Quienes transiten por la autopista de pago de Pennsylvania tendrán ahora más opciones para pagar en efectivo. (Foto: Turnpikes.com)
Middletown, PA. – Los conductores que transitan por la autopista de pago de Pennsylvania (el PA Turnpike) tendrán ahora más opciones para pagar en efectivo. La Comisión del Pennsylvania Turnpike anunció la ampliación de su red de pago en colaboración con la empresa KUBRA, sumando más de 350 nuevos puntos de venta minoristas en todo el estado.
Desde que comenzó la asociación en 2022, la red KUBRA ha pasado de ofrecer 70,000 puntos de venta en todo el país a más de 85,000, en más de 15 cadenas minoristas diferentes.
“Nuestro compromiso es evolucionar y satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes”, señaló Mark Compton, director ejecutivo del PA Turnpike. “Ya sea mediante opciones digitales o en efectivo, hemos tomado medidas para que el pago sea fácil y cómodo. Al ampliar la red KUBRA, ofrecemos mayor comodidad a quienes prefieren pagar en efectivo”.
Rick Watkin, presidente y director ejecutivo de KUBRA, destacó que esta ampliación busca mejorar la experiencia de los usuarios: “Estamos muy orgullosos de ayudar al PA Turnpike a ampliar la accesibilidad al pago de peajes mediante nuestra solución de Pagos en Efectivo en Minoristas”, afirmó.
El PA Turnpike implementó un sistema de peaje sin efectivo en 2020, y en enero de este año lanzó la siguiente fase de su modernización: el sistema de peaje sin barreras Open Road Tolling (ORT), que ya funciona al este de Reading y en la Extensión Noreste. Este sistema permite a los conductores circular a velocidad de autopista mientras los peajes se cobran electrónicamente a través de pórticos, eliminando la necesidad de detenerse.
Aunque el sistema es mayoritariamente sin efectivo, el PA Turnpike mantiene opciones para quienes no usan cuentas bancarias o no desean cargar fondos en E-ZPass antes de viajar. Los clientes que opten por el pago en efectivo pueden generar un recibo en línea o en la aplicación oficial del PA Turnpike, seleccionar un comercio participante y pagar allí con un cargo de servicio de $1.50.
La ampliación de la red KUBRA se suma a otras mejoras recientes: desde el otoño pasado, la PA Turnpike acepta Apple Pay y Google Pay, y mantiene métodos de pago por correo, teléfono, web, aplicación móvil y atención presencial en Harrisburg. La aplicación PA Toll, disponible en Apple Store y Google Play, supera los dos millones de descargas y permite gestionar pagos, transpondedores E-ZPass y extractos mensuales.
Los ingresos de peajes se destinan a la construcción, operación y mantenimiento de la autopista.
Filadelfia, PA — Dos personas perdieron la vida y una más permanece en estado crítico luego de un trágico accidente vehicular ocurrido la tarde de este jueves en el noreste de Filadelfia, informaron las autoridades.
El incidente tuvo lugar poco antes de las 2:00 p.m. en los carriles exteriores en dirección sur del Roosevelt Boulevard, a la altura del bloque 9000, cerca de una estación de servicio.
Según la Policía, un vehículo atropelló a dos peatones adultos. El conductor, un hombre adulto, fue declarado muerto en el lugar a las 2:38 p.m. por personal médico. Ambos peatones fueron trasladados de urgencia al Hospital Jefferson Torresdale. Uno de ellos fue declarado muerto a las 2:49 p.m., mientras que el segundo permanece en estado crítico.
Fotografía sin fechar cedida por Desiree Miller que muestra a Catalina 'Xochitl' Santiago posando en la zona agrícola de El Paso, Texas (Estados Unidos). (Foto: EFE/Desiree Miller)
El arresto de Catalina ‘Xochitl’ Santiago, una beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), por parte de las autoridades migratorias en Texas, ha encendido las alarmas sobre las bases legales con la que la Administración del presidente Donald Trump la detuvo y busca su deportación.
Santiago fue arrestada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) el pasado 3 de agosto en el Aeropuerto Internacional de El Paso (Texas) cuando se dirigía a un viaje de trabajo para la organización sin fines de lucro La Mujer Obrera.
