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Un tiroteo en una fiesta en Baltimore (EE.UU.) deja dos fallecidos y 28 heridos

Imagen de archivo. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Según Gun Violence Archive (GVA), un proyecto sin ánimo de lucro que sigue la violencia armada en Estados Unidos, en lo que va de 2023 se han registrado 338 tiroteos masivos.

GVA define como tiroteo masivo aquel que acaba con cuatro víctimas, sean muertos o heridos, sin incluir al autor del ataque si es que ha fallecido o sufrido lesiones durante el suceso.

Un tiroteo durante una fiesta en la ciudad de Baltimore (Maryland, Estados Unidos) dejó en la madrugada del domingo dos fallecidos y 28 heridos, de los que tres se encuentran en situación crítica, informó el jefe interino de la policía local, Richard Worley.

El tiroteo se produjo en la madrugada del domingo durante una fiesta popular que había reunido en la calle a los vecinos del barrio de Brooklyn, en el sur de Baltimore.

Sobre las 00.35 hora local (04.30 GMT), los agentes de policía acudieron al lugar de los hechos tras haber recibido numerosas llamadas telefónicas que alertaban de un tiroteo.

Cuando los agentes llegaron, se encontraron con «múltiples víctimas» que habían sido heridas de bala, detalló Worley en una rueda de prensa.

Una mujer de 18 años fue declarada muerta en el lugar del tiroteo, mientras que un hombre de 20 años murió poco después en un hospital local, según explicó posteriormente la policía local en un comunicado.

Los 28 heridos han recibido atención médica en hospitales locales y tres de ellos se encuentran en situación crítica.

La policía de Baltimore aún está buscando a los responsables del tiroteo y ha pedido colaboración a la ciudadanía.

En la rueda de prensa que se produjo en el lugar de los hechos, el alcalde de Baltimore, el demócrata Brandon Scott, lamentó lo sucedido y prometió que la policía encontrará a los culpables.

Dirigiéndose directamente a los responsables y visiblemente indignado Scott afirmó: «No pararemos hasta encontraros y os encontraremos. Hasta entonces, espero que con cada aliento que toméis, penséis en las vidas que habéis tomado».

Scott fue elegido alcalde en 2020 con la promesa de reducir la violencia armada en Baltimore y, en una columna de opinión en The Washington Post en enero, argumentó que las autoridades deben hacer mayores esfuerzos para abordar el problema de la violencia armada de una manera más integral.

Pese a promesas, escasean abogados para solicitantes de asilo en EE. UU.

En esta fotografía proporcionada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos se muestra el interior de una centro de procesamiento de migrantes en Laredo, Texas, el 23 de septiembre de 2021. (Foto: AP/Greg L. Davis/Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos)

Cuando el gobierno de Estados Unidos se preparaba para implementar unas revisiones de asilo rápidas en los centros de detención de la Patrulla Fronteriza hace unos meses, las autoridades prometieron una diferencia clave con respecto a la versión de la política de la presidencia de Donald Trump: los migrantes tendrían garantizado el acceso a un abogado.

Pero casi tres meses y miles de revisiones después, la promesa de acceso a los abogados parece en gran medida incumplida, según informes de grupos de defensa y entrevistas con personas directamente implicadas, algunas de las cuales hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente del asunto.

Un grupo de abogados calcula que unos 100 inmigrantes han obtenido representación formal, y sólo cientos más han recibido asesoramiento informal a través de llamadas antes de los controles acelerados.

Jones Day, uno de los mayores bufetes de abogados del mundo, se ha asociado con el gobierno estadounidense para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a los inmigrantes. Según una de las personas que habló con AP bajo condición de anonimato, su banco telefónico atendió 460 consultas telefónicas informales, cada una de las cuales solía durar unas dos horas, hasta el 21 de junio. Jones Day sólo tenía dos clientes formales.

Otros cuatro grupos de defensa que ofrecen asesoramiento gratuito y cuyos nombres figuran en el sitio web del sistema judicial de inmigración han atendido muchas menos consultas telefónicas, en parte porque empezaron mucho más tarde, dijo la persona. Los representantes de esos cuatro grupos declinaron hacer comentarios o no respondieron a las peticiones de la AP.

Eso representa una mera fracción de las miles de revisiones aceleradas desde principios de abril, aunque no se pudo determinar un porcentaje exacto. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, cuyos funcionarios de asilo realizan las entrevistas, no respondió a las preguntas sobre la representación legal.

El objetivo de las autoridades estadounidenses es completar las revisiones en 72 horas, el límite para retener a una persona según la política de la Patrulla Fronteriza. El Departamento de Seguridad Nacional señaló que el plazo acelerado está destinado a “proporcionar alivio más rápidamente a aquellos que son elegibles y para eliminar más rápidamente los que no lo son”. La AP ha solicitado en repetidas ocasiones visitar una instalación de cribado para comprender mejor el proceso.

