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Ciudadano estadounidense presenta demanda tras ser arrestado dos veces por autoridades migratorias

Por
Associated Press
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Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizan un arresto en una operación matutina en Park Ridge, Illinois, el 19 de septiembre de 2025. (Foto: AP/Erin Hooley/Archivo)

Un trabajador de la construcción de Alabama y ciudadano estadounidense que afirma haber sido detenido dos veces por agentes de inmigración en pocas semanas presentó una demanda ante un tribunal federal en la que exige el fin de las redadas en lugares de trabajo emprendidas por el gobierno del presidente Donald Trump y que se centran en industrias cuya fuerza laboral está compuesta en gran medida por inmigrantes.

La demanda colectiva, presentada el martes por el trabajador del concreto Leo García Venegas junto con el bufete de abogados de interés público Institute for Justice, exige el fin de lo que el bufete califica como “tácticas inconstitucionales e ilegales de aplicación de las leyes de inmigración ”.

Venegas, quien nació en Estados Unidos, vive y trabaja en el condado de Baldwin, Alabama, un área de la costa del Golfo entre las ciudades de Mobile y Pensacola, Florida, que ha experimentado un inmenso crecimiento poblacional en los últimos 15 años y que ofrece abundante trabajo en construcción.

La demanda se presenta pocas semanas después de que la Corte Suprema levantara una orden de restricción de un juez que prohibía que los agentes de inmigración en Los Ángeles detuvieran a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación.

La corte ha autorizado repetidamente algunas de las políticas de inmigración más severas del gobierno de Trump, aunque también ha dejado abierta la posibilidad de que los resultados legales puedan cambiar a medida que los casos se desarrollen.

En la nueva demanda se describen redadas repetidas en lugares de trabajo, a pesar de que los agentes no tenían órdenes ni sospechas de que trabajadores específicos estuvieran ilegalmente en Estados Unidos, y la detención de una serie de ciudadanos estadounidenses, muchos con nombres que suenan latinos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “autoriza estas redadas armadas basándose en la suposición general de que ciertos grupos de personas en la industria, incluidos los latinos, son probablemente inmigrantes ilegales”, se argumenta en la demanda.

En una redada efectuada en mayo, en la que se detuvo a Venegas, un video grabado por un compañero de trabajo lo muestra siendo forzado a ir al suelo por agentes de inmigración mientras insistía repetidamente en que era ciudadano estadounidense. En la demanda se indica que los agentes detuvieron a los trabajadores del sitio de construcción que parecían latinos, mientras dejaban en paz a los demás. Venegas fue liberado después de más de una hora, según el bufete de abogados.

El demandante fue detenido nuevamente en otro sitio de construcción menos de un mes después.

“Es como si no hubiera nada que pueda hacer para evitar que los agentes de inmigración me arresten cuando quieran”, dijo Leo en un comunicado emitido por el bufete de abogados. “Solo quiero trabajar en paz. La Constitución protege mi facultad para hacerlo”.

Venegas, quien se especializa en la colocación de cimientos de concreto, dice que fue detenido ambas veces a pesar de mostrar su licencia de conducir REAL ID emitida por Alabama, una tarjeta de identidad de mayor seguridad que está disponible solo para ciudadanos estadounidenses y residentes legales.

Los agentes de inmigración le dijeron que la tarjeta de identificación era falsa, antes de liberarlo, lo cual ocurrió después de unos 20 o 30 minutos.

“Los agentes de inmigración no están por encima de la ley”, dijo en un comunicado el abogado del Institute for Justice, Jaba Tsitsuashvili. “Leo es un ciudadano estadounidense trabajador que defiende el derecho de todos a trabajar sin ser detenidos simplemente por su apariencia o el trabajo que realizan”.

Hasta el momento, el DHS no ha respondido a una solicitud de comentarios.

En el mandato de Biden, Florida fue un importante destino para inmigrantes hispanos

Por
Associated Press
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Paola Freites, que pidió ser identificada solo por su segundo nombre y su segundo apellido para proteger la seguridad de su familia, en la casa rodante de dos dormitorios donde vive con su esposo y tres hijos tras huir de la persecución en su nativa Colombia, el jueves 21 de agosto de 2025, en Apopka, Florida. (Foto: AP/Rebecca Blackwell)

Cuando a Paola Freites se le permitió ingresar a Estados Unidos en 2024, ella y su esposo se establecieron en Florida, atraídos por las temperaturas cálidas, una gran comunidad latina y la facilidad para encontrar empleo y vivienda.

Ellos fueron parte de los cientos de miles de inmigrantes que llegaron al estado en los últimos años mientras aumentaba la inmigración bajo el mandato del expresidente Joe Biden.

Ningún estado ha sido más afectado por el aumento de inmigrantes que Florida, según datos internos del gobierno obtenidos por The Associated Press. De mayo de 2023 a enero de 2025 1.271 migrantes por cada 100.000 residentes llegaron a Florida, seguida por Nueva York, California, Texas e Illinois.

Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), que debe verificar las direcciones de todas las personas a las que se les permite ingresar a Estados Unidos y quedarse para seguir un juicio de inmigración, muestran que Miami fue el área metropolitana más afectada en Estados Unidos, con 2.191 nuevos migrantes por cada 100.000 residentes. Orlando ocupó el décimo lugar, con 1.499 nuevos migrantes por cada 100.000 residentes. Tampa ocupó el puesto 17 y Fort Myers el 30.

Freites y su esposo, que huyeron de la violencia en Colombia con sus tres hijos, se mudaron a Apopka, una ciudad agrícola cerca de Orlando, donde los inmigrantes podían encontrar viviendas más baratas que en Miami mientras se expandían por una comunidad que ya tenía grandes poblaciones de mexicanos y puertorriqueños. Su cuñada poseía una casa móvil que podían alquilar.

”Nos aconsejó venir a Orlando porque se habla español y hay buen clima”, dijo Freites, de 37 años. “Nos sentimos bien y acogidos aquí”.

La migración cambió después de la pandemia de COVID-19

En los datos de la CBP se registran los destinos declarados en Estados Unidos de 2,5 millones de migrantes que cruzaron la frontera, incluidos aquellos como Freites, que utilizaron la ahora desaparecida aplicación CBP One para hacer una cita de ingreso. Los datos abarcan desde el período en que el gobierno de Biden puso fin a las restricciones de COVID-19 sobre la búsqueda de asilo hasta la fecha en que el presidente Donald Trump comenzó su segundo mandato y declaró una emergencia nacional en la frontera.

La CBP liberó a millones de personas en Estados Unidos en la frontera durante la presidencia de Biden para proseguir sus casos en el tribunal de inmigración del país, elevando la población inmigrante a niveles históricos mientras muchas personas se dirigían a Estados Unidos caminando a través del anteriormente impenetrable Tapón del Darién, en la frontera de Colombia y Panamá. Este año, la Patrulla Fronteriza liberó solo a siete migrantes de febrero a julio, ya que Trump suspendió el sistema de asilo e impulsó al Ejército a desempeñar un papel central en la disuasión de cruces fronterizos ilegales.

Freites dijo que fue torturada y violada en Colombia y que su padre y su bebé de 8 meses fueron asesinados. La familia solicitó asilo, y ella y su esposo obtuvieron permisos de trabajo.

Ahora es ama de llaves en un hotel en Orlando, un destino turístico con más de una docena de parques temáticos, como Walt Disney World, Universal Orlando y SeaWorld. Su esposo trabaja en un vivero.

“Llegamos acá buscando libertad, trabajo, no nos gusta que nos regalen las cosas”, dijo Freites, quien pidió que la AP la identificara por su segundo nombre y su segundo apellido por temor a la seguridad de su madre en Colombia, que ha soportado más de medio siglo de conflicto. “Somos personas de bien”.

Ella, su esposo y sus tres hijos, de 16, 13 y 7 años, viven en una casa móvil de dos habitaciones. Los niños asisten a la escuela y ella acude a una iglesia católica que ofrece misa en español, el único idioma que habla.

Orlando absorbió a los nuevos inmigrantes

Históricamente, la población inmigrante de Florida Central provenía principalmente de México y Centroamérica, con unos cuantos profesionales y empresarios venezolanos que llegaron después de que el socialista Hugo Chávez asumiera la presidencia en 1999. En 2022, comenzaron a llegar más venezolanos, alentados por un programa creado por el gobierno de Biden que les ofrecía una vía hacia la residencia legal temporal. Ese mismo programa se extendió meses después a haitianos y cubanos, y su presencia se hizo cada vez más visible en esa parte de Florida. El estado también tiene una gran población colombiana.

Muchos inmigrantes llegaron al estado porque tenían amigos y familiares allí.

En Orlando, se establecieron en toda el área, no solo en ciertos vecindarios. Se inauguraron negocios que atienden a los recién llegados en áreas comerciales con tiendas mexicanas y puertorriqueñas. Restaurantes venezolanos que venden empanadas y arepas abrieron en la misma plaza que un supermercado mexicano que ofrece tacos y enchiladas. Las iglesias comenzaron a ofrecer más misas en español y en criollo, el idioma de los haitianos.

A medida que la población aumentó, apartamentos, centros comerciales, oficinas y almacenes reemplazaron muchos de los naranjales y bosques que una vez rodearon Orlando.

La economía creció con la llegada de más personas

Los nuevos inmigrantes encontraron trabajo en la floreciente industria de la construcción, así como en la agricultura, el transporte, los servicios públicos y la fabricación. Muchos trabajan en restaurantes y hoteles y como taxistas. Algunos iniciaron sus propios negocios.

“Es una comunidad muy vibrante”, dijo Felipe Sousa-Lazaballet, director ejecutivo de Hope CommUnity Center, un grupo que ofrece servicios gratuitos a la comunidad inmigrante de Florida Central. “Piensan, ‘Voy a trabajar duro y voy a luchar por mi sueño americano’, ese es el espíritu”.

