Para muchas familias latinas en Pensilvania, llegar a fin de mes se ha convertido en una preocupación constante.

Lo notamos cuando vamos al supermercado y salimos con menos productos, aunque gastamos más. También lo notamos cuando llenamos el tanque de gasolina, pagamos una consulta médica o tenemos que decidir cómo cubrir el cuidado de nuestros hijos mientras trabajamos.

Son decisiones que tomamos todos los días y detrás de cada una hay familias haciendo cuentas, ajustando sus gastos y buscando la manera de salir adelante.

En medio de tantas preocupaciones, es fácil sentir que quienes toman las decisiones políticas están muy lejos de nuestra realidad, que nuestras necesidades no son escuchadas y que, sin importar por quién votemos, las cosas seguirán igual.

A veces da la impresión de que las elecciones van y vienen: cambian los nombres y los discursos, pero las preocupaciones en casa siguen siendo las mismas. Sin embargo, la historia nos demuestra que no siempre es así.

Una elección especial reciente para ocupar un escaño en la Cámara de Representantes estatal, en el condado de Butler, se decidió por apenas 88 votos. Pensemos en eso por un momento: son menos personas de las que se pueden encontrar en muchas reuniones familiares, celebraciones comunitarias o eventos del barrio. Y fueron suficientes para decidir una elección.

En estas circunstancias, hay otra pregunta que deberíamos hacernos: ¿Qué pasa después de que se cuentan los votos? Porque nosotros seguimos pagando las cuentas. Seguimos llevando a nuestros hijos a la escuela. Seguimos enfrentando los mismos problemas, independientemente de quién haya ganado.

Y quienes nos pidieron el voto tienen que seguir escuchándonos cuando termina la campaña. Eso significa preguntar, organizarnos con nuestros vecinos, presentarnos donde se toman las decisiones y recordarles a nuestros representantes lo que prometieron cuando buscaban nuestro apoyo.

Si nuestras preocupaciones no desaparecen después de las elecciones, nuestra participación tampoco debería hacerlo.

Porque en Pensilvania no necesitamos que nos escuchen solamente cuando quieren nuestro voto. Necesitamos que nos respondan cuando exigimos soluciones. Las decisiones políticas no terminan cuando se cuentan los votos. Sus consecuencias se sienten mucho después, en situaciones que a veces ni siquiera relacionamos con lo que ocurre en el Capitolio estatal.

Pensemos, por ejemplo, en algo tan personal como nuestro ADN. ¿Qué pasaría si la policía pudiera guardar nuestra información genética simplemente por haber sido acusados de un delito, incluso sin haber sido declarados culpables?

Desde 2011, la ACLU de Pensilvania y otras organizaciones han trabajado para detener propuestas que ampliarían la recolección de ADN antes de que exista una condena. El debate continúa y nos recuerda que derechos como la privacidad y la presunción de inocencia también se deciden en las legislaturas.

Hay otros cambios que hoy parecen parte de nuestra vida cotidiana, pero que no siempre fueron posibles. En 2019, Pensilvania aprobó una reforma que permitió a cualquier votante registrado solicitar una boleta por correo sin tener que justificar por qué no podía acudir a las urnas.

Un año después llegó la pandemia. Pensemos en las personas mayores, en quienes tenían condiciones de salud que las hacían más vulnerables o en las familias preocupadas por exponerse al virus. Para muchas de ellas, contar con esa alternativa significó poder participar en las elecciones sin tener que acudir personalmente a un centro de votación. También está el derecho a hablar sin miedo.

Imaginemos a una vecina que denuncia un problema en su comunidad, a un periodista que investiga un abuso o a un grupo de residentes que cuestiona una decisión que les afecta. ¿Qué sucede cuando alguien con más recursos económicos utiliza una demanda judicial para intentar silenciarlos?

Durante años, organizaciones y defensores de la libertad de expresión buscaron ampliar las protecciones contra este tipo de demandas, conocidas como SLAPP. En 2024, Pensilvania aprobó una ley que ofrece nuevas herramientas legales para enfrentar estos casos.

Detrás de estos cambios hay años de trabajo, conversaciones difíciles, desacuerdos, personas que insistieron y organizaciones que no dejaron de dar seguimiento a lo que sucedía en Harrisburg. Y también hay algo que vale la pena reconocer: ninguna elección resuelve por sí sola todos los problemas.

Los funcionarios electos enfrentan negociaciones, desacuerdos y decisiones difíciles. No siempre cumplen lo que prometieron, y no todas sus decisiones reflejan las prioridades de quienes los eligieron. Por eso importa conocer lo que hacen una vez que llegan al cargo.

La ACLU de Pensilvania cuenta con una herramienta que permite consultar cómo han votado los legisladores estatales sobre temas relacionados con los derechos y las libertades civiles. También podemos revisar sus declaraciones públicas, conocer sus propuestas y formular preguntas sobre las decisiones que afectan a nuestras comunidades.

Porque al final, detrás de cada proyecto de ley hay personas. Familias que necesitan acceder a las urnas. Vecinos que quieren expresar sus preocupaciones sin temor. Personas que esperan que sus derechos sean respetados.

Las elecciones tienen una fecha en el calendario. Las decisiones que afectan nuestras vidas se toman durante todo el año.

Y merecemos saber cuáles son, quiénes las toman y qué significan para nosotros.