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Grupo republicano circula teoría conspirativa de que Biden usará la «fuerza» para seguir en el poder

Esta fotografía del jueves 11 de julio de 2024 muestra un informe difundido por The Heritage Foundation. (AP Foto/Jon Elswick)

Por GARY FIELDS y ALI SWENSON Associated Press

WASHINGTON (AP) — Un grupo conservador que planea reformar por completo al gobierno federal si los republicanos ganan las elecciones presidenciales insinuó que el presidente Joe Biden podría tratar de aferrarse a la Casa Blanca “por la fuerza” en caso de perder los comicios de noviembre.

La advertencia de The Heritage Foundation —la cual contradice las propias declaraciones públicas de Biden— aparece en un informe dado a conocer el 11 de julio, según el grupo, es el resultado de un ejercicio sobre los posibles escenarios antes y después de las elecciones de este año.

“La conducta anárquica del gobierno de Biden —en la frontera, en cuestiones de personal y en el desafío rutinario a los fallos judiciales— deja claro que el actual presidente y su gobierno no sólo cuentan con los medios, sino también quizá con la intención, para burlar los límites constitucionales y desconocer la voluntad de los votantes en caso de que exijan a un nuevo presidente”, se lee en el reporte.

El documento, dado a conocer días antes de la Convención Nacional Republicana y a cuatro meses de los comicios presidenciales, muestra cómo los grupos conservadores que apoyan al expresidente Donald Trump tratan de invertir el discurso sobre cuál de los candidatos representa una mayor amenaza a las tradiciones democráticas del país. Biden ha dedicado un puñado de discursos a exponer sus argumentos en contra de Trump, mientras que el republicano y sus simpatizantes han hecho referencia a los cuatro casos penales en su contra para insinuar que los demócratas han utilizado al sistema judicial como un arma en contra de su principal adversario político.

The Heritage Foundation y otros grupos a favor de Trump han seguido promoviendo las mismas afirmaciones falsas de fraude electoral que fueron parte central de los intentos de Trump por permanecer en el poder a pesar de su derrota en 2020 ante Biden. Estos esfuerzos culminaron con el violento ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio federal, donde una turba trató de impedir la transición pacífica de poderes.

Durante una conferencia de prensa para hablar del informe, los autores advirtieron sobre las próximas elecciones, empleando la misma técnica que ha usado Trump a lo largo de su carrera política de sembrar dudas sobre la validez de una elección en caso de que pierda.

“Tal y como están las cosas, hay un cero por ciento de probabilidades de una elección libre y justa en los Estados Unidos de América”, aseveró Mike Howell, director ejecutivo del Proyecto Supervisión de la fundación Heritage.

El documento generó alarma entre los expertos, quienes destacaron que no ha habido indicios de que Biden pretenda aferrarse a la presidencia en caso de perder.

“Esto es manipulación y es peligrosa al avivar las llamas que puedan conducir a posibles actos de violencia”, señaló Rick Hasen, experto en derecho electoral y profesor en la Universidad de California, campus Los Ángeles.

Biden ha dicho que aceptará el resultado de las elecciones.

“Como el presidente Biden se ha comprometido previamente, aceptará la voluntad del pueblo estadounidense”, señaló su secretaria de prensa Karine Jean-Pierre a los reporteros en mayo pasado. “Ese es el compromiso del presidente”.

El equipo de campaña de Biden arremetió ese mismo contra los señalamientos y resaltó que se trata del mismo grupo que impulsa el Proyecto 2025, un plan de casi 1.000 páginas para desmantelar a buena parte del gobierno federal y hacer cambios radicales entre los que se incluye revertir las protecciones a la comunidad LGBTQ e inculcar la fe cristiana en la sociedad. Añadió que el grupo estaba “sentando las bases para tratar de robarse otra elección”.

“Este documento no es más que un intento para justificar sus pretensiones de suprimir el voto, socavar la elección y tener como resultado final otro 6 de enero”, dijo James Singer, un vocero de la campaña.

En esta fotografía de archivo del 6 de enero de 2021, insurrectos leales al presidente Donald Trump participan en disturbios afuera del Capitolio, en Washington. (Foto: VOA)

Trump no ha expresado un compromiso a aceptar los resultados, y durante el más reciente debate entre los virtuales candidatos presidenciales, organizado por CNN, declaró que lo haría “si es una elección justa, legal y buena”.

El informe de The Heritage Foundation detalla los resultados de dos ejercicios de simulación que, asegura, fueron llevados a cabo por un grupo bipartidista al que se negó a identificar por motivos de seguridad. El documento menciona varias lecciones y hallazgos centrales, los cuales giran principalmente en torno a posibles intentos de la izquierda de interferir en los comicios.