Las autoridades migratorias basaron el arresto en que la joven había sido detenida por la policía de Arizona en 2020 por supuestamente tener parafernalia para el consumo de drogas.
Pero en ese caso, la Fiscalía del condado de Graham nunca presentó los cargos y la acusación fue desestimada, lo que le permitió a la inmigrante conservar el amparo de DACA.
Luis Cortés, abogado defensor de Santiago, dijo este jueves en una conferencia de prensa que el Gobierno estadounidense «no tenía y no tiene bases legales» para detener y deportar a la inmigrante, conocida por su activismo en la frontera entre EE. UU. y México.
Santiago tiene vigente el amparo de DACA hasta 2026, el beneficio otorgado por el expresidente Barack Obama (2009-2017) que protege a los inmigrantes elegibles de la deportación y les otorga un permiso de trabajo.
En su primer gobierno (2017-2021), el presidente Trump libró una batalla legal que llegó hasta la Corte Suprema para poner fin al amparo, pero perdió en su intento.
Cortés hizo parte del equipo legal que defendió el beneficio migratorio en ese entonces ante el Supremo por lo que conoce de cerca los alegatos del Gobierno Trump y su alcance, el abogado dijo hoy que él y su equipo legal esperan que las autoridades migratorias «se den cuenta de que todo esto fue un gran error» y liberen a Santiago y le permitan retener el beneficio de DACA.
Sin embargo, Cortés advierte de que «el historial» de la Administración Trump en los últimos meses es que «no está dispuesto a admitir errores y, en cambio, ha redoblado sus esfuerzos por justificar y vilipendiar» a ciertos inmigrantes que tiene como objetivo.
La subsecretaria del Departamento de Seguridad Interna Tricia McLaughlin calificó a Santiago como «una criminal» y advirtió de que los inmigrantes indocumentados que afirman ser DACA no están automáticamente protegidos contra la deportación.
«DACA no otorga ningún tipo de estatus legal en este país. Cualquier extranjero indocumentado beneficiario de DACA puede ser arrestado y deportado por diversas razones, incluyendo la comisión de un delito», insistió la subsecretaria sin citar que la acusación de la policía contra Santiago fue desestimada.
El equipo legal que defiende a Santiago ha señalado que si el gobierno estadounidense puede ignorar sus propias normas y difundir acusaciones demostrablemente falsas, ningún inmigrante está a salvo de la detención arbitraria.
Santiago no sería la única persona amparada por DACA que ha sido detenida por los agentes migratorios, en Los Ángeles se han reportado al menos dos detenciones de beneficiarios del programa.
El arresto de la joven ha provocado una ola de indignación, más de 12.000 firmas se han recogido en una petición para pedir su liberación, y sus simpatizantes han organizado más de 20 vigilias y eventos de solidaridad en más de una docena de ciudades a nivel nacional para lograr su liberación.
Santiago tendrá una audiencia el próximo 10 de septiembre en una corte de inmigración.
Bomberos combaten un incendio el 12 de julio e 2021, en Asotin, Washington. (Foto: AP/Pete Caster/Lewiston Tribune/Archivo)
Dos bomberos fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza como parte de una investigación criminal de múltiples agencias en torno a dos contratistas que habían proporcionado un equipo de 44 personas para ayudar a combatir un incendio forestal en el estado de Washington, informaron las autoridades federales el jueves.
La Oficina de Administración de Tierras (BLM por sus iniciales en inglés) le solicitó a la Patrulla Fronteriza que ayudara a verificar la identidad de los trabajadores el miércoles, cuando las cuadrillas trabajaban en una zona remota, indicaron el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) y la Patrulla Fronteriza en un comunicado. Los agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron a dos trabajadores que se encontraban sin autorización legal en Estados Unidos y los detuvieron, informaron las agencias.
Las autoridades federales no proporcionaron información sobre la investigación de los contratistas y no respondieron de momento a preguntas sobre el caso penal.
La BLM rescindió sus contratos con Table Rock Forestry Inc. y ASI Arden Solutions Inc. —ambas con sede en Oregon— y retiró a los 42 trabajadores de las tierras federales, según el comunicado. Los dos arrestados fueron trasladados a la estación de Bellingham bajo cargos de entrada y reingreso ilegal, subrayaron las autoridades.
