttigieg is launching a $1 billion pilot program aimed at helping reconnect cities and neighborhoods racially segregated or divided by road projects. He promises wide-ranging help to dozens of communities despite the program's limited dollars. (Photo: AP/Matt Rourke/File)

Washington, EE.UU.— Transportation Secretary Pete Buttigieg on Thursday launched a $1 billion first-of-its-kind pilot program aimed at helping reconnect cities and neighborhoods racially segregated or divided by road projects, pledging wide-ranging help to dozens of communities despite the program’s limited dollars.

Under the Reconnecting Communities program, cities and states can now apply for the federal aid over five years to rectify harm caused by roadways that were built primarily through lower-income, Black communities after the 1950s creation of the interstate highway system.

New projects could include rapid bus transit lines to link disadvantaged neighborhoods to jobs; caps built on top of highways featuring green spaces, bike lanes and pedestrian walkways to allow for safe crossings over the roadways; repurposing former rail lines; and partial removal of highways.

Still, the grants, being made available under President Joe Biden’s bipartisan infrastructure law, are considerably less than the $20 billion the Democratic president originally envisioned. Advocacy groups say the money isn’t nearly enough to have a major impact on capital construction for more than 50 citizen-led efforts nationwide aimed at dismantling or redesigning highways — from Portland, Oregon, to New Orleans; St. Paul, Minnesota; Houston; Tampa, Florida; and Syracuse, New York. Meanwhile, some Republicans, including possible 2024 presidential contender Florida Gov. Ron DeSantis, have derided the effort as the “woke-ification” of federal policy, suggesting political crosswinds ahead in an election season.

Flanked by Black leaders at the site of a soon-to-start rapid bus line in Birmingham, Alabama, Buttigieg highlighted the potential of federal infrastructure money to boost communities. Close to half of Birmingham’s population lives within one-half mile of planned stations along the new 15-mile bus corridor. City leaders say that will open up access around I-65, which cuts through the city’s Black neighborhoods, providing connections to jobs in the corridor as well as the University of Alabama at Birmingham and other schools.

“Transportation can connect us to jobs, services and loved ones, but we‘ve also seen countless cases around the country where a piece of infrastructure cuts off a neighborhood or a community because of how it was built,” Buttigieg said.

“We can’t ignore the basic truth: that some of the planners and politicians behind those projects built them directly through the heart of vibrant populated communities,” he said. “Sometimes as an effort to reinforce segregation. Sometimes because the people there have less power to resist. And sometimes as part of a direct effort to replace or eliminate Black neighborhoods.”

He described Reconnecting Communities as a broad “principle” of his department — not just a single program — to help remake infrastructure, with many efforts underway.

The Transportation Department has aimed to help communities that feel racially harmed by highway expansions, with the Federal Highway Administration last year taking a rare step to pause a proposed $9 billion widening project in Houston, partly over civil rights concerns. That move likely spurred action in other places such as Austin, Texas, where environmental and racial justice groups recently filed a lawsuit to force the Texas transportation agency to better lay out the impacts of a proposed highway expansion there.

Buttigieg, a former mayor of South Bend, Indiana, who unsuccessfully ran for president in 2020, drew fire from some Republicans earlier this year when he said the federal government had an obligation to address the harms of racist design in highways. “There’s trees they’re putting in, they’re saying that highways are racially discriminatory. I don’t know how a road can be that,» DeSantis said in February, dismissing it as “woke.”

In his remarks Thursday, Buttigieg pushed back at critics, noting that “there is nothing sacred about the status quo» with roads and bridges.

“They are not divinely ordained; they are decisions,» he said. “And we can make better decisions than what came before.»

Under the program, $195 million in competitive grants is to be awarded this year, of which $50 million will be devoted for communities to conduct planning studies.

The department will also launch a “Thriving Communities” initiative to provide technical support for potential projects that serve disadvantaged communities alongside the Housing and Urban Development Department.

The Transportation Department has previously estimated it could help as many as 20 U.S. communities under the new program to remove portions of interstates and redesign streets by tapping into other transportation funds. According to the department, communities that win the Reconnecting Communities grants but still need additional funds will be prioritized in their applications for other pots of federal transportation money. Dozens more communities could derive benefit from the planning grants.