El documento pide al público “no creer y desafiar reflexivamente las afirmaciones de la comunidad de inteligencia respecto a Trump, interferencia extranjera y los esfuerzos republicanos para ganar legalmente la Casa Blanca”.

Hasen señaló que estas recomendaciones parecen dirigidas a sembrar dudas sobre las instituciones que “ayudan a proteger la integridad electoral y dan a los votantes información veraz que necesitan para evaluar la evidencia que tienen ante ellos”.

El informe fue elaborado como parte de una colaboración conocida como el Proyecto Integridad de Transición que, según Heritage, se formó en enero en respuesta al “uso del gobierno como arma” por parte de Biden y a los “antecedentes de violación de normas y límites constitucionales en el poder ejecutivo”.

Los autores se inspiraron en un grupo distinto del mismo nombre que llevó a cabo un ejercicio en 2020 en el que previó que Trump posiblemente impugnaría los resultados de las elecciones de ese año. Howell afirmó que sentía que las labores de ese grupo tenían un sesgo ideológico, a diferencia de su propio proyecto, el cual —dice— era bipartidista.

Rosa Brooks, una de las organizadoras del ejercicio de 2020, dijo que le habría gustado “una evaluación en buena fe de las vulnerabilidades, pero esto no lo es”. Añadió que tiene críticas sobre Biden pero “no me preocupa en lo más mínimo que se vaya a rehusar a aceptar los resultados de la elección”.

El informe se dio a conocer una semana después de que el presidente de The Heritage Foundation, Kevin Roberts, declaró en el podcast “War Room”, de Steve Bannon, que el país se encuentra en medio de una “segunda Revolución estadounidense” en la que no se derramará sangre “si la izquierda así lo permite”.

Trump y Biden causan vergüenza entre la mayoría de votantes de EE. UU., según sondeo del Pew

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Imagen de archivo. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Los Ángeles.- El presidente de EE. UU., Joe Biden y el exmandatario Donald Trump (2017-2021), que buscan la reelección en noviembre próximo, causan «vergüenza» a la mayoría de votantes, según una encuesta del Centro Pew divulgada este jueves.

El sondeo realizado después del primer debate presidencial, del pasado 27 de junio, en el que Biden tuvo una pobre actuación, y Trump repitió innumerables mentiras, encontró que los dos candidatos son ampliamente vistos como «imperfectos», aunque de diferentes maneras.

Un porcentaje idéntico (63 %) calificó al demócrata y al republicano como «vergonzosos», según la encuesta, que pidió a los votantes evaluar algunos rasgos personales claves de los candidatos.

La encuesta realizada del 1 al 7 de julio entre 9.424 adultos, también encontró que siete de cada diez votantes (68 %) dicen que no están satisfechos con las opciones que existen para los comicios.

Cuando se pidió a los votantes demócratas evaluar a Biden, el 37 % dijo que su candidato causaba vergüenza; mientras que entre los republicanos el 33 % dice lo mismo de Trump.

El exmandatario es visto por la mayoría de votantes como «mezquino», con un 64 % de los encuestados, mientras que aproximadamente la mitad (31 %) dice lo mismo de Biden.

Pero no todo es negativo, tanto los partidarios del mandatario estadounidense como los del expresidente generalmente atribuyen rasgos positivos a su candidato, y un porcentaje menor los describe en términos negativos.

Aproximadamente nueve de cada diez votantes de Trump y Biden dicen que sus candidatos «se preocupan por las necesidades de la gente común».

La mayoría de los votantes de Biden y Trump también consideran honestos a sus candidatos.

Pero los partidarios del demócrata son sustancialmente más propensos a considerar a Biden como honesto con el 92 %, comparado con el 77 % de Trump.

Si bien una abrumadora mayoría de los partidarios de Trump (96 %) considera que él es «mentalmente agudo», una proporción mucho menor (53 %) de los partidarios de Biden dice que esto describe a Biden muy o bastante bien.

En general, sólo alrededor de una cuarta parte de los votantes (24 %) dice que la frase «mentalmente agudo» describe a Biden muy o bastante bien; más del doble (58 %) describen a Trump así.

La proporción de votantes en general que describen a Biden como mentalmente agudo ha disminuido 6 puntos desde enero y es considerablemente menor que en 2020.

A aproximadamente seis de cada diez partidarios de Biden (59 %) les gusta la forma en que se comporta, y el 36 % dice que tiene sentimientos encontrados. Sólo el 5 % dice que no le gusta su forma de comportarse.