Ninguna de las compañías respondió el jueves a mensajes en busca de comentarios.
Los reportes iniciales que indicaban que los agentes federales habían arrestado a bomberos desataron la indignación de la senadora Patty Murray. Varios bomberos que presenciaron el incidente dijeron al The Seattle Times bajo condición de anonimato que los agentes federales detuvieron a los dos bomberos.
Murray respondió a la noticia el jueves, diciendo que el gobierno del presidente Donald Trump ha socavado la lucha contra incendios forestales al “diezmar el Servicio Forestal” y que su política de inmigración “es fundamentalmente enfermiza”.
“Aquí en el noroeste, los incendios forestales pueden y han arrasado con pueblos enteros”, expresó la demócrata en un comunicado. “Esta nueva política republicana de detener a los bomberos en el trabajo es tan inmoral como peligrosa”.
La directora de la Patrulla Fronteriza para el sector de Blaine, Rosario Vasquez, dijo en un comunicado que las acciones destacan la coordinación entre agencias federales para garantizar la integridad de las operaciones del gobierno.
“La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos aplica las leyes federales de manera decidida y aborta las violaciones a las leyes de inmigración siempre que sea el caso”, declaró Vasquez.
Los bomberos combatían un incendio que ya consumió unos 36 kilómetros cuadrados (14 millas cuadradas) en el lado norte del lago Cushman en el Bosque Nacional Olympic, el cual estaba contenido en un 13% el jueves.
El senador de Oregon Ron Wyden publicó en la red social X que uno de los bomberos arrestados era residente del estado y su oficina estaba trabajando para encontrarlo. El hombre cuenta con la representación de abogados de la organización sin fines de lucro Innovation Law Lab y no han podido localizarlo.
El gobernador de Washington, Bob Ferguson, dijo que estaba “sumamente preocupado” por la noticia, añadiendo que los bomberos ayudan a mantener seguras a las comunidades. Añadió que su equipo se ha puesto en contacto con las agencias federales para obtener más información y “cuestionar por qué las crueles políticas de inmigración del gobierno federal se extienden ahora a individuos que combaten incendios forestales”.
Jennifer Risdal, portavoz del Equipo de Manejo de Incidentes del Servicio Forestal de Estados Unidos que supervisa los esfuerzos de extinción de incendios, dijo que estaban al tanto de las actividades de la Patrulla Fronteriza en el lugar del incendio, pero no ofreció información sobre lo sucedido.
“La operación de la Patrulla Fronteriza no interfiere con la actividad de extinción de incendios y los bomberos de Bear Gulch continúan avanzando en el control del incendio”, dijo Risdal en un correo electrónico a The Associated Press.
En el primer mandato de Trump, el DHS emitió un comunicado durante la temporada de incendios forestales de 2020 diciendo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) estaban preocupados por el impacto que los incendios podrían tener en los estados del oeste y que su máxima prioridad era “la preservación de la vida y la seguridad”.
“En consideración a estas circunstancias, no habrá iniciativas de aplicación de la ley de inmigración asociadas con evacuaciones o refugios relacionados con los incendios forestales, excepto en caso de una grave amenaza a la seguridad pública”, decía el comunicado.
El Comisionado de Tierras Públicas, Dave Upthegrove, cuya agencia supervisa los esfuerzos de lucha contra incendios forestales en Washington, dijo que estaba al tanto de las acciones de aplicación de la ley en el incendio de Bear Gulch.
“Si bien aún no tenemos todos los detalles, todo esto ocurre en un momento en que el enfoque crudo e inhumano del gobierno de Trump hacia la aplicación de las leyes de inmigración ha fomentado intencional e innecesariamente el miedo y la desconfianza entre los miembros de la población, incluidos los bomberos que arriesgan sus vidas para proteger nuestro estado”, dijo.
Rev. Al Sharpton, center, alongside Martin Luther King III, walk for the March on Wall Street, Thursday, Aug. 28, 2025, in New York. (Photo: AP/Heather Khalifa)
The Rev. Al Sharpton led a protest march Thursday through Manhattan’s Financial District to urge corporate America to resist the Trump administration’s campaign to roll back diversity, equity and inclusion initiatives.
