Imagen de archivo de solicitantes de asilo bajo el Protocolo de Protección a Migrantes, mejor cono conocido como MPP, ingresan a los Estados Unidos por el Cruce Internacional Santa Fe en El Paso, Texas. (Foto: EFE/Jesús Rosales)

Washington, EE.UU.- Abogados que representan a extranjeros que han solicitado asilo en los Estados Unidos pidieron este martes a una jueza federal en Maryland que anule las regulaciones que restringen el acceso de esas personas a los permisos de trabajo.

«El permiso de trabajo y la obtención de un número del Seguro Social son las cosas más importantes para mí y para mi familia desde que huimos de la represión en Venezuela», dijo en una teleconferencia Dayana Vera de Ponte.

«Espero que el Gobierno deje de defender estas políticas antiinmigrante que dificultan para los solicitantes de asilo la obtención de un permiso de trabajo», añadió Vera de Ponte, miembro del Proyecto de Abogacía para Solicitantes de Asilo, en Florida.

Las restricciones datan desde el Gobierno del presidente Donald Trump (2017-2021), cuando Chad Wolf era secretario interino en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero desde entonces diferentes jueces federales en California y Nueva York han cuestionado sus atribuciones para dictar esas normas.

Una coalición de grupos que defienden a los migrantes pidió el año pasado a la jueza federal Paula Xinis, en Maryland, que desechara todas las normas establecidas por Wolf.

En junio pasado, cinco meses después de la investidura del presidente Joe Biden, el secretario de DHS, Alejandro Mayorkas, solicitó a la jueza que mantuviese las regulaciones que restringen la entrega de los permisos de trabajo, alegando que Wolf tenía autoridad legal para dictarlas.

En agosto Xinis dictaminó que probablemente la Administración Trump había promovido a Wolf al cargo pasando por encima del funcionario a quien correspondía el nombramiento, según las reglas del gobierno federal.

En septiembre, la jueza Xinis suspendió de forma parcial y temporaria la aplicación de dos reglas que limitaban la capacidad de los solicitantes de asilo para obtener los permisos de trabajo.

Aunque esa decisión se limitó a los miembros de CASA y el Proyecto de Abogacía para Solicitantes de Asilo, brindó un alivio a cientos o miles de solicitantes de esa protección hasta que dicte su veredicto final en la demanda.

«Tengo la esperanza de que el gobierno y la jueza del caso puedan ver cómo los solicitantes de asilo trabajamos para sustentar a nuestras familias, cómo ayudamos a las comunidades donde vivimos y a la economía de este país», dijo Vera de Ponte.

Linda Evarts, abogada del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, indicó que las reglas cuestionadas «reducen significativamente la capacidad de los migrantes para obtener los permisos de trabajo».

«Por un período de 25 años, desde 1994 a 2020, Estados Unidos ha reconocido que los solicitantes de asilo necesitan trabajar», añadió.

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