En el caso de los partidarios de Trump, solo al 30 % le gusta la forma como se comporta, 55 % tienen opiniones mixtas y el 15 % tienen opiniones negativas sobre su conducta.

EE. UU. reitera llamado a liberar a presos políticos cubanos, Cuba lo cataloga de «cínica propaganda»

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La gente grita consignas contra el gobierno durante una protesta en La Habana, Cuba, el 11 de julio de 2021.

A tres años de las protestas, EE. UU. instó al gobierno cubano a liberar de manera «inmediata e incondicional» a centenares de presos que participaron en las manifestaciones masivas del 11 de julio de 2021 en Cuba. Las autoridades de la isla lo catalogan como «cínica propaganda» de Washington.

WASHINGTON — El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reiteró el jueves el llamado al gobierno de Cuba para que libere a unas 700 personas que aún permanecen en las cárceles de ese país por participar en las multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021. La Habana rechazó el comentario y lo catalogó de «cínica propaganda» de Washington.

El comunicado de Blinken, a tres años de las inusuales protestas, hace un llamado a reflexionar «sobre la valentía y resiliencia del pueblo cubano» que «valientemente salió a las calles para exigir el respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales».

El texto indicó que la convocatoria «al unísono» del pueblo cubano en La Habana, las capitales de provincias, y hasta en zonas rurales, fue un claro llamado para un profundo cambio en «la justicia y un gobierno que escuche a sus ciudadanos».

Las reacciones del gobierno de Cuba

Poco después, el ministro cubano de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez criticó lo que llamó «mentiras y cínica propaganda» de Washington, en una publicación en la red social X, en la que no mencionó directamente el comunicado, pero se refirió a calumnias proferidas por funcionarios del Departamento de Estado.

«En estos días, políticos EE. UU. y Departamento de Estado se empeñan en calumniar a #Cuba en búsqueda desesperada de apoyos electorales de mafia anti-cubana. Con sus mentiras y cínica propaganda, persiguen justificar la cruel y absurda política de asfixia económica del pueblo cubano», escribió Rodríguez en un post que acompañó con una bandera cubana y fue replicado por la cuenta oficial de la Cancillería de la isla.

Más de 700 detenidos

EE. UU. ha dicho que aún observa con preocupación la situación de unas 700 personas que siguen en las cárceles cubanas «detenidas injustamente» luego de las protestas pacíficas, de acuerdo con la declaración de Blinken.

«Reiteramos nuestro llamado a su liberación inmediata e incondicional, así como a la liberación de todos los presos políticos detenidos en Cuba. El pueblo cubano no será silenciado, como tampoco lo será nuestro compromiso de apoyarlo en su búsqueda de un futuro más brillante y libre», agregó el texto.

El senador republicano de origen cubano, Marco Rubio, dijo en un mensaje en español en X, que después de tres años «las cosas se han puesto peor dentro de Cuba».

Rubio apuntó a las «condenas larguísimas» para muchos de los detenidos y se refirió a la economía «desbaratada» y la migración forzada de cubanos que buscan salir del país, en medio de una de las crisis económicas y humanitarias más serias de sus últimas décadas.

«El marxismo no funciona, la dictadura no funciona y están destruyendo un país que merece la libertad», subrayó el senador republicano de Florida, quien se encuentra en lo alto de la lista de aspirantes a vicepresidentes del expresidente Donald Trump, que busca regresar a la Casa Blanca.

Poco después de los mensajes de Blinken y Rubio, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, criticó en X lo que describió como la «maquinaria anticubana» que «se empeña en llevar el tema Cuba a la campaña electoral de EEUU, aprovechando la corrupción y la mentira del proceso».

«Es parte de la persistente hostilidad del imperialismo contra una nación verdaderamente independiente, pacífica y solidaria», escribió en X Díaz-Canel, sin aludir directamente a personas o hechos.

La organización no gubernamental Justicia 11J documentó 1.887 manifestantes detenidos a dos años después de las protestas. De ellos, unos 793 continúan en prisión. Más de 900 personas han sido sancionadas y cerca de un centenar ya se han marchado al exilio.

El gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha calificado de «contrarrevolucionarios» a los manifestantes detenidos entre los millares que salieron a las calles de todo el país para exigir mejoras en la atención médica y soluciones a los problemas económicos que aquejan a la isla de sistema socialista.

La Habana sostiene que las protestas fueron financiadas y apoyadas desde el exterior para socavar su estancia en el poder.

La oenegé Prisioners Defenders contabiliza al menos 1.117 presos políticos en Cuba. El gobierno cubano los considera «mercenarios» financiados por potencias extranjeras y a menudo los juzga por delitos comunes, no políticos.