Las contribuciones de los inmigrantes al producto interno bruto de Florida, que comprende todos los bienes y servicios producidos en el estado, aumentaron del 24,3% en 2019 al 25,5% en 2023, según un análisis del American Immigration Council hacho a partir de las encuestas anuales de la Oficina del Censo. El número de inmigrantes en la fuerza laboral aumentó de 2,8 millones a 3,1 millones, es decir, del 26,5% al 27,4% de la población total. Las cifras incluyen a inmigrantes que están en Estados Unidos legal e ilegalmente.

“La inmigración ha mejorado esta área, la ha hecho más diversa”, dijo Laudi Campo, directora de la Federación Hispana en Florida. “Los inmigrantes han traído una fuerza económica increíble y una gran fuerza laboral a la zona”.

Los inmigrantes buscan asesoramiento

Los grupos que ayudan a los inmigrantes también crecieron.

“Recibíamos cientos de llamadas a la semana”, dijo Gisselle Martinez, directora legal del Orlando Center for Justice. “Muchas llamadas de personas que dicen, ‘Acabo de llegar, no conozco a nadie, aún no tengo dinero, aún no tengo trabajo. ¿Pueden ayudarme?’”

El centro creó un programa para darles la bienvenida. Creció de atender a 40 personas en 2022 a 269 en 2023 y 524 en 2024, dijo Melissa Marantes, la directora ejecutiva.

En 2023, la Federación Hispana lanzó un programa para enseñar a médicos, enfermeras e ingenieros de Sudamérica y Haití cómo prepararse y vestirse para entrevistas de trabajo y cómo responder preguntas en inglés. También ampliaron su programa gratuito de inglés y ofrecieron otro para ayudar a los padres a abordar el sistema escolar. En 2021, alrededor de 500 inmigrantes asistieron a una feria donde se proporcionaron servicios dentales, médicos y legales gratuitos. Para 2024, hubo 2.500 asistentes.

Sousa-Lazaballet, el director ejecutivo de Hope, dijo que su grupo pasó de atender a 6.000 personas en 2019 a más de 20.000 en 2023 y 2024.

“La gente fue bien recibida”, afirmó. “Fue un momento increíble, cuando la gente llegaba, se establecía porque tenían permisos de trabajo. Podían trabajar”.

Ahora, muchos temen ser detenidos

Después de que Trump asumió el cargo, la ansiedad se extendió en muchas comunidades de inmigrantes. Florida, un estado gobernado por republicanos, ha trabajado para ayudar al gobierno de Trump a emprender severas medidas contra la inmigración y ha promulgado leyes dirigidas a la inmigración ilegal. Eso incluye una medida que prohíbe a las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos que ingresen al estado, lo cual algunos agentes de la ley hicieron cumplir incluso después de que un juez la detuviera.

Blanca, una madre soltera mexicana de 38 años que cruzó la frontera con sus tres hijos en julio de 2024, dijo que llegó a Florida Central porque cuatro sobrinos que ya vivían en el área le dijeron que era un lugar pacífico donde se habla español. La maestra de matemáticas, que ha solicitado asilo en Estados Unidos, insistió en ser identificada solo por su primer nombre porque teme ser deportada.

En julio de 2025, los funcionarios de inmigración le dijeron que acudiera a su oficina en Orlando antes de una audiencia de inmigración que se realizaría en octubre. Allí, le colocaron un brazalete electrónico en el tobillo para monitorearla.

Debido a que una amiga suya fue deportada tras presentar una solicitud de permiso de trabajo, ella misma no ha solicitado ese documento, dijo. Blanca recibe pagos en efectivo por limpiar y cocinar para los vecinos. Sus hijos le piden que no los lleve ni los recoja de la escuela por temor a que la policía vea su brazalete electrónico y la detenga en la calle.

“Da miedo”, dijo. “Claro que sí”.

Fracasan otras dos votaciones en el Senado para levantar el cierre del Gobierno en EE. UU.

Por
EFE
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(Foto: EFE/JIM LO SCALZO)

El Senado de EE. UU. tumbó este miércoles dos propuestas presupuestarias presentadas respectivamente por demócratas y republicanos para tratar de levantar el cierre parcial del Gobierno Federal, el primer intento desde se suspendieran las funciones no esenciales de la administración central la pasada medianoche.

Al igual que sucedió el martes en los dos últimos intentos por evitar el cierre la propuesta de los demócratas fue derrotada por 53 votos frente a 47 y la de los republicanos no prosperó al sumar solo 55 votos a favor y 45 en contra, cinco apoyos por debajo de los 60 que son necesarios para la aprobación del proyecto de ley.

National parks will remain ‘generally’ open during the shutdown, but Liberty Bell doors are closed

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Associated Press
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A guard stands at the entrance to The Liberty Bell center that is closed due to a government shutdown in Philadelphia, Wednesday,Oct. 1, 2025. (Photo: AP/Matt Rourke)

Crowds of people loaded onto boats to tour the Statue of Liberty and Ellis Island Wednesday morning with no immediate signs of the government shutdown that is triggering the furlough of about two-thirds of National Park Service employees.

