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Partido opositor mexicano corteja a los inmigrantes en EE. UU. con miras a 2024

(Foto: EFE/Alex Cruz/Archivo)

Houston (TX).– Uno de los principales partidos de la oposición mexicana busca crear comités civiles en Estados Unidos con la intención de cortejar a los inmigrantes con miras a los comicios presidenciales de 2024, dijo a EFE Juan Hernández, titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional del Estado de Guanajuato (México).

“Hay un deseo enorme de integrar a los mexicanos para que participen porque su voto pudiera influenciar o hasta decidir los resultados en lo que algunos analistas consideran será una contienda muy cerrada”, sostuvo Hernández, coordinador de la Oficina Presidencial para Mexicanos en el Exterior durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006).

Hernández participó a principios de febrero en Dallas (Texas) en la inauguración del “Comité Azul de Acción Migrante”, iniciativa del conservador Partido de Acción Nacional (PAN) que se propone afiliar a los mexicanos de esa región a la agrupación política de manera directa, usando únicamente una credencial de elector expedida en el extranjero.

El acto estuvo encabezado por Marko Cortés, presidente del PAN, y contó con la presencia de Ricardo Anaya, excandidato presidencial, y Raúl Torres Guerrero, primer diputado migrante de la Ciudad de México, entre otros dirigentes partidistas.

De acuerdo con Hernández, los líderes del PAN visitarán cada mes diferentes ciudades y regiones de EE.UU. para informar de su plan de gobierno, ganar simpatías y aumentar el registro de votantes en el extranjero.

“Hay un derecho al voto que todos los mexicanos deben ejercer y que está garantizado por la Constitución Política y la Ley General de Procedimientos Electorales de México”, enfatizó.

EMPATÍA ELECTORAL

Jerónimo Cortina, profesor asociado en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Houston, no está convencido de la presunta empatía electoral de los mexicanos radicados en ciertas ciudades de Texas y el resto del país ni de su entusiasmo por participar en el proceso electoral de 2024.

“Mucha gente simplemente ya se fue y ya no quiere saber nada de México, ya sea por un descontento con la situación política o la situación económica. Y una vez que están acá, se desconectan porque aquí surge otra serie de problemas y lo que suceda en su país les importa muy poco”, dijo Cortina a EFE.

Sobre si el voto en el extranjero pudiera mover la balanza en las elecciones mexicanas, el académico considera que la única posibilidad serían unos comicios “extremadamente cerrados”.

“Pero hay un detalle: ese voto tendría que ser unificado. Es decir, que votaran por un solo candidato y que no hubiera diferencias ideológicas o partidistas, y para que se den esas dos condiciones es prácticamente imposible”, observó.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral de México (INE), en la última elección presidencial, que dio el triunfo al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador en 2018, participaron sólo 54,14 % de los 181.873 ciudadanos inscritos para votar desde el extranjero.

Ariel Ruiz Soto, analista de políticas públicas del Instituto de Políticas Migratorias, con sede en Washington D.C., sostiene que impulsar la participación electoral de los mexicanos en el exterior es posible, considerando cada uno de los procesos federales a partir de 2005, desde que se permitió el voto de quienes viven fuera del país.

“En 2012 votaron cerca de 40.000 y en 2018 cerca de 100.000, lo que equivale a que el crecimiento fue de más del doble de una elección presidencial a la siguiente. Y si seguimos esa tendencia es posible que veamos el mismo fenómeno para los comicios de 2024”, subrayó.

LAS REMESAS EN LA ECONOMÍA MEXICANA

La meta más próxima del PAN es abrir más comités en las ciudades con las mayores poblaciones de inmigrantes mexicanos como Chicago, Los Ángeles y Nueva York, según consta en una nota de prensa emitida por ese partido.

Para acentuar la participación electoral de los mexicanos en el exterior propone como argumento seductor la importancia del envío de remesas del extranjero a México, que el año pasado alcanzaron un récord histórico (58.497 millones de dólares, según el Banco de México), convirtiéndose en la segunda fuente de ingreso de divisas sólo por debajo de la comercialización de vehículos.

Ruiz Soto cree que el enfoque de recordarle al inmigrante mexicano “que envía cientos de dólares a sus seres queridos cada semana, cada mes, y que su voto cuenta e importa como cualquier otro, es muy válido” y convincente.

El ejercicio del voto desde el extranjero en las elecciones presidenciales se podría realizar bajo tres modalidades, según el INE: a través del correo postal, de la entrega personal de la boleta en embajadas y consulados, y por vía electrónica.

Striking Temple grad students overwhelmingly reject new pact

Philadelphia. — Striking Temple University graduate student teaching and research assistants have overwhelmingly rejected a proposed new contract that would have brought their three-week-long walkout to an end.

The Temple University Graduate Students Association said Tuesday night that members had voted 352 to 30 to reject the pact. “The strike continues,” the organization said on its Facebook page.

Laurie Robins, a member of the negotiating committee, told The Philadelphia Inquirer the vote shows the proposed contract is «insufficient to meet the needs of our members» and should tell university officials «that they need to offer a truly fair contract.”