Durante las revisiones, conocidas como “entrevistas de miedo creíble”, los inmigrantes deben convencer a un funcionario de asilo de que tienen una “posibilidad significativa” de convencer a un juez de que sufren persecución en sus países de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social. Si aprueban, suelen ser puestos en libertad en Estados Unidos mientras su caso avanza por el sistema.

El porcentaje de personas que superaron los controles de asilo descendió un 52% durante la segunda quincena de mayo, a medida que se aceleraba el proceso acelerado, frente al 77% de la segunda quincena de marzo, justo antes de su inicio.

Las cifras del gobierno no dan ninguna explicación y no dicen cuántas revisiones aceleradas se produjeron bajo custodia de la Patrulla Fronteriza sin acceso a asistencia letrada. Funcionarios del gobierno han atribuido el descenso de las tasas de aprobación en parte a una nueva política que limita severamente el asilo a las personas que viajan a través de otro país, como México, para llegar a la frontera estadounidense.

Una demanda presentada el mes pasado ante un tribunal federal de Washington pretende poner fin a las revisiones bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, señalando que los solicitantes tienen tan sólo 24 horas para encontrar abogados después de viajes a menudo angustiosos. La demanda sostiene que “esto deja prácticamente sin tiempo o capacidad a los no ciudadanos para consultar con alguien o prepararse de manera significativa para estas entrevistas, a menudo de vida o muerte”.

Incluso los inmigrantes que superan las entrevistas se muestran reacios a hablar de sus experiencias para seguir tramitando sus solicitudes de asilo. El senador Alex Padilla dijo en un comunicado que los informes sobre la falta de acceso a abogados en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza son “preocupantes y decepcionantes.”

El gobierno estadounidense no quiere decir cuántas de las revisiones que ha hecho en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza, que prohíben las visitas de abogados en persona, aunque es muy probable que ronde las miles. El Departamento de Seguridad Nacional dijo el 5 de junio que los funcionarios de asilo hicieron más de 11.500 revisiones en la frontera en las primeras tres semanas después de que terminaran las restricciones de asilo relacionadas con la pandemia, aunque algunas pueden haber sido en los centros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que sí permiten visitas de abogados.

Normalmente, aproximadamente tres de cada cuatro inmigrantes superan las entrevistas de miedo creíble, aunque son muchos menos los que finalmente obtienen asilo. Pero los resultados se invirtieron aproximadamente durante los cinco meses del programa de revisiones aceleradas de la presidencia de Trump: solo el 23% pasó, mientras que el 69% fracasó y el 9% se retiró, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos.

Biden puso fin a las revisiones rápidas de Trump al mes de que los demócratas ocuparan la Casa Blanca, como parte de una orden ejecutiva destinada a “restaurar y mejorar el procesamiento de asilo en la frontera”.

Las revisiones renovadas comenzaron en el Rio Grande Valley de Texas y se expandieron la semana siguiente a complejos de tiendas de campaña de similar extensión en Laredo y El Paso en Texas; Yuma, Arizona; y San Diego, todos centros de detención temporales de la Patrulla Fronteriza construidos desde 2021 con cientos de cabinas telefónicas para entrevistas.

Durante aproximadamente tres semanas en abril, los abogados de Jones Day pudieron preparar a todos los migrantes que buscaron asesoramiento legal informal por teléfono, pero pronto se vieron abrumados, según una persona con conocimiento directo del esfuerzo.

Algunos proveedores de servicios jurídicos se debatieron entre participar o no en el programa de “expulsión expedita mejorada”, como se denomina el proceso de selección. No se les paga y a algunos les preocupaba que pudiera implicar aprobación y dar legitimidad.

Americans for Immigrant Justice se unió al esfuerzo liderado por Jones Day porque las entrevistas implican riesgos de “vida o muerte”, dijo Cindy Woods, asesora de política nacional.

“Es una situación difícil, sobre todo por la forma en que se ha planteado esta nueva iteración”, comentó.

Las llamadas que entran por la noche o los fines de semana se pierden, y los abogados dijeron que no tienen forma fiable de responder a los mensajes.

Obtener representación formal para la investigación puede exigir una firma, lo que requiere la ayuda de agentes que pueden no estar disponibles. Uno de los clientes de Woods estuvo cinco horas al teléfono esperando a que un agente imprimiera un formulario de consentimiento y lo enviara por fax al abogado con la firma del inmigrante.

El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, que atiende a clientes a través del banco telefónico dirigido por Jones Day, señaló en un informe que seis de 23 clientes no tenían acceso a papel y bolígrafo para tomar notas.

Los abogados de Jones Day ocuparon los rangos más altos del gobierno Trump, incluido el asesor de la Casa Blanca Don McGahn. A pesar de los vínculos con el expresidente, que calificó el asilo de “farsa”, el bufete construyó una sólida práctica de representación gratuita de solicitantes de asilo conocida como “Proyecto Frontera”, que opera desde una oficina que abrió en 2017 a orillas del río Grande, en Laredo.