But in Philadelphia, the nation’s birthplace, tourists enjoying a crisp fall morning on Independence Mall were thwarted in their hopes of visiting the Liberty Bell. They were being turned away at the entrance and could only steal glances of it inside a glass pavilion.

A shutdown contingency plan released by the park service late Tuesday said “park roads, lookouts, trails, and open-air memorials will generally remain accessible to visitors.” However, given sharply reduced staffing, parks without “accessible areas” will be closed during the shutdown. And sites currently open could close if damage is done to park resources or garbage is building up, the plan says.

Yet with limited information offered on government websites, questions were popping up across park service social media sites on Wednesday, with people asking if camping permits would still be good at places like Chaco Culture National Historical Park in northwestern New Mexico and if the gates would be open at Rocky Mountain National Park in Colorado.

The furlough of almost 9,300 park employees means parks that stay open can provide only limited services such as protection of life, property and public safety, the plan says.

Tourist crowd around a window to view the Liberty Bell with Independence Hall in the background in Philadelphia, Wednesday, Oct. 1, 2025. (Photo: AP/Matt Rourke)

In Mississippi, the state’s most-visited cultural attraction, Vicksburg National Military Park, was shut down. A nonprofit group was trying to work out an agreement to re-open it using donated money to pay for staff. At Acadia National Park in Maine, there were no park rangers in sight and would-be hikers in search of trail maps found empty receptacles outside a closed visitor center.

The plan did not detail which of the park service’s more than 400 sites are considered inaccessible. The Associated Press requested further details in emails and a telephone call to officials with the National Park Service and Department of Interior on Tuesday and Wednesday.

The park service oversees large national parks such as Yellowstone and Grand Canyon, national battlefields, national monuments such as the Statue of Liberty and historic sites including Independence National Historical Park, home of the Liberty Bell. Those attractions often serve as economic engines for nearby communities.

Many national parks stayed open during a five-week shutdown in Trump’s first term. Limited staffing led to vandalism, overflowing garbage, damage to natural resources and illegal off-roading.

Tourist view the Liberty Bell in Philadelphia, Wednesday, Oct. 1, 2025. (Photo: AP/Matt Rourke)

A group of 40 former National Park Service superintendents had urged the Trump administration to close the parks during a shutdown to prevent a repeat of the damage that occurred in 2018 and 2019. They warned a shutdown now could be even worse with parks already under strain from a 24% staff cut and severe budget reductions.

During a 2013 shutdown, the park service under former President Barack Obama turned away millions of visitors to its more than 400 parks, national monuments, and other sites. The service estimated that the shutdown led to more than $500 million in lost visitor spending nationwide. That also caused economic damage to gateway communities that border national parks and are heavily dependent on the visitors they draw.

The contingency plan allows parks to enter into agreements with states, tribes or local governments willing to make donations to keep national park sites open.

States where national parks draw major tourism lobbied to keep them open during past shutdowns, and Utah agreed to donate $1.7 million in 2013 to keep its national parks open. Arizona, Colorado, New York, South Dakota and Tennessee have also donated money to keep parks staffed during previous shutdowns.

Colorado’s governor suggested the state could do that again this time for Rocky Mountain National Park. But a spokesperson for the governor of Arizona said last week that it cannot afford to pay to keep open its national parks that include the Grand Canyon.

Un estudio indica que los niños con control parental del móvil duermen y estudian mejor

Por
EFE
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Un niño juega a un videjuego. (Foto: EFE/Remko De Waal/Archivo)

Los niños cuyos padres tienen reglas estrictas sobre el uso de los móviles durante la noche duermen en promedio 40 minutos más cada noche, lo que repercute en mejor salud y rendimiento académico, indica una investigación de la Universidad de Ginebra (Unige) publicada en Discover Public Health.

El estudio, realizado mediante cuestionarios a 329 estudiantes de entre 13 y 15 años en 2021, mostró que los escolares cuyos padres prohíben el uso de teléfonos en los dormitorios, o su uso en la noche, llegan a dormir más de cuatro horas y media extra cada semana.

Más tiempo de sueño a una edad en la que se recomienda dormir nueve horas, pero en la que muchos adolescentes a menudo descansan entre siete y ocho, repercute en mejor memoria, atención y estabilidad emocional, reduciendo además el riesgo de ansiedad y depresión, destacó la Unige en un comunicado sobre este estudio.

«Los padres deben involucrarse, porque ello influye en la salud y el éxito de sus hijos», subrayó el doctorando del Departamento de Neurociencia Básica de la Unige Kevin Mammeri, principal autor de la investigación.

Las escuelas también deben jugar un rol con talleres de concienciación sobre la importancia del sueño en un momento en el que «muchos estudiantes se van a la cama con su móvil y no hay clara distinción entre el tiempo de sueño y el de internet», en palabras de la neurocientífica Virginie Sterpenich.