Ken Kaiser, Temple’s senior vice president and chief operating officer, said officials are «incredibly disappointed.” Kaiser, who has been with the university for more than three decades, said it was the first time he could recall that a tentative agreement with the union has not been ratified.

“We’re committed to getting back to the table and hopefully closing any of the gaps and keeping the lines of communication open,» he said. The union also said it was willing to resume talks as soon as Wednesday, the newspaper reported.

The association, which represents about 750 members, began the first strike in its two-decade-long history on Jan. 31 after more than a year of negotiations and no agreement. The students teach core undergraduate courses and assist professors with research.

The university has said about 20% of graduate student teaching and research assistants have not continued to work, but the union said at least twice that many were on strike. Many classes were moved online to accommodate new instructors’ schedules and following reports of intimidation of students and instructors, the university said.

Temple has withdrawn free tuition from the strikers, giving them a month to pay in full or face a late fee and a financial hold that would bar them from registering for more classes. Union leaders have said the university has also been deactivating striking students’ health care accounts.

Temple said last week the proposed agreement included wage increases in each of the contract’s four years, as well as a one-time payment, effective this month. The announcement on the university’s website said graduate students would retain free health insurance for themselves but didn’t mention insurance for dependents, which the union has sought.

The union was seeking to raise average pay from $19,500 a year to more than $32,000, while the university is offering 3% raises that would result in average pay of about $22,000 over the four-year contract. The strikers also wanted health care coverage for dependents and longer paid parental leave and bereavement leave.

Los estudiantes graduados de Temple en huelga rechazan abrumadoramente el nuevo pacto

(Foto: AP/Seth Wenig/Archivo)

FILADELFIA— Los asistentes de enseñanza e investigación de los estudiantes graduados de Striking Temple University rechazaron abrumadoramente un nuevo contrato propuesto que habría puesto fin a su huelga de tres semanas.

La Asociación de Estudiantes de Posgrado de la Universidad de Temple dijo el martes por la noche que los miembros votaron 352 a 30 para rechazar el pacto. “La huelga continúa”, dijo la organización en su página de Facebook.

Laurie Robins, miembro del comité de negociación, le dijo a The Philadelphia Inquirer que la votación muestra que el contrato propuesto es «insuficiente para satisfacer las necesidades de nuestros miembros» y debería decirles a los funcionarios universitarios «que deben ofrecer un contrato verdaderamente justo».

Ken Kaiser, vicepresidente senior y director de operaciones de Temple, dijo que los funcionarios están «increíblemente decepcionados». Kaiser, que ha estado en la universidad durante más de tres décadas, dijo que era la primera vez que recordaba que no se ha ratificado un acuerdo tentativo con el sindicato.

“Estamos comprometidos a volver a la mesa y, con suerte, cerrar cualquiera de las brechas y mantener abiertas las líneas de comunicación”, dijo. El sindicato también dijo que estaba dispuesto a reanudar las conversaciones tan pronto como el miércoles, informó el periódico.

La asociación, que representa a unos 750 miembros, inició la primera huelga en sus dos décadas de historia el 31 de enero, después de más de un año de negociaciones y ningún acuerdo. Los estudiantes enseñan cursos básicos de pregrado y ayudan a los profesores con la investigación.

La universidad ha dicho que alrededor del 20% de los asistentes de enseñanza e investigación de estudiantes graduados no han seguido trabajando, pero el sindicato dijo que al menos el doble de esa cantidad estaba en huelga. Muchas clases se trasladaron en línea para acomodar los horarios de los nuevos instructores y luego de los informes de intimidación de estudiantes e instructores, dijo la universidad.

Temple ha retirado la matrícula gratuita de los huelguistas, dándoles un mes para pagar en su totalidad o enfrentar una multa por pago atrasado y una retención financiera que les impediría inscribirse en más clases. Los líderes sindicales han dicho que la universidad también ha estado desactivando las cuentas de atención médica de los estudiantes en huelga.

Temple dijo la semana pasada que el acuerdo propuesto incluía aumentos salariales en cada uno de los cuatro años del contrato, así como un pago único, a partir de este mes. El anuncio en el sitio web de la universidad decía que los estudiantes de posgrado mantendrían un seguro de salud gratuito para ellos, pero no mencionó el seguro para los dependientes, que el sindicato ha buscado.

El sindicato buscaba aumentar el salario promedio de $19,500 al año a más de $32,000, mientras que la universidad ofrece aumentos del 3% que darían como resultado un salario promedio de alrededor de $22,000 durante el contrato de cuatro años. Los huelguistas también querían cobertura de atención médica para los dependientes y una licencia parental pagada más larga y una licencia por duelo.

Hay 305 candidatos al Premio Nobel de la Paz

La medalla del Premio Nobel de la Paz. Foto tomada en Nueva York el 8 de diciembre de 2020. (Foto: AP/Angela Weiss)

Copenhague, Dinamarca. — El Comité de los Premios Nobel dijo el miércoles que recibió 305 candidaturas al Premio Nobel de la Paz antes del plazo del 1 de febrero, el número más bajo en cuatro años. Los nombres de los 212 individuos y 93 organizaciones no fueron difundidos en cumplimiento con las normas del comité.

