El presidente Donald Trump alega que la criminalidad está fuera de control en las grandes ciudades. El 15 de septiembre firmó un memorándum por el que se establece un grupo de trabajo en Memphis, Tennessee, que movilizará a la Guardia Nacional, y a otras agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley para combatir la delincuencia, de forma similar a las medidas adoptadas en Los Ángeles y Washington, DC. En esa fecha, el mandatario declaró en la Oficina Oval, que la iniciativa contará con la participación de la Guardia Nacional, así como el FBI, ATF, DEA, ICE, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y los Marshals de Estados Unidos, entre otros».

Por tal motivo, el Fiscal de Distrito de Filadelfia, el abogado Larry Krasner realizó tres reuniones comunitarias consecutivas del 16 al 18 de septiembre para hablar de la posibilidad de que la administración presidencial envíe a la Guardia Nacional a la ciudad. La tercera conversación tuvo lugar en la Iglesia Mother Bethel AME Church, en el centro histórico de Filadelfia el 18 de septiembre, con el nombre «Be the Light, Bring the Light.»

Al dirigirse al público, el funcionario público afirmó que no tiene todas las respuestas, pero las comunidades pueden estar preparadas y una de las formas de hacerlo es documentando con un teléfono celular o una cámara fotográfica o de video “las situaciones que sean inapropiadas, perturbadoras y molestas, ya sea si sea la actividad de ICE mañana o la invasión de la Guardia Nacional los paramilitares y militares”. De esta manera, su oficina, “District Attorney’s Office”, puede tener evidencia y determinar si la actividad de los agentes de la ley fue legal o no, y en ese caso procesarlos.

Según la ley desde la época de la Guerra Civil, la presencia del ejército es para las guerras y el enemigo, “no en contra de nosotros”, puntualizó el fiscal del distrito.

De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Policía de Filadelfia, la ciudad tiene un 16.76% menos de homicidios este año en comparación con el mismo periodo el año pasado con 154 frente a 184 en 2024, así como una disminución del 4.71 % decline en crímenes violentos, con 8,833 comparado a 9,270 en 2024.

Tras su breve presentación hubo un periodo de preguntas por la Reverenda Carolyn C. Cavaness. Luego hubo un panel de directores de organizaciones comunitarias, reverendas, la alguacil y de la unidad de víctimas de la Oficina del Fiscal del Distrito.

Cada panelista habló de su organización y sus lazos con las comunidades de la ciudad. Las organizaciones Restorative Justice, ECO Foundation, la Coalición de Asociaciones de Ayuda Mutua del Sureste Asiático (por su acrónimo en inglés,SEAAMAC ) del sur de la ciudad,  y The Well Project, entre otras.

Para finalizar la reunión comunitaria se respondieron preguntas por escrito del público. Una de ellas fue dirigida a Rochel Billal, la directora de la Oficina de Alguaciles de la ciudad, acerca de un incidente de la entrada de agentes de ICE al edificio de los tribunales de casos penales.

Afirmó con firmeza que los alguaciles no permiten la entrada a las salas de la corte sin una orden judicial firmada por un juez. “La Oficina de los Alguaciles no coopera con ICE”, afirmó enfática.  Pero, por otra parte, informó que los alguaciles no están permitidos en interferir con las actividades de ICE o del FBI en la calle.