PHILADELPHIA – Today, the City of Philadelphia’s Office of Sustainability released the Energy Poverty Alleviation Strategy, a roadmap for ensuring an equitable and just clean energy transition in Philadelphia.
The Energy Poverty Alleviation Strategy provides a near-term action plan addressing the challenges of energy insecurity and clean energy access in Philadelphia. The strategy prioritizes the energy needs of the city’s historically marginalized, income-constrained, and vulnerable residents, including homeowners and tenants. This equity-based approach will ensure that all Philadelphians, especially those most impacted by and vulnerable to the impacts of climate change, can participate in and benefit from the city’s clean energy transition.
Compared to many other cities in the United States, Philadelphians face some of the highest energy costs relative to income, also known as high energy burden. These burdens disproportionately impact our households of color. Energy burdened Philadelphians struggle to access and afford energy to meet their basic household needs, from adequate heating and cooling, to maintaining safe food and medicine.
The Energy Poverty Alleviation Strategy seeks to address these burdens through stronger utility support and assistance, as well as greater access to energy efficiency and clean energy retrofits, repairs, and upgrades – all of which can lower utility costs and carbon pollution, improve housing quality and public health, and enhance quality of life.
To develop the strategy, the Office of Sustainability listened to feedback from six energy-burdened communities in Philadelphia and collaborated with government departments, community organizations, and stakeholders. The three-part strategy aims to:
Support and strengthen Philadelphia’s energy programs and services to address challenges in access, delivery, programmatic gaps, and scaling;
Implement and advocate for enabling legislation and incentives at the local and state level; and
Strengthen and support the city’s community and partner network.
“The Energy Poverty Alleviation Strategy aligns with our plan to make Philadelphia a safer, cleaner, and greener city, with economic opportunity for all,” said Mayor Cherelle L. Parker. “Reducing the energy poverty in Philadelphia addresses the challenges of improving quality of life for Philadelphians and reducing the city’s carbon footprint, while spurring our clean energy economy.”
“The Energy Poverty Alleviation Strategy will ensure that residents experiencing energy insecurity are included in Philadelphia’s transition to clean energy,” said Elizabeth Lankenau, Interim Director of the Office of Sustainability. “It will guide our work as we explore ways to reduce carbon pollution and achieve our vision of a city where all Philadelphians can access and afford energy that is clean, healthy, and safe.”
Vista de edificios, en un barrio de San Juan (Puerto Rico). Imagen de archivo. EFE/Thais Llorca
El área urbana de los municipios de San Juan-Bayamón-Caguas es un 2,3 % más costosa que el promedio de 301 zonas similares de Estados Unidos, según reveló el Índice de Costo de Vida (COLI) para el primer trimestre de 2024, publicó el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR).
Esto ubica a dicha área urbana puertorriqueña en la posición 82 de 301 territorios en términos de costo de vida general en Estados Unidos, con un índice compuesto de 102,3, indicó el IEPR en un comunicado de prensa.
A nivel de Estados Unidos, el costo de vida promedio se establece en un índice de 100, mencionó la agencia local.
El índice compuesto se deriva de seis categorías principales de gastos de consumo, siendo estos artículos de supermercado, bienes y servicios misceláneos, cuidado de salud, servicios públicos, transporte y vivienda.
De estos, el puesto más alto que ocupó la zona urbana puertorriqueña fue servicios públicos en la cuarta posición, seguido de viviendo en el 80.
De acuerdo con el IEPR, la combinación de costos más altos en supermercados y servicios públicos es parcialmente compensada por los costos relativamente bajos en cuidado de salud y bienes misceláneos.
El COLI es una herramienta crucial que permite entender las diferencias regionales en los costos de bienes y servicios de consumo.
Los índices se calculan a partir de datos recogidos trimestralmente por diferentes entidades en cada área urbana participante.
El COLI ha sido calculado en áreas urbanas de los Estados Unidos desde 1968, utilizando la metodología desarrollada por el Council for Community and Economic Research (C2ER), una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación sobre el desarrollo comunitario y económico.
El IEPR, junto a la red de miembros afiliados al C2ER, se encarga de la recopilación de precios de los bienes y servicios establecidos por el C2ER.
CONDADO DE CLEARFIELD, Pensilvania – ACLU de Pensilvania, los Servicios Legales de Nueva Jersey, la Universidad de Pensilvania y Penn Carey Law Transnational Law Clinic han presentado una queja federal ante la Oficina de Derechos y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional por las condiciones inhumanas en el Centro de Procesamiento de Moshannon Valley, una instalación administrada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y la corporación privada GEO Group.
