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Legisladores buscan proteger a los centros de crisis de embarazo mientras disminuye el número de clínicas de abortos

Por
KFF HEALTH NEWS
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Legisladores conservadores en varios estados están impulsando leyes redactadas por grupos antiaborto para aumentar la protección de los centros de crisis de embarazo. Estos centros ofrecen algunos servicios relacionados con la salud, pero también se dedican a disuadir a las mujeres de abortar.

La legislación prohibiría que los gobiernos estatales y locales obligaran a estos centros a practicar abortos. También a derivar o informar a pacientes sobre estos servicios o a explicar opciones de anticoncepción. Y permitiría que estas organizaciones demandaran a la entidad gubernamental que violara la ley.

Los legisladores de Wyoming aprobaron el 4 de marzo una ley llamada Center Autonomy and Rights of Expression Act (CARE Act). Propuestas similares se presentaron este año en Kansas y Oklahoma. En Montana una norma de este tipo ya fue promulgada en 2025.

La Ley CARE es una “legislación modelo” creada por la Alliance Defending Freedom, un grupo de defensa legal cristiano conservador y antiabortista.

Una legislación similar, la Let Pregnancy Centers Serve Act, fue presentada en el Congreso el año pasado, pero no ha avanzado fuera del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.

El proyecto de ley de Wyoming considera que los centros de embarazo, muchos vinculados a organizaciones religiosas, necesitan protección legal porque enfrentan “ataques sin precedentes” después de que la Corte Suprema anulara Roe vs. Wade, la decisión judicial de 1973 que protegía el derecho al aborto en todo el país. Según el texto, varias legislaturas estatales han presentado proyectos de ley que socavarían los derechos de libertad de expresión y asociación de estos centros.

Sin embargo, quienes los critican afirman que los centros de crisis de embarazo se presentan falsamente ante los consumidores como clínicas médicas, aunque no están sujetos a las leyes estatales y federales que regulan los centros de salud y protegen a los pacientes.

“En todo el país, los funcionarios del gobierno apuntan cada vez más, cada vez más, contra los centros de atención para embarazadas”, argumentó Valerie Berry, directora ejecutiva de LifeChoice Pregnancy Care Center en Cheyenne, durante una audiencia en la Legislatura sobre el proyecto de ley de Wyoming. “Esta legislación no busca crear división. Busca proteger las libertades constitucionales, la libertad de expresión y la libertad de conciencia”.

Por su parte, durante la audiencia, el representante estatal republicano Ken Clouston expresó su preocupación por otorgar a los centros de embarazo un nivel de protección que otras empresas privadas no tienen.

“Ya cuentan con medidas de protección”, reflexionó. “Lo que me preocupa es que se les otorguen medidas de protección adicionales”.

En 2022, Wellspring Health Access, la única clínica en Wyoming que realiza abortos, fue incendiada en un ataque intencional.

“Nosotros somos los que proporcionamos información precisa sobre salud reproductiva y por eso sufrimos las consecuencias”, dijo a KFF Health News Julie Burkhart, presidenta y fundadora de Wellspring Health Access.

Mary Ziegler, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis, dijo que la legislación propuesta eximiría a los centros de crisis de embarazo de tener que cumplir con los estándares a los que están obligadas las organizaciones médicas. También borraría la línea entre la defensa de una causa y la práctica médica, agregó. Y agregó que iniciativas de este tipo pueden ofrecer a los republicanos un mensaje de campaña potencialmente útil de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato.

“El Partido Republicano necesita una estrategia de comunicación para mostrar que se preocupa por las mujeres, incluso si prohíbe el aborto y aunque no quiera destinar recursos estatales a ayudar a las personas antes y después del embarazo”, explicó Ziegler. “La estrategia consiste en delegar eso en los centros de asesoramiento sobre el embarazo, lo que, por supuesto, aumenta el incentivo para protegerlos”.

Legislación modelo

La Alliance Defending Freedom es el mismo grupo que ayudó a revertir el fallo Roe v. Wade, que desde 1973 protegía el derecho al aborto a nivel nacional. El grupo redactó la Gestational Age Act, una legislación modelo para prohibir el aborto desde las 15 semanas, que fue la base de una ley de Mississippi de 2018 que condujo al caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization a partir de la cual la Corte Suprema anuló el fallo Roe.

La alianza dijo que sus abogados no estaban disponibles para comentar la estrategia de la organización respecto al CARE Act. En materiales que promocionan el proyecto de ley, el grupo afirmó que los esfuerzos federales, estatales y locales están apuntando contra los centros de atención del embarazo en un “claro intento de socavar y obstaculizar” su trabajo y cerrarlos.

En los últimos años, algunos centros de crisis de embarazo han sido blanco de vandalismo y amenazas.

Pero los ataques que la legislación modelo se propone abordar principalmente son los esfuerzos legales y regulatorios de algunos estados que buscan mayor supervisión de estos centros, incluida una ley de California que exige que informen claramente a los pacientes sobre sus servicios. Esa ley fue anulada cuando la Corte Suprema falló a favor de los centros de crisis, avalando el argumento de que la norma violaba sus derechos de la Primera Enmienda.

Este año, la Corte Suprema está considerando un caso que decidirá si los estados pueden citar a estas organizaciones para obtener información sobre donantes y datos internos.

De todos modos, es poco probable que los centros de crisis de embarazo enfrenten ese tipo de medidas regulatorias en los estados conservadores donde se está considerando esta legislación. Un legislador de Wyoming lo reconoció durante la audiencia del comité en febrero.

Diferentes servicios

En esa misma audiencia, la representante estatal republicana Rachel Rodriguez-Williams, quien encabeza el comité que patrocina el proyecto de ley, presentó la medida como “muy importante, especialmente con nuestro ‘desierto de maternidad’”, refiriéndose a la falta de acceso a servicios de atención de salud materna.

Algunos centros de crisis de embarazo pueden contar con pocos profesionales con licencia, pero son la minoría. Muchos ofrecen recursos gratuitos, como pañales, ropa para bebé y otros artículos, a veces a cambio de aceptar asesorías o clases de crianza.

Las clínicas de Planned Parenthood, en contraste, ofrecen una variedad de servicios de salud, como pruebas y tratamiento para infecciones de transmisión sexual, atención primaria y exámenes para detectar cáncer cervical. Además, están reguladas como organizaciones con licencia médica.

Desde que el fallo Roe fue anulado, el movimiento por el derecho al aborto ha enfrentado desafíos importantes. La ley de los republicanos, One Big Beautiful Bill Act, que el presidente Donald Trump promulgó el verano pasado, redujo los pagos de Medicaid a proveedores de abortos. Esa medida contribuyó a que Planned Parenthood tuviera que cerrar más de 50 de sus clínicas el año pasado.

Para 2024, más de 2.500 centros de crisis de embarazo operaban en todo el país, según un mapa creado por investigadores de la Universidad de Georgia, en comparación con las 753 clínicas que ofrecían abortos a finales de 2025.

Charlotte Lozier Institute, una organización de investigación afiliada a la organización contra el aborto SBA Pro-Life America, ha sugerido que los centros de embarazo podrían ayudar a llenar el vacío dejado por el cierre de clínicas de Planned Parenthood.

Ziegler aseguró que eso dejaría a las pacientes expuestas a riesgos médicos.

