Una corte de apelaciones de EE. UU. dictaminó el martes que los delincuentes no violentos no deberían estar sujetos a prohibiciones de portación de por vida, la última consecuencia de una decisión reciente de la Corte Suprema que instruye a los jueces a mirar a la historia y la tradición para sopesar la constitucionalidad de las leyes de control de armas.
En una votación de 11 a 4, la Corte de Apelaciones del 3er Circuito de los EE. UU. se puso del lado de un hombre que se había declarado culpable de tergiversar sus ingresos para recibir alrededor de $2,500 en cupones de alimentos para su familia en 1995.
Si bien el caso involucró un delito menor y Bryan Range solo recibió libertad condicional, enfrentó hasta cinco años de prisión. Esa posible sanción desencadenó una prohibición de Pensilvania sobre la posesión de armas para las personas que enfrentan al menos un año de prisión.
La mayoría de 11-4, que revocó una decisión de un tribunal inferior a raíz de la decisión Bruen de la Corte Suprema, buscó orientación en las leyes de armas que datan del siglo XVIII y no encontró ninguna que contemplara prohibiciones de por vida para los delincuentes no violentos.
Incluso los rebeldes que participaron en el levantamiento fiscal de 1787 en Massachusetts, conocido como la Rebelión de Shays, generalmente pudieron recuperar sus armas después de tres años, señaló el juez de circuito Thomas Hardiman en una nota al pie de su opinión mayoritaria, que calificó el fallo como limitado.
“Range sigue siendo una de las ‘personas’ protegidas por la Segunda Enmienda, y su elegibilidad para comprar legalmente un rifle y una escopeta está protegida por su derecho a tener y portar armas”, escribió Hardiman, quien estaba en la lista corta para un Supremo. Nominación a la corte en 2017, cuando el presidente Trump seleccionó al juez Neil Gorsuch.
En la decisión de Bruen del año pasado, la Corte Suprema descartó la prueba de equilibrio que los tribunales inferiores habían utilizado durante mucho tiempo para decidir los casos de control de armas. Los jueces ya no deben considerar si la ley sirve a los intereses públicos, como promover la seguridad pública, sino que deben considerar que la prohibición es consistente con la «tradición histórica de regulación de armas de fuego» del país. El fallo ha llevado a los tribunales a anular las prohibiciones de armas diseñadas para mantener las armas alejadas de los abusadores domésticos, los acusados de delitos graves y los consumidores de marihuana.
Los expertos legales dicen que la confusión y las opiniones contradictorias que se han producido pueden llevar al tribunal superior a revisar el tema.
En una disidencia el martes, la jueza Cheryl Ann Krause, nombrada por el presidente Obama, dijo que la historia y la tradición pueden ser aptas si las prohibiciones de armas involucran «mosquetes y pistolas de chispa».
En cambio, dijo, nuestra nación dividida está inundada de rifles de asalto, cargadores de alta capacidad y pistolas semiautomáticas, mientras que los tiroteos masivos son «un hecho cotidiano». Argumentó que los legisladores, como representantes electos, “tienen la gran responsabilidad de promulgar leyes que preserven el derecho a la autodefensa armada al mismo tiempo que garantizan la seguridad pública”.
“Aunque enfrentan desafíos cambiantes en la búsqueda de esos dos objetivos, lograr ese delicado equilibrio ha sido durante mucho tiempo una función central de la legislatura en nuestro sistema de poderes separados”, dijo Krause, “y la autoridad de las legislaturas para desarmar a aquellos en quienes no se puede confiar para seguir… las leyes han sido durante mucho tiempo crucial para ese esfuerzo”.