La denuncia alega que las personas retenidas en el centro de procesamiento soportan condiciones inconstitucionales, correctivas y peligrosas. Estas supuestas condiciones incluyen atención médica inadecuada, falta de acceso al idioma y un entorno en el que los detenidos en el centro son discriminados por el personal.
«Toda esta experiencia [en Moshannon] me hizo sentir ignorado y no escuchado», dijo Alvin, uno de los denunciantes. «Me siento como un insecto atrapado en una telaraña que es demasiado pequeña para que la araña se la coma. Estoy tan frustrada y agotada por haber sido hecha a un lado y siento que no hay forma de que reciba la atención que necesito».
“Lo que le está sucediendo a la gente en Moshannon no es exclusivo de este centro. De hecho, ilustra las experiencias de muchas personas detenidas por ICE en todo el país”, dijo Vanessa Stine, abogada principal para los derechos de los inmigrantes de ACLU de Pensilvania. “La detención de ICE es innecesaria y cruel; No hay ninguna buena razón para detener a quienes esperan su día en la corte de inmigración”.
Uno de los denunciantes no recibió tratamiento médico por tumores dolorosos. Otro intentó suicidarse debido a una depresión y una condición médica no tratada que empeoró mientras estuvo detenido. Las mujeres en Moshannon son particularmente vulnerables ya que viven en celdas rodeadas por una población mayoritariamente masculina con la que no pueden interactuar, como resultado su movimiento es limitado fuera de su celda. El acceso a los productos de higiene femeninos es extremadamente restringido y la atención médica preventiva, como las mastografías , no es accesible.
“Todas las personas merecen ser tratadas con dignidad y respeto y no ser despreciadas por sus condiciones de salud”, dijo Shira Wisotsky, abogada de proyectos especiales de Servicios Legales de Nueva Jersey. “ICE detiene a decenas de no ciudadanos de Nueva Jersey en Moshannon. Lo que nuestros clientes han experimentado y siguen experimentando allí es inaceptable. Hacemos un llamado a ICE y a la Oficina de Derechos y Libertades Civiles para que tomen medidas inmediatas y significativas en respuesta a esta denuncia”.
«No le desearía a nadie lo que pasé en Moshannon debido a las condiciones del lugar, la forma en que me trataron y el racismo que experimenté», dijo José, otro denunciante. «A pesar de que estoy detenido por ICE, soy un ser humano».
La denuncia pide a la Oficina de Derechos y Libertades Civiles que garantice la responsabilidad de ICE y GEO Group abriendo investigaciones sobre los daños planteados en nuestra denuncia.
Imagen de archivo de una vista de trabajadores en la empresa Leslie Farms, en California, Estados Unidos. EFE/Angel Guerrero
Más de 39 millones de trabajadores en EE. UU. -el 23 % de la fuerza laboral del país- ganan menos de 17 dólares la hora, lo que significa que casi uno de cada cuatro sobrevive con un salario considerado bajo, según revela el último estudio de la oenegé global Oxfam.
El informe titulado ‘La crisis de los bajos salarios, 2024’ detalla que millones de esos trabajadores (empleados domésticos, agricultores, camareros o personas con discapacidad, entre otros) ni siquiera perciben 7,25 dólares por hora, el salario mínimo federal en EE.UU.
Los hallazgos de la organización muestran además que las mujeres y las comunidades de color, especialmente los trabajadores negros y latinos, son los más afectados por los bajos salarios y el estancamiento de las políticas de salario mínimo.
Así, destaca que, mientras que el 23 % de todos los trabajadores en EE. UU. ganan salarios bajos, la cifra aumenta al 32 % para los negros y al 33 % para los latinos.
La oenegé también señala que el Distrito de Columbia tiene el salario mínimo más alto y la proporción más reducida de trabajadores de bajos salarios (8 %). Por el contrario, Misisipi cuenta con una de las estadísticas más altas en cuanto a bajos salarios se refiere, con el 33,9 % de su fuerza laboral ganando 7,25 dólares.
Por otra parte, según el Centro Nacional de Derecho de la Mujer, a nivel nacional las mujeres representan casi dos tercios de la fuerza laboral con salarios bajos (64,1 %), a pesar de suponer menos de la mitad de los trabajadores.
“Los trabajadores de bajos salarios, que son desproporcionadamente mujeres de color, son la columna vertebral de nuestra economía. Lo mínimo que este país puede hacer es pagarles salarios que cubran sus necesidades básicas», indicó Kaitlyn Henderson, autora del informe e investigadora principal en Oxfam América.
El estudio, que incluyó los 50 estados más el Distrito de Columbia y Puerto Rico, también abarca a los trabajadores con propinas, con un salario estancado en 2,13 dólares la hora durante más de 30 años porque se asume que los clientes compensarán la diferencia.