La organización basada en Oslo dijo que hubo un descenso con respecto a los 343 candidatos del año pasado y que es el número más bajo de postulados desde 2019. En los últimos ocho años, el número de candidatos ha superado los 300 cada año y el récord fue en 2016 con 376.

“Quién nomina y quién ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz permanece en secreto por 50 años”, declaró en un comunicado el comité basado en Oslo, notorio por su hermetismo.

Una gran cantidad de personas pueden presentar candidaturas: jefes de Estado o políticos de funciones nacionales, profesores universitarios, directores de institutos de política exterior, ganadores de años anteriores y miembros del comité.

Sin embargo, quienes presentan una candidatura pueden optar por hacerla pública, lo que crea publicidad tanto para el postulado como para el postulante. La legisladora noruega Lan Marie Nguyen Berg del Partido Verde nominó a dos activistas climáticas, Greta Thunberg de Suecia y Vanessa Nakate de Uganda, por “la enorme movilización” en sus continentes.

Thunberg ha sido nominada cuatro veces, incluyendo el año pasado cuando recibieron el premio activistas de derechos humanos en Ucrania, Bielorrusia y Rusia, en un fuerte reproche al presidente ruso Vladimir Putin, cuya invasión a Ucrania puso fin a décadas de paz ininterrumpida en Europa, y al presidente bielorruso, quien gobierna de manera autoritaria y se ha perfilado como aliado de Putin.

El 1 de febrero, el director del Instituto de Investigaciones de Paz en Oslo, Henrik Urdal, anunció que nominó activistas para el premio de 2023. Entre ellos están Narges Mohammadi, una activista de derechos humanos iraní y Mahbouba Seraj, una activista por los derechos de las mujeres en Afganistán; el representante de Myanmar a la ONU Kyaw Moe Tun y la Corte Internacional de Justicia, entre otros.

Urdal notó que 2023 es el 75to aniversario de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, y que su lista “refleja un enfoque valioso y oportuno en defensores y activistas por los derechos humanos”.

El Premio Nobel de la Paz se entrega en Oslo, la capital de Noruega, mientras que otros galardones son otorgados en Estocolmo, la capital de Suecia, en cumplimiento con los deseos del fundador del honor, Alfred Nobel.

Editorial Roundup: Pennsylvania

LNP/LancasterOnline. February 19, 2023

Editorial: In Elaina Smith’s memory, we offer a plea for justice for victims of sexual and domestic violence.

In August 2021, Jason Shackelford pleaded guilty under a negotiated plea agreement to indecent assault, terroristic threats and a firearms violation for crimes he committed in December 2019 and January 2020.

His victim in these crimes was the mother of at least two of his children.

Judge Howard F. Knisely, now retired, sentenced Shackelford to a total of five years of probation and ordered him to register as a sex offender under Pennsylvania’s Megan’s Law.

Why such a seemingly light sentence for such serious crimes?

The woman told police she had been sexually assaulted repeatedly by Shackelford. She had been punched and choked in an assault that resulted in her needing stitches. According to court records, Shackelford violated a protection from abuse order and threatened the woman with a handgun he could not legally possess because of an earlier felony conviction (for robbery).

These crimes were whittled down by the plea agreement to misdemeanors. In addition to being sentenced to probation, Shackelford was listed as a Tier 1 offender on the Megan’s Law registry.

Tier 1 offenders are generally deemed to be low-risk — unlikely to commit another sexual offense.

If only that had proven to be true.

Earlier this month, police said Shackelford confessed to raping and strangling to death 12-year-old Elaina Smith, the daughter of the victim of his previous offenses.

Elaina’s father, Dwayne Smith, described his daughter in a video as “the most perfect girl I could ever ask for” — a loving and bright girl who already knew she wanted to go to Millersville University and eventually become a veterinarian.

She was described by her aunt, Sheriece Smith, as a “beautiful, caring, intelligent” child who “made everyone better for knowing and loving her.”

Now, this child — who was clearly so full of love, light and promise — has been lost forever to everyone who loved her. The loss is gutting and unfathomable.

Elaina’s former step-grandfather David Rowley described her as “a bundle of joy.” He planned to attend her funeral but would stay away from any trial of Shackelford.

“I’ll get thrown out,” Rowley told LNP ‘ LancasterOnline. “I’m gonna yell at the judge, ‘Why did your system let this registered sex offender out on our streets? You are not protecting our people!’ ”

Taking one’s anger out on a judge isn’t the answer. But we understand that anger.

Shackelford’s Tier 1 registration on the state’s sex offender registry was a minor consequence. Pennsylvania law does not even prohibit a parent from leaving a child unsupervised with a Tier 1 offender.

Judge Knisely had directed that Shackelford be assessed by the state Sexual Offenders Assessment Board to determine whether he met the legal definition of sexually violent predator. The board clearly decided he did not.

Rowley told LNP ‘ LancasterOnline that Shackelford had come across as “very polite, friendly. … I had no idea the monster that he was. … And that’s the scary thing about these kinds of people. They know how to fit into our society.”

