Election workers at the Allegheny County Election Division warehouse in Pittsburgh process ballots from the 2022 Pennsylvania primary, June 1, 2022. Pennsylvania's highest court ruled Wednesday, Feb. 21, 2024, that Republican state lawmakers can no longer try to enforce a subpoena for election records they issued in 2021 in a quest inspired by former President Donald Trump’s baseless claims of fraud in the 2020 presidential election. (Photo: AP/Gene J. Puskar/File)
HARRISBURG, Pa. — Pennsylvania’s highest court ruled Wednesday that Republican state lawmakers can no longer try to enforce a subpoena for a wide range of election records they issued in 2021 in a quest inspired by former President Donald Trump’s baseless claims of fraud in the 2020 presidential election.
The court, in a brief order, dismissed three appeals in the case, vacated a lower court order and said the subpoena became “unenforceable” when the state Legislature’s two-year session ended in 2022.
A Republican-controlled state Senate committee issued the subpoena as part of what they called a “forensic investigation” of the 2020 presidential election as Trump and his allies applied pressure in battleground states where Trump lost to Democrat Joe Biden to investigate ballots, voting machines and voter rolls for evidence to support their baseless claims about election fraud.
The subpoena, issued to Pennsylvania’s state elections office, has been on ice for more than two years amid several court challenges. Senate Republicans never issued any sort of public report stemming from their investigation or subpoena, and they did not immediately say Wednesday whether they will look to issue another subpoena.
The ruling is effectively a victory for the state attorney general’s office, Senate Democrats and several voter groups, who had gone to court to try to block the subpoena.
“It was a ton of work and a lot of commotion, and the case goes out with a whimper,” said Witold J. Walczak, legal director of the American Civil Liberties Union of Pennsylvania, which represented the voter groups. “But fortunately, in our view, no damage was done.”
Democrats had argued that the subpoena was an abuse of legislative power, served no legitimate legislative purpose and stemmed from Trump’s efforts to undermine trust in the results of the 2020 presidential election.
Voter groups and the attorney general’s office had argued that some of the detailed election records it sought — such as the driver’s license numbers of 9 million registered voters — is barred from public disclosure by privacy laws. The state also argued that information Republicans had sought about election systems was barred from public disclosure by federal law.
The high court’s order vacates last year’s decision by the lower Commonwealth Court, which said it would leave it up to the Senate to enforce its own subpoena under the state’s contempt laws. All sides appealed aspects of the ruling, while the ACLU had viewed the lower court’s decision as dangerous because of the privacy implications for voters.
The idea of election audits or investigations was propelled by Trump’s most ardent supporters in battleground states, including Pennsylvania, where Trump lost the 2020 election to Democrat Joe Biden.
Republicans in Pennsylvania subsequently spent hundreds of thousands of dollars on legal bills and an election investigation contractor that has yet to issue a public report on its findings.
An Associated Press investigation into potential cases of voter fraud in Pennsylvania and the five other battleground states where Trump disputed his loss to Biden in 2020 found a minuscule number of cases.
Election officials in 11 of the state’s 67 counties identified a total of 26 possible cases of voter fraud, representing 0.03% of Biden’s margin of victory. He defeated Trump in Pennsylvania by more than 80,000 votes, according to the state’s certified results.
A la mitad del proceso de un año que ya es la mayor purga de beneficiarios de Medicaid, la inscripción en el programa de seguro de salud administrado por el gobierno está en camino de volver a niveles aproximadamente previos a la pandemia.
Medicaid, que cubre a personas de bajos ingresos y discapacitadas, y el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP) relacionado, crecieron hasta alcanzar un récord de 94 millones de inscritos como resultado de una regla que prohibía a los estados terminar la cobertura durante la emergencia de salud pública por covid.
Pero desde abril pasado, los estados han eliminado a más de 16 millones de personas de los programas en un proceso conocido como «desmantelamiento», según estimaciones de KFF a partir de datos estatales.
Si bien muchos beneficiarios ya no califican porque sus ingresos aumentaron, millones han sido eliminados por razones de procedimiento, como no responder a los avisos o no devolver la documentación necesaria. Pero a la vez, millones se han reinscripto o inscripto por primera vez.
El resultado neto: la inscripción ha disminuido en aproximadamente 9,5 millones de personas desde el máximo histórico alcanzado en abril, según KFF. Eso pone a la inscripción en Medicaid y CHIP en camino de volver a las cifras pre pandémicas: alrededor de 71 millones de personas.
«Lo que estamos viendo no es muy diferente de lo que vimos antes de la pandemia, simplemente está sucediendo a una escala más grande y más rápido», dijo Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de políticas de salud de KFF.
El cambio en la inscripción ha sido desde hace tiempo una característica de Medicaid. Antes de la pandemia, alrededor de 1 millón a 1,5 millones de personas en todo el país perdían la cobertura de Medicaid cada mes, incluyendo a muchos que aún calificaban pero no renovaban su cobertura, explicó Levitt.
Lo que esta vez ocurre en un período más corto. En algunos aspectos, y en algunos estados, ha sido peor de lo esperado.
