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Infecciones anteriores de COVID-19 podrían ofrecer mayor protección ante resfriados, dice estudio

COVID-19
Esta imagen de microscopio de 2020 proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos muestra partículas del virus SARS-CoV-2 que causan las infecciones de COVID-19. (Foto: AP/Hannah A. Bullock, Azaibi Tamin/CDC/Archivo)

Si ha tenido COVID-19, es posible que tenga algo de protección contra algunas versiones de la gripe común.

Un estudio nuevo sugiere que infecciones de COVID-19 anteriores reducen el riesgo de contraer resfriados causados por primos del coronavirus más leves, lo que podría proporcionar una clave para ampliar las vacunas contra el COVID-19.

“Creemos que va a haber un brote futuro de un coronavirus”, dijo el doctor Manish Sagar, principal autor del estudio publicado el miércoles en la revista Science Translational Medicine. “Las vacunas podrían mejorarse si replicamos algunas de las respuestas inmunológicas que son proporcionadas por una infección natural”.

El estudio evaluó pruebas PCR de COVID-19 realizadas a más de 4.900 personas que buscaron atención médica entre noviembre de 2020 y octubre de 2021. Después de controlar cosas como la edad, el género y enfermedades preexistentes, Sagar dijo que él y sus colegas encontraron que las personas que habían tenido COVID-19 anteriormente tenían un 50% menos de probabilidades de desarrollar un resfriado común con síntomas causado por un coronavirus en comparación con las personas que contaban, en ese momento, con su esquema completo de vacunación y no habían contraído el COVID-19.

Varios virus provocan resfriados; se cree que los coronavirus son responsables de aproximadamente uno de cada cinco resfriados.

Los investigadores vincularon la protección contra los resfriados causados por coronavirus con la respuesta de las células antivirus a dos proteínas víricas específicas. Estas proteínas no se utilizan actualmente en la mayoría de las vacunas, pero los investigadores proponen añadirlas en el futuro.

“Nuestros estudios sugieren que estas podrían ser estrategias novedosas para mejores vacunas que no sólo aborden los coronavirus actuales, sino cualquier coronavirus futuro que pueda surgir”, comentó Sagar, del Centro Médico de Boston.

El doctor Wesley Long, patólogo del Houston Methodist de Texas que no participó en el estudio, dijo que los hallazgos no deberían ser vistos como un golpe contra las vacunas actuales, que abordan la proteína “espiga” que se encuentra en la superficie del virus SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19.

Estas vacunas, comentó, siguen siendo “su mejor defensa contra una infección grave de COVID-19, la hospitalización y la muerte”.

Legisladores demócratas reclaman a Biden medidas para proteger a los ‘soñadores’

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El senador demócrata por California, Alex Padilla, habla durante una rueda de prensa de organizaciones proinmigrantes celebrada este miércoles, con motivo de los 12 años del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) frente al congreso en Washington (EE. UU.). (Foto: EFE/Lenin Nolly)

Varios legisladores demócratas reclamaron este miércoles al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que adopte medidas urgentes para proteger a los conocidos como ‘soñadores’, los inmigrantes irregulares que llegaron al país siendo menores.

El senador Alex Padilla y las representantes Delia Ramírez, Sylvia García y Rashida Tlaib participaron de una rueda de prensa de organizaciones proinmigrantes en el Congreso con motivo de los 12 años del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que se cumplen esta semana.

«La realidad es que esos niños ya no son niños», dijo Ramírez, que está casada con uno de los 800.000 inmigrantes que llegaron a acogerse a este programa promovido por el expresidente Barack Obama (2009-2017) y que permite trabajar legalmente a sus beneficiarios.

DACA, que a lo largo de los años ha enfrentado numerosos desafíos legales, está ahora ante un tribunal de apelaciones federal que estudia su legalidad.

Activistas latinos protestan durante una rueda de prensa de organizaciones proinmigrantes celebrada con motivo de los 12 años del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) este miércoles, frente al congreso en Washington (EE. UU.). (Foto: EFE/Lenin Nolly)

Ramírez alertó de la «fragilidad» de DACA y la situación en la que podría dejar a sus beneficiarios, en manos de una decisión judicial que podría exponerlos a la deportación, por lo que reclamó a Biden una solución definitiva.

Para estos legisladores, que no han logrado aprobar en el Congreso una ley que proteja definitivamente a estos ‘soñadores’ por la oposición de la mayoría de republicanos, la única solución que queda es que Biden adopte una medida ejecutiva.

Padilla recordó que «hace 12 años la vida cambió para cientos de miles de familias en todo el país» gracias a DACA.

El senador, sin embargo, dijo que ahora, «mientras se impugna DACA en los tribunales, el sueño de cientos de miles de vecinos, de familiares, está amenazado»

Finalmente, García, fue crítica con la decisión que tomó Biden la semana pasada para limitar las solicitudes de asilo en la frontera con México y dijo que es una medida que «no va a funcionar».

«En lugar de perder un tiempo valioso impulsando políticas de la era Trump, nuestro presidente debería brindar alivio a los ‘soñadores’ y otros inmigrantes que viven en nuestro país. A largo plazo», afirmó.