That’s the thing about sex offenders and domestic abusers. They don’t present as monsters — it would be easier if they did. “These kinds of people” are all kinds of people (though overwhelmingly male). Which is why they need to be judged by their actual conduct and sentenced accordingly.

Linda Crockett is the director of Safe Communities, a nonprofit working to end child sexual abuse. She was appalled by the sentence given to Shackelford after his 2021 plea agreement.

“I think it serves as an example of how our criminal justice system fails victims of sexual and domestic violence,” Crockett noted in an email. “Attempted strangulation or choking are high-risk indicators that an abusive partner may become lethal, and sexual assault is a violent crime. The sentence he received was no deterrent to future violent behavior.”

She is right.

Unfortunately, as the Rape, Abuse & Incest National Network reports, the vast majority of sexual assault perpetrators do not go to prison. Out of every 1,000 sexual assaults, only 310 are reported to police and only 50 reports result in arrests. Only 28 result in felony convictions.

Negotiating a plea agreement may be seen as a way of protecting a victim from reliving trauma during a trial. But is justice really served by such agreements, when research shows that offenders who accept plea deals are likely to get lighter sentences?

In an excerpt published in Ms. magazine of her book “Punishment Without Trial: Why Plea Bargaining is a Bad Deal,” author Carissa Byrne Hessick noted that “favorable plea deals that sidestep terrible facts — especially when it comes to crimes involving sexual abuse — are the rule, not the exception, in the criminal justice system.”

Hessick is a professor at the University of North Carolina School of Law. In her research, Hessick found that cases involving sex crimes “had been pleaded down to far less serious charges, oftentimes having nothing to do with sex.”

In Shackelford’s case, sexual assault (a felony) was amended to indecent assault. Strangulation (a felony) was amended to terroristic threats. Aggravated assault (a felony) was amended to simple assault. The felony gun possession charge was amended to a misdemeanor version. And several other serious charges were dropped.

As Crockett pointed out, sexual assault is a violent crime. The victim and offender knowing each other, even intimately, doesn’t change that reality. It ought to result in hefty consequences.

We implore Lancaster County President Judge David Ashworth and District Attorney Heather Adams to consider how justice is served in sexual assault and domestic violence cases here. We understand that these cases can be complicated, especially when victims are reluctant to cooperate. But perhaps that reluctance may wane if victims feel confident that their cases will be handled with the sensitivity and gravity they deserve.

Elaina Smith was the alleged victim of a man whose punishment in 2021 did not fit his crimes. He’s facing far more serious charges now, but it’s too late to save Elaina.

24-hour sexual assault hotline: 717-392-7273

Report suspected child abuse to ChildLine: 1-800-932-0313


Pittsburgh Post-Gazette. February 20, 2023

Editorial: Shapiro’s bold call on death penalty right on point.

Gov. Josh Shapiro Thursday boldly called on legislators to abolish Pennsylvania’s costly, ineffective and immoral death penalty. In urging legislators to act, an unprecedented move, Mr. Shapiro showed some sorely needed leadership from the governor’s office.

Unless Mr. Shapiro engages the legislature, the death-penalty statute will endure. He needs to take the lead in persuading the Democrat-controlled House and Republican-controlled Senate to approve bills that would repeal it. Former Gov. Tom Wolf refused to do that.

In making his statement a month after his inauguration, Mr. Shapiro signaled that getting state government out of the business of killing people will be a priority. He appears willing to spend some political capital on a fundamentally moral issue. That’s encouraging, but to succeed, Mr. Shapiro will have to lobby legislators and address the issue in public, perhaps the biggest test yet of his political skills and acumen.

Mr. Shapiro has a model to guide him: Former Gov. Ralph Northam led the fight to abolish the death penalty in Virginia. In 2021, it became the first Southern state, and the 23rd in the nation, to abolish the death penalty.

Opposing the death penalty still carries some political risks, but they’re not overwhelming. Since 2009, seven states have abolished the death penalty.

In remarks at Mosaic Community Church in Philadelphia, Mr. Shapiro, a former death-penalty supporter, said abolishing it was morally right. He cited the possibility of irrevocable mistakes. Since 1973, at least 185 prisoners on death row, including 10 from Pennsylvania, have been exonerated.

Pennsylvania’s death row, with about 100 prisoners, is one of the nation’s largest. More than half of the prisoners are Black, in a state in which African Americans make up only 12% of the population.

Other than exacting revenge, a notion with no place in a modern criminal justice system, there are no rational arguments for the death penalty.

No evidence shows it deters crime, and the death penalty is extremely costly. Even with the moratorium on executions, prosecutors continue to try to convict people under the statute.

Most capital convictions are overturned on appeal for mandatory life sentences. Since 1976, Pennsylvania has sentenced more than 400 prisoners to death, resulting in only three executions.

Securing death penalty convictions and defending them on appeal have cost the state about $1 billion since 1976, reported former Pennsylvania Auditor General Eugene DePasquale. For even the most ardent death-penalty supporter, spending $1 billion for three executions is, to put it crudely, a poor return-on-investment.

