WASHINGTON— Frente a la presión por su apoyo militar a la guerra de Israel, el gobierno del presidente Joe Biden debe emitir esta semana un veredicto formal sin precedentes sobre si los bombardeos sobre Gaza y las restricciones a la entrega de ayuda han violado las leyes internacionales y estadounidenses diseñadas para proteger a los civiles de los horrores de la guerra.
Una decisión contra Israel, aliado de Estados Unidos, aumentaría la presión sobre el presidente Biden para frenar el flujo de armas y dinero al ejército israelí. El gobierno demócrata dio uno de los primeros pasos en esa dirección al pausar el envío de 3.500 bombas ante una inminente ofensiva israelí en Rafah, una ciudad del sur de Gaza habitada por más de un millón de palestinos, dijo un alto funcionario del gobierno.
El gobierno aceptó en febrero, ante la insistencia de los demócratas en el Congreso, negociar un acuerdo que le obligara a examinar si las fuerzas israelíes en Gaza habían utilizado armas y otra asistencia militar provista por Estados Unidos de manera legal.
Adicionalmente, según el acuerdo, debe informar al Congreso si considera que Israel ha actuado para “negar, restringir o impedir arbitrariamente, directa o indirectamente”, la entrega de cualquier ayuda humanitaria respaldada por Estados Unidos al interior de Gaza para los civiles hambrientos allí.
La fecha límite para el dictamen de Estados Unidos es el miércoles, aunque Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, dijo a los periodistas el martes que “es posible que se retrase solo un poco”.
El gobierno se ve obligado a tomar una decisión cuando la agitación por las negociaciones para un alto al fuego mediadas internacionalmente y una inminente ofensiva israelí en Rafah —una medida a la que Estados Unidos se opone rotundamente— podrían cambiar tanto el curso de la guerra de Israel como el del apoyo de los estadounidenses hacia ella.
La campaña de Israel para aplastar al grupo armado palestino Hamás tras su ataque sorpresa en octubre, y el desastre que siguió para los civiles de Gaza, también han alimentado el debate dentro del gobierno de Biden y del Congreso sobre cuestiones más amplias: ¿Debería Estados Unidos actuar ante las graves violaciones de derechos humanos cometidas por uno de sus destinatarios extranjeros de apoyo militar cuando las identifica, como sus defensores dicen que exige la ley estadounidense? ¿O únicamente cuando considera que hacerlo es útil para los intereses estratégicos de Estados Unidos?
Los legisladores demócratas y republicanos formulan abiertamente la decisión actual en esos términos.
“Si bien los derechos humanos son un componente importante del interés nacional, las prioridades estadounidenses son mucho más amplias, particularmente en una era de competencia estratégica”, escribieron la semana pasada el senador Jim Risch, el miembro republicano de más alto rango de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y Michael McCaul, presidente republicano de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, para instar a Biden a derogar su directiva de febrero, conocida formalmente como Memorando de Seguridad Nacional 20.
Pero el senador Chris Van Hollen, el demócrata que encabezó las negociaciones del Congreso con la Casa Blanca para ordenar la revisión, dijo a los periodistas que temía que el viejo deseo de los gobiernos estadounidenses de mantener una sólida asociación de seguridad con Israel influyera en el resultado.
Israel es el mayor receptor de asistencia de seguridad estadounidense. El sufrimiento palestino en la guerra en Gaza ha provocado protestas y otros desafíos para Biden en el país y en el extranjero mientras busca la reelección contra el expresidente Donald Trump, un republicano.
Cuestionamiento de las Acciones de Israel
Las conclusiones del gobierno deben “ser vistas con base en hechos y leyes, y no basadas en lo que ellos desearían que fueran”, dijo Van Hollen a los periodistas la semana pasada.
En el momento en que la Casa Blanca aceptó la revisión, trabajaba para prevenir medidas de los legisladores demócratas y del senador independiente Bernie Sanders para comenzar a restringir los envíos de armas a Israel.
Israel lanzó su ofensiva después de que ataques liderados por Hamás mataron a unas 1.200 personas el 7 de octubre. Desde entonces, han muerto casi 35.000 palestinos, dos tercios de ellos mujeres y niños, según funcionarios de salud locales. Funcionarios estadounidenses y de la ONU dicen que se ha producido una hambruna total en el norte de Gaza debido tanto a las restricciones israelíes a los envíos de alimentos como a los combates.
Los grupos de derechos humanos llevan mucho tiempo acusando a las fuerzas de seguridad de Israel de cometer abusos contra los palestinos y a los líderes israelíes de no exigir cuentas a los responsables.
Israel dice que sigue todas las leyes estadounidenses e internacionales, que investiga las acusaciones de abuso por parte de sus fuerzas de seguridad y que su campaña en Gaza es proporcional a la amenaza existencial que, manifiesta, representa Hamás.
A medida que crece el sufrimiento de los civiles palestinos, Biden y su gobierno se alejaron de su inquebrantable apoyo público inicial a Israel y comenzaron a criticar su conducta en la guerra.
