armas

El uso de armas ilegales tan solo en la ciudad de Filadelfia creció entre 2019 y 2022 un 311% según se manifestó en reciente audiencia sobre violencia con armas de fuego en la Casa de Representantes de Pensilvania. 

Davahne Davis fue tiroteado en Wilmington el pasado 20 de febrero.  

¿Se habría salvado de haber existido una legislación de armas más restrictiva? 

La violencia armada es la principal causa de muerte de niños y adolescentes en Estados Unidos. Aproximadamente 600 habitantes de Delaware han muerto a causa de la violencia armada desde 2019.  

Hasta ahora, las leyes sobre seguridad de armas de fuego del Primer Estado remitían a leyes aprobadas en 2022. Ahora se une el recién aprobado proyecto de ley conocido como “Permiso de compra de armas” (que incluye que los residentes de Delaware tengan entrenamiento con armas de fuego (SS1) y paguen un permiso antes de comprar un arma de fuego (SB2)).  

El informe “Tiroteos en Delaware 2020: un análisis de incidentes, sospechosos y víctimas”, donde se recogen datos sobre la posesión ilegal de armas durante delitos cometidos en Delaware en 2020, hacía necesaria una respuesta legislativa. Según el reporte, de las 158 personas sospechosas de estar involucradas en un tiroteo ese año, el 77% tuvieron al menos un arresto por un delito grave violento y el 57% tuvo al menos tres arrestos de ese tipo.  

“Hemos logrado avances … prohibido armas de asalto, culatas y cargadores de alta capacidad … aprobado leyes de alerta e impedido las compras ficticias…” señala el gobernador Carney quien “espera con ansias firmar este proyecto de ley” 

La vicegobernadora Hall-Long ve el problema de la violencia desde un aspecto sanitario cuando dice que  “la violencia armada es una crisis de salud pública”. 

La opinión local está a favor de legislaciones sobre armas, así lo mostró un estudio de 2021 que encontró que el 74% de los votantes registrados de Delaware apoyan las políticas de permisos de armas, independientemente de la geografía, afiliación política o posesión de armas. La Coalición de Delaware para un Delaware más seguro y el capítulo de Delaware de Moms Demand Action, han venido liderando durante años iniciativas para aprobar leyes más estrictas sobre seguridad de armas en el Primer Estado.  

Para la senadora Lockman “casi todas las armas utilizadas en un delito alguna vez fueron compradas legalmente”.  

“Es de sentido común aprender cómo cargar, usar y almacenar de forma segura un arma letal”, señala la representante Minor-Brown (D–New Castle), copatrocinadora del proyecto de ley.  

“Una gran mayoría de habitantes de Delaware apoya esta política”, dice Traci Manza Murphy, directora ejecutiva de la Coalición de Delaware contra la violencia armada.  

Samuel Levy, asesor legal de Everytown for Gun Safety apoya que la mera probabilidad de no cumplir los requisitos recién establecidos para adquirir un arma, sea causa suficiente para negarle a alguien su derecho a poseer y portar armas. 

Para el grupo minoritario republicano de la cámara, la efectividad de esta legislación es cuestionable y pudiera conculcar derechos personales contemplados constitucionalmente. 

«Los ciudadanos respetuosos de la ley no son los que cometen delitos», dice Joseph Fulgham, director de política y comunicaciones de los republicanos. 

Los senadores republicanos Richardson, Lawson, Buckson, Wilson, Pettyjohn y Hocker piensan que la nueva normativa “infringe los derechos de los ciudadanos respetuosos de la ley”, especialmente la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos (“siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un estado libre, no se infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas”) y el artículo uno, sección 20 de la Constitución de Delaware (“Una persona tiene derecho a poseer y portar armas para la defensa de sí misma, de su familia, de su hogar y del Estado, y para la caza y el uso recreativo”). En este sentido remitieron una carta al gobernador para que vetase la ley. 

La Asociación de Deportistas del Estado de Delaware pone el punto de mira en las drogas y las pandillas como causa de la violencia armada. Para ellos “es un hecho que más del 80% de todos los delitos violentos… está directamente relacionado con las drogas y las pandillas, pero estos senadores se niegan a abordar las causas fundamentales de dichos delitos», según declaración escrita del presidente de DSSA, Jeff Hague.  

La legislación con la que cuenta en la actualidad la ciudad de Filadelfia es, comparativamente hablando, similar a la de Delaware antes de aprobar la reciente ley. Para el fiscal del distrito de Filadelfia Larry Krasner en el estado de Pensilvania “se necesita una legislación para arreglar el vacío legal existente sobre armas ilegales”. En 2022 fueron recuperadas en la ciudad 575 armas “fantasma” (ilegales).  

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