Salarios en EE. UU.: latinas son mayoría en sectores dependientes de propinas

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Una mesera sirve comida en un restaurante de Chapel Hill, Carolina del Norte, el 16 de abril de 2021.

Casi 7 de 10 trabajadores con salarios basados en propinas en Estados Unidos son mujeres, y entre ellas, aproximadamente 3 de 10 son de minorías, reveló el Centro Nacional de Derecho de la Mujer.

WASHINGTON — Las mujeres latinas, junto a otras minorías racializadas, están «sobrerrepresentadas» en la fuerza laboral dependiente de propinas en Estados Unidos, por lo que son más propensas a vivir cerca o bajo el umbral de pobreza en comparación con sus contrapartes masculinos y las mujeres blancas no hispanas.

A pesar de representar solo el 7,9 % del total de la fuerza laboral en EE. UU., la participación de las hispanas entre quienes dependen de propinas asciende a casi el doble, con un 12,9 %, revela un informe publicado este miércoles por el Centro Nacional de Derecho de la Mujer (NWLC, en inglés).

Esto coincide con otro estudio de la ONG con sede en Washington, que sitúa a las hispanas entre las mayorías con los 40 empleos peores pagados del país.

Salarios de pobreza

Casi 7 de 10 trabajadores con salario basado en propinas en EE. UU. son mujeres, y entre ellas, aproximadamente 3 de 10 son de comunidades minoritarias. Entre este último grupo, las latinas están entre los grupos más numerosos, por detrás de las mujeres blancas no hispanas. Las mujeres negras y las que pertenecen al grupo de asiáticas estadounidenses y nativas de las islas del Pacífico también están entre esta mayoría.

Esto quiere decir que quienes trabajen como camareras de restaurantes y otros servicios reciben en la gran mayoría de los casos un salario de sólo 2,13 dólares por hora antes de propinas, a pesar de que el salario mínimo federal se ha mantenido en 7,25 dólares por hora desde 2009. Es lo que se llama «salario inframínimo», que es aquel que está por debajo de lo que establece por ley puesto que está llamado a complementarse con las propinas.

Aunque por ley los empleadores están obligados a garantizar que sus trabajadores reciban al menos el salario mínimo estatal cuando las propinas no llegan a este nivel, muchos no cumplen este requisito.

«A nivel nacional, la tasa de pobreza de los trabajadores que reciben propinas (10,3 %) es más del doble de esa tasa entre los trabajadores en general», insiste el estudio, que además muestra que en los estados donde aún el salario fijo es de 2,13 dólares la hora, «el 30,8 % de las trabajadoras de propinas, incluidas las latinas, viven en o cerca de la pobreza».

En específico dentro de este sector, el 33,9 % de las mujeres hispanas viven cerca de la pobreza, en comparación con el 24,4 % de los hombres blancos no hispanos.

Las mujeres en el grupo dependiente de propinas «se ven especialmente afectadas por los salarios de pobreza especialmente a la luz del creciente costo de los alimentos, el cuidado infantil y la vivienda», agrega la investigación.

Esta alta concentración femenina también contribuye a ahondar la brecha salarial y de género en EE. UU., donde las mujeres que trabajan a tiempo completo durante todo el año generalmente reciben solo 84 centavos por cada dólar pagado a los hombres.

Discriminación e inseguridad laboral

Entre los factores que contribuyen a la representación desproporcionada de las latinas en este grupo sobresale la discriminación, aseguró a la Voz de América la experta en Justicia Laboral del NWLC, Diana Ramírez.

«El trabajo de la mujer y el trabajo de las Latinas es menos valorado debido a la discriminación absoluta. También es debido a la segregación ocupacional: latinas son representadas de manera desproporcionada en trabajos mal remunerados. La industria de restaurantes en general es muy acogedora con los inmigrantes, y con personas que por varias razones no pueden laborar en otras industrias», insistió Ramírez.

Entre las latinas que dependen de propinas, el porcentaje de madres (casi el 31 %) es más alto que entre sus contrapartes blancas no hispanas (25,3 %). El empleo mal remunerado también conlleva problemas para acceder al cuidado infantil, «tienen horarios impredecibles y, a menudo, no tienen licencia (o días pagados) por enfermedad y mucho menos licencia familiar y médica remunerada», explicó la experta del NWLC.

Las mujeres que tienen que depender de las propinas como su mayor fuente de ingresos también enfrentan un mayor riesgo de acoso sexual, debido a la presión que pueden sentir por tolerar comportamientos inapropiados de los clientes sólo para llegar a fin de mes.

Mejoras en estados con políticas salariales justas

El estudio del Centro Nacional de Derecho de la Mujer también demuestra que los ingresos de los trabajadores por propinas varían según su lugar de residencia. Estados con políticas de salario justo como Alaska, California, Minnesota, Montana, Nevada, Oregón y Washington exigen que los empleadores paguen el salario mínimo estatal regular a quienes reciben propinas.

En estos territorios, los ingresos medios del sector dependiente de propinas son 7.000 dólares más altos y las tasas de pobreza decrecen en más del 30 % menos, un número que disminuye en más de un 35 % más bajas entre quienes tienen hijos, precisó Diana Ramírez.