La administración Biden predijo que alrededor de 15 millones de personas perderían la cobertura de Medicaid o CHIP durante el período de purga, casi la mitad debido a problemas de procedimiento. Ambas predicciones resultaron bajas. Según los datos informados hasta ahora, más de 17 millones de personas perderán la cobertura, según KFF, el 70% debido a problemas con el procedimiento.
Pero alrededor de dos tercios de los 48 millones de beneficiarios a los que se les revisó la elegibilidad hasta ahora renovaron su cobertura. Cerca de un tercio la perdieron.
El gobierno federal ha dado a la mayoría de los estados 12 meses para completar esta purga.
Timothy McBride, economista de salud de la Universidad de Washington en St. Louis, dijo que la históricamente baja tasa de desempleo del país significa que las personas que pierden la cobertura de Medicaid tienen más probabilidades de encontrar una basada en el empleo o de poder pagar un plan en los mercados del Obamacare. «Esa es una razón por la que la caída en Medicaid no es mucho peor», dijo.
Hay grandes diferencias entre los estados. Por ejemplo, Oregon ha sacado solo al 12% de sus beneficiarios. El 75% ha sido renovado, según KFF. El resto está pendiente.
En el otro extremo del espectro, Oklahoma ha eliminado al 43% de sus beneficiarios, renovando la cobertura para solo el 34%. Alrededor del 24% está pendiente.
Los estados tienen reglas de elegibilidad variables, y algunos facilitan mantenerse inscrito. Por ejemplo, Oregon permite que los niños permanezcan en Medicaid hasta los 6 años sin tener que volver a solicitarlo. Todos los demás inscritos obtienen hasta dos años de cobertura independientemente de los cambios en los ingresos.
Jennifer Harris, defensora principal de políticas de salud para Alabama Arise, un grupo de defensa, dijo que la agencia de Medicaid de su estado y otras organizaciones sin fines de lucro se comunicaron bien con los inscritos sobre la necesidad de volver a solicitar la cobertura, y que el estado también contrató a más personas para manejar el aumento. KFF halló que el 29% de los beneficiarios en ese estado que tuvieron revisiones de elegibilidad fueron eliminados por cuestiones de procedimiento, encontró KFF.
«Las cosas están equilibradas en Alabama», dijo, apuntando que a cerca del 66% de a los se les renovó la cobertura.
Uno de los pocos estados que se ha negado a expandir Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), Alabama tenía alrededor de 920,000 inscritos en Medicaid y CHIP en enero de 2020. Esa cifra aumentó a alrededor de 1,2 millones en abril de 2023.
Joan Alker, directora ejecutiva del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, dijo que sigue preocupada porque la caída de la inscripción entre los niños puede ser mayor que lo habitual.
Durante la purga, 3.8 millones de niños han perdido la cobertura de Medicaid, según los datos más recientes del centro. «Muchos más niños están quedando fuera ahora que antes de la pandemia», dijo Alker.
Y cuando los sacan, muchas familias luchan por volver a inscribirlos, dijo. «Todo el sistema está saturado y la capacidad de las personas para volver a inscribirse de manera oportuna es más limitada», agregó.
La gran pregunta, dijo Levitt, es cuántas de las millones de personas eliminadas de Medicaid ahora están sin cobertura.
Utah fue el único estado que encuestó a los desafiliados, y descubrió que alrededor del 30% estaban sin seguro. Muchos de los restantes encontraron cobertura de salud por un empleo o se inscribieron en cobertura subsidiada a través de ACA
Lo que ha sucedido a nivel nacional sigue siendo poco claro.
Esta historia fue producida por KFF Health News, una redacción nacional enfocada en el tratamiento en profundidad de temas de salud, que es uno de los principales programas de KFF, la fuente independiente de investigación de políticas de salud, encuestas y periodismo.
Una bandera puertorriqueña en el muelle de la laguna Condado en San Juan, Puerto Rico, el 30 de septiembre de 2021. (Foto: AP/Carlos Giusti)
San Juan, Puerto Rico. — Los activistas quieren regulaciones más estrictas para los alquileres de corto plazo en Puerto Rico, donde hay un número creciente de inquilinos desplazados y un aumento en los costos de la vivienda, según un informe publicado el miércoles por la Federación Hispana.
El número de unidades para alquileres de corto plazo en Puerto Rico saltó a más de 25.000 en 2022, desde unos 1.000 en 2014, según el informe encargado por la fundación.
Encontró que, si bien los alquileres a corto plazo crean empleos, atraen visitantes y generan más opciones de transporte, los inquilinos están enfrentando desalojos, el costo de los bienes ha aumentado en medio de una crisis económica y algunas áreas ecológicas han sido destruidas durante las nuevas construcciones.
“Esto ha llegado a un punto en el que los impactos son realmente palpables en Puerto Rico”, dijo en entrevista Charlotte Gossett Navarro, directora en jefe de la fundación en Puerto Rico.