Anteriores estudios en Suiza indicaron que el número de adolescentes que pasa más de cuatro horas del día frente a una pantalla se multiplicó por 12 entre 2012 y 2020.

El papa interviene en el debate sobre el aborto en EE. UU. al plantear qué significa ser provida

Por
Associated Press
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El papa León XIV hace un gesto a su llegada a su audiencia semanal, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 1 de octubre de 2025. (Foto: AP/Gregorio Borgia)

León XIV ha intervenido por primera vez en una disputa sobre el aborto que agita a la Iglesia católica en Estados Unidos, planteando la aparente contradicción sobre lo que realmente significa ser «provida».

El pontífice, nacido en Chicago, fue preguntado el martes por la noche acerca de los planes del cardenal de Chicago, Blase Cupich, de otorgar un premio por su trayectoria al senador de Illinois, Dick Durbin, por su trabajo ayudando a los migrantes. La propuesta suscitó objeciones por parte de algunos obispos conservadores del país, dado el apoyo del influyente senador demócrata al derecho al aborto.

León pidió, en primer lugar, respeto para ambas partes, pero también señaló la aparente contradicción en estos debates.

«Alguien que dice ‘Estoy en contra del aborto, pero estoy a favor de la pena de muerte’ no es realmente provida», afirmó. «Alguien que dice ‘Estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos’, no sé si eso es ser provida».

El papa habló horas antes de que Cupich anunciara que Durbin había rechazado el premio.

La doctrina de la Iglesia prohíbe el aborto, pero también se opone a la pena capital. El papa Francisco cambió oficialmente las enseñanzas de la institución en 2018 para decretar que la pena de muerte es «inadmisible» en todas las circunstancias. Los obispos de Estados Unidos y el Vaticano han pedido enérgicamente un trato humano para los migrantes, citando el mandato bíblico de «acoger al extranjero».

León señaló que no estaba familiarizado con los detalles de la disputa sobre el reconocimiento a Durbin, pero afirmó que, no obstante, era importante observar el historial general del senador y destacó sus 40 años en política. Respondiendo a una pregunta en inglés del medio estadounidense EWTN News, señaló que había muchos temas éticos que constituyen la enseñanza de la Iglesia católica.

“No sé si alguien tiene toda la verdad sobre ellos, pero pediría, ante todo, que haya un mayor respeto mutuo y que busquemos juntos, tanto como seres humanos, en ese caso como ciudadanos estadounidenses o ciudadanos del estado de Illinois, así como católicos, para decir que necesitamos examinar de cerca todos estos temas éticos y encontrar el camino a seguir en esta Iglesia. La enseñanza de la Iglesia sobre cada uno de esos temas es muy clara”, dijo.

Cupich fue un estrecho colaborador de Francisco, quien defendió firmemente la doctrina eclesiástica contraria al aborto, pero también criticó la politización del debate por parte de los obispos estadounidenses. Algunos de ellos pidieron que se niegue la comunión a los políticos católicos que apoyan el derecho al aborto, incluido el expresidente, Joe Biden.

Biden se reunió en varias ocasiones con el difunto pontífice argentino y, en 2021, dijo a reporteros que Francisco le había dicho que continuara recibiendo la comunión. Durante una visita a Roma ese año, recibió el sacramento en una misa en la diócesis del papa.

A Durbin se le prohibió recibir la comunión en su diócesis natal de Springfield en 2004. El obispo de Springfield, Thomas Paprocki, ha mantenido la prohibición y fue uno de los que se opuso firmemente a la decisión de Cupich. Por su parte, Cupich considera a Durbin miembro de la archidiócesis de Chicago, donde el político tiene también una residencia.

En su declaración acerca de la decisión de Durbin, Cupich lamentó que la polarización en Estados Unidos haya creado una situación en la que los católicos estadounidenses “se encuentran políticamente sin hogar”, ya que ni el partido republicano ni el demócrata reflejan completamente la amplitud de la doctrina católica.

Defendió el reconocimiento a la labor migratoria de Durbin, y dijo que el acto previsto para el 3 de noviembre podría haber sido una ocasión para involucrarlo a él y a otros líderes políticos con la esperanza de presentar la visión de la Iglesia sobre otras cuestiones, incluido el aborto.

«Podría ser una invitación a los católicos que promueven incansablemente la dignidad de los no nacidos, los ancianos y los enfermos para extender el círculo de protección a los migrantes que enfrentan en este momento una amenaza existencial para sus vidas y las vidas de sus familias», escribió Cupich.

La disputa surgió en plena campaña del gobierno del presidente Donald Trump contra los migrantes en la zona de Chicago.

La falta de acuerdo en el Congreso activa un cierre parcial del Gobierno Federal en EE. UU.

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EFE
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Vista general de la Casa Blanca. (Foto: EFE/Michael Reynolds)

La incapacidad de republicanos y demócratas para acordar un presupuesto antes de la fecha límite fijada para este miércoles ha activado un cierre del Gobierno Federal de EE. UU. que por el momento afecta a servicios no esenciales pero que podría comprometer otras funciones de la Administración Central si se prolonga el bloqueo legislativo.

