La lluvia golpeaba la fachada de ladrillo de la escuela Delaplaine McDaniel, en el 1801 de South 22nd Street, pero dentro del edificio algo estaba cambiando. De pie junto al superintendente del Distrito Escolar de Filadelfia, el Dr. Tony Watlington, la alcaldesa Cherelle Parker se acercó al micrófono el pasado lunes, e hizo lo que líderes comunitarios, padres y educadores llevaban tiempo pidiendo al Ayuntamiento: puso dinero sobre la mesa para rescatar a 18 escuelas del Plan de Instalaciones del Distrito Escolar de Filadelfia.
Una crisis en las aulas
La alcaldesa Parker explicó que la crisis financiera del distrito escolar es el resultado de décadas de financiamiento estatal insuficiente y de la expiración de los fondos federales de alivio por la pandemia de COVID-19. El plan de recortes por 225 millones de dólares presentado por el superintendente Watlington ha sido un intento de contener la emergencia.
En la oficina central del distrito, se eliminarían aproximadamente 130 puestos vacantes, lo que representaría un ahorro de 30 millones de dólares. A nivel escolar, se recortarían 220 puestos de sustitutos por edificio y cerca de 340 empleados serían reasignados para cubrir vacantes en lugar de enfrentar despidos. Aun así, el déficit persistiría.
La propuesta de la alcaldesa consiste en un impuesto de 1 dólar por viaje a servicios de transporte compartido como Uber y Lyft que se originen dentro de los límites de la ciudad. Esta iniciativa se alinea con otros impuestos específicos, como los impuestos al cigarrillo y a las bebidas azucaradas. Originalmente presentada como una tarifa de 20 centavos en su discurso presupuestario del 12 de marzo, Parker aumentó el monto a un dólar por viaje después de que el distrito revelara la magnitud total de su crisis de liquidez.
Se estima que el impuesto generaría 192 millones de dólares en cinco años, comenzando seis meses antes de lo previsto, lo que permitiría proteger puestos escolares esenciales amenazados por un déficit estructural de 300 millones de dólares.
“Mientras yo sea alcaldesa, haremos todo lo posible para que los estudiantes no tengan que sufrir”, afirmó Cherelle Parker.
Un conductor, dos hijos, una pregunta
Roberto, padre de dos hijos y residente de Juanita Park, trabaja como conductor tanto para Lyft como para Uber. Al enterarse del anuncio de la alcaldesa, su reacción fue compleja.
“Yo apoyo que las escuelas sigan abiertas. Esa es mi prioridad”, dijo. “Mis hijos van a la escuela del vecindario y quiero que se queden ahí. Entiendo que el distrito necesita dinero”.
Pero Roberto hizo una pausa, con la expresión de alguien haciendo cuentas en tiempo real. “Ya pago impuestos a la propiedad. Ya pago el impuesto a las sodas cada vez que compro una bebida. Y ahora esto. Otros padres con hijos en estas mismas escuelas no tienen un impuesto nuevo sobre su trabajo. ¿Por qué la carga tiene que caer sobre los conductores?”
La alcaldesa Parker abordó esta tensión directamente durante el anuncio, dejando claro que las empresas de viajes compartidos —no los conductores— pueden optar por absorber el impuesto, aunque no están legalmente obligadas a hacerlo. Roberto ya había escuchado eso.
“Tal vez la compañía lo pague. Pero todos sabemos cómo funcionan esas empresas”, dijo con una sonrisa discreta. “Quizás el pasajero debería pagarlo, así la ciudad podría repartir la carga entre más personas. Que sea justo”.
Roberto también encontró alivio en otras partes del plan, en particular en el programa piloto de la Autoridad de Estacionamiento de Filadelfia, que destinará 3 millones de dólares anuales para ayudar a residentes de bajos ingresos a saldar multas y recuperar vehículos confiscados.
“Eso ayuda a gente como yo. Si pierdes el carro, pierdes el ingreso”, explicó. Pero su mirada siempre volvía al mismo lugar: la escuela de la esquina. “Mantengan esa escuela abierta. Eso es todo lo que pido”.
Los costos que continúan
La preocupación de Roberto no es única. En enero, Watlington presentó un Plan Maestro por 2,800 millones de dólares que proponía el cierre de 20 escuelas. Tras una fuerte resistencia comunitaria —47 sesiones públicas de escucha, 35 reuniones de verificación de datos con directores y más de 13,000 respuestas a encuestas— la cifra se redujo a 18 en febrero.
Doce propiedades serían reutilizadas para uso del distrito y el resto sería transferido a la ciudad para proyectos de vivienda. Aunque las 18 escuelas señaladas están exentas de los recortes presupuestarios, para las familias de esas comunidades la promesa ofrece poco consuelo.
El plan de ingresos a cinco años de Parker también incluye redirigir un 1% adicional del impuesto a la propiedad inmobiliaria al distrito escolar, lo que aportaría 119 millones de dólares en cinco años, además de un impulso a la inversión filantrópica.
“Nuestros niños lo valen y se lo merecen”, afirmó la alcaldesa.
La propuesta entrará en tres meses de audiencias en el Concejo Municipal a partir del 24 de marzo. El impuesto a los viajes compartidos no entraría en vigor hasta el 1 de julio de 2027, y su aprobación en Harrisburg sigue siendo incierta en una legislatura dividida.
La historia de Filadelfia con impuestos dirigidos ofrece lecciones importantes. El impuesto de dos dólares por paquete de cigarrillos, implementado en octubre de 2014, recaudó aproximadamente 50 millones de dólares en sus primeros nueve meses específicamente para el distrito escolar, aunque se proyectó que disminuiría a medida que los fumadores dejaran el hábito o compraran fuera de la ciudad. El impuesto a las bebidas azucaradas, vigente desde enero de 2017, ha generado más de 481 millones de dólares, financiando programas de pre-K y parques —iniciativas vitales, pero que no alivian directamente los costos operativos de las escuelas frente a este déficit.
Los impuestos creativos ayudan, pero solo son parte de la solución
Para Roberto, las cuentas siguen sin cerrar. Quiere que la escuela permanezca abierta. Quiere que el impuesto sea justo. Quiere que, en septiembre, sus hijos caminen a clase y encuentren a sus maestros todavía allí.