Jones Day dijo que ha proporcionado formación jurídica a más de 10.000 migrantes. Más de 1.100 abogados han dedicado más de 280.000 horas a sus casos, una inversión sin igual entre las grandes firmas.

El bufete se ha negado a comentar públicamente su papel en la prestación de asesoramiento jurídico para las revisiones aceleradas.

El 80 aniversario de los disturbios “Zoot Suit Riots” de los ángeles

El pasado mes busqué a Dolores Huerta, de 93 años, presidenta de la Fundación Dolores Huerta y cofundadora del Sindicato Unido de Trabajadores Agrícolas. Dolores iba a ser la Gran Mariscal del desfile. Finalmente llegué a la esquina de Whittier y Soto, donde había al menos unos cien autos low rider, con hombres y mujeres vestidos al estilo clásico de Zoot.

Al frente de la fila estaba Dolores y la comisionada del condado de Los Ángeles, Hilda Soliz, rodeadas de medios, cuyas cámaras y preguntas intentaban captar cada sonrisa y cada sonido.

Para que quede claro, los Zoot-Zooters no causaron los disturbios. Fueron los marineros de la Armada y otro personal militar, enfurecidos por informes falsos sobre las acciones de los Pachucos (Juventudes Mexicanas) y, en particular, de los Zoot-Zooters. Estos mexicanos habían generado un estilo de vestir refinado y estilizado que pareció enfurecer a los medios y a la policía. Los Zoot Zooters eran un grupo elegante, y los peinados de las mujeres eran asombrosos.

En junio de 1943, el ejército estadounidense entró en el este de Los Ángeles en busca de los Zoot-Zooters, con garrotes y otros instrumentos con los que golpearlos, dejando a algunos de ellos en ropa interior. Por supuesto, algunos de estos hombres y mujeres, los más fuertes, resistieron y fueron golpeados sin misericordia.

Mientras tanto, los agentes del LAPD se mantuvieron al margen y permitieron que este abuso ocurriera justo frente a sus ojos. Se dice que, en ocasiones, era la misma policía que conducía los camiones cargados de militares hasta el barrio.

Es irónico que, al mismo tiempo, muchos mexicoamericanos servían en todas las ramas de las fuerzas armadas.

Nuestra historia estadounidense tiene muchos capítulos oscuros en los que la comunidad blanca establecida quema o intimida a los pueblos negros, latinos y pueblos originarios.

Pronto los jóvenes mexicanos, que eran superados en número, comenzaron a quedarse en casa por la noche para evitar la humillación y la violencia.

Después de 10 días, los soldados militares fueron resguardados en sus cuarteles y la lucha terminó.

Más tarde ese mes, el periódico LA Times publicó un resumen sobre una conferencia de prensa en la que la primera dama, Eleanor Roosevelt, dijo que los disturbios tenían sus raíces en una discriminación de larga data. “Durante mucho tiempo”, dijo; “me preocupa la actitud hacia los mexicanos en California y los estados a lo largo de la frontera”.

Quizá el mejor nombre para esos 10 días debería ser “El motín militar de 1943 contra ciudadanos mexicanos.

La ciudad de Los Ángeles necesita establecer un monumento a la comunidad de Zoot-zooters, y tal vez un día convertirlo en una conmemoración de toda la ciudad. Y para el próximo desfile, tal vez exija una guardia de bandera y una banda militar como parte del desfile, y pida que la Marina presente un certificado formal de disculpa.

Trump and DeSantis court Moms for Liberty in a sign of the group’s rising influence over the GOP

PHILADELPHIA PA — The two leading contenders for the Republican presidential nomination courted conservative women at the Moms for Liberty conference in Philadelphia on Friday, elevating a group that has gained substantial influence within the GOP with its fierce opposition to instruction related to race and gender identity in the nation’s classrooms.

Both former President Donald Trump and Florida Gov. Ron DeSantis appeared eager to out-flank the other as they labeled gender-affirming care “mutilation» and talked up their efforts to eliminate critical race theory. DeSantis vowed to “fight the woke,» while Trump blasted what he called “the toxic poison of gender ideology» and “sick creed of woke communism.”

While the graphic rhetoric resonates with the most active part of the GOP base, as evidenced by the enthusiastic reception both received, it could turn off more moderate voters in a general election.

The group, which was founded in Florida in 2021 to fight local COVID school mask mandates and quarantine requirements, has quickly become a force in conservative politics. But it has also been accused of preaching hate, with the Southern Poverty Law Center recently labeling it an “extremist” organization for allegedly harassing community members, advancing anti-LGBTQ+ misinformation and fighting to scrub diverse and inclusive material from lesson plans.

The conference, being held at a downtown hotel, nonetheless drew a handful of leading Republican presidential candidates.