“Prior to 2021, the idea that we would deal with highway infrastructure that has divided communities was very much a fringe idea,» said Ben Crowther, coordinator for the Boston-based Freeway Fighters Network, which is supported by the Congress for the New Urbanism. “The Biden administration has really transformed that into mainstream thinking. We are thinking now this is something that is possible — that you can remove a highway and instead build safe streets that are walkable, add housing and address other community needs besides travel time.”

República Dominicana vence a Jamaica y se clasifica al Mundial de Indonesia

Fotografía tomada el pasado 26 de junio en la que se registró un gol anotado durante las eliminatorias de la Concacaf al Mundial FIFA sub'20 de Indonesia, en el estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula (Honduras). (Foto: EFE/José Valle)

Tegucigalpa, Honduras .- La selección sub’20 de República Dominicana se clasificó este miércoles al Mundial de la categoría que Indonesia organizará en 2023 al sellar su paso a las semifinales de las eliminatorias de la Concacaf con una victoria por 1-0 sobre la de Jamaica.

Ángel Montes De Oca se convirtió el artífice de la sorprendente clasificación de los dominicanos al Mundial sub’20 con un gol a los 9 minutos.

Las eliminatorias, que se disputan en territorio hondureño, conceden plazas en el Mundial de Indonesia a los cuatro semifinalistas, y dos cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Las selecciones sub’20 de Estados Unidos y Honduras aseguraron el martes su paso a las semifinales y su clasificación a Indonesia 2023.

El rival de República Dominicana en las semifinales saldrá de la serie que más tarde definirán Guatemala y México.

El partido entre jamaiquinos y dominicanos resultó hoy nervioso y escaso en emociones y oportunidades de gol.

República Dominicana ensayó tres remates directos a puerta por dos de los jamaicanos, que salieron hoy como favoritos para ganar por la poca tradición futbolística de su rival.

Mueren dos periódicos en EEUU por semana, dice un estudio

Un hombre lee un periódico durante su hora de almuerzo en Cincinnati el 6 de julio de 2005.(Foto: AP/Al Behrman/Archivo)

Nueva York, EE.UU. — En Estados Unidos siguen muriendo los periódicos a razón de dos por semana, según un informe publicado el miércoles.

Las áreas del país que se encuentran sin una fuente confiable de noticias locales tienden a ser más pobres, más viejas y menos educadas en comparación con las que tienen mejor cobertura informativa, de acuerdo con la Escuela Medill de Periodismo, Medios y Comunicaciones y Marketing Integrado de la Universidad Northwestern.

El país tenía 6.377 periódicos a fines de mayo, frente a los 8.891 de 2005, según el informe. Si bien la pandemia de coronavirus no causó el ajuste de cuentas que algunos en la industria temían, 360 periódicos cerraron desde fines de 2019, todos excepto 24 de ellos semanarios que atienden a comunidades pequeñas.

Se estima que 75.000 periodistas trabajaban en periódicos en 2006 y ahora son 31.000, según el informe de Northwestern. Los ingresos anuales de los periódicos cayeron de 50.000 millones de dólares a 21.000 millones en el mismo período.

Los factores que impulsan el colapso del modelo publicitario de la industria no han cambiado. Fortalecer el sector de noticias digitales en los últimos años no ha sido suficiente para compensar las tendencias generales, dijo Penelope Muse Abernathy, profesora visitante en Medill y autora principal del informe.

Muchos de los sitios exclusivamente digitales se centran en temas únicos y están agrupados en o cerca de las grandes ciudades cerca del dinero filantrópico que proporciona gran parte de su financiación, según el informe.

Los “desiertos” de noticias están creciendo: el informe estimó que unos 70 millones de estadounidenses viven en un condado sin una organización local de noticias o con solo una.

Los tradicionales diarios que se imprimen y distribuyen los siete días de la semana también están disminuyendo. El informe dice que 40 de los 100 periódicos más grandes del país publican versiones digitales al menos una vez a la semana.