The New York civil rights leader was joined by clergy, labor and community leaders in a demonstration dubbed the “March on Wall Street” that was timed with the anniversary of the Civil Rights-era March on Washington in 1963.
“We come to Wall Street rather than Washington this year to let them know: you can try to turn back the clock, but you can’t turn back time,» Sharpton said as he kicked off the 45-minute march, adding they were going to “keep the dream alive on Wall Street.”
Among the march participants was Jonathan Garde, of Lithonia, Georgia, who came in part to show “DEI is much needed in our society today because it promotes fairer and more inclusive work environments, which are essential for business success, innovation, and social progress.”
Since returning to the White House in January, President Donald Trump has moved to end DEI programs within the federal government and warned schools to do the same or risk losing federal money.
In response, Sharpton’s civil rights group, the National Action Network, has encouraged consumers to avoid U.S. retailers that scaled backed policies and programs aimed at bolstering diversity among their employees and reducing discrimination against members of minority groups, women and LGBTQ+ people.
Earlier this year, Sharpton met with Target’s CEO as groups called for a boycott of the retail giant, which joined Amazon, Walmart and other major retailers in foregoing DEI initiatives.
The civil rights leader has also called for «buy-cotts” in support of companies such as Costco that have stuck by their DEI principles despite the conservative backlash.
“Corporate America wants to walk away from Black communities, so we are marching to them to bring this fight to their doorstep,” Sharpton said in a statement ahead of Thursday’s march.
The event began in Foley Square, near the African Burial Ground that’s the largest known resting place of enslaved and freed Africans in the country. The square is also near 26 Federal Plaza, the federal government building that’s become a symbol of Trump’s nationwide immigration crackdown, with agents detaining migrants during their routine appearances at the immigration court located there.
The group marched down a section of Broadway known as the “Canyon of Heroes,” famous for its ticker tape parades, and went past the corner of Wall Street itself — though it did not turn down the famed street where the New York Stock Exchange is located.
Among those marching was state Assembly Member Zohran Mamdani, the Democratic candidate in the upcoming New York City mayoral race.
Sharpton told the crowd he had invited New York City mayoral candidates — including Mamdani, incumbent Mayor Eric Adams and former Gov. Andrew Cuomo — to take part in the march, then derisively noted the latter two were not at the event.
“I don’t endorse candidates, but I take attendance,” Sharpton said, drawing laughter from many in the crowd.
Mamdani called on attendees to continue to fight for justice for all and to keep the Rev. Martin Luther King’s dream alive, noting «we have heard time and again that it has to be deferred, and yet we know its time has come.”
Gente reunida en una vigilia en el parque Lynnhurst Park tras una balacera en la Escuela Católica de la Anunciación el miércoles 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. (Foto: AP/Bruce Kluckhohn)
Pocas horas después de que una persona abriera fuego a través de las ventanas de una iglesia católica en Minneapolis, matando a dos niños e hiriendo a 17 personas, cientos de personas se reunieron en el gimnasio de una escuela cercana, abrazándose y secándose las lágrimas durante una vigilia junto al gobernador Tim Walz y miembros del clero.
Hablando ante una multitud silenciosa apretujada hombro con hombro la noche del miércoles, mientras cientos más esperaban afuera, el arzobispo Bernard Hebda describió cómo los estudiantes trataron de proteger a sus compañeros de clase cuando estallaron los disparos.
«En medio de eso hubo valentía, hubo coraje, pero sobre todo hubo amor», dijo en la Academia de los Santos Ángeles, unos 3,2 kilómetros (dos millas) al sur del tiroteo, en el suburbio de Richfield.
Con un rifle, una escopeta y una pistola, Robin Westman, de 23 años, disparó docenas de rondas el miércoles por la mañana hacia los niños sentados en los bancos durante la misa en la Escuela Católica de la Anunciación, dijo el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, en conferencias de prensa. Después se suicidó, agregó.
Los niños que murieron tenían 8 y 10 años. Otros 14 niños y tres feligreses octogenarios resultaron heridos, pero se espera que sobrevivan, dijo el jefe.
