Pittsburgh Post-Gazette. – La financiación de las denominadas universidades “relacionadas con el estado” de Pensilvania —la Universidad de Pittsburgh, Penn State, la Universidad de Temple y la históricamente Black Lincoln University— se ha convertido en una batalla política anual en Harrisburg. La incertidumbre resultante sobre la financiación perjudica a los estudiantes actuales y futuros de estas instituciones, que no saben cuánto tendrán que pagar, así como al profesorado y al personal, que no sabrán cuánto se les pagará. No se merecen que los tonteen todos los veranos mientras los políticos juegan.

Este debería ser el último año que el estado utilice este proceso para apoyar a estas cuatro universidades. El grupo de trabajo de educación superior del gobernador Josh Shapiro debe idear una nueva solución que brinde un flujo de financiamiento más permanente al mismo tiempo que preserva las exenciones de matrícula estatal y garantiza la responsabilidad.

Balanceando el bote

El sistema relacionado con el estado había sido relativamente estable hasta los últimos años, cuando los programas de investigación de tejidos fetales de la Universidad de Pittsburgh llamaron la atención de los legisladores republicanos. En una disputa mucho más insignificante, algunos políticos republicanos se volvieron en contra de Pitt porque el excanciller Mark Nordenberg presidía la Comisión de Reasignación Legislativa y sentían que favorecía a los demócratas.

Sin embargo, la fanfarronería planteó un punto importante: si las universidades relacionadas con el estado obtienen financiamiento de la legislatura, la legislatura preguntará qué están financiando. En una era de creciente polarización ideológica, eso significa que las universidades tienen que luchar en público y en privado por su dinero (y su reputación) cada verano.

Las objeciones republicanas de este año a la financiación relacionada con el estado también son menos transparentemente ideológicas: quieren un congelamiento de la matrícula a cambio de un aumento de la financiación del 7% y una mayor transparencia en la forma de que las cuatro universidades estén totalmente sujetas al Derecho a saber del estado. Ley y mayores requisitos de información financiera. Los requisitos de transparencia, en particular, son razonables: anteriormente hemos argumentado que Pitt, por ejemplo, debería ser más comunicativo sobre el contrato de su nuevo canciller.

Pero forzar el asunto con un arma de $600 millones en las cabezas de las universidades no es apropiado. Desafortunadamente, la legislatura puede hacer eso bajo el sistema actual.

Un sistema idiosincrático

Las cuatro universidades relacionadas con el estado juntas forman el Sistema de Educación Superior de la Commonwealth. No hay otro arreglo como este en el país.

Cada año, la Asamblea General aprueba proyectos de ley de asignaciones individuales para cada universidad, y debe hacerlo con una mayoría calificada de dos tercios. A cambio de esta financiación, que asciende a menos del 10 % de los presupuestos anuales de las escuelas, las universidades ofrecen matrícula estatal con descuento y puestos en sus juntas: en Pitt, eso es una reducción de $16 000 en la matrícula, mientras que la legislatura nombra a 12 de los 36 miembros votantes de la junta.

La ley estatal requiere que cada escuela se presente ante los Comités de Asignaciones del Senado y la Cámara al menos tres veces al año. Pero además de estas visitas oficiales, las escuelas también tienen que presionar a Harrisburg, lo que significa que tienen que pagar por las relaciones gubernamentales para obtener su financiación. Es un uso necesario pero pobre del dinero.

También deja a los estudiantes y al personal en un limbo anual. Durante el estancamiento presupuestario de 2015-2016, que se prolongó hasta el nuevo año, Pitt fijó las tasas de matrícula pero no la cantidad reservada para los salarios, lo que dificultó la planificación anticipada de las unidades académicas y administrativas. Durante el estancamiento de 2009, la universidad se reservó el derecho de facturar un recargo de matrícula, lo que afortunadamente no hizo.

Una solución a largo plazo

El gobernador Josh Shapiro, al comienzo de su mandato, convocó a un grupo de trabajo de líderes de la educación superior de todo el Estado Libre Asociado para estudiar cómo mejorar el sistema en su totalidad, incluido tanto el Sistema Estatal de Educación Superior de propiedad estatal, que incluye PennWest, Indiana y Slippery Rock en la región de Pittsburgh, y el Sistema de la Commonwealth relacionado con el estado. Este fue un paso importante en la dirección correcta en un estado con uno de los niveles más bajos de apoyo público a la educación superior.

Para las universidades relacionadas con el estado, la primera prioridad debe ser un esquema de financiamiento objetivo y consistente, basado en datos en lugar de cabildeo y los caprichos de la legislatura. Esas métricas deberían enfatizar, como lo hacen en muchos otros estados, la retención de estudiantes y la finalización de los títulos, no solo números brutos de estudiantes. También deben privilegiar el éxito de los estudiantes del estado con las Becas Pell, para mejorar la diversidad socioeconómica y la igualdad de oportunidades. Y esa financiación debe garantizarse año tras año, no estar sujeta a negociaciones anuales.

Un nuevo sistema también debe incluir el pleno cumplimiento de la Ley de Derecho a Saber del estado. Si las universidades quieren el beneficio de una financiación estatal significativa y la reputación que conlleva ser una institución casi pública, deben cumplir con las reglas de transparencia del estado.

El proceso presupuestario de este año se ha descarrilado, al menos por ahora, y este debería ser el último año en el que las universidades relacionadas con el estado se dejen llevar por el camino. El Sr. Shapiro y la legislatura pueden recuperar algo de confianza, entre ellos y la gente, mediante la creación de un sistema nuevo y más permanente no solo para mantener, sino también para mejorar la educación superior en Pensilvania.