Biden dijo en diciembre que los “bombardeos indiscriminados” le costaban a Israel el respaldo internacional. Después de que las fuerzas israelíes tomaron como objetivo y mataron en abril a siete trabajadores humanitarios de World Central Kitchen —una organización no gubernamental sin fines de lucro que abastece comidas en todo el mundo tras desastres y situaciones excepcionales_, el gobierno de Biden señaló por primera vez que podría recortar la ayuda militar a Israel si no cambiaba su manejo de la guerra y de la ayuda humanitaria.
El republicano Ronald Reagan fue uno de los últimos presidentes que suspendió abiertamente parte del apoyo de Estados Unidos al ejército de Israel como una forma de presionar a Israel por sus ofensivas.
Pero los críticos dicen que Biden y otros presidentes recientes se han hecho de la vista gorda cuando las fuerzas de seguridad de Israel son acusadas de ejecuciones extrajudiciales y otros abusos contra los palestinos. Han aceptado las garantías israelíes sobre presuntos abusos graves que provocarían la suspensión de ayuda militar a cualquier otro socio militar extranjero, dijeron dos exfuncionarios del Departamento de Estado quienes abandonaron el gobierno el año pasado. El gobierno niega que exista un doble estándar.
No obstante, ahora el Congreso obliga al gobierno a presentar su evaluación más pública en décadas sobre si Israel ha utilizado el apoyo militar estadounidense legalmente.
Según un acta del Congreso de 1997 conocida como Ley Leahy, cuando Estados Unidos encuentra evidencia creíble de que una unidad de seguridad de fuerzas extranjeras ha cometido graves abusos contra los derechos humanos, se supone que cualquier ayuda estadounidense a esa unidad se suspende automáticamente.
Antony Blinken, el secretario de Estado, escribió la semana pasada a Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, que Estados Unidos encontró creíbles las pruebas de tales abusos por parte de una unidad israelí en particular. Blinken añadió que Israel aún tenía que rectificar las malas acciones de esa unidad, algo que según la Ley Leahy debe ocurrir para que se levante cualquier suspensión de ayuda militar. Blinken dijo que, en lugar de suspender la ayuda, Estados Unidos trabajaría con Israel para “participar en la identificación de un camino para la remediación efectiva de esta unidad”.
Los funcionarios israelíes la han identificado como la unidad de infantería Netzah Yehuda, que está acusada de la muerte de un palestino estadounidense y de otros abusos en la Cisjordania ocupada por Israel antes de que estallara la guerra en Gaza.
Tim Rieser, un miembro veterano del personal de política exterior del Senado, quien ayudó al senador Patrick Leahy, ahora retirado, a redactar la ley, opinó que, si se hubiera aplicado a Israel, “tal vez hubiera sido un elemento disuasivo”.
En cambio, “lo que hemos visto es que los abusos contra los palestinos rara vez son castigados”, agregó Rieser a la AP.
Si bien un fallo contra Israel con base en el memorando de seguridad nacional no obligaría al gobierno a comenzar a recortar el apoyo militar a Israel, aumentaría la presión sobre Biden para hacerlo.
Un informe dirigido al gobierno por un panel no oficial de expertos militares y exfuncionarios del Departamento de Estado, incluidos Josh Paul y Charles Blaha, señala ataques israelíes específicos contra caravanas de ayuda, periodistas, hospitales, escuelas, centros de refugiados y otros objetivos protegidos por la ley. El informe sostiene que el gobierno debe encontrar que la conducta de Israel en Gaza ha violado la ley. Amnistía Internacional ha sostenido lo mismo.
Las elevadas cifras de muertes de civiles en los ataques de Israel van mucho más allá de las leyes de proporcionalidad, dicen los críticos estadounidenses y los grupos de derechos humanos. Señalan un ataque del 31 de octubre contra un edificio de apartamentos de seis pisos en Gaza que mató al menos a 106 civiles. Los críticos dicen que Israel no proporcionó ninguna justificación inmediata para ese ataque.
“Están tomando lo que hicimos en Mosul y Raqqa, y lo llevan diez veces más lejos”, exceden incluso lo que estaba permitido bajo las reglas de enfrentamiento de Estados Unidos en ese momento en la llamada guerra contra el terrorismo, dijo Wes Bryant, quien trabajó en la Fuerza Aérea como experto en el establecimiento de objetivos y dirigió células de ataque contra el Estado Islámico y otros grupos extremistas en Afganistán, Irak y Siria. Está entre quienes instan a Estados Unidos a condicionar el apoyo militar a Israel.
“Si este es el nuevo estándar para la guerra en el siglo XXI, bien podríamos regresar a la Segunda Guerra Mundial”, opinó Bryant.
Israel y el gobierno de Biden dicen que la presencia de Hamás en túneles a lo largo de toda Gaza y su presunta presencia en hospitales y otros sitios protegidos dificultan que las fuerzas israelíes eviten un gran número de bajas civiles.