Corte Suprema avala a Biden en cuanto a su política de asilo

La Corte Suprema de Estados Unidos rodeada por un par de vallas perimetrales el jueves 30 de junio de 2022, en Washington, D.C. (Foto: AP/Jacquelyn Martin)

Washington, EE.UU. — La Corte Suprema de Estados Unidos falló el jueves que el gobierno del presidente Joe Biden canceló correctamente una política de la era del presidente Donald Trump, que obligaba a algunos solicitantes de asilo a esperar en México para recibir audiencia.

La decisión de los jueces, por votación de 5 a 4, se produjo en un caso sobre la política de “Permanecer en México” implementada durante el gobierno de Trump. El presidente del máximo tribunal del país, John Roberts, redactó la decisión, a la que se sumaron su colega conservador Brett Kavanaugh y los tres jueces progresistas del tribunal: Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.

El presidente Joe Biden suspendió el programa en enero de 2021, en su primer día en el cargo, pero varios tribunales inferiores ordenaron que se restableciera en respuesta a una demanda de republicanos en Texas y Missouri. El gobierno federal actual ha enviado a muchas menos personas de regreso a México que la administración de Trump.

El corazón de la lucha legal era si las autoridades de inmigración, con mucha menos capacidad de detención de la necesaria, tenían que enviar a las personas de vuelta a suelo mexicano o si tenían la discreción bajo la ley federal para liberar a los solicitantes de asilo en Estados Unidos mientras esperaban sus audiencias.

Unas 70.000 personas se inscribieron en el programa —conocido oficialmente en español como “Protocolos de protección al migrante” pero mejor conocido como “Permanecer en México”—, después de que el presidente Trump lo lanzara en 2019 y lo convirtiera en una pieza central de los esfuerzos para disuadir a los solicitantes de asilo.

Después de la suspensión del programa por parte de Biden, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, le puso fin en junio de 2021. En octubre, el Departamento presentó justificaciones adicionales para la desaparición de la política, pero sin éxito en los tribunales.

El programa se reanudó en diciembre, pero apenas 3.000 migrantes se habían inscrito a finales de marzo, durante un período en el que las autoridades de Estados Unidos realizaron unas 700.000 detenciones de migrantes en la frontera con México.

Los estados liderados por demócratas y los grupos progresistas estaban del lado del gobierno. Los estados dirigidos por republicanos y los grupos conservadores se pusieron del lado de Texas y Missouri.

Puerto Rico confirma el primer caso de viruela del mono en la isla

Fotografía de archivo del secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado. (Foto: EFE/Thais Llorca)

San Juan, Puerto Rico.- El Departamento de Salud de Puerto Rico confirmó este miércoles el primer caso de viruela del mono en la isla y pidió a la población estar alerta para detener cualquier cadena de transmisión.

El paciente permanece en aislamiento en su hogar, se encuentra en condición estable y bajo atención médica, según el comunicado del Departamento de Salud.

«Es momento de que todos estemos alerta sobre los síntomas clínicos y los criterios epidemiológicos de este virus para que podamos prevenir contagios y detener cualquier cadena de transmisión», dijo el secretario de Salud, Carlos Mellado López.

Este primer caso fue identificado a través del sistema de vigilancia para enfermedades de notificación obligatoria, que coordinó la toma de la muestra.

Salud estableció una Guía de Vigilancia Epidemiológica para la Viruela Símica a principios de junio, en la que se incluye información para el diagnóstico y el manejo de los casos para proveedores e instituciones de salud.

Ante la confirmación del primer caso, la principal oficial de salud, Melissa Marzán Rodríguez, subrayó que «es importante que las personas que presenten los síntomas asociados consulten a su proveedor de servicios de salud de inmediato».

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el pasado día 25 que de momento el brote de viruela del mono no debe considerarse como una emergencia sanitaria internacional, como ocurre con la covid-19.

La cifra total de casos se eleva ahora a 3.413 confirmados en laboratorio en cincuenta países, la mayoría europeos, según los últimos datos de la OMS.