Activistas denuncian violaciones ante comisión de DDHH

Este jueves, en el tercer aniversario de las protestas en Cuba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), parte del sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizó una audiencia especial sobre situación de los “privados de libertad arbitrariamente por motivos políticos”.

El comisionado Stuardo Ralón dijo que la CIDH mantiene su condena contra las “acciones represivas” del gobierno cubano hacia los manifestantes que salieron a las calles de forma pacífica.

El relator reiteró que no se justifica que tres años después continúe la represión hacia los que participaron en las protestas, pero también contra los familiares de los detenidos.

La directora de Justicia 11J, Camila Rodríguez , dijo que a la fecha se cuentan 1.584 detenidos como parte de la represión del Estado contra cubanos que participaron en los sucesos de hace tres años.

Centenares continúan detenidos, mientras que otros han salido de las prisiones a un régimen de detención domiciliar. Los presos de conciencia en Cuba –agregó- sufren con creces la represión dentro de las cárceles, en un sistema penitenciario con problemas de fondo.

Los datos de la organización indican que 240 de los detenidos han reportado un nivel de hostigamiento constante dentro de la cárcel “por haber participado en las protestas de 2021”.

La CIDH instó al Estado cubano “a escuchar las exigencias de la sociedad civil” y de la comunidad internacional para liberar a los presos políticos, y dijo que la Comisión seguirá trabajando para visibilizar la situación en la isla caribeña.

City of Philadelphia Releases Strategy for an Equitable Clean Energy Transition 

Strategy

PHILADELPHIA – Today, the City of Philadelphia’s Office of Sustainability released the Energy Poverty Alleviation Strategy, a roadmap for ensuring an equitable and just clean energy transition in Philadelphia. 

The Energy Poverty Alleviation Strategy provides a near-term action plan addressing the challenges of energy insecurity and clean energy access in Philadelphia. The strategy prioritizes the energy needs of the city’s historically marginalized, income-constrained, and vulnerable residents, including homeowners and tenants. This equity-based approach will ensure that all Philadelphians, especially those most impacted by and vulnerable to the impacts of climate change, can participate in and benefit from the city’s clean energy transition.  

Compared to many other cities in the United States, Philadelphians face some of the highest energy costs relative to income, also known as high energy burden. These burdens disproportionately impact our households of color. Energy burdened Philadelphians struggle to access and afford energy to meet their basic household needs, from adequate heating and cooling, to maintaining safe food and medicine.   

The Energy Poverty Alleviation Strategy seeks to address these burdens through stronger utility support and assistance, as well as greater access to energy efficiency and clean energy retrofits, repairs, and upgrades – all of which can lower utility costs and carbon pollution, improve housing quality and public health, and enhance quality of life. 

To develop the strategy, the Office of Sustainability listened to feedback from six energy-burdened communities in Philadelphia and collaborated with government departments, community organizations, and stakeholders. The three-part strategy aims to: 

  • Support and strengthen Philadelphia’s energy programs and services to address challenges in access, delivery, programmatic gaps, and scaling; 
  • Implement and advocate for enabling legislation and incentives at the local and state level; and 
  • Strengthen and support the city’s community and partner network. 

“The Energy Poverty Alleviation Strategy aligns with our plan to make Philadelphia a safer, cleaner, and greener city, with economic opportunity for all,” said Mayor Cherelle L. Parker. “Reducing the energy poverty in Philadelphia addresses the challenges of improving quality of life for Philadelphians and reducing the city’s carbon footprint, while spurring our clean energy economy.”

“The Energy Poverty Alleviation Strategy will ensure that residents experiencing energy insecurity are included in Philadelphia’s transition to clean energy,” said Elizabeth Lankenau, Interim Director of the Office of Sustainability. “It will guide our work as we explore ways to reduce carbon pollution and achieve our vision of a city where all Philadelphians can access and afford energy that is clean, healthy, and safe.”

Read the Energy Poverty Alleviation Strategy online.

El área urbana de San Juan-Bayamón-Caguas tiene un costo de vida 2,3 % superior al promedio de Estados Unidos

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Vista de edificios, en un barrio de San Juan (Puerto Rico). Imagen de archivo. EFE/Thais Llorca

El área urbana de los municipios de San Juan-Bayamón-Caguas es un 2,3 % más costosa que el promedio de 301 zonas similares de Estados Unidos, según reveló el Índice de Costo de Vida (COLI) para el primer trimestre de 2024, publicó el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR).

Esto ubica a dicha área urbana puertorriqueña en la posición 82 de 301 territorios en términos de costo de vida general en Estados Unidos, con un índice compuesto de 102,3, indicó el IEPR en un comunicado de prensa.

