Tradicionalmente, los precios en la gasolinera siempre han sido algo más que una simple cifra. Es un barómetro silencioso de cómo las decisiones políticas, las prioridades económicas del gobierno o las tensiones globales del momento influyen sobre los precios. Hoy vemos cómo esos precios están aumentando para millones de familias trabajadoras, especialmente dentro de las comunidades inmigrantes, y las consecuencias son inmediatas y dolorosas.

En el centro del actual aumento se encuentran varias políticas de la actual administración del presidente Trump. La agresiva estrategia de aranceles del presidente, la sorpresiva guerra que emprendió contra Irán y la complejidad de la situación de Venezuela han contribuido, directa o indirectamente, a elevar los costos mundiales de la energía. Y se sabe que estos costos se extienden en cadena, afectando desde los precios de los alimentos hasta el costo de la vivienda.

El último elemento agravante ha sido el inesperado conflicto con Irán, que ha desestabilizado uno de los corredores energéticos más críticos del mundo. Cerca del 20% del suministro global de petróleo pasa por el Estrecho de Ormuz, y su cierre, decretado por Irán, ya ha disparado los precios del crudo por encima de los 110 dólares por barril, y con temores de que puedan subir aún más. Las consecuencias son previsibles: sube el precio de la gasolina, aumenta el transporte y, en consecuencia, aumenta la inflación, con lo que también empieza a asomarse en el horizonte el riesgo de recesión.

Previo a la actual guerra estaba ya el tema de los aranceles. Los aranceles, por diseño, distorsionan los flujos comerciales. En los mercados energéticos, esa distorsión suele traducirse en mayor ineficiencia y costos aumentados, ya que las cadenas de suministro se ven obligadas a reorganizarse o a restringirse. Por lo general, estas medidas se adoptan para ejercer presiones geopolíticas, pero pueden tener efectos contraproducentes, contribuyendo a la volatilidad de los precios, con costos que finalmente recaen sobre el consumidor.

Irónicamente, la administración también se ha visto obligada a ajustar ciertas exenciones relacionadas con el petróleo y sus derivados desde Venezuela, para aliviar la presión sobre la oferta y contener un poco la creciente alza en los precios. Este vaivén de políticas termina exponiendo las contradicciones y mostrando que los intentos de controlar los mercados energéticos globales con sanciones y aranceles a menudo chocan con la realidad no controlable de la oferta y la demanda.

El resultado puede ser una tormenta perfecta. La guerra restringe la oferta, los aranceles complican el comercio, las sanciones reconfiguran las alianzas y los bloques generando presiones sobre los precios del combustible y todo lo demás. Y la inflación no es un concepto abstracto, sino que es el dinero extra que una madre debe gastar para llenar el tanque o para comprar comida para su mesa.

Además, muchos hogares inmigrantes carecen de un colchón financiero que les permita absorber estos choques económicos. Un aumento repentino en el precio de la gasolina puede marcar la diferencia entre pagar la renta o quedarse atrás. En este contexto, la política macroeconómica del gobierno deja de ser algo lejano y se vuelve algo muy personal.

Los defensores del presidente argumentan que estas medidas son necesarias por razones de seguridad nacional y para garantizar el dominio energético a largo plazo. Dicen que hay esfuerzos por aumentar la producción interna y señalan algunas medidas temporales supuestamente destinadas a mitigar el impacto del alza de los precios. Sin embargo, incluso si estas estrategias trajeran beneficios a largo plazo, los costos inmediatos recaen de manera desproporcionada sobre quienes menos tienen para pagarlos.

La salud de una economía no puede evaluarse únicamente por el desempeño del mercado bursátil o el crecimiento del PIB, sino que también se mide por su capacidad para proteger a los más vulnerables. Hoy, el aumento en los costos de la energía está poniendo en evidencia una brecha creciente entre quienes diseñan las políticas económicas, muchas veces divorciadas de sus promesas electorales, y quienes después pagan las consecuencias.

Si se puede sacar una lección de este momento, es que la política energética también es política social. Y hasta que ese hecho no sea plenamente reconocido, el peso y el costo de las decisiones locales y globales del gobierno seguirán recayendo sobre quienes menos tienen para absorber el golpe y menos pueden influir en ellas.