Ciudad de México.– El mapa de la migración infantil en América Latina se transforma entre nuevas rutas y riesgos que, según especialistas, abarcan desde trabas para acceder a educación y salud en México hasta una “migración inversa” que expone a familias a nuevas amenazas ante el endurecimiento de restricciones para el paso a Estados Unidos.

Cada vez más familias y menores recorren trayectos de retorno que no siempre terminan en sus comunidades de origen, quedando expuestos a separación familiar o redes de trata, en un momento de «debilitamiento de las instituciones que les acompañan», explica este miércoles a EFE Ivanna Paola Herrán Ballesteros, coordinadora regional de movilidad humana de Ayuda en Acción.

«Esta debilidad institucional y pérdida de financiamiento de las organizaciones (por) el endurecimiento político, no solamente de Estados Unidos, sino de muchos países también en la región (…) están haciendo que las redes de trata, las redes de crimen organizado se (…) fortalezcan», advierte.

Tan solo en México, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reportó en su informe anual de 2025 una caída de casi 70 % en su capacidad de protección comunitaria, tras «la mayor reducción presupuestaria de su historia» en el país, con casi 65 % menos financiamiento disponible, al tiempo que advirtió de una «fuerte reducción» de ONG que apoyan a personas desplazadas.

En este escenario, los menores enfrentan mayores vulnerabilidades, enfatiza Herrán, al precisar que «la migración ha seguido», aunque ha «disminuido su visibilidad», mientras las personas transitan «por otras vías» que incluso son difíciles de acompañar y detectar para las ONG, lo que «también aumenta estos riesgos de trata y abuso».

Del retorno al limbo burocrático

El número de menores en movilidad ha ido en aumento, al pasar de 29.000 en 2021 a 140.000 entre 2023 y el primer semestre de 2024, según el estudio ‘Infancia y movilidad humana’, publicado en 2025 por Ayuda en Acción y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) de la OEA.

Aunque el estudio ya advertía sobre los riesgos para los menores retornados, Herrán señala que si se repitiera en 2026, incorporaría una nueva categoría, «migrantes inversos», ante los «muchísimos más fenómenos de retorno» que han observado en los últimos meses en la región.

En México, «que ahora ya se ha vuelto un país de destino», la falta de documentos puede retrasar hasta un año o más la inserción escolar y otros trámites, lo que se puede reducir a unos meses con el acompañamiento de ONG, añade Tania Rodríguez Zafra, directora de Ayuda en Acción México.

Tal fue el caso de Hans, un niño de 10 años que ingresó con su familia a la casa de transición de la organización en julio de 2025, y en febrero pasado se reincorporó a la escuela, tras un periodo de adaptación y de obtención de los documentos necesarios.

«Cuando llegué estaba tímido, no quería hablar con casi nadie, pero ahora me siento más tranquilo, estoy mejor, en mi día normal si estoy en la escuela», cuenta Hans en un video, publicado en las redes de la ONG.

Finalmente, Rodríguez destaca el proceso de acompañamiento integral para Hans y su familia, tras el cual ya puede jugar y hablar como «cualquier niño feliz».