Un factor clave en el aumento de los alquileres a corto plazo fue el huracán María, que azotó la isla en septiembre de 2017. Después, muchas personas emigraron al territorio continental de Estados Unidos, mientras que decenas de nuevos inversores llegaron a la isla para comprar casas y propiedades.
Eso llevó a una reducción en la disponibilidad y asequibilidad de la vivienda, dijo Gossett, y agregó que otros factores, incluida la pandemia, también son culpables.
Dulce del Río Pineda, que ha vivido 40 años en la isla de Culebra, justo al este de Puerto Rico, dijo que notó un gran cambio en el mercado inmobiliario en los últimos siete años con la afluencia de alquileres a corto plazo.
“Es un beneficio económico”, señaló. “A la misma vez, tenemos a nuestros jóvenes, sobre todo, que se encuentran sin una esperanza de poder adquirir su hogar. Es una manera de ir desvaneciendo nuestra comunidad”.
La exmaestra de educación especial de 64 años destacó que la desigualdad social también se ha vuelto más dramática. Algunas casas en Culebra, un popular destino turístico, ahora cuestan entre 4 y 8 millones de dólares.
Un día antes de la publicación del informe, Airbnb emitió un comunicado diciendo que apoya la “regulación inclusiva” de los alquileres a corto plazo.
La empresa de alquileres de corto plazo —responsable de la mayor parte de este fenómeno— también respaldó un proyecto de ley que pedía asignar el 5% de los ingresos por impuestos sobre las habitaciones a los municipios, pero los legisladores votaron en contra.
La compañía dijo que ha generado más de 70 millones de dólares en ingresos por impuestos para la isla.
El presidente Joe Biden firma una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial, en la Casa Blanca, el 30 de octubre de 2023. (Foto: AP/Evan Vucci/Archivo)
El gobierno del presidente Joe Biden iniciará un polémico debate sobre si los sistemas más poderosos de inteligencia artificial deberían ser de fuentes de código abierto o cerrado.
La Casa Blanca informó el miércoles que buscará opiniones públicas sobre los riesgos y beneficios de tener los componentes clave de un sistema de inteligencia artificial disponibles públicamente para que cualquiera los utilice y modifique. El sondeo es una pieza de una orden ejecutiva más amplia que Biden promulgó en octubre para abordar la tecnología de rápida evolución.
Las empresas tecnológicas están divididas sobre qué tan abiertos deben ser los modelos de inteligencia artificial, algunos enfatizan los peligros de tener los componentes demasiado accesibles y otros señalan que la ciencia abierta es importante para científicos y empresas de reciente creación. Entre los promotores más vocales de un método abierto han sido Meta Platforms, dueño de Facebook, e IBM.
La orden de Biden describe modelos abiertos con el nombre técnico de “modelos fundacionales de uso dual con pesos ampliamente disponibles” y dice que necesita más estudio. Los pesos (weights) son valores numéricos que influyen en el desempeño de un modelo de inteligencia artificial.
Cuando esos pesos se colocan públicamente en internet, “puede haber sustanciales beneficios para la innovación, pero también importantes riesgos de seguridad, por ejemplo, la eliminación de las salvaguardias dentro del modelo”, dice la orden de Biden. El presidente dio a la secretaria de Comercio Gina Raimondo hasta junio para hablar con expertos y obtener recomendaciones sobre los potenciales beneficios y riesgos.
Ahora, la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) del Departamento de Comercio dijo que abrirá un período de comentarios de 30 días para presentar ideas que se incluirán en un informe al presidente.
“Una noticia alentadora es que para los expertos está claro que no se trata de una cuestión binaria. Hay gradientes de apertura”, dijo Alan Davidson, subsecretario de Comercio y administrador de la NTIA. Davidson dijo a los periodistas el martes que es posible encontrar soluciones que promuevan tanto la innovación como la seguridad.
Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander answers a question during media day at the NBA All-Star basketball game in Indianapolis, Saturday, Feb. 17, 2024. (Photo: AP/Michael Conroy)
The new rule that rendered Philadelphia’s Joel Embiid ineligible for a second consecutive NBA MVP award because he’s missing too many games has the potential to create something the league hasn’t seen in almost two decades.
That would be a wide-open MVP race.
Steve Nash won the MVP award for the 2005-06 season with only 46% of the first-place votes, marking the last time somebody won the NBA’s top individual honor without having his name atop more than half of the ballots.
The winner in every season since has gotten at least 50% of the first-place votes — and Stephen Curry even got 100% when he was MVP in 2016. This year sure seems like it could go differently, with several players in the realistic mix coming out of the All-Star break.
“There’s a lot of guys,” Boston forward Jaylen Brown said. “Who knows what the actual criteria is, to how it goes. I’ve had questions about a lot of different things that goes into stuff. But, you know, I guess we’ll see.”
Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo (34) looks to shoots over Denver Nuggets center Nikola Jokic (15) during the second half of an NBA All-Star basketball game in Indianapolis, Sunday, Feb. 18, 2024. (Photo: AP/Darron Cummings)
Denver’s Nikola Jokic certainly could end up with the award for the third time in four years. Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo may be in the mix for his third MVP as well. Oklahoma City’s Shai Gilgeous-Alexander was fifth last season and should be higher this year. Dallas’ Luka Doncic will likely be on plenty of ballots. If the Los Angeles Clippers keep playing the way they have been over the last couple months, don’t be surprised if a case gets made for Kawhi Leonard.