El reverendo Dennis Zehren, que estaba dentro de la iglesia con casi 200 niños, dijo que estaban casi al final del Salmo Responsorial, que hablaba sobre la luz en la oscuridad. Fue entonces cuando escuchó a alguien gritar: «¡Abajo, abajo, todos al suelo!», y comenzaron los disparos.
Weston Halsne, un estudiante de quinto grado, dijo a los reporteros que se agachó detrás de los bancos, cubriéndose la cabeza, protegido por un amigo que estaba tendido sobre él. Su amigo fue alcanzado, dijo.
«Estaba muy asustado por él, pero creo que ahora está bien», dijo el niño de 10 años.
La policía investiga el motivo del tiroteo
El director del FBI, Kash Patel, dijo en X que el tiroteo está siendo investigado como un acto de terrorismo interno y un crimen de odio dirigido a los católicos.
O’Hara dijo que la policía aún no había encontrado ninguna relación entre la persona sospechosa y la iglesia, ni determinado un motivo para el derramamiento de sangre. Sin embargo, el jefe dijo que los investigadores estaban examinando una publicación en redes sociales que parecía mostrarla en el lugar.
O’Hara, quien dio las edades de los jóvenes heridos como de 6 a 15 años, dijo que se colocó una tabla de madera para bloquear algunas de las puertas laterales y que las autoridades encontraron una bomba de humo en el lugar.
En un canal de YouTube titulado Robin W, la persona sospechosa publicó al menos dos videos antes de que el canal fuera eliminado el miércoles. Uno de los videos mostraba un arsenal de armas y municiones, algunas con frases como «matar a Donald Trump» y «¿Dónde está tu Dios?» escritas en ellas.
Un segundo video mostraba a la persona señalando dos ventanas exteriores en lo que parece ser un dibujo de la iglesia, y luego apuñalándolo con un cuchillo largo.
El jefe de policía dijo que Westman no tenía un historial criminal extenso conocido y se cree que actuó en solitario.
Funcionarios federales se refirieron a Westman como transgénero, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, condenó el odio dirigido a «nuestra comunidad transgénero». La identidad de género de Westman no estaba clara. En 2020, un juez aprobó una petición, firmada por la madre de Westman, solicitando un cambio de nombre de Robert a Robin, diciendo que «se identifica como mujer y quiere que su nombre refleje esa identificación».
El jefe de policía dice que los agentes rescataron a los niños que se escondieron
El jefe de policía dijo que los agentes respondieron de inmediato a los avisos del tiroteo, ingresaron a la iglesia, brindaron primeros auxilios y rescataron a algunos de los niños.
El director de la Anunciación, Matt DeBoer, dijo que tanto los maestros como los niños respondieron heroicamente.
«Los niños estaban agachados. Los adultos estaban protegiendo a los niños. Los niños mayores estaban protegiendo a los más pequeños», dijo.
Vincent Francoual dijo que su hija de 11 años, Chloe, sobrevivió al tiroteo corriendo escaleras abajo para esconderse en una habitación con una mesa presionada contra la puerta. Pero aún no está seguro de cómo escapó exactamente porque ella está teniendo problemas para comunicarse claramente sobre el suceso traumático.
«Nos dijo hoy que pensó que iba a morir», dijo.
Walz lamentó que los niños que apenas comenzaban el año escolar «fueron recibidos con maldad, horror y muerte». Él y el presidente Donald Trump ordenaron que las banderas se bajaran a media asta en los edificios estatales y federales, respectivamente, y la Casa Blanca dijo que los dos hombres hablaron. El gobernador fue el candidato demócrata a la vicepresidencia en las elecciones del año pasado contra el compañero de fórmula de Trump, ahora vicepresidente JD Vance, un republicano.
Desde el Vaticano, el papa León XIV envió un telegrama de condolencias. León, nacido en Chicago y que es el primer papa estadounidense de la historia, dijo que estaba rezando por los familiares de los fallecidos.
El lunes había sido el primer día del año escolar en la Anunciación, una escuela de 102 años en un barrio residencial y comercial arbolado unos 8 kilómetros (cinco millas) al sur del centro de Minneapolis.
Karin Cebulla, quien dijo haber trabajado como especialista en aprendizaje en la Anunciación y enviado a sus dos hijas, ahora universitarias, allí, describió la escuela como una comunidad acogedora y solidaria.