Sin embargo, «un alarmante» 53 % de los trabajadores con salario basado en propinas gana menos de 17 dólares por hora, según Oxfam.
La entidad hace un llamamiento con esta investigación al Congreso de EE.UU. para que apruebe la Ley de Aumento de Salarios elevando el salario mínimo federal, al menos, hasta 17 dólares la hora.
Llenan un monumento improvisado para el oficial de policía de la Universidad de Temple, Christopher Fitzgerald, el 23 de febrero de 2023, en Filadelfia. El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, no solicitará la pena de muerte para un adolescente acusado de matar a tiros a un oficial de la Universidad de Temple, lo que enfureció a los colegas y familiares de la víctima. (Foto AP/Matt Rourke, archivo)
Filadelfia no buscará la pena de muerte por la muerte del oficial de la Universidad de Temple.
El principal fiscal de Filadelfia no buscará la pena de muerte para un adolescente acusado de matar a tiros a un oficial de la Universidad de Temple, una decisión que enfureció a los colegas y familiares de la víctima.
El fiscal de distrito Larry Krasner, ex abogado de derechos civiles se ha opuesto abiertamente durante mucho tiempo a la pena capital en un estado que cuenta con una moratoria. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, también demócrata, ha prometido no firmar ninguna orden de ejecución.
Miles Pfeffer, de 19 años, del municipio de Buckingham en los suburbios de Filadelfia, se enteró de la decisión en una breve audiencia judicial el miércoles. Está acusado de matar al oficial Christopher Fitzgerald, de 31 años, en febrero de 2023 mientras el oficial perseguía a tres sospechosos después de una serie de robos y robos de autos en el área. Después de que dos de los sospechosos se escondieron, dicen los oficiales, Fitzgerald alcanzó a Pfeffer y le ordenó que se tirara al suelo. La pareja forcejeó y Pfeffer le disparó seis veces, matándolo, dicen las autoridades.
Fitzgerald de origen latino, era un padre casado de cuatro hijos. Pfeffer, que entonces tenía 18 años, fue arrestado a la mañana siguiente en la casa suburbana de su madre y acusado de asesinato, matar a un oficial de policía, robo de auto y otros delitos. Sigue en prisión sin derecho a fianza. No se ha fijado ninguna fecha para el juicio.
Un portavoz de Krasner dijo que la decisión sobre la pena de muerte se produjo tras «amplios aportes» tanto de expertos como de la familia de Fitzgerald.
“Revisaron todos los aspectos del caso en sí y toda la información disponible sobre el acusado antes de hacer sus recomendaciones al fiscal del distrito. Krasner, quien tomó la determinación final”, dijo el comunicado del miércoles del portavoz Dustin Slaughter.
Pfeffer está representado por la oficina del defensor público, que generalmente no comenta los casos. Los mensajes dejados a un portavoz de la oficina no fueron respondidos de inmediato el miércoles.
Joel Fitzgerald, padre de la víctima y ex oficial municipal que ahora dirige la policía de tránsito en Denver, emitió un comunicado diciendo que los antecedentes de Krasner como abogado defensor habían «inclinado la balanza de la justicia», según informes de noticias locales.
La Asociación de Policía de la Universidad de Temple, en una publicación en las redes sociales, calificó la decisión de “absolutamente devastadora”.
Pedestrians walk past the Pennsylvania Capitol in Harrisburg, Pa., Tuesday, Nov. 19, 2019. They represent swing districts in a swing county in one of the swingiest of states, so the political struggle for partisan control of the Pennsylvania House of Representatives this fall very well may come down to the fate of two freshmen legislators in the suburbs north of Philadelphia — one a Democrat and the other a Republican. (AP Photo/Matt Rourke, File)
HARRISBURG, Pa.— Two swing districts in a swing county may very well decide which party controls the House in the swing state of Pennsylvania, one of several where pivotal legislative battles are playing out in the shadow of the presidential campaign.
Democrat Brian Munroe and Republican Joe Hogan were elected nearly two years ago to their seats in the suburbs north of Philadelphia, winning by margins of 515 and 76 votes, respectively, out of more than 30,000 ballots cast.
Their races this year are among a few dozen nationally that could determine party control in state capitols and, ultimately, who sets public policy on such contentious issues as abortion, guns and transgender rights. The contests are particularly important due to recent U.S. Supreme Court decisions that have weakened federal regulatory oversight and returned more power to states.
“State legislatures will determine the rights and freedoms we have and the direction our country takes. The stakes couldn’t be higher,” said Daniel Squadron, co-founder of The States Project, which recently announced a $70 million effort to aid Democratic legislative candidates in certain states.