DeSantis praised the group for “coming under attack by the left,» saying it was “a sign that we are winning this fight.” He ran through his efforts in Florida to ban discussions of race and sexual identity in classrooms as well as certain books from school libraries. And he pledged to “fight the woke» as president.

“I think what we’ve seen across this country in recent years has awakened the most powerful political force in the country: Mama bears. And they’re ready to roll,» he said, predicting moms would be “the key political force for this 2024 cycle.”

“2024 is going to be the year when the parents across the country finally fight back,» he said.

Trump, too, accused the “radical left” of “slandering Moms for Liberty as a so-called hate group.

“But Moms for Liberty is no hate group,” he said. “You are joyful warriors, you are fierce, fierce patriots. You’re not a threat to America.»

Trump told them that if he wins a second term he would sign an executive order to cut federal funding for any school “pushing critical race theory, transgender insanity, and other inappropriate racial, sexual, or political content on our children.» He called for the direct election — and firing — of school principals by parents.

Like DeSantis, he was deeply critical of gender-affirming care. He vowed to sign an executive order instructing federal agencies “to cease the promotion of sex or gender transition at any age.» He said hospitals and health care providers who provide gender-affirming care for minors should be deemed in violation of federal health and safety standards and lose federal funding, and said he would call on Congress to ban it in all 50 states.

After his speech, Trump made a stop at Pat’s King of Steaks, a local Philadelphia institution, where he posed for photos and signed autographs for fans.

The high interest in the event among GOP hopefuls underscores the influence of Moms for Liberty, which has made connections with powerful GOP organizations, politicians and donors to become a major political player. The group says it doesn’t plan to endorse any presidential candidate in 2024.

Moms for Liberty has transformed from three Florida moms opposing COVID-19 mandates in 2021 to claiming 285 chapters across 45 states. Along the way, it has found a close ally in DeSantis, who was presented with a “liberty sword” at the group’s first annual meeting last year and has signed multiple bills that it supported.

Beyond remarks from the candidates and other speakers, the summit features strategy sessions on such topics as “protecting kids from gender ideology” and “comprehensive sex education: sex ed or sexualization.”

Summit attendees said they liked what they were hearing so far.

“I love Moms for Liberty,” said Debbie McGinley, who is running for the school board in Methacton School District outside Philadelphia. As a parent of three kids who lost her business as a hairdresser during the COVID-19 pandemic, she said she appreciated that the group is “fighting for our kids.”

Lucy Reyna, a treasurer for a Moms for Liberty chapter in Indiana, said she traveled to the conference to learn more about the national organization.

“What am I a part of? I need to know those things,” Reyna said, adding that if the group leaned too partisan in one direction, it would make her reconsider her participation.

Outside, roughly 200 parent activists and LGBTQ+ advocates gathered to protest, citing the group’s “extremist” designation from the SPLC. They chanted, “Not in our city” and “Let’s say gay» while holding signs that read, “Hate is not patriotic” and “Philly is the LGBTQest city.”

Some protesters said specific incidents prompted their activism, including an Indiana Moms for Liberty chapter publishing an Adolf Hitler quote in its newsletter before apologizing and removing it, and a Tennessee chapter complaining about lessons on Black civil rights figures Martin Luther King Jr. and Ruby Bridges.

“I think they stand for fear. And that turns into hate very quickly,” said Molly Roses, a Philadelphia resident who joined the protest.

In the days before the conference, several historical associations, state senators, activists and employees at Philadelphia’s Museum of the American Revolution had pleaded unsuccessfully with the museum to cancel a welcome event for the conference Thursday night. The event went on as planned.

The museum told The Associated Press that “because fostering understanding within a democratic society is so central to our mission, rejecting visitors on the basis of ideology would in fact be antithetical to our purpose.”

In her remarks, Moms for Liberty National Director of Engagement Tia Bess rejected claims that the group is racist.

“Do I look like a racist to y’all?” Bess, who is Black, told an overwhelmingly white audience.

Tiffany Justice, one of the group’s co-founders, responded sarcastically to the SPLC’s “extremist” label onstage Friday, referring to herself as “the face of domestic terrorism, apparently.”

Former U.N. Ambassador Nikki Haley, another GOP candidate who appeared Friday, said that, “When they mentioned that this was a terrorist organization … I said well then count me as a Mom for Liberty.»

Though Moms for Liberty says it is nonpartisan, it has overwhelmingly drawn conservative support. The group also has fought to elect conservative candidates to school boards around the country.

While the group’s status as a 501(c)4 nonprofit means it doesn’t have to disclose its funders, its public donors include conservative powerhouses such as the Heritage Foundation and the Leadership Institute, a national political training organization.

Patriot Mobile, a far-right Christian cellphone company that paid to sponsor Trump’s remarks at the conference, has a political action committee that has spent hundreds of thousands of dollars in an effort to take charge of Texas school boards.