Philadelphia, PA – Esperanza Arts Center (EAC) has announced its 2025/2026 season, a vibrant lineup highlighting the Indigenous traditions of Latin America and the diverse artistic contributions of Latino creators across the United States.
Titled «Orígenes,» the season will feature world premieres by renowned Cuban composer Leo Brouwer, the Calpulli Mexican Dance Company, and the center’s 2025/2026 Artist in Residence, Tony Mendez.
A new highlight this year is the launch of the Primera Primavera Latin Jazz series, curated by Grammy-winning musician and recording artist Pablo Batista.
The season also brings collaborations with an array of cultural and music organizations, including BoriCorridor, Network for New Music, Artcinia, Philadelphia Classical Guitar Society, Piffaro, Philadelphia Chamber Music Society, and the American Composers Forum.
Audiences can look forward to performances by Josean Ortiz, Marcelle McGuirck, Ángel Vázquez, Nidia Góngora, Anjoli Santiago, ensemble132, Ollin Yolitzli Calmecac, and Los Bomberos de la Calle. Annual community favorites will also return, including Christmas en el Barrio with AMLA, Stand Up with Che Guerrero, and De Cerca with the Philadelphia Ballet.
The season is made possible with major support from the William Penn Foundation, The Presser Foundation, Pennsylvania Council for the Arts, City of Philadelphia, Creative PHL, Musical Fund Society, AARP Philadelphia, Steven R. Gerber Trust, and the MidAtlantic Foundation.
EAC also expressed gratitude to its season partners and sponsors, including Artistas y Músicos Latino Americanos, Philadelphia Ballet, Ágora Cultural Architects | BoriCorridor, Philadelphia Classical Guitar Society, Sotomayor Productions, Piffaro, American Composers Forum, Mamadêlê Foundation, Philadelphia Chamber Music Society, Network for New Music, WRTI 90.1 FM, and Rumba 106.1 Philadelphia.
Filadelfia, PA – El Esperanza Arts Center (EAC) anunció su temporada 2025/2026, una completa programación que destaca las tradiciones indígenas de América Latina y las diversas contribuciones artísticas de los creadores latinos en todo Estados Unidos.
Bajo el título «Orígenes», la temporada incluirá estrenos mundiales del reconocido compositor cubano Leo Brouwer, la Calpulli Mexican Dance Company, y el Artista en Residencia 2025/2026 del centro, Tony Mendez.
Entre las novedades se encuentra el lanzamiento de la serie Premier Primavera Latin Jazz, dirigida por el músico y artista ganador del Grammy Pablo Batista.
La temporada también contará con colaboraciones junto a diversas organizaciones culturales y musicales, como BoriCorridor, Network for New Music, Artcinia, Philadelphia Classical Guitar Society, Piffaro, Philadelphia Chamber Music Society y el American Composers Forum.
El público podrá disfrutar de las actuaciones de Josean Ortiz, Marcelle McGuirck, Ángel Vázquez, Nidia Góngora, Anjoli Santiago, ensemble132, Ollin Yolitzli Calmecac y Los Bomberos de la Calle. Además, regresan los favoritos comunitarios anuales, incluidos Christmas en el Barrio con AMLA, Stand Up con Che Guerrero, y De Cerca con el Philadelphia Ballet.
La temporada cuenta con el importante apoyo de la William Penn Foundation, The Presser Foundation, Pennsylvania Council for the Arts, City of Philadelphia, Creative PHL, Musical Fund Society, AARP Philadelphia, Steven R. Gerber Trust y la MidAtlantic Foundation.
El EAC también expresó su agradecimiento a sus socios y patrocinadores de la temporada; entre ellos, los Artistas y Músicos Latino Americanos, el Philadelphia Ballet, Ágora Cultural Architects/BoriCorridor, Philadelphia Classical Guitar Society, Sotomayor Productions, Piffaro, American Composers Forum, Mamadêlê Foundation, Philadelphia Chamber Music Society, Network for New Music, WRTI 90.1 FM y Rumba 106.1 Philadelphia.