«La brecha salarial de género para todas las mujeres que trabajan a tiempo completo durante todo el año es casi 30 % más pequeña» en estos estados con políticas de salario justo en comparación con los que garantizan sólo 2,13 dólares la hora, aclaró la experta.

Ramírez destacó que «frente al aumento del costo de vida, los trabajadores que reciben propinas necesitan y merecen un salario justo para prosperar»

«Aumentar el salario mínimo general y garantizar que los trabajadores que reciben propinas también lo reciban, antes que las propinas, es un paso clave hacia la seguridad financiera para las mujeres y las familias, y ayuda a promover la igualdad salarial para las mujeres», concluyó la especialista del NWLC, que aboga por políticas federales y estatales que garanticen la seguridad laboral e ingresos justos para todos los trabajadores.

Editorial Roundup: Pennsylvania

Pennsylvania

Altoona Mirror. June 11, 2024

Blair County residents can be excused for not becoming very concerned about the worst-ever Atlantic hurricane season predicted last month by the National Oceanic and Atmospheric Administration.

Seldom is this county affected seriously by those weather events, witnessed most often in southern states such as Florida, South Carolina and Louisiana.

However, Blair has not always escaped impacts from such storms, as looking back, especially to 1972, can attest. That was the year when Hurricane Agnes, “downgraded” to tropical storm status, wreaked havoc in Pennsylvania, causing $2.3 billion in losses.

According to the online encyclopedia Wikipedia, Agnes, whose effects were widespread from the Caribbean to Canada, destroyed more than 3,000 businesses in the Keystone State alone, as well as 68,000 homes, while damaging numerous others.

The damage to Pennsylvania businesses exceeded $1 billion; damage to roadways totaled $500 million; and damage to crops and school districts was $120 million and $40 million, respectively.

Then there was what Wikipedia described as Agnes’ “devastating effect on the already-bankrupt railroads in the northeastern U.S., as lines were washed out and shipments delayed.”

The former Penn Central Railroad, important to the Blair County economy, sustained nearly $20 million in damages.

Many older Blair residents can recall clearly the damage that county population centers such as Altoona, Williamsburg and Tyrone experienced.

A ride eastbound on Route 22 east of Blair County revealed sights along the Juniata River that once seemed unimaginable. And Blair emerged from Agnes very lucky. Again, according to Wikipedia:

“Hundreds were trapped in their homes in Wilkes-Barre due to the overflowing Susquehanna River. At the historic cemetery in Forty Fort, 2,000 caskets were washed away, leaving body parts on porches, roofs and in basements. In Luzerne County alone, 25,000 homes and businesses were either damaged or destroyed. Losses in that county totaled to $1 billion.”

In Harrisburg, then-Gov. Milton Shapp and his wife Muriel had to be evacuated from the Governor’s Mansion by boat due to the flooding in the state’s capital city. Indeed, Agnes was a horrific watery experience unlike what Pennsylvania ever had to endure prior to 1972 — or which it has had to experience since.

Hopefully, 2024 will produce nothing to mimic 1972 but, nevertheless, even residents of Blair and other area counties should not pooh-pooh what the National Oceanic and Atmospheric Administration has predicted for the current hurricane season, which runs from June 1 through Nov. 30.

According to a May 24 report in the Wall Street Journal, “this season will see between 17 and 25 named storms with winds of 39 miles an hour or higher (and) of those, 8 to 13 are forecast to become hurricanes with winds of 74 miles an hour or higher. Four to 7 major hurricanes of Category 3 or above with maximum sustained winds of 111 miles an hour or higher are expected to form.”

Each of those numbers is the highest NOAA has ever forecast since the federal agency began issuing seasonal hurricane outlooks in 1998. Ocean heat between 2 and 3½ degrees Fahrenheit above normal is the reason for NOAA’s prediction.

Ocean heat is the source of energy for hurricane formation. Local residents shouldn’t lose sleep over NOAA’s latest prediction, but 1972 provided an important lesson that always should be heeded.

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Pittsburgh Tribune-Review. June 11, 2024

In 2022, the U.S. Supreme Court decision overturning Roe v. Wade did more than just upend reproductive health law. It also made back-burner issues take on more urgency.

If limits on abortion result in more pregnancies, more policies will be required to respond to the resulting children’s needs.

States will need plans to handle more child care. Schools that have been shrinking in enrollment may see that change, possibly meaning more demands from school districts for buildings and staff.

Then there are the requirements of pregnant and postpartum parents who will need to adjust to their newborns.

America has long been behind many other countries when it comes to maternity and paternity leave. Sweden provides 69 weeks at a sliding scale of payment. The United Kingdom gives a year of leave and 39 weeks of pay at 90% of average wage. In Canada, a new mother gets 50 weeks at 55% pay.

But the U.S. is in a small minority of countries that doesn’t provide or require paid leave. Collectively, the Marshall Islands, Micronesia, Nauru and Palau have a population half the size of Pittsburgh. The only other country with no paid parental leave is Papua New Guinea with a population of 10 million — still about 76% Pennsylvania’s population.

So how is this an area where the leader of the free world isn’t leading?

In 1993, the U.S. passed the Family and Medical Leave Act. It gives employees up to 12 weeks off for a list of covered incidents, including childbirth or adoption. The employee must have worked at the company for at least 12 months and the company has to have at least 50 employees to qualify. Otherwise, the job isn’t guaranteed to be there upon return. And pay is never a guarantee. That’s what vacation time — or a spouse to pick up the slack — is for.

