El caso de Malayshia Alford ha reavivado el debate sobre la protección de los menores y la supervisión de los hogares de acogida en Filadelfia. (Foto: Ilustrativa/Pexels)

La muerte de Malayshia Alford, una niña de 10 años que se encontraba bajo la custodia del sistema de protección infantil de Filadelfia, ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión y las responsabilidades de las agencias encargadas de garantizar la seguridad de los menores en hogares de acogida.

La menor fue reportada desaparecida el 26 de octubre. El 4 de noviembre, su cuerpo fue encontrado en la cajuela de un automóvil en Lindenwold, Nueva Jersey. La autopsia determinó que murió por traumatismo contundente y clasificó su muerte como homicidio.

Carprice Williams, de 36 años, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de la niña, además de poner en peligro el bienestar de una menor y manipular pruebas, entre otros delitos. Las acusaciones han puesto bajo escrutinio la actuación de las instituciones que participaron en la supervisión del hogar donde vivía Malayshia.

¿Cómo funciona el sistema de acogimiento familiar?

El foster care, conocido en español como acogimiento familiar o cuidado de crianza, es un sistema temporal de protección para niños y adolescentes que no pueden permanecer de manera segura con sus padres o tutores debido a situaciones de abuso, negligencia u otras circunstancias que ponen en riesgo su bienestar.

En Filadelfia, el Department of Human Services (DHS) tiene la responsabilidad pública del sistema, pero trabaja con organizaciones comunitarias y agencias privadas. Las Agencias Comunitarias de Servicios Integrales (CUA) participan en la administración y seguimiento de los casos, mientras que las agencias de acogimiento familiar evalúan y certifican los hogares, preparan a los cuidadores y acompañan las colocaciones.

En Pensilvania, quienes solicitan convertirse en padres de crianza deben cumplir requisitos de edad, someterse a verificaciones de antecedentes penales y de abuso infantil, y participar en evaluaciones y capacitación. También se revisan las condiciones de la vivienda y la capacidad de atender las necesidades de un menor.

De acuerdo con la alcaldía, más de 2,000 niños se encuentran actualmente en el sistema de acogimiento familiar de Filadelfia.

En el caso de Malayshia, el DHS mantenía la custodia legal de la niña. Catholic Community Services, vinculada a la CUA 4, participaba en el seguimiento del caso, mientras que Pennsylvania MENTOR tenía responsabilidades relacionadas con la certificación del hogar de acogida.

Antecedentes que generan nuevas preguntas

Uno de los aspectos más preocupantes del caso son los antecedentes relacionados con Williams. En 2021, otra niña de cuatro años que estaba bajo su cuidado fue hospitalizada con una lesión cerebral traumática y un cuadro de desnutrición grave.

Posteriormente, una demanda civil presentada en 2024 alegó que la menor había sufrido golpes y negligencia. Según información publicada por The Philadelphia Inquirer, una investigación estatal habría concluido que existió maltrato y recomendado que Williams no volviera a cuidar menores.

Sin embargo, Williams apeló la determinación y consiguió que el registro correspondiente fuera eliminado, de acuerdo con un portavoz estatal citado por el periódico.

Estos antecedentes han generado cuestionamientos sobre los mecanismos de comunicación entre las agencias, la revisión de los historiales de los cuidadores y la manera en que se toman las decisiones para autorizar y mantener a una persona al frente de un hogar de acogida.

El caso también plantea interrogantes sobre la supervisión que reciben los menores después de ser colocados en estos hogares y sobre la capacidad de las instituciones para identificar señales de riesgo y actuar oportunamente.

La ciudad anuncia una revisión independiente

Tras la muerte de Malayshia, la alcaldesa de Filadelfia, Cherelle Parker, anunció medidas para revisar el funcionamiento del sistema de protección infantil.

El 10 de noviembre firmó la Orden Ejecutiva 07-26, mediante la cual se establece el Child Welfare Review Committee, un comité que podrá contar con hasta 15 integrantes y tendrá la tarea de evaluar el sistema y formular recomendaciones para fortalecer la protección de los menores.

El grupo deberá presentar sus recomendaciones dentro de los 120 días posteriores a su convocatoria. La revisión busca examinar los procedimientos, la coordinación entre las instituciones y los mecanismos de supervisión de los niños bajo cuidado.

Por su parte, la Fiscalía de Distrito también anunció una investigación independiente para revisar las circunstancias relacionadas con el caso y las posibles responsabilidades de las entidades involucradas.

La protección de los niños debe ser la prioridad

La muerte de Malayshia ha puesto de manifiesto la importancia de que las instituciones responsables de proteger a los menores cuenten con mecanismos efectivos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas.

Aunque el acogimiento familiar busca ofrecer un entorno seguro a niños que no pueden permanecer con sus familias, el funcionamiento del sistema depende de la coordinación entre las autoridades, las agencias privadas y las organizaciones encargadas de supervisar cada colocación.

Las investigaciones anunciadas por la alcaldía y la Fiscalía de Distrito buscarán esclarecer qué ocurrió en el entorno de Malayshia, qué información estaba disponible sobre los antecedentes de la cuidadora y si existieron fallas en los protocolos de seguimiento.

Mientras avanzan las indagatorias penales y administrativas, el caso mantiene el foco sobre la coordinación entre las autoridades municipales, las agencias privadas y las organizaciones encargadas de supervisar cada colocación en Filadelfia.

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