This Aug. 7, 2025, satellite image shows construction of large white tents for a new immigrant detention center at Fort Bliss, a U.S. Army base outside El Paso, Texas. When completed, the $1.2 billion facility is expected to hold up to 5,000 migrants awaiting deportation and will be the largest such facility in the United States. (Photo: AP/Planet Labs)
When President Donald Trump’s administration last month awarded a contract worth up to $1.2 billion to build and operate what it says will become the nation’s largest immigration detention complex, it didn’t turn to a large government contractor or even a firm that specializes in private prisons.
Instead, it handed the project on a military base to Acquisition Logistics LLC, a small business that has no listed experience running a correction facility and had never won a federal contract worth more than $16 million. The company also lacks a functioning website and lists as its address a modest home in suburban Virginia owned by a 77-year-old retired Navy flight officer.
The mystery over the award only deepened last week as the new facility began to accept its first detainees. The Pentagon has refused to release the contract or explain why it selected Acquisition Logistics over a dozen other bidders to build the massive tent camp at Fort Bliss in west Texas. At least one competitor has filed a complaint.
The secretive — and brisk — contracting process is emblematic, experts said, of the government’s broader rush to fulfill the Republican president’s pledge to arrest and deport an estimated 10 million migrants living in the U.S. without permanent legal status. As part of that push, the government is turning increasingly to the military to handle tasks that had traditionally been left to civilian agencies.
A member of Congress who recently toured the camp said she was concerned that such a small and inexperienced firm had been entrusted to build and run a facility expected to house up to 5,000 migrants.
“It’s far too easy for standards to slip,” said Rep. Veronica Escobar, a Democrat whose district includes Fort Bliss. “Private facilities far too frequently operate with a profit margin in mind as opposed to a governmental facility.”
Attorney Joshua Schnell, who specializes in federal contracting law, said he was troubled that the Trump administration has provided so little information about the facility.
“The lack of transparency about this contract leads to legitimate questions about why the Army would award such a large contract to a company without a website or any other publicly available information demonstrating its ability to perform such a complicated project,” he said.
Ken A. Wagner, the president and CEO of Acquisition Logistics, did not respond to phone messages or emails. No one answered the door at his three-bedroom house listed as his company’s headquarters. Virginia records list Wagner as an owner of the business, though it’s unclear whether he might have partners.
This home in a suburb of Richmond, Va., is listed as the headquarters of Acquisition Logistics LLC, a small business that won a contract from the Trump administration worth up to $1.2 billion to build and operate what is expected to be the nation’s largest immigrant detention facility inside a U.S. Army base in Texas. Property records show the house belongs to Kenneth A. Wagner, the president and CEO of the company. (Photo: AP/Alan Suderman)
Army declines to release contract
Defense Secretary Pete Hegseth approved using Fort Bliss for the new detention center, and the administration has hopes to build more at other bases. A spokesperson for the Army declined to discuss its deal with Acquisition Logistics or reveal details about the camp’s construction, citing the litigation over the company’s qualifications.
The Department of Homeland Security, which includes U.S. Immigration and Customs Enforcement, declined to answer questions about the detention camp it oversees.
Named Camp East Montana for the closest road, the facility is being built in the sand and scrub Chihuahuan Desert, where summertime temperatures can exceed 100 degrees Fahrenheit and heat-related deaths are common. The 60-acre (24-hectare) site is near the U.S.-Mexico border and the El Paso International Airport, a key hub for deportation flights.
The camp has drawn comparisons to “Alligator Alcatraz,” a $245 million tent complex erected to hold ICE detainees in the Florida Everglades. That facility has been the subject of complaints about unsanitary conditions and lawsuits. A federal judge recently ordered that facility to be shut down.
The vast majority of the roughly 57,000 migrants detained by ICE are housed at private prisons operated by companies like Florida’s Geo Group and Tennessee-based CoreCivic. As those facilities fill up, ICE is also exploring temporary options at military bases in California, New York and Utah.
At Fort Bliss, construction began within days of the Army issuing the contract on July 18. Site work began months earlier, before Congress had passed Trump’s big tax and spending cuts bill, which includes a record $45 billion for immigration enforcement. The Defense Department announcement specified only that the Army was financing the initial $232 million for the first 1,000 beds at the complex.
Three white tents, each about 810 feet (250 meters) long, have been erected, according to satellite imagery examined by The Associated Press. A half dozen smaller buildings surround them.