Mom for Liberty’s Florida-based PAC also has received a $50,000 donation from Julie Fancelli, a Republican donor whose family owns Publix grocery stores and who helped fund Trump’s Jan. 6 “Stop the Steal” rally, according to House Jan. 6 committee findings. Fancelli didn’t respond to a request for comment.

Colvin reported from New York. Associated Press writer Nicholas Riccardi in Denver and video journalist David R. Martin in Philadelphia contributed reporting.

«Acabaré con todos los programas de diversidad, igualdad e inclusión en el Gobierno federal» Trump

ARCHIVO/EFE/EPA/CJ GUNTHER

Los principales candidatos republicanos a la Presidencia de EE.UU., Donald Trump y Ron DeSantis, prometieron este viernes intensificar su cruzada en la guerra cultural que libran en EE.UU, animados por los últimos fallos del Tribunal Supremo que suponen un recorte de derechos de las minorías y el colectivo LGTBI.

Trump fue quizás el que fue más lejos al anunciar que si es elegido presidente «aplicará de forma vigorosa» la decisión del jueves del Supremo, que respaldó eliminar la discriminación positiva por motivos raciales en las admisiones a las universidades, y que no se quedará ahí.

«Acabaré con todos los programas de diversidad, igualdad e inclusión en el Gobierno federal», clamó el exmandatario (2017-2021), en una convención de la organización ultraconservadora «Moms For Liberty» (Mamás por la libertad) en Filadelfia (Pensilvania).

Los conservadores en EE.UU. se han apuntado varias victorias esta semana con los fallos del Supremo, que este viernes apoyó a los negocios que no quieran atender a clientes LGTBI y terminó con uno de los programas estrellas del presidente, el demócrata Joe Biden, la cancelación de la deuda estudiantil.

Todo esto un año después de que el Supremo eliminara la protección federal al aborto revocando la histórica sentencia de 1973 «Roe contra Wade» por la que se reconoció este derecho en EE.UU.

Se da la circunstancia de que estos fallos han salido adelante gracias a la mayoría conservadora de jueves en la máxima instancia judicial de EE.UU., que fue apuntalada por Trump durante su mandato, ya que nominó a tres de los nueve magistrados que integran la corte.

En su discurso, el expresidente hizo su propia lectura sobre la situación actual del país: una guerra cultural entre el «comunismo», como suele referirse a todo lo que representan y defienden los demócratas, y los valores tradicionales de su partido.

«Nuestra amada nación se tambalea al borde de la tiranía, nuestros enemigos están librando una guerra contra la libertad y la fe (…) la democracia, la familia, los niños y Estados Unidos mismo. Quieren destruir nuestro país», auguró Trump, que suele recurrir a estos argumentos para atacar a los progresistas.

Trump fue el encargado de cerrar esta jornada de la convención de «Moms For Liberty», una organización calificada de «extremista» y de promover una agenda contraria a la inclusión estudiantil por parte del Southern Poverty Law Center, una ONG de defensa de los derechos civiles conocida por sus victorias legales contra grupos segregacionistas racistas y supremacistas blancos.

De hecho, numerosos manifestantes se congregaron este viernes a las puertas del hotel de Filadelfia donde se celebra el evento para denunciar, entre otras cosas, que «Moms For Liberty» es hostil con las minorías y ha acosado a funcionarios escolares locales.

En la jornada participaron también otros candidatos a la nominación republicana para la Casa Blanca en 2024: la exembajadora ante la ONU Nikki Haley, el empresario Vivek Ramaswamy, el exgobernador de Arkasas Asa Hutchinson y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien va justo por detrás de Trump como favorito en los sondeos sobre las primarias republicanas del próximo año.

En un discurso enfocado en la educación, consciente del público ante el que estaba, DeSantis abogó por su visión de «defender el derecho de los padres» a decidir sobre la educación de los hijos.

«Los padres de familia tienen el derecho fundamental de dirigir la educación y crianza de sus hijos», afirmó el republicano, quien advirtió de que planea replicar este modelo si es elegido presidente (si el Partido Republicano lo elige antes como candidato).

En los últimos meses DeSantis ha promulgado leyes como la que permite a las juntas escolares retirar libros de las escuelas si un padre lo solicita. Una norma que ha llevado a la Asociación de Bibliotecas de EE.UU. a advertir que en 2022 el país vivió una ola de censura de libros «sin precedentes».

Reelegido gobernador en 2022, el ultraconservador presentó a Florida como un estado en el que ha quedado claro que «se puede vencer a la izquierda» y su «tóxica agenda ideológica» por la que «toda la sociedad ha decaído».

Su receta: llevar a cabo medidas como prohibir el aprendizaje socioemocional del plan de estudios o vetar abordar cuestiones de identidad de género y orientación sexual, norma conocida por sus detractores como «No digas gay» y por la que mantiene un pulso en los tribunales con el mismísimo grupo Disney.