Los dos partidos tenían hasta las 23.59 hora local del 30 de septiembre, cuando concluía el año fiscal, para aprobar unos fondos que permitieran seguir funcionando plenamente a las agencias del Gobierno.

Hasta el martes, los republicanos solo lograron agenciarse dos de los siete votos demócratas que necesitaban en el Senado para aprobar un paquete de financiación provisional que habría mantenido plenamente operativo al Gobierno otras siete semanas.

Por su parte, los demócratas tampoco lograron los 13 apoyos que requería su propuesta presupuestaria, que destina más financiación para la sanidad y que, al igual que el proyecto de ley republicano, fue rechazada hoy mismo en la Cámara Alta.

Para brindar los sufragios necesarios al paquete republicano los liberales han dicho que necesitan que se renueven subsidios del programa Obamacare que expiran este año y que se revoquen recortes en materia sanitaria incluidos en la gran ley de rebaja fiscal y presupuestaria que impulsó el presidente Donald Trump, algo que los conservadores solo quieren negociar una vez se aprueben las partidas económicas.

La clave reside ahora en cuánto durará esta suspensión parcial de operaciones de las agencias federales, que de momento no afecta a los servicios básicos en el país.

Las fuerzas de seguridad, el ejército, los aeropuertos o la seguridad social seguirán funcionando con normalidad, pero preocupa el hecho de que los funcionarios en estas áreas no cobrarán sus sueldos hasta que las dos bancadas resuelvan sus diferencias en el legislativo y aprueben un presupuesto nuevo.

En el último y más largo cierre parcial del Gobierno Federal en la historia de EE. UU., el que se prolongó durante un mes durante el primer mandato de Donald Trump, la decisión de 10 controladores aéreos que pidieron la baja por enfermedad provocó la suspensión temporal de operaciones en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York y retrasos en varios otros aeródromos importantes del noreste y sureste del país.

Este caos aéreo acabó desempeñando un papel fundamental para que las dos bancadas lograran un acuerdo para poner fin al cierre de Gobierno en enero de 2019.

EE. UU. intensifica su guerra comercial con nuevos aranceles a medicamentos y camiones

Por
EFE
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(Foto: EFE/FRANCIS CHUNG)

Nuevos aranceles del 100 % a algunos medicamentos y del 25 % a los camiones pesados anunciados por el presidente de EE. UU., Donald Trump, entraron en vigor hoy miércoles, en una nueva vuelta de tuerca en la guerra comercial impulsada por el republicano tras su regreso al poder.

Trump, que por meses ha amenazado a las farmacéuticas con gravámenes, considera estas tasas como una medida de presión para que estas empresas del sector inviertan en el país y aumenten la producción local de medicinas esenciales.

El mandatario también ha expresado que esta es otra manera de reducir los costos que pagan los estadounidenses por medicamentos, algo que los analistas ponen en duda.

Según anunció Trump el pasado 25 de septiembre, los medicamentos patentados fabricados en el extranjero enfrentarán tasas del 100 % a partir de hoy.

Competencia desleal

El magnate también informó que a partir del 1 de octubre los camiones pesados tendrán tarifas del 25 %, impuestas debido a la «competencia externa desleal» que las importaciones de estos equipos suponen para los fabricantes estadounidenses.

La Administración no ha especificado detalles sobre las nuevas medidas o si estos montos se acumularán sobre los aranceles «recíprocos» que ya pesan sobre la mayoría de los socios comerciales de EE. UU.

En el caso de los camiones pesados, se espera que la medida no afecte prácticamente a este tipo de vehículos procedentes de México y Canadá, ya que están incluidos en el tratado T-MEC siempre que al menos el 64 % de sus partes hayan sido fabricados en Norteamérica.

Pero si se prevé que estos aranceles pesen especialmente sobre China, Vietnam y Tailandia, que juntos representan más del 70% de las importaciones estadounidenses de camiones de gran tonelaje.

Excepciones

El propio Trump ha insistido que los aranceles no serán aplicados a los medicamentos genéricos y las farmacéuticas que tengan proyectos de construcción en marcha, incluidos los anteriores a su Administración.

Grandes empresas como Eli Lilly y Pfizer han anunciado inversiones millonarias para la construcción, reubicación y expansión de sus fábricas, por lo que está previsto que eviten las tasas.

La Casa Blanca especificó a la CNN que honrará los acuerdos firmados con la Unión Europea y Japón, que limitan los aranceles al 15 %, un respiro para las europeas AstraZeneca, GSK, Novartis, Sanofi y Novo Nordisk.

Aranceles aplazados para los muebles

Este 1 de octubre debían entrar en vigor también las tarifas de entre el 30 % y el 50 % a las importaciones de mobiliario del hogar, tal y como anunció Trump esta semana, pero su Administración dijo este martes que aplazaría su aplicación al 14 de octubre, cuando también se activará un nuevo arancel del 25 % sobre la madera blanda.