El creciente poder de los centros

Las iniciativas anteriores en California, Colorado y Vermont para regular los centros de crisis de embarazo surgieron a raíz de la preocupación por denuncias de prácticas engañosas y fraudulentas, y dudas sobre la privacidad de los datos de los pacientes.

En 2024, un grupo de vigilancia pidió a fiscales generales en cinco estados que investigaran si los centros estaban engañando a las pacientes haciéndoles creer que su información personal estaba protegida bajo la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), y que averiguaran  cómo estaban utilizando la información de los pacientes.

Los tribunales, incluida la Corte Suprema, han fallado con frecuencia a favor de organizaciones religiosas que argumentan que estos intentos de regulación violan sus derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión y la libertad religiosa.

Los centros de crisis para embarazadas también han recibido una avalancha de fondos desde que se revocó Roe.

Al menos 19 estados han financiado organizaciones “pro vida”, incluidos centros de crisis de embarazo, según el Lozier Institute.

Seis estados distribuyen una parte de sus fondos federales del programa Temporary Assistance for Needy Families (TANF) —pagos en efectivo destinados a familias de bajos ingresos con niños— a centros de crisis de embarazo. Texas, Florida, Tennessee y Oklahoma han proporcionado decenas de millones de dólares para estas organizaciones.

Un análisis encontró que los centros de crisis de embarazo también recibieron $429 millones en financiamiento federal entre 2017 y 2023, incluidos fondos del paquete de ayuda de 2020 promulgado como ley durante el primer mandato de Trump en medio de la pandemia de covid.

A pesar de los desafíos que enfrentan las clínicas que ofrecen abortos, Burkhart, directora del centro Wellspring en Wyoming, dijo que es importante seguir garantizando la atención a quienes la necesitan. Ella ha ayudado a abrir clínicas en zonas rurales de otros estados conservadores y ha señalado que esas clínicas siguen recibiendo pacientes.

“Eso me demuestra que, sin importar tu religión o tu partido político, hay momentos en la vida de las personas en los que necesitan atención de salud reproductiva brindada por profesionales calificados”, dijo. “Eso incluye el aborto”.

KFF Health News es una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud, y uno de los principales programas de KFF: la fuente independiente de investigación sobre políticas de salud.

Hispanics spend 56% of TV time on streaming in the US, report says

Por
EFE
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Streaming already accounts for 56% of the total time Hispanic audiences in the United States spend watching television, compared to 46% among the general population, according to the 2025 Diverse Intelligence Series: How Hispanic consumers influence the media landscape report by Nielsen, an audience measurement company. (Photo: EFE/Justin Lane)

Streaming already accounts for 56% of the total time Hispanic audiences in the United States spend watching television, compared to 46% among the general population, according to the 2025 Diverse Intelligence Series: How Hispanic consumers influence the media landscape report by Nielsen, an audience measurement company.

This trend reflects an accelerated shift in consumption habits, driven by the demographic and economic weight of the Latino community in the United States, where more than 63 million Hispanics reside, accounting for nearly 19% of the population.

According to the Latino Donor Collaborative (LDC), this group has a purchasing power of $4.1 trillion, positioning it as one of the most relevant economies globally.

Beyond language, this audience demands content that reflects their cultural identity and diversity.

Specialized platforms gain ground

In this context, platforms focused on Spanish-language content are seeking to tap into this growing demand.

FlixLatino, for example, has expanded its catalog with new releases and an offering for Hispanic audiences in the United States.

The platform has over 4,000 hours of Spanish-language content, including films, series, documentaries, and children’s programming from Latin America and Europe.

Its proposal differs from global services by offering a fully Spanish-language experience, with curation focused on cultural identity.

“We look for stories that connect with our audience not only through language, but through what they represent,” said Luis Guillermo Villanueva, an executive at SOMOS Next/FlixLatino.

Stories that connect with tradition

Among the highlighted content is “Súbete a mi Moto: La Historia de Menudo,” a series that reconstructs the phenomenon of the iconic Puerto Rican boy band and explores themes such as early fame, media pressure, and Latino identity in the entertainment industry.

Also worth noting is “Las Furias,” a thriller centered on family tensions and personal conflicts, where bonds, honor, and individual decisions reflect recognizable dynamics in Latin American cultural contexts.

“Detective Touré” is a crime story about a migrant in Europe, incorporating themes such as adaptation, identity, and the experience of being a foreigner, resonating with Latino audiences who undergo similar processes in the United States.

FlixLatino is available on mobile devices, smart TVs, and platforms such as Roku and Apple TV with an affordable subscription model.

The rise of Spanish-language streaming reflects a structural shift in the U.S. entertainment industry, where Hispanic audiences are no longer a niche but are consolidating as a key driver of growth.

Vapeo y salud bucal: especialistas encienden las alarmas

Por
Dra. Vivian Menéndez
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(Foto: Ilustrativa/freepik)

Aunque el uso de cigarrillos electrónicos o “vapeo” suele presentarse como una alternativa menos dañina al tabaco convencional, los especialistas en salud dental están encendiendo las alarmas. La Dra. Vivian Menéndez advierte que este hábito dista mucho de ser inofensivo para la cavidad oral, pudiendo desencadenar problemas que van desde la estética dental hasta enfermedades periodontales graves.

Según explica la Dra. Menéndez, la composición de los líquidos utilizados en estos dispositivos es el principal factor de riesgo. “Muchos dispositivos contienen nicotina y sustancias químicas que pueden reducir el flujo de saliva, causando sequedad bucal”, señala la especialista.

La falta de saliva (xerostomía) no es solo una molestia pasajera; es una barrera protectora menos para los dientes. Sin una lubricación adecuada, el riesgo de desarrollar caries y enfermedades de las encías aumenta exponencialmente, ya que la saliva es la encargada de neutralizar los ácidos y limpiar las partículas de alimentos.

¿Vapear mancha los dientes? Una de las dudas más frecuentes entre los usuarios es el impacto estético. Si bien es cierto que las manchas pueden ser menos intensas que las provocadas por el alquitrán del tabaco tradicional, la Dra. Menéndez aclara que el riesgo persiste: “Muchos líquidos de vapeo contienen colorantes y azúcares que contribuyen directamente a la pigmentación dental y a la acumulación de placa”.

¿Cómo saber si el vapeo está dañando tu boca? La detección temprana es clave para evitar daños irreversibles.

La especialista recomienda estar atentos a los siguientes síntomas:

1-Encías que sangran: un signo claro de inflamación o infección.

2-Mal aliento persistente (halitosis): causado por la sequedad y la proliferación de bacterias.

3-Sensibilidad dental: debido al desgaste del esmalte o la retracción gingival.

4-Acumulación de placa bacteriana: favorecida por los azúcares presentes en los vapores.

“Es fundamental entender que, aunque el vapeo contenga menos sustancias tóxicas que el cigarrillo tradicional, no es inofensivo”, concluye la Dra. Menéndez, haciendo un llamado a los usuarios a realizar revisiones periódicas para mitigar estos efectos.

Para más consejos sobre salud bucal y prevención dental, sigue a la Dra. Vivian Menéndez en sus redes sociales: @artdentalstudio_

“Es fundamental entender que, aunque el vapeo contenga menos sustancias tóxicas que el cigarrillo tradicional, no es inofensivo”, afirma la Dra. Vivian Menéndez.