Pennsylvania has not executed a prisoner since 1999. As a death-penalty state, however, it retains a shameful moral stain.

The moratorium on executions that started in 2015 will continue under Mr. Shapiro, who will sign no execution warrants.

For Mr. Shapiro, the work has only begun. Still, he should be applauded for taking a small but significant step toward removing this barbaric practice permanently from Pennsylvania.


Scranton Times-Tribune. February 20, 2023

Editorial: Regulate ‘skill’ games; fix lobby law

Under the 2004 state law that authorized casino gambling, almost everything about the gambling enterprise is supposed to be subject to public disclosure. Now, it’s obvious Pennsylvania’s grossly inadequate lobbying disclosure law works against that mandated transparency.

The news organization Spotlight PA has reported that, weeks after a state Gaming Commission member and counsel met privately with two lobbyists for the Parx Casino, the board changed its position on a matter crucial to the casino industry.

Before the meeting, the board had been neutral on allowing unregulated, untaxed electronic “skill games” in bars, gas stations, convenience stores and so on. A few weeks after the meeting, the commission joined the casino industry in contending that the skill games are not allowed by state law.

That is the position that the commission should have taken without prodding from lobbyists, before as many as 70,000 of the machines (all of the state’s casinos have a combined 22,000 slot machines) went online across the state. Given that the state government’s primary interest in legal gambling is collecting its share of the vigorish — $2.12 billion of the $5.21 billion that gamblers lost to casinos during the fiscal year that ended June 30 — it’s bizarre that the commission would give a pass to any form of gambling.

Lack of regulation not only precludes tax revenue from “skill game” devices, but fails to protect consumers. Casinos, for example, are required to ensure that slot machines return 85% of the money bet as “payouts.” And casinos must enforce age restrictions and more to comply with their licenses.

Ideally, ongoing litigation will find that the devices are indeed illegal.

But in any case, the Legislature should recognize the need to improve lobbying disclosure. Current law requires only broad disclosures about money spent, and does not require lobbyists to identify the legislators or executive branch officials with whom they meet, or to identify the specific subjects under discussion.

Lawmakers should require more specific disclosures so Pennsylvanians won’t have to guess about the provenance of policy decisions.


Wilkes-Barre Citizens’ Voice. February 18, 2023

Editorial: Use charter reform for fair funding.

Given that the state House has not met in six weeks and has not even adopted rules for the new session, lawmakers are very far from tackling the fair school funding required by the state constitution, as recently determined by the Commonwealth Court decision.

Beyond that, the Legislature has a lousy track record of complying with court orders regarding the state government’s constitutional compliance. In 1996, for example, the state Supreme Court found that the state government was responsible for funding the constitutionally mandated Unified Court System; 27 years later, counties still primarily fund the courts.

So advocates of fairly distributed state funding for education, who were buoyed by the Commonwealth Court decision, should temper their enthusiasm.

But when the House reconvenes Tuesday, it will have an opportunity to get a start on fairer school funding by attending to another aspect of public education finance that long has been in need of reform.

The state government does not directly fund public charter schools. Rather, each district pays tuition to charters for each child within its borders who attends a charter, online or in person. The tuition is based on the district’s own cost-per-student, rather than the charter’s actual costs. The result is a bonanza for many charter schools, which typically have costs far lower than the tuition payments, enabling them to pay for advertising and to maintain massive reserves.

Sen. Judy Schwank, a Berks County Democrat, plans to reintroduce a bill that would allow public school districts not to pay tuition to online charter schools if they offer comparable online courses of their own.

That approach makes sense, especially since student performance at online charter schools is no better than that of their conventional public school peers. And it would provide millions more dollars for public school districts without raising taxes, particularly for hard-pressed urban districts where costs-per-student, thus charter tuition payments, are highest.

But even if that initiative fails, reforming charter funding to pay those schools based on their actual costs still would be a major step to help struggling districts inch closer to adequate funding.

END

Seattle, primera ciudad de EE. UU. en prohibir la discriminación por casta

ARCHIVO/EFE/Jaipal Singh

La ciudad estadounidense de Seattle (Washington) se convirtió este martes en la primera del país en incluir la casta -un sistema de jerarquía social presente en países del sur de Asia, y especialmente en la India- en sus leyes contra la discriminación.

Con la ordenanza municipal, aprobada por seis votos a favor frente a uno en contra, la discriminación por motivos de casta es ahora ilegal, de manera específica, en la ciudad.

La iniciativa fue introducida por Kshama Sawant, miembro socialista del Ayuntamiento de Seattle y la única persona de raíces indias del consistorio.

Sawant explicó que proponía la medida para poner fin a un tipo de discriminación «invisible y desatendida», recoge el medio estadounidense The Hill.

Sin embargo, algunos grupos, como la Coalición de Hindúes de Norteamérica (CoHNA) o la Fundación Hindú Estadounidense (HAF) se han opuesto a la norma por poner el foco en una comunidad que ya de por sí suele sufrir discriminación en el país.