Para los muebles, la subida será gradual y comenzará en un 25 %, que subirá a partir del 1 de enero de 2026 al 30 % para algunos muebles tapizados y hasta el 50 % en el caso de los gabinetes de cocina, tocadores de baño y otros productos relacionados.

Juez de EE. UU.: es inconstitucional deportar a no ciudadanos por protestar contra la guerra en Gaza

Por
Associated Press
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juez
El activista propalestino Mahmoud Khalil en una concentración para celebrar su libertad tras ser detenido por las autoridades migratorias, en Nueva York el 22 de junio del 2025. (AP foto/Olga Fedorova)

BOSTON— El Gobierno del presidente Donald Trump violó la Constitución al ir detrás de ciudadanos extranjeros para su deportación únicamente por expresar su apoyo a los palestinos y criticar a Israel, afirmó un juez federal el martes en un fallo que critica directa y agudamente al mandatario y sus políticas, las cuales calificó como graves amenazas a la libertad de expresión.

El juez de distrito William Young en Boston coincidió con varias asociaciones universitarias en que la política que describieron como deportación ideológica viola la Primera Enmienda, así como la Ley de Procedimiento Administrativo, la cual establece cómo las agencias federales desarrollan y emiten regulaciones. Young también determinó que la política era “arbitraria o caprichosa porque revierte la política anterior sin una explicación razonada”.

“Este caso —quizás el más importante que jamás haya caído dentro de la jurisdicción de este tribunal de distrito— presenta claramente la cuestión de si los no ciudadanos que están presentes legalmente aquí en Estados Unidos realmente tienen los mismos derechos de libertad de expresión que el resto de nosotros. El tribunal responde a esta pregunta constitucional de manera inequívoca: ‘sí, los tienen’”, escribió Young, un nominado del presidente republicano Ronald Reagan.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), emitió un comunicado en el que no abordó directamente el fallo, pero en el que aseguró que Young estaba “difamando y satanizando a las fuerzas federales”.

“A nuestros agentes del ICE se les debería agradecer por arriesgar sus vidas todos los días para arrestar a asesinos, pedófilos, violadores, miembros de pandillas y terroristas en lugar de ser vilipendiados por políticos de santuario”, aseguró, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por sus iniciales en inglés. «Es desalentador que incluso después del ataque terrorista y los recientes arrestos de alborotadores armados fuera de las instalaciones del ICE, este juez decida avivar las brasas del odio”.

Los demandantes aplaudieron el fallo.

“El intento del gobierno federal por deportar a estudiantes por sus opiniones políticas es un ataque a la Constitución y una traición a los valores estadounidenses», declaró Todd Wolfson, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios. “Este juicio expuso su verdadero objetivo: intimidar y silenciar a cualquiera que se atreva a oponerse a ellos. Si no luchamos, la policía ideológica de Trump no se detendrá en las voces propalestinas; vendrán por cualquiera que alce la voz”.

El fallo se produjo después de un juicio durante el cual los abogados de las asociaciones presentaron testigos que declararon que el gobierno federal había lanzado un esfuerzo coordinado contra estudiantes y académicos que habían criticado a Israel o mostrado simpatía por los palestinos.

“No desde la era de McCarthy los inmigrantes han sido el objetivo de una represión tan intensa por su discurso político legal”, indicó Ramya Krishnan, abogada principal del Instituto Knight de la Primera Enmienda, al tribunal. “La política crea una nube de miedo sobre las comunidades universitarias, y contradice la Primera Enmienda”.

Young celebrará una audiencia por separado sobre el alivio que solicitaron los demandantes, el cual probablemente será una solicitud para que la Casa Blanca deje de llevar a cabo deportaciones ideológicas.

Los abogados del gobierno presentaron testigos según los cuales no había una política de deportación ideológica como los demandantes sostienen.

“No hay una política para revocar visas sobre la base de discurso protegido”, señaló Victoria Santora al tribunal. “La evidencia presentada en este juicio mostrará que los demandantes están desafiando nada más que la aplicación gubernamental de las leyes de inmigración”.

John Armstrong, el funcionario principal de la Oficina de Asuntos Consulares, testificó que las revocaciones de visas se basaban en la ley de inmigración de larga data. Armstrong reconoció que desempeñó un papel en la revocación de visas de varios activistas de alto perfil, incluidos Rumeysa Ozturk y Mahmoud Khalil, y se le mostraron memorandos que respaldaban su expulsión.

Armstrong también insistió en que las revocaciones de visas no se basaban en discurso protegido y rechazó las acusaciones de que haya una política para ir detrás de alguien por su ideología.

Un testigo declaró que la campaña apuntó a más de 5.000 manifestantes propalestinos. De los 5.000 nombres revisados, los investigadores escribieron informes sobre aproximadamente 200 que potencialmente habían violado la ley, testificó Peter Hatch de la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE. Hasta este año, dijo Hatch, no podía recordar que un estudiante manifestante fuera referido para una revocación de visa.