A nivel de Estados Unidos, el costo de vida promedio se establece en un índice de 100, mencionó la agencia local.

El índice compuesto se deriva de seis categorías principales de gastos de consumo, siendo estos artículos de supermercado, bienes y servicios misceláneos, cuidado de salud, servicios públicos, transporte y vivienda.

De estos, el puesto más alto que ocupó la zona urbana puertorriqueña fue servicios públicos en la cuarta posición, seguido de viviendo en el 80.

De acuerdo con el IEPR, la combinación de costos más altos en supermercados y servicios públicos es parcialmente compensada por los costos relativamente bajos en cuidado de salud y bienes misceláneos.

El COLI es una herramienta crucial que permite entender las diferencias regionales en los costos de bienes y servicios de consumo.

Los índices se calculan a partir de datos recogidos trimestralmente por diferentes entidades en cada área urbana participante.

El COLI ha sido calculado en áreas urbanas de los Estados Unidos desde 1968, utilizando la metodología desarrollada por el Council for Community and Economic Research (C2ER), una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación sobre el desarrollo comunitario y económico.

El IEPR, junto a la red de miembros afiliados al C2ER, se encarga de la recopilación de precios de los bienes y servicios establecidos por el C2ER.

ACLU-PA, los Servicios Legales de Nueva Jersey, y UPenn presenta una queja federal sobre las condiciones en el centro de procesamiento de Moshannon Valley

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CONDADO DE CLEARFIELD, Pensilvania – ACLU de Pensilvania, los Servicios Legales de Nueva Jersey, la Universidad de Pensilvania y Penn Carey Law Transnational Law Clinic han presentado una queja federal ante la Oficina de Derechos y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional por las condiciones inhumanas en el Centro de Procesamiento de Moshannon Valley, una instalación administrada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y la corporación privada GEO Group.

La denuncia alega que las personas retenidas en el centro de procesamiento soportan condiciones inconstitucionales, correctivas y peligrosas. Estas supuestas condiciones incluyen atención médica inadecuada, falta de acceso al idioma y un entorno en el que los detenidos en el centro son discriminados por el personal.

«Toda esta experiencia [en Moshannon] me hizo sentir ignorado y no escuchado», dijo Alvin, uno de los denunciantes. «Me siento como un insecto atrapado en una telaraña que es demasiado pequeña para que la araña se la coma. Estoy tan frustrada y agotada por haber sido hecha a un lado y siento que no hay forma de que reciba la atención que necesito».

“Lo que le está sucediendo a la gente en Moshannon no es exclusivo de este centro. De hecho, ilustra las experiencias de muchas personas detenidas por ICE en todo el país”, dijo Vanessa Stine, abogada principal para los derechos de los inmigrantes de ACLU de Pensilvania. “La detención de ICE es innecesaria y cruel; No hay ninguna buena razón para detener a quienes esperan su día en la corte de inmigración”.

Uno de los denunciantes no recibió tratamiento médico por tumores dolorosos. Otro intentó suicidarse debido a una depresión y una condición médica no tratada que empeoró mientras estuvo detenido. Las mujeres en Moshannon son particularmente vulnerables ya que viven en celdas rodeadas por una población mayoritariamente masculina con la que no pueden interactuar, como resultado su movimiento es limitado fuera de su celda. El acceso a los productos de higiene femeninos es extremadamente restringido y la atención médica preventiva, como las mastografías , no es accesible.

“Todas las personas merecen ser tratadas con dignidad y respeto y no ser despreciadas por sus condiciones de salud”, dijo Shira Wisotsky, abogada de proyectos especiales de Servicios Legales de Nueva Jersey. “ICE detiene a decenas de no ciudadanos de Nueva Jersey en Moshannon. Lo que nuestros clientes han experimentado y siguen experimentando allí es inaceptable. Hacemos un llamado a ICE y a la Oficina de Derechos y Libertades Civiles para que tomen medidas inmediatas y significativas en respuesta a esta denuncia”.

«No le desearía a nadie lo que pasé en Moshannon debido a las condiciones del lugar, la forma en que me trataron y el racismo que experimenté», dijo José, otro denunciante. «A pesar de que estoy detenido por ICE, soy un ser humano».

La denuncia pide a la Oficina de Derechos y Libertades Civiles que garantice la responsabilidad de ICE y GEO Group abriendo investigaciones sobre los daños planteados en nuestra denuncia.