The idea of whether and how to accommodate parental leave has been left to employers in the same way government frequently allows some industries to police themselves. That means 31 years after the Family and Medical Leave Act, many women are still healing from childbirth when they have to go back to work. A 2023 study by human resources company Remote found 15% of workers can’t afford to take the 12 weeks available by law.

States are making their own policies. Oregon has the most generous, with 12 weeks at 100% salary, with several others close to that. Overall, 13 states have their own family leave requirements. South Carolina would be 14th, but its 12-week paid policy refers only to its own employees.

A Pennsylvania bill has support from Democrats and Republicans in the House and Senate. Ideally, that would mean good debate, little infighting and quick passage. But as the two chambers have differing ideas about funding, it may devolve without accomplishing anything.

It shouldn’t. Pennsylvania has bemoaned the loss of population to other states and the need to be attractive to employers. Solving the issue of paid parental leave could be a reason for people and companies to come to or stay in the Keystone State.

If the U.S. can’t lead on the issue, Pennsylvania can.

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Pittsburgh Post-Gazette. June 10, 2024

A bid by Pennsylvania Senate Republicans — with the support of several of their Democratic colleagues — to cut the state’s earned income and electricity taxes is certainly tantalizing: Tax cuts in the Keystone State are few and far between.

But they also undercut Republicans’ own arguments, which are largely sound, about the importance of fiscal responsibility, even as Pennsylvania sits on record reserves. The state’s financial stability — much like Pittsburgh’s — is more fragile than it appears. Permanently cutting revenues by $3 billion would deplete the surpluses Pennsylvania has accumulated, almost entirely due to the federal pandemic stimulus windfall, in only about three years.

The proposal is the mirror image of Gov. Josh Shapiro’s proposed 2024-2025 budget, which would spend $3 billion more than the commonwealth expects to bring in.

It sets up a classic debate: Should the state return $3 billion to the people in the form of tax cuts or in the form of spending on government services?

Either way, it’s too much. Making permanent $3 billion annual commitments, whether in tax cuts or in spending, will quickly draw down the state’s historic reserves. That will leave a deepened structural deficit that a future governor or legislature will have to remedy.

The prudent approach would be to drain less of the reserves — say, under $2 billion — and to split that between new spending and modest tax breaks.

The tax cuts passed the Senate, 36 to 14, in early May. They would cut Pennsylvania’s income tax by 9%, bringing it down from 3.07% to 2.8%. They would also eliminate the gross receipts tax as applied to electricity companies — 5.9% on all funds coming into the firm — and require that the savings be passed on entirely to customers.

With a median income of about $73,000, the income tax cut would save the average Pennsylvania household about $200 per year. While estimates of average electricity bills vary, getting rid of the gross receipts tax would probably save the average household another $100 or so.

A fair compromise that would keep the best of the GOP proposal, while preserving the state’s fiscal stability and the possibility for more spending, would be to keep the income tax at 3.07% — or, at most, cut it to an even 3% — but ditch the gross receipts tax.

Gross receipts taxes, which tax all revenues regardless of source, are notoriously inefficient and punitive. As applied to utilities, they are deeply regressive — even more than the state’s flat income tax — because poorer households pay a greater proportion of their income for electricity. While an income tax cut would be scaled based on income, ending the gross receipts tax would be felt more equally by everyone.

It’s good politics and good policy to return some of Pennsylvania’s windfall to the people. But it must be done right, or else future Pennsylvanians will have to pay for it.

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Scranton Times-Tribune. June 9, 2024

Republicans appear to be of two minds about mail voting as we approach the November General Election.

On the one hand, Donald Trump, who has stubbornly, but wrongly, insisted mail voting is rife with fraud that cost him reelection in 2020, has spoken in favor of a Republican National Committee initiative called “Swamp the Vote,” which urges party members to use any means possible, including the mail, to cast their ballots.

On the other hand, the RNC continues to oppose efforts to ensure mail ballots are not rejected for purely technical reasons.

Last week, the committee criticized a legal effort to remove rules empowering Pennsylvania counties to reject mail ballots if voters fail to properly date the outside of the envelope. Liberal groups suing to abolish the date requirement say it serves no purpose, as all mail ballots must be received in county election bureaus by Election Day and the date they were mailed or signed is immaterial.

Such onerous restrictions routinely rob thousands of Pennsylvanians of their votes. Recent reporting by the nonprofit news organizations Spotlight PA and Votebeat concluded Pennsylvania counties rejected nearly 16,000 ballots cast in the April primary for various reasons, including incorrect or missing dates.

Republican resistance to mail voting, regardless of efforts to get GOP voters to at least consider that method, can be chalked up purely to numbers and politics. Roughly three-quarters of mail ballots in Pennsylvania are filed by Democrats, for example, so tighter restrictions on the practice here are most likely to reduce Democratic totals.

And despite persistent claims to the contrary, allegations that mail voting leads to widespread fraud remain unsupported by the evidence. In fact, in recent months, two stories that supposedly provided such evidence have totally fallen apart.