“Kawhi should definitely be in that conversation,” Clippers forward Paul George said. “But there’s a lot of guys. You talk about Shai, you talk about Luka, you talk about Jokic. There’s a lot of guys out West and even out East, there’s a lot of guys doing a hell of a job representing their team.”
Brown believes his Celtics teammate Jayson Tatum should be atop the MVP list. It’s a reasonable argument; Tatum is the best player on the team with the best record in the league and his averages of 27 points, nearly nine rebounds and nearly five assists per game certainly merit award consideration. A player has finished a season with those averages 26 times over the years; of those, nine have won that season’s MVP award.
Except this season, there are at least two other players — Doncic and Antetokoumpo — averaging that many points, rebounds and assists. Embiid was as well before he got hurt; it’s unclear when or if he’ll be back, but even if he does return he won’t be eligible for the MVP and probably won’t meet the threshold to rank among statistical leaders, either.
Dallas Mavericks guard Luka Doncic (77) drives on Milwaukee Bucks guard Damian Lillard (0) during the first half of an NBA All-Star basketball game in Indianapolis, Sunday, Feb. 18, 2024. (Photo: AP/Darron Cummings)
Part of the challenge of selecting an MVP is this: There’s no absolute definition. To some, it might mean “best player.” To others, it might mean “most valuable to his team.” And if that’s the case, it might be time to look at Cleveland’s Donovan Mitchell.
The Cavs are an NBA-best 23-5 since mid-December. They’re currently No. 2 in the Eastern Conference, when probably very few thought they’d be there. Mitchell is averaging 28.4 points, 6.3 assists, 5.4 rebounds and 1.9 steals – all career-highs.
He wants to be MVP. He knows he doesn’t get mentioned. He can’t figure out why.
“I feel like the work shows for itself. I’m not one to go out there and vocalize,” Mitchell said. “Just want to go out there and do it. Ultimately, it’s not up to me. At the end of the day, they don’t put my name in there. They don’t want to. I’m just going to continue to play the level I’m playing at.”
Gilgeous-Alexander is leading another surprise story in Oklahoma City. The Thunder haven’t won a playoff series since 2016; right now, they’re No. 2 in the West thanks in large part to the Canadian guard with averages of 31.1 points, 6.5 assists, 5.5 rebounds and 2.2 steals per game.
Cleveland Cavaliers’ Donovan Mitchell prepares to shoot during the 3-point contest at the NBA basketball All-Star weekend, Saturday, Feb. 17, 2024, in Indianapolis. (Photo: AP/Darron Cummings)
The only person to finish a season with all those averages: Michael Jordan, who did it 1988-89 – but didn’t win MVP that season. Go figure.
“He is more in the MVP race, I think, than people realize,” Orlando coach Jamahl Mosley said of Gilgeous-Alexander. “I mean, this is something special.”
Gilgeous-Alexander said he’s just going to keep blocking out any noise about awards or playoffs or anything besides who the Thunder play next.
“For me, it’s not any more difficult,” Gilgeous-Alexander said. “I think I’ve learned through experience — and obviously as a young kid it’s easy to get caught up in it, just going back to high school and rankings and things like that. I’ve just found so much success from, not blocking it out, but not letting it faze me or control me.”
So, there’s a playoff race. There’s also an MVP race. Often by this time, it’s pretty easy to say that this guy or that guy will win. That’s not the case right now, and it only might get more muddled the rest of the way.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden (derecha), y la primera dama, Jill Biden, llegan a la Casa Blanca, en Washington, el 19 de febrero de 2024, desde Rehoboth Beach, Delaware. (Foto: AP/Andrew Harnik)
Jill Biden anunció el miércoles una partida de 100 millones de dólares de fondos federales para investigación y desarrollo en salud femenina, dentro de una nueva iniciativa de la Casa Blanca dirigida por ella.
El financiamiento es el primer hito de la Iniciativa de la Casa Blanca para la Investigación en Salud de la Mujer, que se anunció el año pasado. La partida procede de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud (ARPA-H, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Está previsto que la primera dama anuncie el Sprint ARPA-H para la Salud de la Mujer durante un acto el miércoles en Cambridge, Massachusetts.
Biden ha dicho que las mujeres no saben lo suficiente acerca de su salud porque, históricamente, la investigación ha carecido de fondos y ha sido escasa. La iniciativa de la Casa Blanca busca cambiar el enfoque e incrementar el financiamiento de la investigación en este campo.
“Cerraremos las brechas, aceleraremos las nuevas ideas y cambiaremos la vida de las mujeres», afirmará la primera dama, según extractos del discurso preparado compartido con The Associated Press.