Setareh Ghandehari, a spokesperson for the advocacy group Detention Watch, said the use of military bases harkens back to World War II, when Japanese Americans were imprisoned at Army camps including Fort Bliss. She said military facilities are especially prone to abuse and neglect because families and loved ones have difficulty accessing them.
“Conditions at all detention facilities are inherently awful,” Ghandehari said. “But when there’s less access and oversight, it creates the potential for even more abuse.”
A 1,000-bed immigration detention center has opened in Fort Bliss, Texas. (Photo: AP/Graphic)
Company will be responsible for security
A June 9 solicitation notice for the Fort Bliss project specified the contractor will be responsible for building and operating the detention center, including providing security and medical care. The document also requires strict secrecy, ordering the contractor inform ICE to respond to any calls from members of Congress or the news media.
The bidding was open only to small firms such as Acquisition Logistics, which receives preferential status because it’s classified as a veteran and Hispanic-owned small disadvantaged business.
Though Trump’s administration has fought to ban diversity, equity and inclusion programs, federal contracting rules include set-asides for small businesses owned by women or minorities. For a firm to compete for such contracts, at least 51% of it must be owned by people belonging to a federally designated disadvantaged racial or ethnic group.
One of the losing bidders, Texas-based Gemini Tech Services, filed a protest challenging the award and the Army’s rushed construction timeline with the U.S. Government Accountability Office, Congress’ independent oversight arm that resolves such disputes.
Gemini alleges Acquisition Logistics lacks the experience, staffing and resources to perform the work, according to a person familiar with the complaint who wasn’t authorized to discuss the matter and spoke on the condition of anonymity. Acquisition Logistics’ past jobs include repairing small boats for the Air Force, providing information technology support to the Defense Department and building temporary offices to aid with immigration enforcement, federal records show.
Gemini and its lawyer didn’t respond to messages seeking comment.
A ruling by the GAO on whether to sustain, dismiss or require corrective action is not expected before November. A legal appeal is also pending with a U.S. federal court in Washington.
Schnell, the contracting lawyer, said Acquisitions Logistics may be working with a larger company. Geo Group Inc. and CoreCivic Corp., the nation’s biggest for-profit prison operators, have expressed interest in contracting with the Pentagon to house migrants.
In an earnings call this month, Geo Group CEO George Zoley said his company had teamed up with an established Pentagon contractor. Zoley didn’t name the company, and Geo Group didn’t respond to repeated requests asking with whom it had partnered.
Las manos de un anciano. (Foto: EFE/Yahya Nemah/Archivo)
Un equipo de investigadores ha descubierto que una hormona que está en el cuerpo humano de forma natural ayuda a proteger a las neuronas del daño que causa el párkinson.
Estos especialistas, del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) y la Universidad malagueña, en la región española de Andalucía, han identificado que la hormona IGF-II muestra un potente efecto protector en las células nerviosas dañadas por la enfermedad.
El hallazgo, publicado en la revista científica Journal of Advanced Research, abre una nueva vía para desarrollar posibles tratamientos que no solo alivien los síntomas, sino que también frenen el avance del párkinson, según ha informado este jueves las autoridades regionales de Andalucía.
En el laboratorio han constatado que la hormona, similar a la insulina que fabrica el cuerpo humano, actúa como escudo para las neuronas y han visto que cuando las células nerviosas se exponen a ella resisten mucho mejor el daño que normalmente las destruiría en el párkinson.
En concreto, mejora mejora el funcionamiento de las mitocondrias, que son como las “pilas” de las células; defiende el ADN porque activa mecanismos de reparación del material genético, lo que ayuda a evitar fallos graves que pueden hacer que la célula muera; y frena los procesos que llevan a la autodestrucción de las neuronas cuando están dañadas.
El equipo de investigación lleva desde 2007 estudiando cómo puede usarse el IGF-II para combatir enfermedades neurodegenerativas. En 2021 demostraron en animales que esta hormona podía proteger el cerebro.
El estudio ha contado con la colaboración de investigadores de la Universidad de Módena y Reggio Emilia, en Italia, y ha sido financiado por la Universidad de Málaga, el Ministerio español de Ciencia y fondos europeos.