Legislatura puertorriqueña no aprueba presupuesto, que decidirá ente fiscal

Fotografía de archivo del presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael "Tatito" Hernández. (Foto: EFE/Thais LLorca)

San Juan, Puerto Rico.- La Asamblea Legislativa de Puerto Rico no logró este miércoles un acuerdo sobre el presupuesto para el próximo año fiscal 2022-2023, por lo que prevalecerá la versión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Pese a que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, instó ayer a la Asamblea Legislativa a aparcar sus diferencias, las negociaciones entre los presidentes de la Cámara de Representantes, Rafael «Tatito» Hernández, y del Senado, José Luis Dalmau, no prosperaron.

De esta forma, el futuro económico de las agencias del Gobierno puertorriqueño queda durante el próximo año en manos de la JSF, que certificará su presupuesto este viernes, cuando entrará en vigor.

La JSF es el ente establecido por el Congreso estadounidense para supervisar la reestructuración de la millonaria deuda pública de la isla y el buen uso de las finanzas públicas por parte del Gobierno local.

Ante el retraso, el ente fiscal ya advirtió ayer en un comunicado que el borrador actual del presupuesto no cumplía con el Plan Fiscal de 2022, por lo que, de ser presentado, «la Junta de Supervisión adoptará y certificará su propio presupuesto» para el 30 de junio.

Las negociaciones en la Asamblea Legislativa de esta jornada no pudieron sacar adelante la medida, aunque se cambio el lenguaje de uno de los asuntos en controversia: el Proyecto de la Cámara 1367, que crea el nuevo marco estatutario para las empresas foráneas.

Varios legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), el de Pierluisi, denunciaron hoy que las disputas internas en el opositor Partido Popular Democrático (PPD), que lidera ambas cámaras, han impedido el acuerdo.

El representante del PNP José Meléndez lamentó que ahora le toca a la Junta de Supervisión Fiscal aprobar «su versión del presupuesto sin contar con la Asamblea Legislativa».

Lubby Navarro, nacida en Cuba, es la nueva presidenta de NALEO

Fotografía cedida por la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO) donde aparece la cubana Lubby Navarro, quien ha sido elegida este miércoles como nueva presidenta de esas organización. (Foto: EFE/NALEO)

Washington, EE.UU.- Lubby Navarro, nacida en La Habana, Cuba, ha sido elegida como nueva presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO), anunció hoy miercoles esa organización en un comunicado.

«Como dirigentes latinos somos plenamente conscientes de la diversidad en la experiencia estadounidense y del legado inmigrante compartido que define a nuestra nación», señaló Navarro quien sucede en el puesto a Ricardo Lara.

Navarro ha sido residente de Miami por más de 35 años y por más de siete años ha sido integrante de la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade.

NALEO, fundada en 1976 en Los Ángeles por Edward Roybal, es una organización no partidista que representa a más de 6.700 latinos elegidos o designados para cargos públicos en Estados Unidos.

«En momentos en que la comunidad latina y todo nuestro país encaran diversos obstáculos desafiantes, me honra dirigir a NALEO en este tiempo difícil mientras desarrollamos a la próxima generación de líderes dedicados al servicio público», indicó Navarro.

A su vez, Lara afirmó que su servicio como presidente de NALEO ha sido un honor y agregó que, si bien su tarea en el cargo ha concluido oficialmente, continuará “la tarea de potenciar a la comunidad latina, fortalecer la democracia y ayudar a nuestros funcionarios latinos para que gobiernen en nombre de los millones de votantes que representan”.

Otros funcionarios elegidos para la Junta Directiva de NALEO en el periodo 2022-2023 son E. Junior Maldonado, secretario del condado de Hudson (Nueva Jersey), como primer vicepresidente; Gustavo Rivera, senador estatal de Nueva York, como segundo vicepresidente: Claudia M. Frometa, concejal de Downey (California), como secretaria, y Brian Colón, auditor estatal de Nuevo México, como tesorero.

La semana pasada NALEO celebró en Chicago (Illinois) la primera conferencia anual con participación física desde 2019, antes de la pandemia, y a la reunión asistieron miles de dirigentes latinos de todo el país.

Entre las personalidades que hablaron a los conferenciantes estuvo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala harris, y el secretario de Educación, Miguel Cardona.