In February, the conservative group Project Veritas and its former leader publicly acknowledged the falsity of claims by a postal worker in Erie that his supervisors illegally backdated mail-in presidential ballots in 2020. The admission came as part of a legal settlement between a postmaster and Project Veritas, which had widely spread those claims.

And late last month, Salem Media Group Inc., the conservative media company behind the film “2000 Mules,” which alleged a nationwide conspiracy to stuff ballot drop boxes in 2020, said it would halt distribution of the widely debunked movie and a related book. Salem issued an apology to a Georgia man who was falsely depicted in the film as illegally putting multiple ballots in a drop box. That retraction also came as part of an out-of-court settlement.

It’s regrettable it has taken so long for Project Veritas and Salem to admit they spread misinformation that has so damaged many Americans’ faith in mail voting and the election system as a whole. Before 2020, 29 states allowed no-excuse mail voting — including five that used mail ballots exclusively —all without controversy. In the 2016 presidential election, one in four voters used ballots that were mailed to them.

Perhaps the softening of the Republican position on mail voting coupled with continued fact-checking of spurious fraud claims will eventually allow us to return to those happy days when mail voting was an uncontroversial option making it easier for Americans to participate in the democratic process.

Discrepancias en primarias de Puerto Rico ponen bajo la lupa a contrato de máquinas de votación

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La bandera de Puerto Rico ondea frente al Capitolio de la isla, el 29 de julio de 2015, en San Juan. (Foto: AP/Ricardo Arduengo/Archivo)

Coral Murphy Marcos

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — La Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico informó el martes que se encuentra en proceso de revisar su contrato con una empresa estadounidense de votación electrónica después de descubrirse cientos de discrepancias en las primarias de la isla.

El problema se derivó de un defecto de software que hizo que las máquinas, suministradas por Dominion Voting Systems, calcularan erróneamente los totales de votos, indicó Jessika Padilla Rivera, presidenta interina de la comisión.

Aunque nadie ha impugnado los resultados de las primarias del 2 de junio, que identifican correctamente a los ganadores, los totales de votos dados a conocer por las máquinas fueron menores, en algunos de los casos, al total de las papeletas, y algunas máquinas invirtieron ciertos totales o contabilizaron cero votos para algunos candidatos.

“La preocupación es que, evidentemente, nosotros tenemos unas elecciones en noviembre, y nosotros tenemos que darle al país no solamente la certeza de que la máquina expida un resultado correcto, es que ese resultado que se expide es el mismo que se divulga”, dijo Padilla.

En las primarias de Puerto Rico se utilizaron más de 6.000 máquinas de votación de Dominion, y la empresa declaró que los problemas de software se debían a los archivos digitales utilizados para exportar los resultados de las máquinas.

El contrato entre Dominion y la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico finaliza el 30 de junio.

José Varela, vicepresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, hizo un llamado a Padilla para que comparezca el jueves en una audiencia pública para tocar el tema.

“No podemos permitir que se siga minando la confianza ciudadana en el ejercicio del voto de cara a las elecciones generales”, dijo.

Los problemas hicieron recordar las controvertidas primarias de la isla en 2020, cuando la falta de boletas en algunos centros obligó al gobierno a reprogramar la votación, un hecho inédito en el territorio estadounidense.

Puerto Rico celebró elecciones primarias el 2 de junio para elegir a los candidatos a gobernador del Partido Nuevo Progresista (PNP), de corte estadista, y del Partido Popular Democrático (PPD), que está a favor del estatus actual de la isla como territorio.

Sorprendentemente, Jenniffer González, representante de Puerto Rico ante el Congreso, venció al gobernador Pedro Pierluisi en las primarias del Partido Nuevo Progresista. Por su parte, el representante de Puerto Rico, Jesús Manuel Ortiz, derrotó al senador Juan Zaragoza en la contienda del Partido Popular Democrático.

Ambos partidos reportaron cientos de boletas con resultados inexactos. El PNP informó sobre más de 700 errores, por alrededor de 350 discrepancias del PPD. Estas imprecisiones se registraron en boletas para cargos como los de gobernador, alcalde y comisionado residente.

En respuesta a las discrepancias, la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico llevó a cabo un recuento completo de los votos y auditó los recibos en papel de cientos de máquinas de conteo de boletas.

Edwin García Feliciano, Procurador del Ciudadano de Puerto Rico, calificó el incidente como una “amenaza” para el sistema electoral de la isla y pidió al gobernador y a la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, que supervisa las finanzas de la isla, que establezcan un plan para garantizar un mejor resultado en las próximas elecciones generales.

“Toda planificación está fundamentada en resolver situaciones de emergencia incluso, de improbables”, dijo García Feliciano. “Pero circunstancias predecibles, y de total conocimiento público, no pueden atenderse improvisadamente y a la carrera”.

La isla se prepara ahora para las elecciones generales de noviembre, en las que los votantes elegirán un nuevo gobernador y representantes locales. Aunque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, no pueden votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Sospechosos de ser miembros de ISIS son detenidos en Filadelfia

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El director del FBI Christopher Wray habla durante una audiencia ante la Comisión de Inteligencia del Senado, en el Capitolio de Washington, el 11 de marzo de 2024. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

8 personas con presuntos vínculos con ISIS fueron arrestadas en Filadelfia, Nueva York y Los Ángeles. Todos los arrestados procedían de Tayikistán y cruzaron a Estados Unidos a través de la frontera sur en el último año, según una fuente policial familiarizada con el asunto.

