Organizaciones feministas y ciudadanía marchan por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca/Archivo

San Juan. – La entrada en vigor de la declaración del estado de emergencia por la violencia machista en Puerto Rico supone atender un problema grave en la isla donde en el 2020 hubo 60 feminicidios, lo que supone un incremento del 62 % en relación al año anterior.

Asociaciones que luchan contra la violencia de género en la isla muestran este miércoles su postura favorable a la iniciativa del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que con la medida anunciada el pasado domingo trata de dar respuesta al que se había convertido en uno de los principales problemas sociales.

Aunque la violencia de género es un problema que golpea a la sociedad puertorriqueña desde hace años, la alarma social se desató definitivamente durante 2020, después de que en un periodo de 4 semanas entre septiembre y octubre se registraran 17 asesinatos de mujeres.

La orden ejecutiva para declarar una emergencia por violencia de género da respuesta, según Pierluisi, a la situación que viven las mujeres y cumple así con su promesa de la campaña electoral.

Wanda Vázquez, que le precedió en el cargo, había anunciado un estado de alerta nacional a causa de la violencia contra la mujeres en septiembre de 2019, que las asociaciones consideraban insuficiente.

ORDEN CONSIDERADA POSITIVA

La presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, Mabel López, señaló a Efe que en términos generales la orden ejecutiva de Pierluisi debe considerarse positiva.

«El momento para la orden era hace años», matizó López, tras indicar que la violencia de género se ha cobrado ya muchas vidas.

Dijo que no ha sido fácil dar el paso, ya que hubo de superar la oposición «de sectores muy conservadores de la sociedad».

López sostuvo además que esta orden ejecutiva que promueve el gobernador trata de dar respuesta a «una falta de estadísticas acertadas».

«Creo que debe incluir un plan integral», dijo, después de matizar que «los cambios requerirán tiempo».

López señaló que, no obstante, una de las preocupaciones es que la orden ejecutiva no es del todo clara sobre la inclusión de la perspectiva de género en el programa educativo puertorriqueño.

El activista de los derechos humanos Pedro Julio Serrano señaló a Efe que la iniciativa de Pierluisi va en la dirección correcta.

LOS TRANSEXUALES INCLUIDOS

Matizó que Pierluisi señaló durante el anuncio que los transexuales están incluidos, aunque matizó que los crímenes de odio también debían estar cubiertos por esa orden.

La perspectiva de género es para algunas asociaciones algo básico para cambiar un patrón de comportamiento fuertemente arraigado en la sociedad.

La iniciativa de Pierluisi es vanguardia entre los territorios latinoamericanos al establecer mecanismos como la designación de un oficial de cumplimiento, que responderá al gobernador, para fiscalizar, dar seguimiento y comprobar la implementación de la orden.

Además, crea el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE) en el que se designan 17 miembros y aumenta a tres la representación de las organizaciones que se dedican a luchar contra la violencia de género.

Este comité será presidido por la secretaria de la Familia, Carmen González.

APLICACIÓN DE ASISTENCIA TELEFÓNICA

Otra de las disposiciones de la orden ordena crear una aplicación telefónica que ayude a víctimas de violencia de género a solicitar ayuda de emergencia ocultando el mensaje enviado para proteger a la víctima de su agresor.

La orden también pide impulsar las oportunidades profesionales para las mujeres, con la creencia de que mejorar la independencia financiera puede ayudar a reducir la exposición a la violencia.

La directora ejecutiva de Proyecto Matria -organización que busca la mejora económica de las mujeres-, Amarilis Pagán, dijo que hasta el momento el gobierno no ha sabido gestionar la situación de la violencia contra las mujeres al no haber supervisión ni una evaluación de la calidad del servicio prestado.

El resultado de la iniciativa es una incógnita, aunque para saber si ha habido avances hay un comité asesor que elaborará un plan de acción y publicará su primer informe en un plazo de 45 días.

Después se dará seguimiento de la implementación de la orden con información de progreso y recomendaciones mensuales.

El proyecto necesita de un presupuesto que Pierluisi ya adelantó que presentará a la Junta de Supervisión Fiscal, entidad federal que supervisa al Ejecutivo de San Juan en materia financiera.

La orden incluye que cada agencia gubernamental incluya en su propio presupuesto cantidades destinadas a cumplir con la orden ejecutiva.

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