“Los colores de mi voz”: una historia de valentía y sueños que enseña la importancia de encontrar tu propia voz

Por
Virginia Esteban-Somalo
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Mariana Martindale, autora de “Los colores de mi voz” (Foto: Cortesía/M. Martindale)

Mariana Martindale, CEO y fundadora de ALMA EmpowerHER (organización que brinda mentoría, recursos y desarrollo de liderazgo a latinas) y autora de “Los colores de mi voz” (“The Colors of my Voice”).

Este libro surge de la búsqueda de su autora del motivo por el que las mujeres no estamos representadas en altos cargos de liderazgo universitario.

Para Martindale no hay una única razón “sino multitud”. Cita entre otras “el síndrome del impostor, racismo sistémico, barreras de acceso educativo –‘gatekeeping’–, normas culturales como el ‘marianismo*’ que impone roles tradicionales y falta de mentoría”.

Su experiencia personal como puertorriqueña de primera generación intentando abrirse camino en la educación superior, desarrollo profesional y liderazgo, sin contar con una hoja de ruta definida, le obligó a superar barreras —culturales, estructurales y personales— que a menudo, “hicieron que el camino a seguir resultara desafiante y solitario”, señala la actual candidata al grado de doctorado.

Sin embargo, esas mismas experiencias fortalecieron su determinación y subrayaron la importancia de la perseverancia, la comunidad, el apoyo guiado y un pensamiento: “no debe esperarse que ninguna latina avance sola”.

Martindale comenzó a preguntarse cómo ampliar el alcance del estudio académico que estaba realizando acerca de la subrepresentación de mujeres latinas en roles de liderazgo en la educación superior, para llegar no solo a instituciones, responsables políticos y mujeres latinas, sino más allá.

“Así surgió la idea de llegar a las niñas latinas desde una edad temprana; lo suficiente como para encontrarlas en esa hermosa etapa de inocencia”.

Portada del libro “Los colores de mi voz”

“The Colors of My Voice” (“Los colores de mi voz”) es el resultado de esa idea: “un libro infantil ilustrado bilingüe que gira en torno a la identidad, la valentía y la importancia de reconocer el valor propio desde la niñez”, señala la autora.

En el libro se narra la historia de Aurelia, una niña que comienza a notar que su voz posee muchos “colores”, cada uno de los cuales representa diferentes emociones, experiencias y aspectos de su identidad.

A medida que la pequeña “transita por momentos compartidos con su familia, su comunidad y en la escuela, descubre que estos colores reflejan la fortaleza de su cultura, el amor de sus antepasados ​​y los sueños que alberga para su futuro”.

No todo es fácil y por un breve instante, “Aurelia se cuestiona si debiera ocultar ciertas partes de sí misma para encajar” pero “termina comprendiendo que su voz es poderosa, precisamente, gracias a esa gran diversidad de colores que la componen”.

Para la autora, esta historia celebra la identidad cultural, el lenguaje y la valentía que poseen los niños para expresar quiénes son realmente.

Escribiendo este cuento, Martindale ha tenido como propósito “sembrar la semilla de la autoestima a una edad temprana, antes de que nuestras pequeñas latinas se enfrenten al mundo real y a los intentos de hacerles sentir insignificantes”.

El relato se alinea con los mismos valores de la organización fundada y dirigida por la autora, resaltando “la identidad, el orgullo cultural, el liderazgo y la importancia de que las voces de las jóvenes sean vistas y escuchadas… ha sido concebido tanto como historia para niños como reflejo de la labor más amplia que realizo empoderando a futuras generaciones, para que lideren con confianza, cultura y voz propia”, aclara la autora.

Su esperanza es que las pequeñas sepan “que sus voces son poderosas y que poseen muchos colores”.

El libro ya está disponible en Amazon.

*El marianismo es un concepto sociocultural que describe un conjunto de normas y expectativas tradicionales sobre el rol de la mujer en muchas sociedades latinoamericanas y de herencia hispana.

Senado de EE. UU. aprueba fondos para TSA y gran parte de Seguridad Nacional, pero no para inmigración

Por
Associated Press
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Viajeros hacen fila para pasar los controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, el 26 de marzo de 2026. (Foto: AP/Lekan Oyekanmi)

 El Senado de Estados Unidos aprobó en la madrugada del viernes fondos de Seguridad Nacional para pagar a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y a la mayoría de las demás agencias, pero no financiarán las operaciones de control migratorio que están en el centro del bloqueo presupuestario que ha paralizado aeropuertos, afectado a los desplazamientos y causado problemas financieros a los trabajadores.

El acuerdo, que se aprobó por unanimidad sin votación nominal, pasa ahora a la Cámara de Representantes, que se espera que lo estudie el viernes.

“Podemos lograr que al menos una gran parte del gobierno vuelva a funcionar y luego ya veremos a partir de ahí”, declaró el líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune, de Dakota del Sur. “Obviamente, todavía nos queda trabajo por delante”.

Ante la creciente presión para resolver un estancamiento de 42 días en torno a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, la solución tomó forma en las últimas horas antes de que los trabajadores de la TSA se quedaran sin recibir otro cheque el viernes. El presidente, Donald Trump, anunció que firmaría una orden para pagar de inmediato a los agentes de la agencia, alegando que quería poner fin rápidamente al “caos en los aeropuertos”. El acuerdo no incluía ninguna de las restricciones que los demócratas habían exigido en su intento de frenar la campaña de deportaciones masivas del mandatario.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, apuntó que esta solución podría haberse alcanzado hace semanas, y prometió que su partido seguiría luchando para garantizar que la “descontrolada” operación migratoria de Trump “no reciba más financiaciamiento sin una reforma seria”.

Qué incluye y qué queda fuera del paquete de financiación

Los senadores trabajaron durante la noche en el acuerdo que sufragará gran parte del resto del departamento, incluida la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la Guardia Costera y la TSA, pero no contempla fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Aduanas tendrá financiación, pero Protección Fronteriza no.

El paquete no impone nuevos límites a la aplicación de las leyes migratorias, que ha seguido adelante prácticamente sin cambios pese al cierre. El gran proyecto de ley de recortes fiscales del Partido Republicano que Trump promulgó el año pasado destinó miles de millones de dólares adicionales al Departamento de Seguridad Nacional, incluyendo una partida de 75.000 millones para las operaciones de ICE, lo que garantiza que sus agentes sigan cobrando pese al bloqueo.

Los próximos pasos en la Cámara de Representantes, donde su presidente, el republicano Mike Johnson de Luisiana, tiene una estrecha mayoría, son inciertos. La aprobación del plan requerirá, casi con seguridad, apoyo bipartidista mientras legisladores de los flancos izquierdo y derecho del hemiciclo se rebelan.

Los republicanos conservadores han criticado las propuestas de su propio partido exigiendo la financiación total de las operaciones migratorias. Muchos se han comprometido a garantizar que el ICE disponga de los recursos que necesita en el próximo paquete presupuestario para ejecutar la agenda de Trump.

“Financiaremos plenamente al ICE. De eso se trata esta pelea», dijo el senador Eric Schmitt, republicano por Misuri, mientras trataba de presentar una iniciativa que cubriese a la agencia. «La frontera se está cerrando. La siguiente tarea es la deportación”.

Crecen las filas en aeropuertos mientras trabajadores de TSA pasan dificultades

El cierre por falta de financiación causó demoras en los viajes e incluso advertencias de cierres de aeropuertos, ya que los empleados de la TSA, al no recibir sus nóminas, dejan de acudir al trabajo.