“Construiremos un sistema de salud que ponga a las mujeres y sus experiencias vividas en su centro (…) en el que ninguna mujer o niña no tenga que oír que ‘está todo en su cabeza’ o que ‘solo es estrés’; en el que las mujeres no sean una idea de último momento, sino la primera, y donde las mujeres no solo sobrevivan, sino que lleven vidas largas, sanas y felices», añadirá.
Joe Biden creó ARPA-H en 2022 para trabajar en avanzar en la búsqueda de soluciones para problemas sanitarios. La agencia forma parte de lo que llama su “agenda de unidad”.
En las próximas semanas, la agencia solicitará ideas para investigaciones y desarrollos pioneros para abordar la salud femenina, según la Casa Blanca.
La primera dama dijo el año pasado, cuando se anunció la iniciativa de la Casa Blanca, que surgió de una reunión que mantuvo con Maria Shriver, activista por la salud femenina y y ex primera dama de California.
Un trabajador electoral continúa el proceso de conteo de boletas para las elecciones primarias de Pensilvania, el miércoles 18 de mayo de 2022, en la Junta Electoral del Condado de Mercer en Mercer, Pensilvania. El conteo de votos continúa mientras los candidatos republicanos Dr. Mehmet Oz y David McCormick están encerrados en una carrera demasiado pronto para llamar a la candidatura republicana muy disputada de Pensilvania para un escaño abierto en el Senado de los EE. UU. (Foto: AP/Keith)
PHILADELPHIA (AP) — A federal appeals court must decide if Pennsylvania voters need to put accurate handwritten dates on the outside envelopes of their mail-in ballots for the votes to count, a dispute with implications for this year’s presidential contest.
The 3rd U.S. Circuit Court of Appeals held oral arguments in Philadelphia Tuesday over a district judge’s ruling in November that even without the proper dates, mail-in ballots should be counted if they are received in time.
Ari Savitzky, a lawyer with the American Civil Liberties Union representing several voter groups, told the court that more than 10,000 ballots in Pennsylvania were disqualified in 2022 based on what he called “a meaningless paperwork error.” He argued that the “materiality provision” of the 1964 Civil Rights Act was designed to prevent that.
“An immaterial mistake on a piece of paperwork doesn’t go to the deficiency or validity of the ballot itself,” he argued before the three-judge panel.
U.S. Circuit Judge Cindy K. Chung, who was appointed to the bench by President Joe Biden, asked where judges should draw the line between meaningless and material errors that can render the ballots invalid.
“Is there a difference between non-compliance — where you totally leave off the date — and imperfect compliance, where you have the date but you got the year wrong?” she asked.
Lawyer John M. Gore, representing state and national Republican groups challenging a district court ruling last year, said “the right to vote is not denied” when the state qualifies someone to vote, sends them a ballot and then rejects the ballot “because they failed to follow Pennsylvania law.”
In Pennsylvania, Democrats have been far more likely to vote by mail than Republicans under an expansion of mail-in ballots enacted in 2019. Republican lawmakers agreed to the change in exchange for an end to “straight-party voting” that they saw as a longtime Democratic advantage. In 2022, about 1.2 million Pennsylvanians voted by mail.
When the COVID-19 pandemic began, the consequences of the expanded mail-in ballot rules became more pronounced, and the partisan vote-by-mail gap was widened by President Donald Trump’s opposition to mail-in ballots during his failed 2020 reelection campaign.
U.S. District Judge Susan Paradise Baxter, a Trump appointee, ruled last year that county boards of election may no longer reject mail ballots that lack accurate, handwritten dates on their return envelopes. She said the date — mandated by state law — is irrelevant in helping elections officials decide whether the ballot was received in time or whether the voter is qualified to cast a ballot.
The Pennsylvania groups challenging the date mandate argue it allows the state to disenfranchise voter over meaningless mistakes, violating provisions of the U.S. Civil Rights Act of 1964. The suit was filed by state chapters of the NAACP, the League of Women Voters, Common Cause, the Black Political Empowerment Project and other groups.
Baxter said elections officials do not use the date on the outer envelope to determine whether the vote should be counted.
“The important date for casting the ballot is the date the ballot is received. Here, the date on the outside envelope was not used by any of the county boards to determine when a voter’s mail ballot was received in the November 2022 election,” Baxter wrote.
Scott Feliz (2d), Libel Jiménez (i) y Albalina Jiménez (2i), personas invidentes, fueron registradas el pasado 10 de febrero al recorrer una estación del metro en Santo Domingo (República Dominicana). (Foto: EFE/Orlando Barría)
Santo Domingo.- Albalina y Scott charlan sobre la odisea a la que se enfrentan cada día como invidentes en República Dominicana, donde la ceguera social se une a la falta de espacios adaptados a personas con discapacidad, condenándoles a desenvolverse sin apoyos en un entorno urbano hostil.
La ausencia de señalización y de accesibilidad en calles y medios de transporte supone que salir de casa se convierta en un acto cotidiano de valentía y superación.
«Esto es sobrevivir, no es vivir», afirmó a EFE Scott Feliz, que fue perdiendo la visión hasta quedar completamente ciego hace cuatro años.