La maquila mexicana prevé inversiones por 11.000 millones de dólares por «nearshoring»

Fotografía de archivo de varias mujeres mexicanas mientras trabajan en un centro de maquila de origen coreano en la ciudad de Guanajuato (México). EFE/Leopoldo Smith

Las empresas extranjeras invertirán este año en México 11.000 millones de dólares, de los que 3.000 millones serán para plantas de manufactura, gracias al fenómeno de relocalización de cadenas o «nearshoring», dijo este viernes el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

La agrupación industrial celebró esta inversión al cumplirse el 1 de julio tres años de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En este contexto, Luis Manuel Hernández, presidente de Index, expresó que el Gobierno mexicano y la iniciativa privada son un factor clave para catalizar la inversión en el país e impactar en la industria manufacturera, que genera el 62 % del total de exportaciones.

“La clave es poder subir los temas que se requieren para proteger y fomentar las inversiones, capitalizando las vocaciones en todas las regiones del país”, señaló en un comunicado.

El líder de los maquiladores consideró que el T-MEC empujó el potencial del país en la región de Norteamérica, al consolidar a México como la segunda mayor economía de América Latina y la decimoquinta en el mundo.

Hernández destacó que el T-MEC genera un flujo comercial de 3 millones de dólares por minuto, principalmente por su actividad manufacturera, que creció 3,1 % en 2022.

Además, recordó que 63 % de las principales inversiones que vendrán al país por la relocalización de las empresas en México se concentrarán en la industria de las manufacturas.

La Secretaría de Economía de México dijo en mayo pasado que por el fenómeno del “nearshoring” se tenía el registro de 117 anuncios de inversión por 48.000 millones de dólares en los próximos tres años.

En este contexto, Hernández aseveró que Index mantendrá el estímulo al fenómeno del “nearshoring”, al formar parte del denominado “cuarto de junto” del T-MEC que funge como asesor del Gobierno en materia económica y de negocios.

La industria manufacturera de exportación contribuye con el 18 % del producto interno bruto (PIB) mexicano y aporta un 20 % del empleo formal en el país.

La industria se concentra principalmente en automotriz, autopartes, aeroespacial, aparatos para el hogar, dispositivos médicos, electrónicos, ropa y transporte de carga, entre otros.

El 70 % de lo que produce México es exportado a Estados Unidos, mientras que la Unión Europea consumo el resto, aseguró el presidente nacional de Index.

“Nuestro país obtiene importantes beneficios, como miembro del T-MEC”, resaltó.

Señaló que el tratado comercial también ha propiciado que ocho de cada 10 productos y servicios mexicanos de exportación se venden en Norteamérica debido al acuerdo comercial, sumando 36.058 empresas con inversiones en el país producto del tratado.

Pennsylvania to begin new fiscal year without budget plan in place

Members of the Pennsylvania House of Representatives attend a session at the state Capitol in Harrisburg, Pa., Thursday, June 29, 2023. (Photo: AP/Matt Rourke)

HARRISBURG, Pa. — Republicans who control Pennsylvania’s Senate passed spending legislation hours ahead of Saturday’s start of a new fiscal year, but they lacked agreement with the Democratic-controlled House of Representatives to keep state government’s full spending authority intact.

Without new spending authority in place, the state will be legally barred from making some payments, although a stalemate must typically last weeks before an effect on services is felt.

Gov. Josh Shapiro, a Democrat, has stayed out of sight in the Capitol and behind closed doors in his official residence, while House and Senate leaders sent rank-and-file lawmakers home Friday with no certain plans to return.

School spending was the main point of disagreement between the sides.

House and Senate leaders have maintained that they were more interested in negotiating a good budget than simply getting it done by Saturday’s start of the 2023-24 fiscal year. In his remarks during floor debate, Senate Majority Leader Joe Pittman, R-Indiana, acknowledged that differences remained with House Democrats.

“Our friends on the other side of the building clearly have a different point of view on where we should be at this moment in this commonwealth,” Pittman said.

The main budget bill in the Senate GOP’s $45 billion spending plan passed 29-21, a couple hours after it emerged Friday. Every Republican supported it and all but one Democrat voted against it. Shapiro’s administration declined Friday to say whether he supports the Senate GOP plan, saying only that House and Senate leaders should continue to work toward compromise.

The plan is about a 5% increase from the last approved budget, although part of it — about $600 million in aid for Penn State, Temple University and the University of Pittsburgh — is in limbo and being held up by a House Republican bloc.

The total spending figure is several hundred million less than what Shapiro proposed in March and about $1.7 billion less than what the Democratic-controlled House passed in early June.

It also carries significantly less for public schools than what Democrats wanted, but gives substantial increases for private schools.