Varios aeropuertos registran tasas de ausentismo laboral de más del 40% entre los trabajadores de la TSA y casi 500 de los casi 50.000 agentes de seguridad del transporte de la agencia han renunciado durante el cierre. A nivel nacional, más del 11% de los empleados de la TSA no ocuparon sus puestos el miércoles, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional. Eso equivale a más de 3.120 ausencias.

Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, dijo que el sindicato agradece que los trabajadores de la TSA vayan a cobrar, pero sostuvo que el Congreso debe mantenerse en sesión para aprobar un acuerdo “que financie al Departamento de Seguridad Nacional, pague a todos los trabajadores del departamento y mantenga en funcionamiento estas agencias vitales”.

En el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Melissa Gates dijo que no llegaría a tiempo a su vuelo a Baton Rouge, Luisiana, después de esperar, sin éxito, más de dos horas y media para llegar al control de seguridad. No había otros vuelos disponibles hasta el viernes, apuntó.

“Debería haber manejado, ¿no?», señaló Gates. «Cinco horas habrían sido una broma al lado de esto”.

Aunque tengas seguro dental, la factura puede ser muy alta

Por
KFF HEALTH NEWS
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Russell Anthony fue ocho veces al dentista el año pasado. El jubilado de 65 años que vive en Nashville, Tennessee, espera ir con menos frecuencia en 2026, pero ya ha tenido algunas consultas.

“La semana pasada me hicieron un tratamiento de conducto (endodoncia) que costó unos $500”, dijo. “Antes me colocaron una corona que me costó varios cientos de dólares. Y ahora mismo tengo un diente roto, así que tengo que ir al dentista pronto”.

En total, Anthony calcula que pagará alrededor de $2.000 por esta atención este año, aunque tiene seguro dental.

“Tratar de evaluar el costo de cuándo ir a recibir atención dental y pagar por ello, frente a otras necesidades que tengo, es algo muy importante”, agregó Anthony.

La Asociación Dental Estadounidense (American Dental Association, ADA) informó que el 77% de los adultos en Estados Unidos tenía seguro dental en 2021. Pero esa cobertura no protege necesariamente contra facturas elevadas.

De hecho, 1 de cada 4 adultos con seguro dental reportó que el costo es una barrera para recibir atención, según una encuesta de 2023 de KFF, una organización sin fines de lucro de información de salud que incluye KFF Health News.

Aquí hay tres cosas que debes saber para entender mejor tu plan dental y mantener los costos lo más bajos posible:

  1. Incluso con seguro dental, tendrás que pagar por procedimientos

Los planes dentales suelen cubrir completamente la atención de rutina, pero solo pagan una parte del trabajo adicional. Los beneficios varían, pero muchos planes siguen la regla “100/80/50”: cubren el 100% de la atención preventiva, como limpiezas y exámenes, el 80% en el caso de procedimientos básicos, como empastes y endodoncias, y el 50% de otros procedimientos mayores.

Además, los planes dentales suelen tener un límite máximo anual de pago, por lo general, de entre $1.000 y $2.000. Los pacientes deben pagar cualquier costo que supere ese límite. Por ejemplo, si tu plan tiene un máximo de $1.500 y necesitas $4.000 en tratamientos dentales, tendrás que pagar la diferencia de $2.500.

  1. ¿Enfrentas una factura dental alta? Tienes opciones

Puede resultar incómodo hablar de dinero directamente con un dentista, pero es útil ser claro sobre lo que puedes pagar.

Muchas clínicas odontológicas ofrecen opciones de financiamiento para ayudar a los pacientes a manejar el costo de la atención, incluyendo estimaciones previas al tratamiento y planes de pago. Si recibes un presupuesto que parece muy alto, revisa los detalles y considera buscar una segunda opinión. También puedes preguntar si ofrecen algún descuento.

Si necesitas una opción de menor costo, puedes considerar las escuelas de odontología, que a menudo ofrecen atención con descuento, o los centros de salud comunitaria federales, que ajustan los precios según los ingresos del paciente.

  1. Visitar al dentista con regularidad puede ayudar a mantener bajos los costos

Sarah Olim, dentista generalista en Katy, Texas, recomienda a sus pacientes hacer cita cada seis meses.

“Lo mejor que puede hacer para reducir el costo de ir al dentista es asegurarse de ir con regularidad y tratar los problemas a tiempo”, dijo.

Olim atiende a pacientes sin importar cuánto tiempo haya pasado desde su última visita. Pero advirtió que quienes esperan varios años entre consultas pueden encontrar que sus citas son más costosas y más incómodas.

¿La razón? Los problemas dentales generalmente no se resuelven por sí solos. Por ejemplo, una caries pequeña que requiere un empaste rápido puede costar $200. Si no se trata, puede convertirse en un problema mayor que requiera un tratamiento de conducto o endodoncia y una corona, con un costo de miles de dólares.

Tu dentista también te recomendará seguir medidas preventivas básicas: cepillarte los dientes durante dos minutos, dos veces al día. Olim aconseja a sus pacientes tomarse el tiempo o escuchar una canción que les guste para asegurarse de cepillarse el tiempo suficiente.

Personas y políticas

Los legisladores federales han intentado aumentar el acceso de los niños al seguro dental. Bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), la atención dental se considera un beneficio esencial de salud para los menores, por lo que los planes de salud en el mercado individual deben ofrecer cobertura dental para menores de 18 años.

Los programas estatales de Medicaid también deben cubrir la atención dental para niños.

Emily Siner, de Nashville Public Radio, contribuyó con este informe.

KFF Health News es una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud, y uno de los principales programas de KFF: la fuente independiente de investigación sobre políticas de salud.

Who will care for America’s aging? Immigration, birth rates, and the social security crisis

Por
Aleida García
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Family of an elderly person in a caretaker arrangement. (Photo: pexels)

At 6 am, before the city wakes, Carmen Melendez is already on her feet. At 68, she moves through newly lit office corridors with a mop and supply cart, the hum of fluorescent lights overhead, the faint smell of industrial cleaner trailing behind her. She has been doing this kind of work for years — and she is not ready to stop. Not because she wants to, but because she cannot afford to.

Carmen began collecting Social Security benefits last year at the age of 67. Under federal law, she is permitted to work and receive benefits simultaneously, and for now, that combination keeps her afloat. Her benefit amount lands just above the limit for most public assistance programs — too much to qualify for help, not enough to feel secure. The rising cost of Medicare premiums, the co-pays that seem to grow each year, and the predictions about future benefit cuts have settled into her daily life like a low, persistent weight.

“If I stop working,” she says quietly, “I don’t know how I will keep going. My check covers the basics — barely — and with the constant rise in basic costs like rent, food, and utilities, I feel insecure about tomorrow. I’m afraid of what happens when my body says enough.”

Carmen’s story is not unusual. It is, in fact, a portrait of a crisis that is reshaping the economic landscape of the United States — one aging body, one underfunded benefit check, one vanishing safety net at a time. America is aging faster than its workforce can keep up. A convergence of falling birth rates, tightening immigration policies, and a surging population of retiring Baby Boomers is putting enormous pressure on Social Security and Medicare. This is not a crisis on the horizon. It is unfolding now.