Caminar, una actividad de riesgo
Para un ciego hay «muchos problemas para caminar» por la calle, no solo por las barreras arquitectónicas, también porque las aceras están tomadas por vehículos, puestos de comida o basura acumulada, hay agujeros, alcantarillas sin tapa. Ante esa carrera de obstáculos, optan por arriesgarse a andar por la calzada.
«Aparte, no hay señalizaciones», como pudo comprobar EFE al acompañar a Scott y otras dos jóvenes con bajo grado de visión, todos armados con sus bastones blancos para moverse por una ciudad estridente como pocas, lo que dificulta aún más la rutina de los ciegos, que se desorientan con el ruido.
Aunque «lo peor es caerse en un hoyo», dijo Scott, por experiencia propia y con admirable buen humor. «Todas las personas ciegas de República Dominicana se han caído por lo menos cinco veces en uno».
Y, si hubiera semáforos inteligentes con señales acústicas, en los cruces sería muchísimo más fácil desenvolverse sin exponerse a un atropello, pero solo hay dos en todo el país, uno en Santo Domingo y otro en Santiago (norte).
La seguridad del Metro
También los medios de transporte suponen un problema. ”Cuando nos toca abordar las guaguas públicas y los carros, estamos desubicados porque no tienen ninguna orientación para uno saber hacia dónde va, no tienen ningún sonido que te indique dónde se están deteniendo para saber dónde vas a bajar”, explicó Libel Jiménez.
Aunque hay aspectos por mejorar para garantizar su autonomía, el Metro de Santo Domingo es el único transporte público que les da cierta seguridad.
Primero, porque reciben ayuda del personal para acceder al andén y al convoy. Segundo, porque en el suelo de las estaciones hay líneas de desplazamiento, señalización formada por estrías de distintos relieves. Ninguna calle en Santo Domingo cuenta con este sistema de guía básico para los invidentes.
Para Albalina Jiménez llegar al metro supone un alivio tras la tensión de caminar entre el caos de la ciudad para ir al trabajo o la universidad. Pero cuando hay aglomeraciones, al resto de usuarios parece sobrevenirles una ceguera repentina. No la ven. No existe una educación cívica en ese sentido.
Pocos apoyos
Recibir una ayuda del Estado es «difícil», se puede optar a pensiones solidarias, pero suponen la incapacitación del beneficiario, y Scott aspira a «ser una persona independiente», puesto que puede trabajar y sigue formándose.
Además, los conocimientos indispensables para alguien con problemas visuales no los proporciona el Estado (es la discapacidad que menos ayudas recibe, según Scott), sino el asociacionismo y las fundaciones. En la antigua Escuela Nacional de Ciegos enseñan a utilizar el bastón, leer braille, desplazarse y tener una identidad clara.
Los invidentes tienen también el apoyo de la Fundación Francina, que dona bastones, y del Instituto Técnico Vocacional de Personas con Discapacidad, que ayuda con la orientación y movilidad, así como la Fundación Dominicana de Ciegos y la Fundación Tecnológica para Ciegos (Funtel).
Aunque la Ley sobre discapacidad en República Dominicana ampara y garantiza la igualdad de derechos y oportunidades, no se aplica de forma efectiva, según Isabel Benedé, miembro fundadora y vicepresidenta de Red LUNA de Mujeres Dominicanas con Discapacidad Visual.
La norma recoge todos los principios y recomendaciones internacionales y establece la creación del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) como órgano gestor y rector. Pero a efectos prácticos no funciona, «no se están viendo los resultados esperados”, afirmó.
Para Benedé, “todo lo que se ha podido conseguir a nivel de discapacidad ha sido gracias al trabajo de estas asociaciones” y su labor en aspectos como capacitación para la inclusión laboral, apoyo para la búsqueda de empleo, rehabilitación, movilidad, uso del bastón…
Aunque la discapacidad visual es una de las más comunes en el país, junto a la físico-motora, «no disponemos de cifras exactas de su prevalencia», señaló el asesor del Poder Ejecutivo en materia de inclusión de personas con discapacidad, Pedro Acevedo.
Se habla de unas 300.000 personas, pero es un dato enteramente especulativo, basado en cifras del censo de 2010 y la Encuesta Enhogar 2012.
Apostadores juegan en las máquinas tragamonedas del Ocean Casino Resort, en Atlantic City, Nueva Jersey, el 9 de noviembre de 2023. (Foto: AP/Wayne Parry)
Los casinos comerciales de Estados Unidos ganaron 66.500 millones de dólares de los apostadores en 2023, el mejor año de la industria, de acuerdo con cifras publicadas el martes por su asociación nacional.
La Asociación Estadounidense de Juegos anunció que el total fue un 10% superior a la cifra registrada en 2022, que a su vez fue un récord.
Una vez que se den a conocer las cifras de ingresos de los casinos de propiedad tribal a finales de este año, se tiene previsto que revelen que los casinos en general sumaron cerca de 110.000 millones de dólares en 2023.
Todo esto ocurrió en un año en el que la inflación, si bien retrocedió, aún mantuvo los precios de los alimentos y la energía más altos que antes.