El sistema de castas de la India se abolió de manera oficial en la Constitución de 1950, pero la realidad es que muchos, y especialmente los de la casta de los «intocables» o dalits, suelen sufrir un trato vejatorio por parte de los miembros de las castas superiores.

Las «startups» latinoamericanas captaron 8.100 millones de dólares en 2022

ARCHIVO/EFE/EPA/LUONG THAI LINH

Ciudad de México.- Las empresas emergentes o «startups» en Latinoamérica, lideradas por Brasil y México, captaron 8.100 millones de dólares en capital de riesgo durante 2022, impulsada por un mayor apoyo a proyectos en fases tempranas de desarrollo, reveló un informe de Endeavor y Gisco Partners.

De acuerdo con el documento “Insights: Ecosistema de Venture Capital y Growth Equity en Latinoamérica 2022” esta cifra se ubica 47 % por debajo de 2021, debido a que fue un año “atípico” y 2022 es el “año extraño de la década”.

“A pesar de ser un año tan difícil para los emprendedores, tuvimos la segunda cifra récord de la última década y a pesar de la disminución de 47 %, si la ponemos en contexto a nivel mundial fue de 42 %, entonces estamos siguiendo esa tendencia y Latinoamérica no es la excepción”, expresó Enrico Robles del Río, director del equipo de Intelligence de Endeavor.

vista , director general en Endeavor México, dijo que la reducción en cuanto a capital de inversión es menor debido a una mentalidad de “mucha cautela” por parte de los fondos de financiamiento para nuevos emprendimientos, en medio de un panorama complicado de altas tasas de interés y previsiones de una recesión global.

Señaló que las compañías emergentes deberán de ser más humildes, retornar a una sensación de escasez de capital de riesgo y tener una mejor aplicación al uso del dinero, priorizando al cliente y los recursos y productos que hacen a las empresas eficientes.

MÉXICO Y BRASIL LIDERAN INVERSIONES

El estudio de Endeavor y Gisco Partnerts también dio a conocer que México (1.980 millones de dólares) y Brasil (4.100 millones de dólares) mantienen el 75 % del capital total desplegado en la región latinoamericana, pese a la contracción que se vio entre 2021 y 2022.

Robles del Río destacó que, de incluirse a Colombia (1.200 millones de dólares), las tres naciones recibieron el 90 % del capital de riesgo total destinado a “startups” en Latinoamérica durante el último año (8.100 millones de dólares).

Otros de los países fueron Chile (512 millones de dólares) y Argentina (316 millones de dólares), aunque su influencia en la región fue menor.

CAMBIO DE ENFOQUE EN LA INVERSIÓN

En 2021, un factor que impulsó el apetito por el riesgo del mercado de capitales fue la preferencia de los inversores en apoyar emprendimientos latinoamericanos en una etapa temprana de desarrollo.

De acuerdo con el estudio de Endeavor, en 2022, el 41 % del capital destinado a empresas emergentes se destinó a compañías en su primera fase de desarrollo, lo cual significó un alza de 9 % contra 2021.

El impulso de 2022 benefició principalmente a “startups” enfocadas en “cleantech” (tecnologías por fuentes limpias); “gaming” (el mercado de los videojuegos); y “legaltech”, aquellas dedicadas principalmente a facilitar y optimizar los procesos de pequeñas y medianas compañías.

Exsecretario de seguridad mexicano, podría tener cadena perpetua

Una manifestante sostiene un letrero afuera de un tribunal federal de Nueva York, el martes 21 de febrero de 2023, momentos antes de que el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fuera declarado culpable de aceptar sobornos para proteger a los violentos cárteles del narcotráfico a los que debía combatir. (AP Foto/John Minchillo)

NUEVA YORK (AP) — El exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna fue declarado culpable el martes en Estados Unidos de aceptar sobornos para proteger a los violentos cárteles del narcotráfico a los que debía combatir.

Bajo estrictas medidas de seguridad, un jurado anónimo de una corte federal de Nueva York deliberó durante tres días antes de llegar a un veredicto.

Se trata del funcionario o exfuncionario mexicano de más alto rango jamás juzgado en Estados Unidos.

«García Luna, que alguna vez estuvo en lo más alto de la seguridad en México, vivirá ahora el resto de sus días habiendo sido desenmascarado como un traidor a su país y a los honrados miembros de las fuerzas de seguridad que arriesgaron sus vidas para desmantelar los cárteles de la droga”, declaró en un comunicado el fiscal federal de Brooklyn, Breon Peace.

García Luna, que refutó las acusaciones, dirigió la policía federal de México y luego fue el máximo responsable de seguridad pública del país de 2006 a 2012. Sus abogados dijeron que las acusaciones se basaban en mentiras de delincuentes que querían vengarse por su lucha contra el narcotráfico y rebajar sus propias sentencias ayudando a los fiscales.

El exfuncionario mexicano no mostró ninguna reacción al momento de escuchar el veredicto. Su abogado, César de Castro, dijo que la defensa planeaba apelar el veredicto y aseveró que el caso carecía de “pruebas creíbles y fiables”.

“El gobierno se tuvo que conformar con un caso sustentado en algunos de los delincuentes más notorios y despiadados que han testificado en este tribunal”, señaló De Castro afuera de la corte.