Elderly Hispanic woman working. (Photo: Illustrative/Pexels)

The numbers don’t lie

According to U.S. Census Bureau projections, by 2030, all Baby Boomers will be 65 or older — meaning one in five Americans will be of retirement age. The population of Americans 85 and older, those who draw most heavily on public resources, is projected to triple to nearly 19 million. Meanwhile, the working-age population that funds these programs through payroll taxes is shrinking proportionally. The old-age dependency ratio — retired adults per 100 working-age adults — is projected to nearly double between 2020 and 2060.

Demographer Dowell Myers of the University of Southern California has warned that this imbalance will trigger not only fiscal crises in Social Security and Medicare, but serious workforce shortages as mass retirements deplete the labor pool. According to the Bureau of Labor Statistics, the retirement wave will significantly slow labor force growth over the next decade and beyond.

Caretaker helping elderly woman. (Photo: Illustrative/Pexels)

Social Security: Decades of accounting trouble

When Social Security was established in 1935, the retirement age was set at 65, at a time when average life expectancy for men was well below that. The program was designed, in part, on the assumption that a large share of contributors would never collect. That math has since inverted dramatically as Americans live longer.

For Carmen, the numbers are not an abstraction. A 21 percent cut to a check that already leaves little room would mean choices between medication and meals, between heat and rent. The retirement age has already been raised to 67 for those born after 1957, and proposals to push it to 68 or 70 continue to surface in Congress. For Latino and Black workers in physically demanding jobs — who already face shorter average life expectancies due to systemic health disparities — each incremental increase effectively prices them out of a benefit they spent decades paying into. For a woman whose work is written in her hands and her back, the idea of working another two years beyond 67 is not a policy debate. It is a physical reckoning.

The two-front demographic crisis

For generations, the U.S. had a reliable buffer: relatively high birth rates and steady immigration of young workers who paid into the system and raised the next generation of taxpayers. Both are now in decline. The fertility rate has fallen steadily since 2007. Net legal immigration has dropped nearly 58 percent from its peak, and current federal enforcement policies have accelerated that trend through increased deportations and narrowed legal pathways.

The consequences ripple across the entire economy. Fewer immigrants means fewer workers, less payroll tax revenue, a weaker housing market, and a shrinking pool of elder care workers to staff the facilities where millions of Boomers will need care. As the Census Bureau has noted, higher immigration levels directly increase the working-age share of the population — and under low-immigration scenarios, the dependency burden worsens substantially. The workers most likely to fill those caregiving roles, to clean the offices, staff the wards, and pay into the system, are precisely the workers now being pushed out.

Caretaker helping elderly man out of the car.(Photo: Illustrative/Pexels)

Who in Washington is acting?

Some lawmakers are paying attention. Senator Bernie Sanders and Representatives Pramila Jayapal and Alexandria Ocasio-Cortez have advocated lifting the payroll tax cap so that high earners pay payroll taxes on income above the current ~$168,000 threshold. Moderate Republicans have backed targeted immigration reform for labor-shortage sectors, including agriculture, construction, healthcare, and elder care.

Others have proposed raising the retirement age further, cutting benefits, or moving toward partial privatization — solutions that would fall hardest on lower-income workers. The gap between these camps remains wide. The Population Reference Bureau projects that Social Security and Medicare expenditures will rise from 9.1 percent of GDP today to 11.5 percent by 2035. Without structural reform, that gap will be bridged by benefit cuts or debt.

A path forward

There is no single fix. But a combination of expanded legal immigration pathways, investment in family-support policies to stabilize birth rates, and retirement age policies that account for the physical toll of working-class labor would make the challenge manageable. For Philadelphia’s Latino community — young, largely immigrant, and deeply embedded in the caregiving and labor economy — these are not abstract policy debates. These workers fill the elder care facilities, staff the hospital wards, and pay the payroll taxes, keeping the system alive.

And then there is Carmen. Still mopping floors in the dark, still stretching her check to cover what Medicare does not, still arriving early so that the rest of us can walk into clean offices at sunrise. She is not waiting for Washington to figure it out. She is doing what she has always done: showing up, working hard, and hoping the system holds long enough to catch her when she finally has to let go.

El desafío del envejecimiento en EE. UU.: menos nacimientos, menos inmigrantes y una red de seguridad en riesgo

Por
Aleida García
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Mujer hispana de edad avanzada trabajando. (Foto: Ilustrativa/Pexels)

A las 6 de la mañana, antes de que la ciudad despierte, Carmen Meléndez ya está de pie. A sus 68 años, recorre los pasillos recién iluminados de edificios de oficinas con un trapeador y un carrito de limpieza, acompañada por el zumbido de las luces fluorescentes y el tenue olor de los productos industriales. Lleva años haciendo este tipo de trabajo —y no está lista para dejarlo. No porque no quiera, sino porque no puede permitirse hacerlo.

Carmen comenzó a recibir beneficios del Seguro Social el año pasado, a los 67 años. Según la ley federal, puede trabajar y recibir beneficios al mismo tiempo, y por ahora esa combinación es lo que la mantiene a flote. El monto que recibe queda apenas por encima del límite para la mayoría de los programas de asistencia pública: demasiado para calificar para ayuda, insuficiente para sentirse segura. El aumento constante de las primas de Medicare, los copagos que crecen cada año y las advertencias sobre futuros recortes de beneficios se han instalado en su vida diaria como un peso bajo y persistente.

“Si dejo de trabajar”, dice en voz baja, “no sé cómo voy a seguir adelante. Mi cheque cubre lo básico —apenas— y con el aumento constante de costos como la renta, la comida y los servicios públicos, tengo incetidumbre sobre el mañana. Me da miedo lo que pasará cuando mi cuerpo diga basta”.

La historia de Carmen no es inusual. Es, de hecho, el retrato de una crisis que está reconfigurando el panorama económico de Estados Unidos —un cuerpo envejecido, un cheque de beneficios insuficiente y una red de seguridad que se desvanece, uno a uno. Estados Unidos está envejeciendo más rápido de lo que su fuerza laboral puede sostener. La convergencia de una caída en las tasas de natalidad, políticas migratorias cada vez más restrictivas y una creciente ola de jubilaciones de los baby boomers está ejerciendo una enorme presión sobre el Seguro Social y Medicare. Esta no es una crisis futura, está ocurriendo ahora.

Cuidador ayudando a una mujer adulta mayor. (Foto: Ilustrativa/Pexels)

Los números no mienten

Según proyecciones de la Oficina del Censo de EE. UU., para el año 2030 todos los baby boomers tendrán 65 años o más, lo que significa que uno de cada cinco estadounidenses estará en edad de jubilación. Se proyecta que la población de personas de 85 años o más —quienes más dependen de recursos públicos— se triplicará hasta alcanzar casi los 19 millones. Mientras tanto, la población en edad de trabajar que financia estos programas mediante impuestos sobre la nómina se reduce proporcionalmente. La tasa de dependencia de adultos mayores —el número de jubilados por cada 100 personas en edad laboral— casi se duplicará entre 2020 y 2060.

El demógrafo Dowell Myers, de la Universidad del Sur de California, ha advertido que este desequilibrio no solo provocará crisis fiscales en el Seguro Social y Medicare, sino también grave escases de mano de obra, a medida que las jubilaciones masivas reduzcan el grupo de trabajadores disponibles. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, esta ola de retiradas ralentizará significativamente el crecimiento de la fuerza laboral durante la próxima década y más allá.