That includes $100 million to pay for children to attend private and religious schools under a new program backed by Republican lawmakers and Shapiro, but opposed by Democratic lawmakers, and another $150 million for a tax credit program that largely benefits private schools.

Like Shapiro’s plan, the Senate GOP plan envisions no increases in income or sales taxes — the state’s two main revenue sources — and most of the new money in it would go to education, health care and social services. To balance, the plan will require about $1 billion from reserves, leaving about $13 billion in reserve.

Republicans called their budget “responsible» in the face of a potential recession.

In addition to opposing the new $100 million private school subsidy, Democratic lawmakers have pushed for far more funding for public schools in light of February’s landmark court decision that found Pennsylvania’s system of funding public schools violates the constitutional rights of students in poorer districts.

Shapiro’s plan sought another $1 billion for public schools, while House Democrats had sought about $1.7 billion. The Senate Republican plan carries about $800 million.

The state’s massive reserves — built up by inflation-juiced tax collections and federal pandemic subsidies — have eased spending decisions.

But that hasn’t meant that everyone is satisfied. A number of groups — home health care agencies, nursing home operators and agencies that deliver home care for the intellectually disabled — continue to seek higher Medicaid reimbursements, while counties have sought more money for the safety-net mental health services they administer.

For Shapiro, getting his first budget across the finish line is perhaps the biggest test yet of his political skills under the Capitol dome.

With Saturday’s start of the fiscal year, Shapiro’s signature on a new budget bill was required to maintain full spending authority.

In a budget stalemate, the state is still legally bound to make debt payments, cover Medicaid costs for millions of Pennsylvanians, issue unemployment compensation payments, keep prisons open and ensure state police are on patrol.

All state employees under Shapiro’s jurisdiction will continue to report to work and be paid as scheduled, an administration spokesperson said.

Shapiro’s administration may have to postpone payments to vendors, such as utilities, insurers, suppliers and landlords, and put off paying discretionary items, such as tax credits, grants and some public school aid.

For now, the state’s main bank account is flush with roughly $15 billion and can make its legally required payments, a Treasury Department spokesperson said.

Fallo contra de condonación de deuda estudiantil es «desgarrador» para latinos

(Foto: EFE/SHAWN THEW)

Congresistas y grupos latinos lamentaron este viernes que los latinos y las personas de color serán las más afectadas con el «desgarrador» fallo del Tribunal Supremo de EE. UU. que pone fin al plan del Gobierno de Joe Biden de cancelar la deuda estudiantil de millones de universitarios.

En una decisión de la mayoría conservadora de la corte, y a la que se opusieron las tres juezas progresistas, entre ellas la hispana, Sonia Sotomayor, el tribunal consideró que la Administración de Biden no tenía derecho a aprobar la cancelación de parte de los préstamos estudiantiles.

El congresista por Nuevo México, Gabe Vasquez, dijo que el fallo «afectará de manera desproporcionada a los estudiantes de color», quienes son los más afectados por la crisis.

Explicó en Twitter que la mayoría de los latinos debe el 83 % de su préstamo estudiantil inicial 12 años después de terminar sus estudios universitarios.

Por su parte, el senador demócrata por California Alex Padilla dijo estar «frustrado y decepcionado» y calificó el plan federal de condonación de Biden como «uno de los mayores esfuerzos para cerrar la brecha de equidad racial en la historia de EE.UU.».

El congresista por California Jimmy Gómez subrayó que los estudiantes cargan por décadas con los préstamos, como le sucede a él mismo.

El demócrata dice que se graduó en 2003 y que aún tiene una deuda de 44.000 dólares. «Aunque estoy en condiciones de pagar, muchos no lo están. Y esto se trata de ellos», indicó.

En este sentido la directora de Latino Victory Project, Sindy Benavides, señaló en un comunicado que «los latinos, como todos los estadounidenses, merecen alcanzar sus sueños sin tener que poner su futuro en pausa».

Siete de cada diez latinos en todo el país mencionan las dificultades financieras como obstáculos para obtener una licenciatura, según datos de Latino Victory.

«Es una decisión desgarradora, una que no se toma a la ligera, con el entendimiento de que los latinos y las personas de color serán los más afectados por este fallo», valoró Benavides.

María Teresa Kumar, presidenta de la organización Voto Latino, dijo en un comunicado que la decisión «afianza la inequidad y permite que la carga de la deuda de préstamos estudiantiles afecte de manera dispar a las comunidades negras y latinas».

En una decisión escrita, el presidente del tribunal, John Roberts, explicó que la ley estadounidense permite al secretario de Educación, Miguel Cardona, «hacer ajustes modestos y adiciones a las regulaciones existentes (…), no transformarlas».

Tras conocerse el fallo, Biden prometió en un comunicado que «la batalla no ha terminado» y que anunciará nuevas medidas para acabar con la deuda.

La comunidad latina recibe este fallo como un nuevo golpe, un día después de que otra decisión del Supremo eliminó el uso de la raza como un factor en el proceso de admisiones universitarias.

