En la mayoría de los estados, el costo del mismo procedimiento médico puede variar ampliamente de un hospital a otro y según el pagador. Estas brechas pueden afectar negativamente tanto al paciente como a sus resultados de salud.
En Pensilvania, hay diferentes modelos de financiación de los sistemas hospitalarios, entre otros el Pennsylvania Rural Health Model (PARHM), que busca aumentar el acceso en áreas rurales a una atención de calidad mientras reduce el crecimiento de los gastos hospitalarios, o el Individualized Management for Patient-Centered Targets IMPaCT en colaboración con Penn Medicine Center for Community Health Workers(CHW) implementado desde hace diez años en la ciudad de Filadelfia.
En Maryland, se lanzó en 2014 un modelo que estableció presupuestos globales para ciertos hospitales con el objetivo de reducir gastos hospitalarios. Este sistema proporciona a los hospitales una cantidad fija de ingresos para el año siguiente y les alienta a eliminar hospitalizaciones innecesarias. El modelo “Maryland Total Cost of Care” (TCOC) crea incentivos para que los proveedores de atención médica se coordinen entre sí y compromete al estado con una tasa de crecimiento sostenible en el costo total por persona.
En Delaware, los hospitales son entidades sin fines de lucro. Presentan informes económicos anuales al estado. No están bajo intervención política. Los funcionarios gubernamentales revisan estos informes, asegurándose que el hospital presta los servicios públicos conforme su compromiso. En caso de no ser así, pueden tomar medidas.
Bajo este sistema ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en costes de atención médica, según estudio de 2024 respaldado por datos de Kaiser Family Foundation y Forbes Advisor con un promedio de $12,294 por año y persona en atención médica (29,1% de su ingreso medio).
Ahora todo puede cambiar ya que la Asamblea General de Delaware está considerando un proyecto de ley (HB 350) que establecería una junta que supervise los presupuestos hospitalarios anuales (incluyendo qué atención pueden brindar los hospitales, qué equipos pueden comprar y cuántos médicos y enfermeras pueden contratar).
Este proyecto ha sido aprobado por el Comité de Administración de la Cámara de Representantes, pese a numerosas declaraciones en contra de funcionarios de atención médica, médicos, enfermeras y legisladores que temen que la intervención política en cuestiones de salud se traduzca en un detrimento de los servicios médicos.
“Si el objetivo de esta legislación es controlar el coste de los servicios sanitarios, entonces existe la preocupación de que la solución sea volver a subestimar el presupuesto para esos servicios”, señala Sheila Bravo, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza de Delaware para el Avance de las Organizaciones sin Fines de Lucro (DANA).
Erin Booker, directora bio-psicosocial del hospital ChristianaCare, dijo en la audiencia ante el comité que temía que el proyecto de ley significase el sacrificio de programas que atienden a personas con necesidades especiales, como aquellas con síndrome de Down o parálisis cerebral.
La propuesta crearía una junta de cinco miembros para la revisión de costes (“Diamond State Hospital Cost Review Board”) bajo el Departamento de Salud y Servicios Sociales, que tendría la capacidad de exigir a los hospitales que ajustasen sus planes de gastos y si un hospital no lo hiciese o el plan se considerase insatisfactorio, la junta podría imponer su propio plan presupuestario para dicho hospital.
Todos los miembros de esa junta serían seleccionados por el gobernador, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, creando la posibilidad de una intervención de sesgo partidista.
El senador Brian Pettyjohn (R-Georgetown) comentó en una reunión con sus votantes que esta legislación posiblemente “podría destruir la industria de la salud y los sistemas hospitalarios de Delaware… particularmente en los condados de Kent y Sussex podría colapsar”.
La senadora Valerie Longhurst (D-Bear), defiende que lo que pretende el proyecto de ley patrocinado por ella es que los hospitales inviertan en “médicos, enfermeras, equipos médicos y la salud de nuestros ciudadanos”.
El proyecto se inspira en el Vermont All-Payer Accountable Care Organization (ACO) implementado en Vermont hace 12 años y que otorgó a la Junta de Atención de Green Mountain amplia autoridad sobre el presupuesto hospitalario. Según señalan, los detractores del proyecto, desde entonces, los hospitales de Vermont han luchado con la sostenibilidad bajo el sistema de severas restricciones.
El proyecto, de llegar a convertirse en ley, comenzaría a ser aplicado con los presupuestos previstos para 2026. Como medida temporal, se haría que durante 2025 los hospitales cobrasen no más del 250% de los costos de Medicare a cualquier pagador por servicios hospitalarios.
El rep. Danny Short (R-Seaford) señala que, aunque entiende la preocupación que llevó a la introducción de esa legislación “…queremos hospitales vibrantes capaces de brindar los mejores resultados a los pacientes, no podemos colgarles esta pesada ley alrededor del cuello…”.
“Lo mejor de este proyecto de ley es el malestar que genera. Ahora que todas las partes interesadas han sido motivadas adecuadamente, insto a los partidarios de este proyecto de ley a que lo retiren a favor de abrir un diálogo …”, concluye Short.