Cuidador ayudando a un hombre mayor a bajar del automóvil. (Foto: Ilustrativa/Pexels)

Seguro Social: décadas de problemas contables

Cuando el Seguro Social se estableció en 1935, la edad de jubilación se fijó en 65 años, en una época en que la esperanza de vida promedio de los hombres era considerablemente menor. El programa se diseñó, en parte, bajo la premisa de que una gran proporción de quienes contribuían nunca llegaría a cobrar beneficios. Ese cálculo se ha invertido drásticamente a medida que los estadounidenses viven más tiempo.

Para Carmen, estas cifras no son una abstracción. Un recorte del 21 % a un cheque que ya ofrece poco margen significaría elegir entre medicamentos y comida, entre calefacción y renta. La edad de jubilación ya se elevó a 67 años para quienes nacieron después de 1957, y continúan surgiendo en el Congreso propuestas para aumentarla a 68 o incluso 70. Para trabajadores latinos y negros en empleos físicamente exigentes —que ya enfrentan una menor esperanza de vida promedio debido a desigualdades de salud sistémicas— cada aumento adicional equivale, en la práctica, a excluirlos de un beneficio al que contribuyeron durante décadas. Para una mujer cuyo trabajo está evidenciado en sus manos y su espalda, la idea de trabajar dos años más después de los 67, va más allá de un debate de políticas públicas, es un ajuste de cuentas en el físico.

Familia de una persona mayor en un arreglo de cuidado. (Foto: Ilustrativa/Pexels)

La crisis demográfica en dos frentes

Durante generaciones, Estados Unidos contó con un amortiguador confiable: tasas de natalidad relativamente altas y una inmigración constante de trabajadores jóvenes que contribuían al sistema y criaban a la siguiente generación de contribuyentes. Ambos factores están ahora en retroceso. La tasa de fertilidad ha caído de forma sostenida desde 2007. La inmigración legal neta ha disminuido casi un 58 % desde su punto máximo, y las políticas federales actuales han acelerado esta tendencia a través de un aumento en las deportaciones y la reducción de vías legales.

Las consecuencias se extienden por toda la economía. Menos inmigrantes significa menos trabajadores, menos ingresos por impuestos sobre la nómina, un mercado de vivienda más débil y una escasez creciente de personal de cuidado para adultos mayores, precisamente cuando millones de boomers necesitarán atención. Como ha señalado la Oficina del Censo, mayores niveles de inmigración aumentan directamente la proporción de personas en edad de trabajar; en escenarios de baja inmigración, la carga de dependencia se agrava de forma considerable. Los trabajadores con más probabilidades de ocupar esos puestos de cuidado —limpiar oficinas, atender salas hospitalarias y sostener el sistema con sus impuestos— son justamente quienes hoy están siendo excluidos.

¿Quién actúa en Washington?

Algunos legisladores están prestando atención. El senador Bernie Sanders y las representantes Pramila Jayapal y Alexandria Ocasio‑Cortez han abogado por eliminar el tope del impuesto sobre la nómina, de modo que los ingresos superiores al umbral actual de aproximadamente 168 000 dólares también contribuyan al sistema. Republicanos moderados han respaldado reformas migratorias específicas para sectores con escasez de mano de obra, como la agricultura, la construcción, la atención médica y el cuidado de personas mayores.

Otros han propuesto aumentar aún más la edad de jubilación, recortar beneficios o avanzar hacia una privatización parcial —soluciones que afectarían con mayor dureza a los trabajadores de menores ingresos. La brecha entre estos enfoques sigue siendo amplia. La Oficina de Referencia Poblacional proyecta que el gasto en Seguro Social y Medicare aumentará del 9.1 % del PIB actual al 11.5 % para 2035. Sin una reforma estructural, esa diferencia se cubrirá con recortes de beneficios o con deuda.

Un camino hacia adelante

No existe una solución única. Pero una combinación de expansión de vías legales de inmigración, inversión en políticas de apoyo a las familias para estabilizar las tasas de natalidad y políticas de jubilación que reconozcan el desgaste físico del trabajo obrero haría este desafío manejable. Para la comunidad latina de Filadelfia —joven, mayoritariamente inmigrante y profundamente integrada en la economía del cuidado y del trabajo— estos no son debates abstractos. Son los trabajadores que atienden hogares de ancianos, cubren turnos en hospitales y pagan impuestos sobre la nómina los que mantienen vivo el sistema.

Y luego está Carmen. Todavía trapeando pisos en la oscuridad, todavía estirando su cheque para cubrir lo que Medicare no alcanza, todavía llegando temprano para que los demás podamos entrar a oficinas limpias al amanecer. Ella no está esperando a que Washington lo resuelva. Está haciendo lo que siempre ha hecho: presentarse, trabajar duro y esperar que el sistema resista el tiempo suficiente para sostenerla cuando finalmente tenga que soltar.

“The Colors of My Voice”: A story of courage and dreams that teaches the importance of finding your own voice

Por
Virginia Esteban-Somalo
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Mariana Martindale, autora de “Los colores de mi voz” (Foto: Cortesía/M. Martindale)

Mariana Martindale, CEO and founder of ALMA EmpowerHER—an organization that provides mentorship, resources, and leadership development for Latinas—and author of “Los colores de mi voz” (“The Colors of My Voice”).

This book was born out of the author’s search for the reasons why women are not represented in senior leadership positions within higher education.

For Martindale, there is no single reason, “but rather many.” She cites, among others, “impostor syndrome, systemic racism, barriers to educational access—‘gatekeeping’—cultural norms such as marianismo*, which imposes traditional roles, and a lack of mentorship.”

Her personal experience as a first-generation Puerto Rican woman striving to find her place in higher education, professional development, and leadership—without a clear roadmap—forced her to overcome barriers that were cultural, structural, and personal. These obstacles often, she notes, “made the path forward challenging and lonely,” says the current doctoral candidate.

However, those same experiences strengthened her determination and underscored the importance of perseverance, community, guided support, and one central belief: “No Latina should be expected to advance alone.”

Cover of the book The Colors of My Voice.

Martindale began to ask herself how she could expand the reach of the academic research she was conducting on the underrepresentation of Latina women in leadership roles in higher education—not only to institutions, policymakers, and Latina women, but beyond them as well.

“That’s how the idea emerged to reach Latina girls from an early age—early enough to meet them during that beautiful stage of innocence.”

The Colors of My Voice (Los colores de mi voz) is the result of that idea: “a bilingual illustrated children’s book centered on identity, courage, and the importance of recognizing one’s self-worth from childhood,” the author explains.

The book tells the story of Aurelia, a young girl who begins to notice that her voice has many “colors,” each representing different emotions, experiences, and aspects of her identity.

As she “moves through moments shared with her family, her community, and at school, she discovers that these colors reflect the strength of her culture, the love of her ancestors, and the dreams she holds for her future.”

Not everything is easy, and for a brief moment, “Aurelia wonders whether she should hide certain parts of herself in order to fit in,” but she ultimately comes to understand that her voice is powerful precisely because of the great diversity of colors that make it whole.

For the author, this story celebrates cultural identity, language, and the courage children have to express who they truly are.

By writing this story, Martindale aimed to “plant the seed of self-esteem at an early age, before our young Latinas face the real world and attempts to make them feel insignificant.”

The narrative aligns with the same values upheld by the organization she founded and leads, highlighting “identity, cultural pride, leadership, and the importance of ensuring that young girls’ voices are seen and heard… It was conceived both as a children’s story and as a reflection of the broader work I do empowering future generations to lead with confidence, culture, and their own voice,” the author explains.