Sin embargo, las autoridades no revelaron las identidades de las personas y las circunstancias que llamaron la atención de los investigadores.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y el FBI no dijeron cuántas personas fueron arrestadas en Filadelfia ni dónde y cuándo ocurrieron esos arrestos.

Los sospechosos cruzaron ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera sur en 2023. Se les permitió permanecer en el país temporalmente, a la espera de solicitudes de asilo, después de que la investigación preliminar no descubriera ningún problema de seguridad nacional.

Sin embargo, la información posterior indicó que cada una de las personas arrestadas podría haber tenido alguna afiliación con la organización terrorista, dijo la fuente, que habló bajo condición de anonimato para proteger las investigaciones en curso según reporta The Inquirer.

Hasta ahora, los detenidos como parte de la investigación, que fue reportada por primera vez el martes por el New York Post, no han sido acusados de delitos relacionados con el terrorismo y, en cambio, están detenidos por violaciones de inmigración, dijeron las autoridades.

«Las personas arrestadas están bajo custodia de ICE en espera de los procedimientos de deportación», dijeron las agencias en un comunicado conjunto.

Durante meses, los funcionarios antiterroristas han generado una creciente alarma sobre el surgimiento de una rama de ISIS con sede en Asia Central y la vulnerabilidad potencial de Estados Unidos a los terroristas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México.

En marzo, el director del FBI, Christopher Wray, advirtió al Comité de Inteligencia del Senado sobre indicios recientes de que una operación de contrabando de personas con vínculos con organizaciones afiliadas al terrorismo había estado ayudando a los migrantes a cruzar ilegalmente al país.

«Hay una red particular en la que algunos de los facilitadores extranjeros de la red de contrabando tienen vínculos con ISIS que nos preocupan mucho y hemos estado dedicando enormes cantidades de esfuerzo con nuestros socios a investigar», dijo. «Exactamente lo que esa red está haciendo es algo que, de nuevo, es el tema de nuestra investigación actual».

CNN informó el año pasado que más de una docena de migrantes de Uzbekistán y otros países de Asia Central habían cruzado ilegalmente la frontera sur a principios de 2023 con la ayuda de un contrabandista turco con vínculos con ISIS, lo que desencadenó una investigación del FBI para rastrearlos e identificar si alguno de ellos tenía vínculos terroristas.

Sin embargo, NBC News informó el martes que la información que llevó a sus arrestos surgió de la misma investigación que resultó en la detención en marzo de un hombre uzbeko de 33 años que vivía en Baltimore con presuntos vínculos con ISIS. Su arresto se produjo más de dos años después de que ingresara ilegalmente al país por primera vez y se le permitiera permanecer en Estados Unidos con una solicitud de asilo pendiente.

Mientras tanto, los funcionarios antiterroristas continúan advirtiendo que, a pesar de su derrota por parte de una coalición global y el fin de su califato en Siria e Irak en 2019, ISIS sigue siendo una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Una rama de ISIS, el Estado Islámico Khorasan (ISIS-K), se ha afianzado en Asia Central y, según un informe de abril del New York Times, atrae a más de la mitad de sus reclutas de Tayikistán.

Los tayikos leales a la organización han desempeñado un papel destacado en varios ataques terroristas recientes, incluido un ataque en marzo contra una sala de conciertos en Moscú que dejó 145 muertos.

La naturaleza de sus presuntas conexiones con el Estado Islámico no estaba clara por el momento, pero los individuos estaban siendo seguidos por la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI, o JTTF. Estaban bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, que realizó las detenciones en colaboración con la JTTF, a la espera de que se iniciaran los trámites para expulsarlos del país.

Las agencias señalaron que Estados Unidos ha estado en un «entorno de amenaza elevada».

El director del FBI, Christopher Wray, ha afirmado que Estados Unidos enfrenta amenazas cada vez mayores de extremistas violentos locales y de organizaciones terroristas extranjeras, especialmente tras el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre.

En una reciente comparecencia ante el Congreso, afirmó que los funcionarios estaban “preocupados por las implicaciones terroristas derivadas de la posible explotación de vulnerabilidades en la frontera”. El gobierno de Biden declaró en agosto que había detectado y detenido una red que intentaba introducir clandestinamente en Estados Unidos a personas procedentes de Uzbekistán, y que al menos un miembro de la red tenía vínculos con un grupo terrorista extranjero.

“El FBI y el DHS seguirán trabajando sin descanso con nuestros socios para identificar, investigar y desbaratar posibles amenazas a la seguridad nacional”, afirmaron las agencias.

Empleo robusto 

empleo

El mercado de trabajo en Estados Unidos, otra vez, ha desafiado la política monetaria restrictiva del banco central. La semana pasada, el Departamento de Trabajo informó que 272,000 nuevos empleos no agrícolas fueron creados en mayo, más que 175,000 creados en abril y arriba del promedio mensual de 247,000 del primer trimestre de este año. Aun así, en mayo la tasa de desempleo siguió aumentando levemente, al llegar a 4 por ciento, la más alta de los últimos dos años, desde 3.8 por ciento en marzo y 3.9 por ciento en abril. Además, los salarios aumentaron 4.1 por ciento desde el año pasado, encima de la tasa de inflación.