Puede leer la denuncia completa en aclupa.org/MoshannonConditions

Uno de cada cuatro trabajadores en EE.UU. gana menos de 17 dólares la hora, la mayoría latinos

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Imagen de archivo de una vista de trabajadores en la empresa Leslie Farms, en California, Estados Unidos. EFE/Angel Guerrero

Más de 39 millones de trabajadores en EE. UU. -el 23 % de la fuerza laboral del país- ganan menos de 17 dólares la hora, lo que significa que casi uno de cada cuatro sobrevive con un salario considerado bajo, según revela el último estudio de la oenegé global Oxfam.

El informe titulado ‘La crisis de los bajos salarios, 2024’ detalla que millones de esos trabajadores (empleados domésticos, agricultores, camareros o personas con discapacidad, entre otros) ni siquiera perciben 7,25 dólares por hora, el salario mínimo federal en EE.UU.

Los hallazgos de la organización muestran además que las mujeres y las comunidades de color, especialmente los trabajadores negros y latinos, son los más afectados por los bajos salarios y el estancamiento de las políticas de salario mínimo.

Así, destaca que, mientras que el 23 % de todos los trabajadores en EE. UU. ganan salarios bajos, la cifra aumenta al 32 % para los negros y al 33 % para los latinos.

La oenegé también señala que el Distrito de Columbia tiene el salario mínimo más alto y la proporción más reducida de trabajadores de bajos salarios (8 %). Por el contrario, Misisipi cuenta con una de las estadísticas más altas en cuanto a bajos salarios se refiere, con el 33,9 % de su fuerza laboral ganando 7,25 dólares.

Por otra parte, según el Centro Nacional de Derecho de la Mujer, a nivel nacional las mujeres representan casi dos tercios de la fuerza laboral con salarios bajos (64,1 %), a pesar de suponer menos de la mitad de los trabajadores.

“Los trabajadores de bajos salarios, que son desproporcionadamente mujeres de color, son la columna vertebral de nuestra economía. Lo mínimo que este país puede hacer es pagarles salarios que cubran sus necesidades básicas», indicó Kaitlyn Henderson, autora del informe e investigadora principal en Oxfam América.

El estudio, que incluyó los 50 estados más el Distrito de Columbia y Puerto Rico, también abarca a los trabajadores con propinas, con un salario estancado en 2,13 dólares la hora durante más de 30 años porque se asume que los clientes compensarán la diferencia.

Sin embargo, «un alarmante» 53 % de los trabajadores con salario basado en propinas gana menos de 17 dólares por hora, según Oxfam.

La entidad hace un llamamiento con esta investigación al Congreso de EE.UU. para que apruebe la Ley de Aumento de Salarios elevando el salario mínimo federal, al menos, hasta 17 dólares la hora.

El asesino del oficial Christopher Fitzgerald no enfrentará la pena de muerte

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Llenan un monumento improvisado para el oficial de policía de la Universidad de Temple, Christopher Fitzgerald, el 23 de febrero de 2023, en Filadelfia. El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, no solicitará la pena de muerte para un adolescente acusado de matar a tiros a un oficial de la Universidad de Temple, lo que enfureció a los colegas y familiares de la víctima. (Foto AP/Matt Rourke, archivo)

Filadelfia no buscará la pena de muerte por la muerte del oficial de la Universidad de Temple.

El principal fiscal de Filadelfia no buscará la pena de muerte para un adolescente acusado de matar a tiros a un oficial de la Universidad de Temple, una decisión que enfureció a los colegas y familiares de la víctima.

El fiscal de distrito Larry Krasner, ex abogado de derechos civiles se ha opuesto abiertamente durante mucho tiempo a la pena capital en un estado que cuenta con una moratoria. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, también demócrata, ha prometido no firmar ninguna orden de ejecución.

Miles Pfeffer, de 19 años, del municipio de Buckingham en los suburbios de Filadelfia, se enteró de la decisión en una breve audiencia judicial el miércoles. Está acusado de matar al oficial Christopher Fitzgerald, de 31 años, en febrero de 2023 mientras el oficial perseguía a tres sospechosos después de una serie de robos y robos de autos en el área. Después de que dos de los sospechosos se escondieron, dicen los oficiales, Fitzgerald alcanzó a Pfeffer y le ordenó que se tirara al suelo. La pareja forcejeó y Pfeffer le disparó seis veces, matándolo, dicen las autoridades.

Fitzgerald de origen latino, era un padre casado de cuatro hijos. Pfeffer, que entonces tenía 18 años, fue arrestado a la mañana siguiente en la casa suburbana de su madre y acusado de asesinato, matar a un oficial de policía, robo de auto y otros delitos. Sigue en prisión sin derecho a fianza. No se ha fijado ninguna fecha para el juicio.