Her hope is that young girls will know “that their voices are powerful and that they have many colors.”

The book is now available on Amazon.

*Marianismo is a sociocultural concept that describes a set of traditional norms and expectations regarding the role of women in many Latin American and Hispanic‑heritage societies.

“Me engañaron”: agentes encadenan a un padre que había ido al ICE a reunirse con sus hijos

Por
KFF HEALTH NEWS
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En diciembre, Carlos llegó a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nuevo Mexico creyendo que estaba a un paso de reunirse con sus hijos. En ese momento, su hijo de 14 años y su hija de 16 llevaban casi un año en un albergue federal en Texas después de haber cruzado  la frontera para reunirse con él.

“Se siente como si me estuviera asfixiando dentro de este albergue, atrapado sin salida”, dijo el hijo de Carlos cuando le pidieron describir cómo se sentía luego de meses en la instalación en el área de Houston, según contó uno de los abogados de los adolescentes. “Todos los días, la misma rutina. Todos los días, sintiéndome atrapado. Me hace sentir aterrado y sin esperanza”.

Durante llamadas diarias por video, Carlos, quien tenía estatus de protección temporal (TPS), les pedía a los hermanos que tuvieran paciencia, que confiaran en el proceso.

Funcionarios federales habían evaluado a Carlos antes de otorgarle la custodia y le dijeron que su caso estaba completo. Él creía que pronto estaría de nuevo con sus hijos, quienes, al igual que él, habían llegado a Estados Unidos huyendo de la violencia política en Venezuela.

Un oficial de inmigración llamó a Carlos un viernes y le pidió que fuera el lunes a una reunión en una oficina del ICE para hablar sobre la reunificación con sus hijos. Cuando llegó, los oficiales intentaron obligarlo a firmar documentos que dijo no entender. Cuando se negó, le quitaron la ropa, le confiscaron su identificación y sus pertenencias y lo encadenaron por el cuello, la cintura y las piernas.

“Me engañaron”, dijo Carlos en una llamada telefónica desde un centro de detención migratoria en El Paso, Texas, donde estuvo retenido durante varios meses. “Usaron a mis hijos para atraparme”, agregó.

Durante la cobertura de esta historia, KFF Health News revisó documentos judiciales, habló con los abogados de inmigración de la familia, entrevistó a Carlos y revisó declaraciones de sus hijos, traducidas del español.

Carlos es un seudónimo que se ha usado a pedido de los abogados: les preocupa que hablar públicamente pueda poner en riesgo el caso o retrasar aún más la reunificación familiar.

Usar a los hijos para arrestar a los padres

Desde 2003, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha cuidado a niños migrantes menores de 18 años que llegan al país sin sus padres, a menudo huyendo de la violencia, el abuso o el tráfico humano. La oficina, que en febrero tenía más de 2.300 niños en albergues o con familias temporales en todo el país, se supone que debe liberarlos rápidamente con cuidadores evaluados, generalmente padres u otros familiares que ya viven en el país.

El Congreso asignó esta responsabilidad a la agencia de salud hace más de 20 años para priorizar el bienestar de los niños no acompañados y separar su cuidado de las prioridades de control migratorio.

Ahora, la segunda administración de Trump está usando a niños migrantes bajo custodia de la agencia para atraer a padres, como Carlos, tengan o no antecedentes penales.

Una investigación de KFF Health News encontró que la oficina de reasentamiento, dirigida por una ex funcionaria del ICE, coordina con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el arresto de personas que buscan la custodia de niños migrantes.

Documentos de arrestos muestran que Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la división de la agencia que normalmente se enfoca en el crimen organizado y en traficantes, entrevista a padres u otros cuidadores y luego los arresta si están en el país sin autorización legal.

Los niños enfrentan estadías más prolongadas en albergues de reasentamiento o en hogares temporales

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos atiende a los niños inmigrantes que llegan al país sin sus padres. En el año fiscal 2025, el tiempo promedio que los niños permanecieron bajo custodia fue de 117 días, en comparación con 38 días hace una década.

Antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la oficina de reasentamiento prohibía compartir datos y colaborar con las autoridades migratorias y no negaba la custodia de niños únicamente por el estatus migratorio de los cuidadores. Esas restricciones fueron eliminadas el año pasado.

No está claro cuántos cuidadores han sido atraídos bajo falsos pretextos para ser arrestados. LAist obtuvo datos que indican que más de 100 fueron detenidos mientras intentaban sacar a sus hijos de la detención, pero KFF Health News no pudo verificar de manera independiente esa cifra con agencias federales.

El HHS, el DHS y el Departamento de Justicia (DOJ) no han respondido a preguntas sobre arrestos de cuidadores que se les han remitido desde febrero.

Antes de dejar el DHS el mes pasado, la subsecretaria Tricia McLaughlin dijo que la administración protege a los niños de ser entregados a personas que no deberían cuidarlos. Andrew Nixon, vocero del HHS, remitió las preguntas relacionadas con la aplicación de leyes migratorias al DHS.

Al mismo tiempo, la oficina de reasentamiento ha implementado nuevas reglas que dificultan que los cuidadores obtengan la custodia de niños no acompañados. Estas incluyen reducir el tipo de documentos que se aceptan, exigir verificaciones de antecedentes con huellas dactilares para todos los adultos que vivan en el hogar y para otros cuidadores, y requerir citas en persona para verificar documentos de identidad, a veces con agentes del ICE presentes. Estos requisitos mantienen a los “niños seguros de traficantes y otras personas peligrosas”, dijo Nixon.

Hasta enero, la agencia había retenido a al menos 300 niños que ya habían sido ubicados con patrocinadores evaluados y había pedido a sus cuidadores que volvieran a solicitar la custodia, según el National Center for Youth Law y la Democracy Forward Foundation. Estos dos grupos presentaron una demanda el 23 de febrero calificando estas acciones como “una nueva forma silenciosa de separación familiar”.

Separación a la inversa

Dulce, una madre guatemalteca en Virginia, dijo que a su hijo de 8 años lo enviaron a un albergue del gobierno después de ser detenido durante una parada de tráfico el verano pasado, mientras visitaba a familiares en otro estado.

Al principio, Dulce esperaba recuperar a su hijo en pocos días: había cumplido con los requisitos de patrocinio del gobierno en 2024 y se había reunido con él tres semanas después de que el niño cruzara la frontera. Pero funcionarios de la agencia de reasentamiento le pidieron repetir todo el proceso y volver a presentar documentos, dijo Dulce. Tardó ocho meses en recuperarlo.

Dulce es un seudónimo utilizado a petición suya porque teme que hablar públicamente la ponga en riesgo de deportación.

En un momento, le pidieron que fuera a una entrevista en una oficina del ICE para mostrar su identificación como parte del proceso de reunificación con su hijo. Ella se negó por miedo a que la detuvieran, ya que no tiene estatus legal. Cree que agentes del ICE visitaron su casa en algún momento.

“Dejé de ir a mi casa”, dijo Dulce. “Viví con algunos de mis amigos por días”.

Aunque vivía a solo 45 minutos, a Dulce solo se le permitió visitar a su hijo dos veces al mes.