Al respecto, la jueza Sotomayor, que no estuvo de acuerdo con el fallo, señaló que «la igualdad de oportunidades educativas es un requisito indispensable para lograr la igualdad racial en nuestra nación».

Grupos latinos consideran que el fallo de ayer dificultará el acceso a la educación superior de los grupos raciales y étnicos históricamente marginados.

Dueña de cantina en Texas se declara culpable de tráfico de una niña para comercio sexual

(Foto: EFE/Jorge Fuentelsaz/Archivo)

La dueña de una cantina en Texas, la mexicana Rita Martínez, se declaró culpable en un caso de tráfico sexual que incluyó a más de una decena de mujeres, entre ellas menores, informó este viernes el Departamento de Justicia.

Martínez, de 65 años, admitió culpabilidad en el cargo de tráfico de una menor para comercio sexual en su cantina, conocida en épocas distintas como «Perez Lounge», «Rita’s Lounge», y «Rita’s Sports Bar».

Alamdar Hadmani, fiscal federal para el Distrito Sur de Texas, señaló que «detrás de la cantina, Martínez atormentó y forzó a migrantes jóvenes y niñas a participar en actos sexuales con clientes de Rita».

Martínez encara una sentencia mínima obligatoria de 10 años en prisión y una máxima de cadena perpetua, además de una multa de hasta 250.000 dólares.

Como parte del acuerdo Martínez aceptó que pagará más de 840.000 dólares en restitución a 14 de sus víctimas. La audiencia de sentencia se ha fijado para el 7 de septiembre.

El gobierno informó que en enero de 2023 su cómplice en el caso, Genaro Fuentes, de 40 años, se había declarado culpable por el tráfico de una menor con fines de comercio sexual.

«Como parte del acuerdo para admitir culpabilidad, Martínez admitió que ella operó una cantina en Mission (Texas) de 2000 a 2019 y dio alojamiento a una menor de edad, sabiendo que tenía 16 años en la primavera o verano de 2005», señaló el comunicado del gobierno.

Según el informe Martínez hacía que la menor limpiara la casa «pero eventualmente envió a la víctima con hombres de la cantina, sabiendo que estos hombres tenían la intención de comercio sexual con la menor de edad».

Martínez reconoció que aceptaba dinero de estos clientes antes de permitirles que llevaran a la menor afuera de la cantina, y usó el dinero como parte de una deuda por ingreso ilegal que ella había impuesto a la menor para que la trajeran de México a Estados Unidos.

Ente fiscal para Puerto Rico certifica un nuevo presupuesto de 12.739 millones de dólares

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Imagen de archivo. (Foto: EFE/Thais Llorca)

San Juan, Puerto Rico.– La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico certificó este viernes el presupuesto para el año fiscal 2023-2024 de 12.739 millones de dólares firmado por el gobernador Pedro Pierluisi, quien afirmó que el mismo cumple «en gran medida» con las prioridades del Gobierno.

El presupuesto, que entra en vigor mañana, 1 de julio, atiende las necesidades de los municipios y aumenta las asignaciones a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y a la Reforma del Servicio Público, algunos de los asuntos que más controversia causaron en los últimos meses.

«Me complace reconocer que el presupuesto refleja en gran medida las prioridades programáticas del Gobierno y del pueblo de Puerto Rico. Aunque como es de esperarse no estuvimos 100 % de acuerdo en todo, más del 95 % del presupuesto refleja consenso entre el Gobierno y la Junta de Supervisión», dijo Pierluisi.

La JSF, creada por el Congreso de Estados Unidos, es responsable de certificar los planes fiscales para la isla, reestructurar su deuda, aprobar presupuestos y contratos gubernamentales y revisar legislaciones para el cumplimiento fiscal.

Durante su alocución en la reunión pública de la JSF, Pierluisi resaltó que este nuevo presupuesto provee a los municipios acceso a sobre 239 millones de dólares, incluyendo el nuevo Fondo de Servicios Esenciales.

También refleja un aumento en la aportación del Gobierno Central en las asignaciones a la UPR, que suma 600 millones, e incluye 95 millones para continuar la Reforma del Servicio Público.

Además, hay partidas para mejoras en la retribución de la Rama Judicial, en el retiro a los policías y para aumentos en los salarios de maestros y personas educativo, entre otros.

«Hemos logrado el presupuesto más grande en nuestra historia y que el mismo atienda las prioridades de nuestro pueblo», subrayó Pierluisi.

En enero de 2022, se aprobó un plan de reestructuración de cerca del 80 % de la deuda del Gobierno central de la isla, que quedó reducida de 33.000 millones de dólares a 7.300 millones.

Queda pendiente la reestructuración de la deuda de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que asciende a 9.000 millones de dólares y cuyo Plan de Ajuste está en proceso de aprobación.