“Desde la experiencia tradicional de los casinos hasta las opciones en línea, la demanda de apuestas por parte de los adultos estadounidenses está en su punto más alto”, dijo Bill Miller, presidente y director general de la asociación.
A principios del año pasado, cuando el grupo publicó su evaluación estadística anual, «la inflación era alta y había mucha incertidumbre. Los analistas no pudieron ponerse de acuerdo sobre lo que estos retos podrían significar en los ingresos discrecionales”, dijo Miller.
A medida que avanzó el año, “la inflación empezó a disminuir, los consumidores empezaron a gastar y (la Reserva Federal) mantuvo estables las tasas de interés”, añadió. “El resultado fue un año sin precedentes para nuestra industria”.
Ni siquiera los gastos por las compras prenavideñas desalentaron a los apostadores: Los casinos ganaron 6.200 millones de dólares en diciembre y 17.400 millones en el último trimestre de 2023 — ambas cifras sin precedentes.
Jane Bokunewicz, directora del Instituto Lloyd Levenson en la Universidad Stockton de Nueva Jersey, dedicado al estudio de la industria del juego, dijo que las apuestas deportivas siguen siendo lo suficientemente nuevas que podrían resultar atractivas incluso para quienes cuidan sus presupuestos.
“Como una forma de entretenimiento, las apuestas deportivas legales pueden ser una experiencia novedosa para muchos clientes, y con un costo de entrada relativamente bajo, podrían resultar atractivas aunque su presupuesto de gasto discrecional sea limitado”, comentó.
Las apuestas en persona siguen siendo el pilar de la industria. Las máquinas tragamonedas recaudaron 35.510 millones de dólares en 2023, un aumento del 38% respecto al año anterior. Los juegos de mesa sumaron 10.310 millones, un incremento del 3,5%.
Las apuestas deportivas generaron ingresos por 10.920 millones de dólares, un aumento del 44,5% en comparación con el año anterior. Los estadounidenses apostaron legalmente en deportes 119.840 millones de dólares, un 27,8% más que en 2022.
David McCormick, a Republican candidate for U.S. Senate in Pennsylvania, prepares to enter his campaign bus after a a campaign stop in Erie, Pa. on Saturday, Feb. 17, 2024. (Photo: AP/David Dermer)
HARRISBURG, Pa. — Since he became the single biggest force in Republican politics nearly a decade ago, Donald Trump has figured prominently in U.S. Senate races, using his massive public platform and loyal base of support to shape which GOP incumbents run for reelection and which contenders get nominated.
This year, with control of the U.S. Senate on the line, would-be nominees in the Senate battlegrounds of Arizona, Montana, Michigan, Nevada and Ohio are endorsing Trump in the GOP presidential primary, campaigning for him or otherwise seeking his approval.
But that’s not happening in Pennsylvania, where an awkward dance between likely partners at the top of the ticket seems all but certain to continue until the music stops in November.
There, the likely Republican nominee, David McCormick, and Trump seem to be ignoring each other. Theirs is a complicated relationship that Democrats say is fraught with danger for McCormick and pollsters say makes his uphill climb against an entrenched incumbent much steeper.
“It’s a fascinating relationship to observe,” said Christopher Borick, director of the Muhlenberg College Institute of Public Opinion in Allentown. “They’re not a natural fit in terms of their policy positions, their rhetorical styles and, of course, given Trump’s support of one of McCormick’s opponents in 2022, there is a history. And how do you navigate that becomes the question.”
David McCormick, a Republican candidate for U.S. Senate in Pennsylvania, speaks during a campaign stop in Erie, Pa. on Saturday, Feb. 17, 2024. (Photo: AP/David Dermer)
McCormick — a wealthy ex-hedge fund CEO and onetime senior official in President George W. Bush’s administration — has no major primary opposition, is popular with party brass and doesn’t need Trump’s fundraising help.
But he is trying to knock off Democratic U.S. Sen. Bob Casey, the son of a former governor and the best-known political name in Pennsylvania.
For Democrats, Pennsylvania is a must-win if they are to somehow hang on to Senate control and help President Joe Biden remain in the White House. Biden’s unpopularity — even in Pennsylvania, where Biden was born, roots for Philadelphia sports teams and campaigns often — rivals Trump’s, and the presidential race will weigh heavily on both McCormick and Casey, one of Biden’s strongest allies in Congress.
For McCormick, there’s the additional baggage of Trump’s unpopularity with the moderate voters McCormick wants to win over — not to mention the tongue-lashings Trump administered as he worked to defeat McCormick in Pennsylvania’s hotly contested 2022 primary for U.S. Senate.
David McCormick, a Republican candidate for U.S. Senate in Pennsylvania, speaks while giving a interview during a campaign stop in Erie, Pa. on Saturday, Feb. 17, 2024. (Photo: AP/David Dermer)
McCormick — like others in the seven-way GOP primary to succeed retiring Republican Sen. Pat Toomey — had sought Trump’s endorsement. According to McCormick’s telling of it, Trump told McCormick during their meeting at Trump’s Mar-a-Lago residence in Florida that to win the primary McCormick would need to say the 2020 election was stolen.
