El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, se reunió esta semana con líderes locales de los condados de Berks County y Schuylkill County para abordar la preocupación creciente ante los planes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) de convertir dos almacenes comerciales en centros masivos de detención migratoria operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El encuentro contó con la participación de funcionarios estatales y líderes comunitarios de ambos partidos políticos, quienes han expresado su rechazo a la compra “secreta” de estas propiedades y a su eventual transformación en instalaciones para albergar a miles de personas detenidas por asuntos migratorios.

Según la información difundida por la Oficina del gobernador, en el condado de Berks se proyecta un centro en Upper Bern Township con capacidad para hasta 1.500 personas, lo que prácticamente duplicaría la población del municipio. Las autoridades locales advirtieron que este aumento tendría un fuerte impacto en la infraestructura, incluyendo la generación de hasta 14 veces más aguas residuales de lo permitido, lo que podría provocar el colapso del sistema de tratamiento y de las tuberías de agua.

En materia de seguridad pública, señalaron que la zona es atendida por un único departamento de bomberos voluntarios y depende de la Policía Estatal de Pensilvania, y que además cuenta con solo dos hospitales de cuidados agudos cercanos. Para el gobierno estatal, un incremento tan significativo de la población pondría en riesgo la capacidad de respuesta ante emergencias.

En el condado de Schuylkill, el plan contempla un centro en Tremont Township con capacidad para hasta 7.500 personas. Funcionarios estatales advirtieron que la instalación podría requerir hasta 800,000 galones de agua al día, más del doble de la capacidad actual del sistema, lo que podría vaciar el embalse comunitario en un solo día y dejar a los residentes sin suministro de agua, incluso en caso de incendio.

Además de las preocupaciones en materia de salud y seguridad, la Administración estatal subrayó el posible impacto económico. En Berks, se estima una pérdida anual superior a 800.000 dólares en ingresos por impuestos a la propiedad, lo que afecta al condado, al municipio y al distrito escolar local. En Schuylkill, la cifra superaría el millón de dólares anuales.

El gobernador Shapiro afirmó que su Administración ya envió cartas a la secretaria del DHS, en las que detalla posibles violaciones a las leyes estatales y advierte sobre los efectos negativos que estos centros tendrían en las comunidades. Reiteró que, de continuar el proceso, el Estado utilizará “todas las herramientas disponibles” para impedir la apertura de las instalaciones.

Funcionarios de los departamentos estatales de Salud, Protección Ambiental y Trabajo e Industria también expresaron inquietudes sobre la falta de infraestructura adecuada de agua, de alcantarillado y de seguridad contra incendios para albergar a miles de personas en edificios originalmente diseñados como almacenes comerciales.

Shapiro sostuvo que su prioridad es proteger la salud, la seguridad y los recursos de los residentes de Pensilvania y advirtió que la instalación de estos centros, sin la debida planificación y el cumplimiento de las normas estatales, podría generar consecuencias graves y duraderas para las comunidades afectadas.