Hasta hace poco, la mayoría de los niños no acompañados llegaban a la custodia del gobierno luego de ser detenidos en la frontera. Pero los cruces fronterizos comenzaron a disminuir en 2024 y el número de personas que llegan a Estados Unidos ha caído de forma importante durante el segundo mandato del presidente Trump.

Ahora, cientos de niños han sido llevados a albergues del gobierno después de ser detenidos dentro del país, en general durante redadas migratorias o paradas de tráfico, según la demanda de los grupos defensores. Muchos ya vivían con familiares, incluidos tutores previamente evaluados por la agencia de reasentamiento.

Ya casi no hay liberaciones. Según la oficina de reasentamiento, en 2024 los niños bajo su custodia permanecían en albergues o en cuidado temporal por un promedio de un mes. En febrero, ese tiempo había aumentado a más de medio año.

An adult woman holds up a drawing of Disney's Rapunzel.
Una abogada sostiene un dibujo de Rapunzel hecho por la hija de Carlos, quien dijo que pasa la mayor parte del tiempo en su habitación, sintiéndose aislada como el personaje de la película “Tangled”.(Abigail Gonsoulin)

Generalmente se libera a los niños solo después de que sus abogados presentan una demanda en un tribunal federal impugnando su detención como inconstitucional.

Las autoridades liberaron al hijo de Dulce en febrero después de que los abogados del niño presentaron una petición de este tipo. La mujer dijo que se siente aliviada de tenerlo de vuelta, pero sigue con miedo de que el ICE pueda llegar a su casa.

Inmigrantes en riesgo

Durante el primer mandato de Trump, su administración fue criticada por perder el rastro de niños que habían sido liberados de custodia. El presidente Joe Biden fue cuestionado por la forma en que su administración manejó el aumento de niños no acompañados, que alcanzó un pico en 2021 con alrededor de 22.000 bajo custodia de la oficina de reasentamiento.

Aunque la mayoría fueron recibidos por patrocinadores legítimos, algunos fueron entregados a personas que no habían pasado controles de seguridad, lo que los puso en riesgo de explotación.

La administración Trump dice que está verificando el bienestar de esos niños y el Departamento de Justicia ha procesado casos de trata infantil.

El 1 de marzo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien dejará su cargo a finales de mes, destacó un esfuerzo de varias agencias, incluida la oficina de reasentamiento, que, según el DHS, había localizado a 145.000 niños no acompañados que habían sido entregados a cuidadores durante el mandato de Biden.

Sin embargo, informes internos del HHS sobre esa iniciativa obtenidos por KFF Health News muestran que casi 11.800 de esos niños migrantes y cerca de 500 de sus cuidadores habían sido arrestados hasta el 29 de enero. Solo 125 de esos niños y 55 de esos cuidadores fueron arrestados por presunta actividad criminal, lo que sugiere que la mayoría fue detenida por violaciones migratorias.

El HHS remitió preguntas sobre esas cifras al DHS, que no respondió a solicitudes de comentarios. Michelle Brané, quien fue funcionaria del DHS durante la administración Biden, dijo que las cifras muestran que la mayoría de los arrestos fueron para detener y deportar migrantes. Anteriormente, CNN informó que la administración apuntó a padres y cuidadores que habían pagado para que los niños cruzaran la frontera, intentando presentar cargos de tráfico de personas contra ellos.

“Han abandonado esa estrategia en muchos sentidos y ahora van tras cualquiera abiertamente”, dijo Brané. “Estas cifras reflejan claramente que esto no se trata de seguridad pública ni de la seguridad de los niños”.

Caso en espera

Carlos salió de Venezuela en 2022 debido a amenazas de muerte y, como miles de otros que huían de ese país, recibió lo que se conoce como estatus de protección temporal durante la administración Biden. Esa protección fue posteriormente eliminada para la mayoría de los venezolanos por el gobierno de Trump.

En enero de 2025, días antes de que Trump asumiera su segundo mandato, los hijos de Carlos cruzaron la frontera desde México hacia Estados Unidos, se entregaron a las autoridades fronterizas y fueron puestos de inmediato bajo custodia de la agencia de reasentamiento.

Carlos pasó meses enviando documentos para reunirse con ellos. Dijo que es su único padre, ya que la madre los abandonó cuando eran pequeños.

Funcionarios visitaron su casa dos veces y determinaron que era apto para cuidarlos, según documentos judiciales que solicitaban su liberación. Pasó pruebas de ADN que confirmaron que es el padre biológico, dijo uno de sus abogados. Sus documentos indican que no tiene “antecedentes penales”. En julio, a Carlos le dijeron que su caso de reunificación estaba completo y en proceso de aprobación. Pero luego, sin explicación, el caso fue puesto en espera.

Antes de que el ICE lo arrestara, Carlos dijo que manejaba 14 horas de ida y 14 de vuelta desde su casa para visitar a sus hijos. Solo podía verlos durante una hora. Cuando estaba detenido, dijo que hablaba con ellos aproximadamente cada dos semanas en llamadas breves y supervisadas.

Intenta mantenerse la esperanza, pero es difícil.

Según documentos redactados por oficiales del ICE durante su arresto y presentados en su caso judicial, Carlos fue detenido bajo una iniciativa llamada Operation Guardian Trace, que exige a los oficiales migratorios detener a posibles cuidadores si están en el país sin autorización legal y recomendar su deportación.

“Esta operación está diseñada para obligar a los padres a tomar una decisión imposible entre reunirse con sus hijos y buscar seguridad”, dijo una de las abogadas de Carlos, Chiqui Sanchez Kennedy, del Galveston-Houston Immigrant Representation Project, una organización sin fines de lucro que ayuda a inmigrantes de bajos recursos.

“Voy a esperar”

En marzo, un juez federal determinó que Carlos había sido detenido de manera ilegal y fue liberado bajo fianza.

Pero sus hijos aún enfrentan un futuro incierto. Investigaciones muestran que los albergues del gobierno a menudo carecen de suficientes recursos y trabajadores sociales dicen que estadías prolongadas en estos lugares pueden causar más trauma.

“No solo es malo, sino que cuanto más tiempo estás allí, peor se vuelve”, expresó Jonathan Beier, director asociado de investigación y evaluación del programa para niños no acompañados del Acacia Center for Justice, que coordina servicios legales para estos menores.

Los hijos de Carlos también podrían ser enviados de regreso al país del que huyeron. Debido a su detención, Carlos tendrá que repetir gran parte del proceso para reunirse con ellos, según una abogada de los niños, Alexa Sendukas, también del Galveston-Houston Immigrant Representation Project.

En declaraciones compartidas a través de Sendukas, la hija de Carlos dijo que ya no quiere estar con otras personas y pasa la mayor parte del tiempo en su habitación. Su hijo, ahora de 15 años, describió tener ataques de pánico y sentir que se está perdiendo la vida, ya sean las oportunidades con las que sueña — aprender inglés, estudiar ciencia — o ver baloncesto con su familia.

“Recuerdo cuando llegué por primera vez a este albergue; tenía mucha esperanza y fe en que pronto me reuniría con mi papá”, dijo.

La hija de Carlos pasó el día llorando en la cama cuando los hermanos se enteraron de que su padre había sido detenido. Durante días, no supieron dónde estaba. Ahora, temen que la única salida sea la adopción o el cuidado temporal.

“Tengo miedo”, dijo. “Voy a esperar a mi papá siempre”.

KFF Health News es una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud, y uno de los principales programas de KFF: la fuente independiente de investigación sobre políticas de salud.

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