Por sectores la creación de empleo se concentró en la sanidad (83,500), el gobierno (43,000), el entretenimiento y la hospitalidad (41,200), y los servicios profesionales y comerciales (33,000). Juntos estos sectores contribuyeron más de dos tercios a la creación de empleo registrada en mayo. A este desempeño vigoroso del mercado laboral contribuyó decisivamente la adición a la fuerza laboral de inmigrantes a quienes les fue otorgada protección temporal, incluyendo permisos para trabajar. Entre ellos, por ejemplo, el año pasado 715,000 inmigrantes de Venezuela recibieron protección temporal.

La pregunta es cómo las autoridades del banco central van a considerar este desempeño robusto, cuando se reúnan hoy y mañana en Washington. La respuesta se sabrá mañana en la tarde.

Robust Employment 

Employment 

The US Labor market, once again, has defied the central bank’s restrictive monetary policy. Last week, the Labor Department informed 272,000 new, non-agricultural jobs were created in May, more than 175,00 created in April and over the monthly average of 247,000 of this year’s first quarter. Even so, in May the unemployment rate continued creeping upwards reaching 4 percent, the highest in the last two years, from 3.8 percent in March and 3.9 percent in April. Additionally, wages increased 4.1 percent from the previous year, above the rate of inflation.

By sectors, job creation was concentrated in healthcare (83,500), government (43,000), leisure and hospitality (41,200), and professional and business services (33,000). Together these sectors contributed more than two thirds of the job creation registered in May. To this robust performance of the labor market contributed decisively the addition to the labor force of immigrants who were granted temporary protected status, including work permits. Among them, for example, last year 715,000 immigrants from Venezuela were granted temporary status.

The question is how the central bank authorities will consider this robust performance, when they meet today and tomorrow in Washington. The answer will be known tomorrow in the afternoon.

Las tres nuevas medidas de la Administración Biden para frenar la migración irregular

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Migrantes que se dirigen al norte llegan a Lajas Blancas, por el río Chucunaque, en la provincia de Darién, Panamá, el viernes 6 de octubre de 2023, después de cruzar caminando el Tapón del Darién desde Colombia.

Recompensas millonarias por información sobre los contrabandistas de personas, una nueva propuesta de ley y la ampliación a Panamá y Colombia de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha son parte de las iniciativas de EE. UU. para frenar a los carteles y traficantes de migrantes.

El gobierno del presidente Joe Biden dio pasos concretos este martes a fin de contrarrestar la acción de los contrabandistas de personas que se aprovechan de los migrantes a su paso por el Tapón del Darién intentando llegar a Estados Unidos.

Las operaciones contra el tráfico humano son llevadas a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha, una entidad bajo supervisión de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional de EE. UU., creada en 2021 pero que estaba centrada especialmente en las operaciones desde México.

Recompensas

Este martes el gobierno de EE. UU. anunció el ofrecimiento de recompensas por un valor total de hasta 8 millones de dólares por información que lleve a la captura de traficantes de personas vinculados con el Cartel del Golfo y que usan el Tapón del Darién como su zona de operaciones.

El monto mayor de la recompensa es por información que ayude a la captura de líderes del cártel que animen a los extranjeros a emigrar ilegalmente a EE. UU. usando la peligrosa vía selvática del Darién.

Proyecto de ley

En una hoja informativa, el Departamento de Justicia adelanta que envió al Congreso una propuesta legislativa que sugiere aumentar las penas para los traficantes de personas más activos y peligrosos.

La propuesta legislativa se titula ‘Ley para disuadir el contrabando de personas y el daño a las víctimas de 2024’, y sugiere aumentar las penas cuando las acciones de los traficantes resulten en «lesión o muerte a más de una persona». Además, contempla la posibilidad de aumentar exponencialmente las condenas en función del número de migrantes implicados.

Ampliar la Fuerza Alpha

La tercera medida radica en la ampliación de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha, ahora con incidencias en Panamá y Colombia.

«Las medidas adoptadas hoy para ampliar el alcance de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa conducirán a más arrestos, acusaciones y condenas de traficantes, apoyar nuestros esfuerzos para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y ayudar a proteger a los migrantes de quienes buscan explotarlos para obtener ganancias financieras”, dijo Kristie Canegallo, subsecretaria en funciones de Seguridad Nacional.

Mayoría de afroestadounidenses cree que las instituciones de EE. UU. conspiran en su contra

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En esta foto de archivo de 1950 publicada por los Archivos Nacionales, un médico extrae sangre a un hombre afroestadounidense al que se incluyó en un estudio sobre la sífilis en Tuskegee, Alabama. (Foto: AP/National Archives)

La mayoría de los afroestadounidenses afirman haber experimentado discriminación racial con regularidad o de vez en cuando, lo que influye en su forma de percibir instituciones estadounidenses como la policía, el sistema político y los medios de comunicación, según un estudio sobre teorías conspirativas.

El estudio publicado el lunes por el Centro de Investigación Pew examinó la intersección entre raza y creencias conspirativas. Es la segunda entrega de la serie del grupo de investigación sobre cómo ven los afroestadounidenses el éxito y el fracaso.