Un portavoz de Krasner dijo que la decisión sobre la pena de muerte se produjo tras «amplios aportes» tanto de expertos como de la familia de Fitzgerald.

“Revisaron todos los aspectos del caso en sí y toda la información disponible sobre el acusado antes de hacer sus recomendaciones al fiscal del distrito. Krasner, quien tomó la determinación final”, dijo el comunicado del miércoles del portavoz Dustin Slaughter.

Pfeffer está representado por la oficina del defensor público, que generalmente no comenta los casos. Los mensajes dejados a un portavoz de la oficina no fueron respondidos de inmediato el miércoles.

Joel Fitzgerald, padre de la víctima y ex oficial municipal que ahora dirige la policía de tránsito en Denver, emitió un comunicado diciendo que los antecedentes de Krasner como abogado defensor habían «inclinado la balanza de la justicia», según informes de noticias locales.

La Asociación de Policía de la Universidad de Temple, en una publicación en las redes sociales, calificó la decisión de “absolutamente devastadora”.

Presidential battle could play role in control of state capitols in several swing states

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Pedestrians walk past the Pennsylvania Capitol in Harrisburg, Pa., Tuesday, Nov. 19, 2019. They represent swing districts in a swing county in one of the swingiest of states, so the political struggle for partisan control of the Pennsylvania House of Representatives this fall very well may come down to the fate of two freshmen legislators in the suburbs north of Philadelphia — one a Democrat and the other a Republican. (AP Photo/Matt Rourke, File)

HARRISBURG, Pa.— Two swing districts in a swing county may very well decide which party controls the House in the swing state of Pennsylvania, one of several where pivotal legislative battles are playing out in the shadow of the presidential campaign.

Democrat Brian Munroe and Republican Joe Hogan were elected nearly two years ago to their seats in the suburbs north of Philadelphia, winning by margins of 515 and 76 votes, respectively, out of more than 30,000 ballots cast.

Their races this year are among a few dozen nationally that could determine party control in state capitols and, ultimately, who sets public policy on such contentious issues as abortion, guns and transgender rights. The contests are particularly important due to recent U.S. Supreme Court decisions that have weakened federal regulatory oversight and returned more power to states.

“State legislatures will determine the rights and freedoms we have and the direction our country takes. The stakes couldn’t be higher,” said Daniel Squadron, co-founder of The States Project, which recently announced a $70 million effort to aid Democratic legislative candidates in certain states.

All told, groups aligned with Democrats and Republicans are planning to pour a couple hundred million dollars into state legislative battles. Nearly 5,800 legislative seats in 44 states are up for election this year. The top targets include a half-dozen states where control of a chamber is in play — Arizona, Michigan, Minnesota, New Hampshire, Pennsylvania and Wisconsin.

Most of those states also are presidential battlegrounds. In some cases, national political groups are trying to link legislative candidates to the fortunes of President Joe Biden and former President Donald Trump. In others, they are trying to distinguish them from the top of the ticket.

Biden sought to rebound from a poor debate performance by campaigning in Wisconsin and Pennsylvania. But his political problems have led some Democrats to suggest he should step aside and raised concern that down-ballot Democrats also could suffer if discouraged Democrats choose not to vote.

On Wednesday, Democratic legislative leaders from Arizona and Wisconsin said they hope the door-to-door efforts of their statehouse candidates can have a reverse coat-tails effect, boosting Democrats at the top of the ticket.

Democrats won a slim 102-101 majority in the Pennsylvania House two years ago. But Republicans expressed confidence they can retake the chamber this year, citing inflation, immigration and Biden’s troubles.

“If the election were held tomorrow, I’d feel great about it,” said Pennsylvania state Rep. Josh Kail, head of the campaign efforts for Pennsylvania House Republicans.

The Republican State Leadership Committee already has run ads in Michigan, Minnesota, Pennsylvania and Wisconsin pinning inflation on Biden and other Democrats while touting Republican legislative candidates.

Democrats are targeting Wisconsin after a new liberal majority of the state Supreme Court struck down the previous Republican-drawn districts that had entrenched the GOP in power. The new districts, backed by Democratic Gov. Tony Evers, improve Democrats’ chances.

The Supreme Court’s 2022 decision overturning a half-century of abortion rights showed both the influence of national politics in state elections and the importance of state legislatures. After the ruling, many Republican-led states banned or limited abortion while many Democratic-led states strengthened abortion protections.

The ruling gave Democrats a new campaign theme for the 2022 legislative elections, which were the first conducted under voting districts redrawn using 2020 census data. Democrats wrested control of legislative chambers away from Republicans in Michigan, Minnesota and Pennsylvania.