García Luna, de 54 años de edad, fue declarado culpable de cargos que incluyen participar en una empresa criminal continua. Podría ser condenado a entre 20 años de cárcel y cadena perpetua. La audiencia de sentencia está prevista para el 27 de junio.

Es este dibujo del tribunal de Nueva York, el viernes 17 de febrero de 2023, Genaro García Luna (derecha) y su abogada Valerie Gotlieb (izquierda) durante el juicio al exsecretario de Seguridad Pública de México. (AP Foto/Elizabeth Williams)

El caso tuvo ramificaciones políticas en ambos lados de la frontera.

El actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha arremetido durante todo el juicio contra el gobierno del expresidente Felipe Calderón por, como mínimo, poner a García Luna al frente de la seguridad de México. El portavoz de López Obrador, Jesús Ramírez, tuiteó tras el veredicto que “la justicia ha llegado para quien fuera escudero» de Calderón y que “los crímenes en contra de nuestro pueblo no serán olvidados nunca”.

El trabajo de García Luna lo llevó a conocer a políticos estadounidenses de alto rango, entre otros funcionarios, que lo consideraban un socio clave en la lucha contra el narcotráfico mientras Washington se embarcaba en una iniciativa de 1.600 millones de dólares para reforzar a las fuerzas de seguridad mexicanas y frenar el flujo de drogas.

Dichos funcionarios estadounidenses no fueron acusados de delito alguno, y, aunque las sospechas se cernían desde hace tiempo sobre García Luna, el juicio no profundizó en el grado de conocimiento que tenían los funcionarios estadounidenses sobre ellas antes de su detención en 2019. Sin embargo, López Obrador ha sugerido que Washington investigue a sus propios funcionarios policiales y de inteligencia que trabajaron con García Luna durante el gobierno de Calderón.

Una lista de extraficantes y exfuncionarios mexicanos testificaron que García Luna recibió millones de dólares en efectivo por parte de los cárteles, que se reunió con cabecillas de las bandas de narcotraficantes y que mantuvo a raya a las fuerzas de seguridad.

Los líderes del cártel consideraban a García Luna como su mejor inversión, dijo Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, un exagente de policía que trabajó para los cárteles de forma clandestina y más tarde se convirtió en miembro de uno de ellos.

Villarreal Barragán y otros testigos afirmaron que, bajo la supervisión de García Luna, la policía avisaba a los traficantes de próximas redadas, se aseguraba de que la cocaína pudiera pasar libremente por el país, colaboraba con los cárteles para realizar redadas contra rivales y les hacía otros favores. Un extraficante señaló que García Luna compartió un documento que contenía información de las fuerzas de seguridad estadounidenses sobre un enorme cargamento de cocaína incautado en México en 2007.

Un exnarcotraficante, Óscar Nava Valencia, conocido como “El Lobo”, dijo que escuchó a García Luna y a un funcionario policial de alto rango de ese entonces decir que iban a apoyar al grupo durante una reunión con los socios de Joaquín “El Chapo” Guzmán en medio de una guerra entre cárteles. Dicha reunión costó al cártel de Sinaloa 3 millones de dólares, de acuerdo con Nava Valencia.

García Luna no testificó en el juicio, aunque su esposa subió al estrado aparentemente con el fin de retratar que sus bienes en México habían sido adquiridos de manera legítima, que eran de clase media-alta, pero no lujosos. La pareja se mudó a Miami en 2012, cuando hubo un cambio de gobierno en México y García Luna se volvió consultor sobre cuestiones de seguridad.

Hija de Malcolm X demandará a la Policía de Nueva York, al FBI y a la CIA

Fotografía de archivo de un gran número de personas visitan la capilla ardiente instalada en Harlem, con los restos mortales de Malcolm X. EFE/Central Press Photos/yv

a hija del líder negro asesinado Malcolm X, Ilyasah Shabazz, anunció una demanda contra la policía de Nueva York, el FBI y la CIA, que según ella conspiraron en la muerte a tiros de su padre, en 1965, un anuncio que hizo al cumplirse hoy 58 años del asesinato a tiros del activista.

Según la demanda, empleados y agencias públicas de la ciudad y federales conspiraron entre ellas y con otros individuos «y actuaron u omitieron actuar de tal manera que provocaron la muerte de Malcolm X», asesinado a tiros por tres hombres cuando se disponía a dar un discurso en el Audubon Ballroom, el 21 de febrero de 1965, en un acto en el que estaban presentes su esposa y su hija.

«Hoy celebraremos la vida y el legado de nuestro padre con la comunidad porque es algo que mi madre hacía todos los años. También buscaremos justicia para un hombre muy joven que dio su vida por los derechos humanos», dijo Shabazz en la conferencia de prensa en el lugar donde fue asesinado y que ahora es un monumento a Malcolm X en el Alto Manhattan.

Su abogado Ben Crump recordó por su parte que la conexión entre su muerte y las agencias gubernamentales federales y de Nueva York ha estado bajo sospecha durante mucho tiempo.

