Quito, Ecuador.— Un avión de Estados Unidos con ayuda en seguridad para afrontar la lucha contra la violencia desatada por organizaciones criminales llegó a Ecuador, se informó el martes oficialmente, mientras las autoridades aseguraron que se estrecha el cerco sobre el prófugo líder de la mayor banda del país.
El almirante Jaime Vela, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, aseguró en una rueda de prensa que la noche del lunes aterrizó un avión “Antonov en territorio ecuatoriano… que trae cooperación de Estados Unidos”.
Un comunicado difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos precisó que ese país entregará esta semana 20.000 chalecos antibalas y más de un millón de dólares en equipos críticos de seguridad y respuesta a emergencias, incluidas ambulancias y vehículos de apoyo logístico para la defensa.
Aseveró que en los próximos días el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) incrementará su personal y el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense está movilizando personal para apoyar la capacitación de policías y fiscales. Dará apoyo adicional en el área de análisis forense digital y otros análisis que resultan críticos para la lucha contra el crimen organizado.
Vela recordó que desde al año anterior Ecuador mantiene un convenio con ese país, producto del cual se ha enviado colaboración material y precisó que “lo que se está haciendo es acelerar el arribo de esa ayuda”. Una misión de alto nivel estadounidense se encuentra en la capital ecuatoriana, presidida por Christopher Dodd, enviado especial para las Américas del presidente de Estados Unidos.
La misión de alto nivel de Estados Unidos se reunió también con la fiscal general, Diana Salazar, y altos funcionarios judiciales para “explorar formas de acelerar la cooperación de los Estados Unidos y Ecuador contra las organizaciones criminales”, según un mensaje de la embajada de Estados Unidos publicado en X, antes Twitter.
Vela manifestó que hay otros 45 países que están apoyando a Ecuador en la lucha contra la delincuencia.
Desde inicios de 2021 bandas del crimen organizado ligadas al narcotráfico desencadenaron una ola de muertes violentas, extorsiones, secuestros y reiterados enfrentamientos en las cárceles de Ecuador que llegó a otro nivel a inicios de enero cuando un grupo de encapuchados tomó un canal de televisión y a su personal con armas y explosivos, un asalto sin precedentes que fue transmitido en vivo.
Consultado acerca de la búsqueda de Adolfo Macías, alias Fito, Vela destacó que “cada vez estamos más cerca y seguramente… lo está sintiendo», para lo cual Ecuador cuenta con la ayuda de la inteligencia de Estados Unidos y de Colombia, «que nos están apoyando notablemente en este tipo de trabajo”, dijo.
De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, el líder de la mayor organización criminal del país, Los Choneros, desapareció el 7 de enero de una cárcel de Guayaquil y luego huyó otro líder regional de otra banda, Fabricio Pico, quienes no han podido ser localizados.
Tras ello el presidente Daniel Noboa decretó el estado de conflicto armado interno para hacer frente a la desenfrenada violencia criminal con el apoyo de grupos combinados de militares y policías que mantienen fuerte presencia en las calles y han intervenido reiteradamente en las cárceles. Esto ha permitido inicialmente reducir el número de muertes violentas de 28 a 10 diarias en lo que va del mes.
Como parte de las medidas para afrontar la violencia, está vigente en Ecuador un toque de queda entre las 23.00 y las 05.00 horas. Pero el gobierno, aduciendo que se necesita recuperar el dinamismo económico y asegurando que se ha sentido una mejora en el ambiente de violencia, redujo las horas de restricción a la movilidad.
Desde el martes, una hora menos de toque de queda en 38 ciudades —entre ellas, las principales Quito, Guayaquil y Manta—, tres horas menos en otras 23 y eliminar completamente la restricción en las restantes 160 poblaciones del país.
De los familiares de alias Fito, que llegaron expulsados desde Argentina la semana pasada, el comandante de la policía, el general César Zapata, destacó que “no tienen un proceso en contra de ellos, son personas libres”, pero a los que «se les mantiene localizados y vigilados».