El estudio define las teorías de conspiración racial como ideas que los estadounidenses negros pueden tener sobre “las acciones de las instituciones estadounidenses” que no son necesariamente los objetivos declarados de la institución. El estudio subraya que se trata de afirmaciones que los estadounidenses negros pueden tener debido a la historia documentada de Estados Unidos de políticas racistas que afectan en gran medida a las comunidades negras. Pew examinó afirmaciones que incluían creencias conspirativas sobre cómo las principales instituciones discriminan a los afroestadounidenses y la aceptación de expresiones añejas como “hay que trabajar el doble” para salir adelante en comparación con los estadounidenses blancos.

Por ejemplo, el estudio reveló que más de 8 de cada 10 estadounidenses negros encuestados estaban de acuerdo con la afirmación de que “las personas negras tienen más probabilidades de ser encarceladas porque las prisiones quieren ganar dinero a costa de los negros”. Y más de 6 de cada 10 adultos negros encuestados estaban de acuerdo en que instituciones como el sistema de justicia penal, el sistema económico del país y la policía están diseñadas para oprimir a las personas negras.

Estos sentimientos coexisten con la realidad de que los individuos negros constituían en 2022 el 32% de los presos estatales y federales condenados, a pesar de que sólo representan el 12% de la población total de Estados Unidos. En comparación, los blancos estaban infrarrepresentados entre los presos, con un 31%, mientras que los hispanos estaban ligeramente sobrerrepresentados con un 23% de los presidiarios, según la Oficina de Estadísticas de Justicia.

El estudio de Pew se basa en una encuesta a estadounidenses negros realizada el pasado mes de septiembre. Los autores del estudio afirman que es poco probable que las opiniones hayan cambiado desde que se hizo la encuesta.

El estudio también exploró por qué los adultos negros creen en estas narrativas y permitió a los encuestados explicar cómo se sienten acerca de la discriminación y las disparidades raciales en sus propias palabras, dijo la investigadora principal de Pew y autora del estudio, Kiana Cox.

Añadió que, aunque la encuesta se publicó durante un año electoral, no se centra en la política partidista. Más bien muestra los sentimientos de los estadounidenses de raza negra que pueden influir en la forma en que la comunidad ve la nación, pero que a menudo no se escuchan o no se toman en serio.

“Hay conversaciones anecdóticas entre las personas negras sobre el sistema: el Hombre, la mano invisible, la agenda que se ha establecido para crear una situación en la que los negros no puedan progresar. Así que queríamos explorar eso”, indicó Cox. “También queríamos averiguar cuántas personas negras están familiarizadas con estas narrativas sobre que el sistema está diseñado para su fracaso y cuántas personas negras las creen”.

Los estadounidenses están lejos de ser inmunes a las teorías conspirativas que se remontan a la fundación de la nación, un legado que ha cobrado nueva vida a medida que internet ha sobrealimentado la comunicación y, a menudo, la difusión de información errónea y falsedades. El estudio de Pew señala que los estadounidenses de raza negra tienen una relación particular tanto con la discriminación como con las teorías conspirativas del gobierno, dado el legado de esclavitud de la nación, las leyes de segregación de la época de Jim Crow y la discriminación actual contra los estadounidenses de raza negra por parte de agentes públicos y privados.

“Cuando se tiene una historia de instituciones estadounidenses que conspiran contra las personas de raza negra, no es tan difícil creer que cualquier otra cosa sea también cierta”, afirmó Tasha Philpot, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Texas, campus Austin, que estudia la psicología política entre los estadounidenses negros.

“Especialmente en los últimos años, en los que la cuestión racial ha cobrado bastante relevancia, no me sorprende que la gente diga que sufre discriminación racial”, afirmó.

Entre los adultos negros que han sufrido discriminación, aproximadamente tres cuartas partes afirmaron que les hizo sentir como si el sistema en su conjunto estuviera diseñado para oprimirlos. Los adultos negros que han sufrido discriminación también experimentaron emociones diversas como consecuencia de ello: el 76% se sintió enfadado en general, el 53% dijo estar preocupado por su seguridad personal y el 41% se sintió deprimido, por ejemplo. Los investigadores encuestaron el pasado mes de septiembre a 4.736 personas negras, multirraciales negras y no hispanas, y negras e hispanas de todo el país.

Este grupo también tendían a creer en teorías de conspiración racial sobre la política. Tres cuartas partes de los encuestados dijeron estar de acuerdo con que en la política actual “se señala a los funcionarios negros para desacreditarlos más que a los funcionarios blancos”. En el ámbito de la medicina, el 55% de los encuestados afirmó estar de acuerdo con la afirmación de que “los investigadores médicos experimentan con personas negras sin su conocimiento o consentimiento”.

Philpot dijo que algunos estadounidenses negras pueden seguir creyendo en tales teorías, dados los episodios documentados de discriminación, como el experimento de sífilis de Tuskegee y la exclusión de los estadounidenses negros del New Deal —los programas de asistencia social implementados por el presidente Franklin D. Roosevelt— que beneficiaron a los estadounidenses blancos.

“No se trata realmente de una teoría conspirativa si es cierta”, dijo.