McCormick said he refused. Three days later, Trump endorsed Dr. Mehmet Oz and then savaged McCormick repeatedly.
In one setting, a rally in western Pennsylvania days before the 2022 primary, Trump told the crowd that McCormick is “not MAGA,” using the acronym for his Make America Great Again campaign slogan.
Then he derided McCormick as having been with a company — the hedge fund — that “managed money for communist China,» describing him in the next breath as «the candidate of special interests and globalists and the Washington establishment.”
McCormick lost to Oz by just 950 votes — a loss he has acknowledged that Trump probably contributed to — before Oz went on to lose to Democrat John Fetterman by 5 points.
Still, McCormick’s allies say he hasn’t harbored hard feelings, and he hasn’t since criticized Trump for that episode — or anything else, really.
But Trump has not walked back his previous comments — and that could hang over McCormick.
David McCormick, a Republican candidate for U.S. Senate in Pennsylvania, speaks during a campaign stop in Erie, Pa. on Saturday, Feb. 17, 2024. (Photo/David Dermer)
“It’s definitely a problem for McCormick,” said Pittsburgh-based Democratic campaign strategist Mike Mikus. “The question is, how big? Donald Trump is always the wild card in these types of relationships. Donald Trump cares about one person and that’s Donald Trump, and if he’s not feeling it one day when he’s in Pennsylvania, he may start taking shots at McCormick.”
McCormick declined an interview request, and Trump’s campaign aides didn’t respond to messages. But the pall between them is hard to miss.
The men haven’t spoken to each other since 2022, according to McCormick’s campaign. They didn’t meet when Trump was in the state recently to speak to National Rifle Association members at the NRA’s Great American Outdoor Show. McCormick didn’t attend and Trump never mentioned McCormick during the 82-minute speech.
In a recent interview with conservative broadcasters, McCormick acknowledged the likelihood that the men will lead the GOP ticket in Pennsylvania and described the relationship in transactional terms.
“My guess is that President Trump at the top of the ticket will help me, and I’d be hopeful that my candidacy and the strength I would bring will help him,” McCormick said on “The Clay Travis & Buck Sexton Show.”
McCormick tiptoed around Trump’s liabilities with moderate voters in a state Trump lost by 1 point in 2020. Instead, McCormick suggested Trump can help him because he mobilizes a huge part of the Republican Party to vote — and that McCormick can help Trump with more moderate voters.
McCormick has said he hadn’t believed he needed Trump’s endorsement to win in 2022, as long as Trump wasn’t attacking him, and acknowledged the necessity of convincing moderate voters to back him. On Thursday, he name-dropped Trump when he told the crowd at a family farm in northern Pennsylvania that he is wealthy and, thus, can be an independent politician without fear of losing the job.
“I don’t need to make a living after this,” McCormick said. “I don’t owe anybody anything. I don’t owe President Trump anything. I don’t owe (Senate GOP Leader) Mitch McConnell anything. The only people I would owe anything to are the people of Pennsylvania who put me in office.”
Still, Borick and other pollsters aren’t sure if there’s a needle left for McCormick to thread, given Trump’s unpopularity with moderates and the Supreme Court’s decision to overturn Roe v. Wade, ending a half-century of federal protection of abortion rights.
McCormick is an abortion opponent — he has said most recently that he supports letting states ban abortion, with exceptions for rape, incest and to save the life of the mother — a position that could limit his appeal to otherwise persuadable moderates.
On top of that, McCormick is virtually unknown compared to Casey, pollsters say.
“Right now, the biggest vulnerability for McCormick is nobody really knows him in this state, and he’s got to make sure he defines himself before Casey does,” said Berwood Yost, a pollster and director of the Center for Opinion Research at Franklin and Marshall College.
Yost and other analysts say it will be difficult for McCormick to win without the enthusiastic support of Trump’s base. But, Yost said, McCormick may have to figure out how to do that in a challenging political environment if he is «someone who Trump doesn’t favor.”
For his part, McCormick has promised to back the GOP’s presidential nominee — likely to be Trump. And McCormick has largely stuck with Trump on policy, including siding against Democrats and McConnell in the divisive fight in Congress over bipartisan legislation to tighten border security and send more aid to Ukraine to help it fight Russia’s invasion.
This time around, McCormick didn’t need Trump’s help to get the party’s endorsement or effectively clear the primary field. And McCormick — who has deep pockets and high-level connections in business and politics — has wealthy backers in what is expected to be one of the nation’s most expensive Senate races.
A supportive super PAC reported nearly $18 million in contributions, largely from big Republican donors across the world of high finance and securities trading, and McCormick has promises of support from party brass, including a super PAC linked to McConnell.
Still, there will come a general election cycle when Trump will visit Pennsylvania again. When that happens, both men will have a decision to make about whether to appear together. That could be especially uncomfortable for McCormick, Democrats say.
“McCormick will be given a pretty bad choice: to skip it and risk potentially being a target of Trump’s,» Mikus said, “or going and paying the price politically for cozying up to Trump.”