This year’s reelection bids by Hogan and Munroe are among 15 Pennsylvania House races spotlighted by the national Democratic Legislative Campaign Committee. Both of their Bucks County districts gave slightly more than half their votes to Biden four years ago and a larger margin to Democrats John Fetterman and Josh Shapiro in their 2022 races for U.S. Senate and governor.

“We believe we have a great opportunity not just to protect our majority in the suburbs, but to grow our majority,” Pennsylvania House Majority Leader Matt Bradford said.

Democrat Anna Payne, who is challenging Hogan, sees abortion rights, public safety and school funding as the key issues.

“To some extent, people are looking for common sense,” Payne said. “They don’t want anybody who’s too extreme on one side or too extreme on the other.”

Hogan, a former congressional aide, has burnished a moderate image in the General Assembly, working on childhood education and public transit, among other things.

“I’m willing to work with anybody to do what I think is the right thing,” Hogan said.

Rosemary Donahue, a 77-year-old retired nurse and registered Republican, said she has received mail from Hogan and will be evaluating his performance on such issues as fixing roads, supporting schools and women’s health rights. She regularly follows state and national politics.

“If you watch television, you can’t think of anything else, because you’re constantly being bombarded by the presidential election, advertisements and all,” Donahue said.

Arlene McBride, who recently became one of Munroe’s constituents, said she’ll be watching his race with Bucks County Recorder of Deeds Dan McPhillips to see who is more inclined to preserve the social safety net. She ranks women’s health, education and welcoming immigrants among her top issues.

“Do they care about others or are they strictly for business?” said McBride, 90, a registered Democrat. “It doesn’t seem that those who are strictly for big business really care about the less fortunate.»

Research has shown that many voters know little about their state legislative candidates, so “national politics will probably dominate the state legislative elections,” said Steven Rogers, a political scientist at Saint Louis University who focuses on state legislatures.

While Republicans seek to reverse their 2022 losses, Democrats are pushing to flip closely divided, GOP-led legislative chambers in Arizona and New Hampshire.

Immigration and inflation are especially hot issues in Arizona. And abortion rights supporters recently submitted petition signatures to get a constitutional amendment on the November ballot. That has raised the stakes in a state where voter registration is divided almost equally among Republicans, independents and Democrats.

“I’m expecting a lot of the national issues — the national dynamics — to really play into the legislative races in Arizona because of our battleground-state status,” said James Strickland a political scientist at Arizona State University.

Philadelphia won’t seek death penalty in Temple U. officer’s death. Colleagues and family are upset

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Items fill a makeshift memorial for Temple University Police Officer Christopher Fitzgerald, Feb. 23, 2023, in Philadelphia. Philadelphia District Attorney Larry Krasner won't seek the death penalty for a teenager charged with gunning down the Temple University officer, angering the victim's colleagues and family. (AP Photo/Matt Rourke, File)

PHILADELPHIA— Philadelphia’s top prosecutor won’t seek the death penalty for a teenager charged with fatally shooting a Temple University officer, a decision that angered the victim’s colleagues and relatives.

District Attorney Larry Krasner, a former civil rights lawyer, has long been a vocal opponent of capital punishment in a state with a moratorium on it. Pennsylvania Gov. Josh Shapiro, a fellow Democrat, has vowed not to sign any execution warrants.

Miles Pfeffer, 19, of suburban Philadelphia’s Buckingham Township, learned of the decision at a brief court hearing Wednesday. He is accused of killing Officer Christopher Fitzgerald, 31, in February 2023 as the officer chased three suspects after a series of robberies and carjackings in the area. After two of the suspects hid, officers say, Fitzgerald caught up with Pfeffer and ordered him to the ground. The pair struggled, and Pfeffer shot him six times, killing him, officials say.

Fitzgerald was a married father of four.

Pfeffer, then 18, was arrested the next morning at his mother’s suburban home and charged with murder, killing a police officer, carjacking and other crimes. He remains in prison without bail. No trial date has been set.

A spokesperson for Krasner said the death penalty decision followed “extensive input” from both experts and Fitzgerald’s family.

“They reviewed all aspects of the case itself and all obtainable information on the defendant prior to making their recommendations to D.A. Krasner, who made the final determination,” the statement Wednesday from spokesperson Dustin Slaughter said.

Pfeffer is represented by the public defender’s office, which generally does not comment on cases. Messages left with an office spokesperson were not immediately returned Wednesday.

Joel Fitzgerald, the victim’s father and a former city officer who now heads the transit police in Denver, released a statement saying Krasner’s background as a defense lawyer had “tipped the scales of justice,» according to local news reports.

The Temple University Police Association, in a social media post, called the decision “absolutely devastating.”