Entre los sujetos del informe estaba el activista palestino y graduado de la Universidad de Columbia Khalil, quien fue liberado el mes pasado después de 104 días en detención de inmigración federal. Khalil se ha convertido en un símbolo de la represión de Trump sobre las protestas.

Otra fue la estudiante de la Universidad de Tufts Ozturk, quien fue liberada en mayo después de seis semanas en detención luego de que fue arrestada en una calle de los suburbios de Boston. Dijo que fue detenida ilegalmente después de un artículo de opinión que coescribió el año pasado en el que criticó la respuesta de su escuela a la guerra en Gaza.

Young acusó a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y al secretario de Estado Marco Rubio y sus agentes de abusar de sus poderes para apuntar a no ciudadanos con el fin de silenciarlos y, al hacerlo, “negar intencionalmente a tales individuos (incluidos los demandantes aquí) la libertad de expresión a la que tienen derecho”.

“Además, el efecto de estos procedimientos de deportación dirigidos continúa inconstitucionalmente enfriando la libertad de expresión hasta el día de hoy”, agregó.

Young también criticó a Trump en su fallo de 161 páginas, insinuando que apoyaba la política, aunque puede que no haya autorizado su operación. “Los hechos prueban que el propio presidente aprueba una supresión verdaderamente escandalosa e inconstitucional de la libertad de expresión” por parte de dos de sus secretarios de gabinete, escribió.

También utilizó su fallo para llamar la atención sobre lo que considera como un esfuerzo más amplio por parte de Trump para sofocar la disidencia y atacar a cualquiera con quien no esté de acuerdo, al tiempo que insta a los estadounidenses a enfrentar estas amenazas. Al hacer referencia a Reagan, quien tocó el tema de la fragilidad de la libertad cuando era gobernador de California, Young dijo que cree que Trump aprecia y entiende esas palabras, pero teme «que haya sacado de ellas un mensaje más oscuro y cínico”.

“Temo que el presidente Trump crea que el pueblo estadounidense está tan dividido que hoy no se levantará, luchará y defenderá nuestros valores constitucionales más preciados mientras se les haga pensar que no se afecta a sus propios intereses personales”, escribió.

Un periodista hospitalizado tras empujón de agentes de ICE en detención en Nueva York

Por
EFE
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Archivo. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Un periodista fue hospitalizado este martes tras recibir un empujón de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y caer al suelo mientras cubría una detención en un edificio federal en Nueva York señalado tras un incidente similar la semana pasada.

Tanto el contralor de la ciudad, Brad Lander, como la gobernadora del estado, Kathy Hochul, se hicieron eco en X deplorando la actuación de los agentes del ICE en el edificio 26 de Federal Plaza, que aloja un tribunal de inmigración, oficinas de la agencia y un denunciado espacio de detención.

«Otro ataque violento de un oficial del ICE a un civil en 26 Federal Plaza, esta vez a un periodista que tuvo que ser sacado en camilla. Otro ataque a la Primera Enmienda, nuestros vecinos y nuestra democracia», dijo Lander, que ha sido detenido varias veces en protestas en ese edificio.

«Agentes del ICE enmascarados empujaron e hirieron a periodistas hoy en Federal Plaza. Un reportero fue sacado en camilla. Este abuso de inmigrantes que cumplen la ley y los reporteros contando sus historias debe acabar. ¿Qué demonios estamos haciendo aquí?», agregó Hochul.

Según un vídeo del incidente publicado en Instagram por la periodista Stephanie Keith, dos mujeres entran en un ascensor del edificio escoltadas por agentes del ICE enmascarados, y se produce un tumulto cuando esos agentes agarran y lanzan fuera a un hombre que lleva una cámara.

En ese tumulto, se ve cómo otro agente empuja a una fotógrafa, que cae hacia atrás y al parecer arrastra a otro fotógrafo, y después este último parece haber sufrido alguna lesión que le impide moverse y trabajadores de emergencias se lo llevan en una camilla y con un collarín al cuello.

De acuerdo con el mensaje de Keith sobre el vídeo, «los agentes federales, mientras detenían a gente en el ascensor, lanzan al suelo a dos fotógrafos hiriendo a L. Vural Elinor, camarógrafo y videógrafo jefe de Andalou Agency, que fue sacado en una camilla».

Otros cargos y políticos demócratas de Nueva York criticaron el suceso, entre ellos el candidato a alcalde Zohran Mamdani, que recordó que hace poco «ICE empujó a una mujer que preguntaba por la detención de su marido» y «hoy atacaron a periodistas», y denunció una «violencia rutinaria».

El incidente se produce después de que la semana pasada causara revuelo un vídeo que capta cómo agentes del ICE tiran al suelo a una inmigrante que implora que no detengan a su marido, conducta a la que hacía referencia Mamdani y que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó de «inaceptable».

El agente señalado por ese incidente fue despedido, según divulgó la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, pero ayer trascendió que este se había reincorporado a su trabajo tras una «revisión» de los hechos.

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