Fotografía de archivo de varias personas frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos. (Foto: EFE/Shawn Thew)

Los Ángeles, EE.UU. – El paquete de gasto social que aprobó este viernes la Cámara de Representantes de Estados Unidos contiene la legislación migratoria más avanzada de las últimas décadas, que aunque no ha convencido a todos los grupos que abogan por los inmigrantes brindaría protecciones a cerca de siete millones de personas.

El paquete social, bautizado en inglés como «Build Back Better» (Reconstruir mejor), está valorado en 1,75 billones de dólares y ampliaría los programas sociales dirigidos a menores y ancianos, además de dedicar más de 100.000 millones a la inmigración.

Aproximadamente 6,5 millones de personas se beneficiarían directamente de la medida, según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) publicado este jueves. Aunque la proyección de la organización FWD.us calcula que 6,8 millones serían favorecidos.

Estos son los cinco puntos clave sobre cuáles, y cómo, los inmigrantes se verían favorecidos si la propuesta de la Cámara es aprobada en el Senado.

1 – El proyecto cobija con un “parole” a cientos de miles de inmigrantes que han vivido en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2011 y han permanecido continuamente en el país.

El beneficio estaría disponible para inmigrantes que ingresaron con o sin autorización, o que fueron puestos en libertad condicional por las autoridades migratorias.

De los cerca 6,5 millones de personas que podrían ser favorecidas con el “parole”, se estima que 1,5 millones serán elegibles para obtener tarjetas de residencia a través de un miembro estadounidense de la familia.

2 – La legislación otorga un permiso de trabajo de cinco años, que se puede renovar hasta el 30 de septiembre de 2031. También permite a los inmigrantes solicitar una licencia de manejar o acceder a la identificación federal Real ID.

3 – El proyecto de ley estipula que las autoridades de inmigración aplicarán todas las circunstancias establecidas que hacen inadmisible a un inmigrante para recibir un beneficio migratorio, como condenas criminales.

4 – La propuesta legislativa prohibiría al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) utilizar la información incluida en las solicitudes para fines de control migratorio.

5 – Los inmigrantes deberán pagar una tarifa para acceder al permiso de trabajo. La propuesta de ley también actualiza las tarifas de ciertos trámites de inmigración. Asimismo, se establecen tarifas suplementarias en todo el sistema de inmigración que «no pueden eximirse ni en su totalidad ni en parte”.

La propuesta también ayudaría a desatascar los retrasos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) para otorgar residencias permanentes. Si se aprueba como está escrita actualmente, se recuperarían más de dos millones de las conocidas “tarjetas verdes” previamente autorizadas por el Congreso que no se han utilizado desde 1992.

Según el proyecto de ley actual, algunos solicitantes de residencia permanente a través del empleo que han estado esperando durante al menos dos años podrán pagar una tarifa suplementaria de 5.000 dólares para eliminar las limitaciones anuales y por país.

Los solicitantes de residencia permanente a través de una petición familiar que hayan estado esperando al menos dos años pueden solicitar la exención de las limitaciones pagando una tarifa de 2.500 dólares.

Además, el proyecto de ley protege las Visas de Diversidad otorgadas a extranjeros a los que no se les permitió ingresar al país por las prohibiciones de viaje y el cierre de embajadas y de consulados por la emergencia sanitaria.

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