De acuerdo con el documento legal, como resultado de que empleados y agencias locales y federales actuaron «deliberadamente», con «mala fe», «sin sentido» o «de forma temeraria», la demandante, que al momento de la muerte de Malcolm X tenía dos años, fue privada de su padre, de su apoyo financiero, y guía espiritual y emocional, y debido a ello sufrió dolor y angustias mentales.

El documento indica además que tras su muerte, empleados y agencias federales y locales «a sabiendas y fraudulentamente» ocultaron información, pruebas objetivas y evidencia exculpatoria a la demandante y a su familia. Alega también que actuaron de forma concertada para evitar que se conociera su conducta, acciones y de la planificación de la muerte del líder de derechos los derechos civiles.

La demandante, que está reclamando una compensación de 100 millones de dólares, señala en el documento que está presentando esta acción tras conocer que se le ocultarn pruebas de que empleados y agencias gubernamentales «conspiraron y ejecutaron su pan para asesinar a Malcolm X».

En febrero del 2021, tres hijas de Malcolm X -Qubiliah, Ilyasah y Gamilah Shabazz- dieron a conocer que habían recibido una confesión póstuma de un agente de policía que implicaba a la Policía de Nueva York y al FBI en su asesinato, y pidieron entonces que se reabriera el caso.

Aquella confesión -presentada por un familiar- fue la de un antiguo policía encubierto, identificado como Raymond Wood, quien en una carta confesó que la Policía y el FBI conspiraron para “socavar” el movimiento por los derechos civiles, y que su misión había sido infiltrarse en él para alentar a sus líderes y miembros a cometer delitos y justificar así las acciones contra ellos.

Tres hombres fueron condenados en 1966 por su supuesta conexión con el asesinato de Malcolm X, pero en noviembre de 2021 un tribunal demostró su inocencia y fueron liberados, aunque uno de ellos ya había muerto. Según dijo en el tribunal el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, el FBI y la Policía de Nueva York ocultaron pruebas que habrían ayudado a la defensa de los acusados.

Administración de Shapiro anuncia aumento de tarifas de pago base para los proveedores de cuidado infantil

Foto Ilustrativa, Anastasia Shuraeva, Pexels

Harrisburg, PA – La Administración de Shapiro anunció hoy un próximo aumento a las tarifas base pagadas a los proveedores de cuidado infantil que participan en el programa Child Care Works (CCW) de Pensilvania. A partir del 1 de marzo de 2023, las tarifas base se incrementarán para permanecer en el percentil 60 de la tarifa de mercado para el cuidado infantil en la región de un proveedor, según los datos disponibles recientemente.

La iniciativa aumenta el acceso al cuidado infantil en las mismas comunidades donde viven las familias de bajos ingresos atendidas a través de CCW. El aumento de las tarifas base también ayuda a los proveedores de cuidado infantil que participan en el programa a mejorar los servicios, invertir en el desarrollo y la compensación del personal y promover la calidad general de su programa de cuidado infantil. El aumento se produce en respuesta a los resultados de la Encuesta de tasas de mercado de 2022.

“Los programas de cuidado infantil y aprendizaje temprano son un recurso invaluable que fomenta el desarrollo educativo y social de nuestros residentes de Pensilvania más jóvenes y permite que los padres trabajen sabiendo que sus hijos están seguros”, dijo la Dra. Val Arkoosh, secretaria interina del Departamento de Servicios Humanos. “Debemos continuar fortaleciendo esta industria esencial para que pueda continuar enriqueciendo a nuestras comunidades y construir una base para el aprendizaje de nuestros niños. Este aumento de tarifas es una inversión directa en el futuro de nuestros niños y de las personas que dedican sus vidas a este trabajo crítico”.

Las tarifas base de CCW se establecen de acuerdo con una encuesta de tarifas de mercado reconocida por el gobierno federal que se lleva a cabo cada tres años. Los resultados de las encuestas ayudan a los estados a determinar un nivel apropiado de reembolso ofrecido a los proveedores que participan en programas de cuidado infantil subsidiado ya mantener la paridad con lo que los proveedores cobran por los servicios. La encuesta más reciente se completó en 2022 y refleja el entorno operativo desafiante en el que los proveedores de cuidado infantil han navegado durante la pandemia y los desafíos económicos que la acompañan. Los aumentos en los costos operativos experimentados por los proveedores hicieron que las tarifas base actuales cayeran por debajo del percentil 60. Los fondos disponibles en virtud de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense respaldarán el restablecimiento de las tarifas en el percentil 60.

CCW ayuda a que el cuidado infantil sea asequible y más accesible para las familias trabajadoras de bajos ingresos para que los padres puedan trabajar sabiendo que sus hijos están siendo cuidados y aprendiendo en entornos confiables y seguros. Las inversiones en las tarifas pagadas por este programa ayudan a respaldar la calidad de la atención y la fuerza laboral de cuidado infantil en todo el sistema de cuidado infantil de Pensilvania, lo que ayuda a nuestros residentes de Pensilvania más jóvenes a acceder a programas de aprendizaje temprano que los beneficiarán a lo largo de sus vidas.