All told, groups aligned with Democrats and Republicans are planning to pour a couple hundred million dollars into state legislative battles. Nearly 5,800 legislative seats in 44 states are up for election this year. The top targets include a half-dozen states where control of a chamber is in play — Arizona, Michigan, Minnesota, New Hampshire, Pennsylvania and Wisconsin.
Most of those states also are presidential battlegrounds. In some cases, national political groups are trying to link legislative candidates to the fortunes of President Joe Biden and former President Donald Trump. In others, they are trying to distinguish them from the top of the ticket.
Biden sought to rebound from a poor debate performance by campaigning in Wisconsin and Pennsylvania. But his political problems have led some Democrats to suggest he should step aside and raised concern that down-ballot Democrats also could suffer if discouraged Democrats choose not to vote.
On Wednesday, Democratic legislative leaders from Arizona and Wisconsin said they hope the door-to-door efforts of their statehouse candidates can have a reverse coat-tails effect, boosting Democrats at the top of the ticket.
Democrats won a slim 102-101 majority in the Pennsylvania House two years ago. But Republicans expressed confidence they can retake the chamber this year, citing inflation, immigration and Biden’s troubles.
“If the election were held tomorrow, I’d feel great about it,” said Pennsylvania state Rep. Josh Kail, head of the campaign efforts for Pennsylvania House Republicans.
The Republican State Leadership Committee already has run ads in Michigan, Minnesota, Pennsylvania and Wisconsin pinning inflation on Biden and other Democrats while touting Republican legislative candidates.
Democrats are targeting Wisconsin after a new liberal majority of the state Supreme Court struck down the previous Republican-drawn districts that had entrenched the GOP in power. The new districts, backed by Democratic Gov. Tony Evers, improve Democrats’ chances.
The Supreme Court’s 2022 decision overturning a half-century of abortion rights showed both the influence of national politics in state elections and the importance of state legislatures. After the ruling, many Republican-led states banned or limited abortion while many Democratic-led states strengthened abortion protections.
The ruling gave Democrats a new campaign theme for the 2022 legislative elections, which were the first conducted under voting districts redrawn using 2020 census data. Democrats wrested control of legislative chambers away from Republicans in Michigan, Minnesota and Pennsylvania.
This year’s reelection bids by Hogan and Munroe are among 15 Pennsylvania House races spotlighted by the national Democratic Legislative Campaign Committee. Both of their Bucks County districts gave slightly more than half their votes to Biden four years ago and a larger margin to Democrats John Fetterman and Josh Shapiro in their 2022 races for U.S. Senate and governor.
“We believe we have a great opportunity not just to protect our majority in the suburbs, but to grow our majority,” Pennsylvania House Majority Leader Matt Bradford said.
Democrat Anna Payne, who is challenging Hogan, sees abortion rights, public safety and school funding as the key issues.
“To some extent, people are looking for common sense,” Payne said. “They don’t want anybody who’s too extreme on one side or too extreme on the other.”
Hogan, a former congressional aide, has burnished a moderate image in the General Assembly, working on childhood education and public transit, among other things.
“I’m willing to work with anybody to do what I think is the right thing,” Hogan said.
Rosemary Donahue, a 77-year-old retired nurse and registered Republican, said she has received mail from Hogan and will be evaluating his performance on such issues as fixing roads, supporting schools and women’s health rights. She regularly follows state and national politics.
“If you watch television, you can’t think of anything else, because you’re constantly being bombarded by the presidential election, advertisements and all,” Donahue said.
Arlene McBride, who recently became one of Munroe’s constituents, said she’ll be watching his race with Bucks County Recorder of Deeds Dan McPhillips to see who is more inclined to preserve the social safety net. She ranks women’s health, education and welcoming immigrants among her top issues.
“Do they care about others or are they strictly for business?” said McBride, 90, a registered Democrat. “It doesn’t seem that those who are strictly for big business really care about the less fortunate.»
Research has shown that many voters know little about their state legislative candidates, so “national politics will probably dominate the state legislative elections,” said Steven Rogers, a political scientist at Saint Louis University who focuses on state legislatures.
While Republicans seek to reverse their 2022 losses, Democrats are pushing to flip closely divided, GOP-led legislative chambers in Arizona and New Hampshire.
Immigration and inflation are especially hot issues in Arizona. And abortion rights supporters recently submitted petition signatures to get a constitutional amendment on the November ballot. That has raised the stakes in a state where voter registration is divided almost equally among Republicans, independents and Democrats.
“I’m expecting a lot of the national issues — the national dynamics — to really play into the legislative races in Arizona because of our battleground-state status,” said James Strickland a political scientist at Arizona State University.
Items fill a makeshift memorial for Temple University Police Officer Christopher Fitzgerald, Feb. 23, 2023, in Philadelphia. Philadelphia District Attorney Larry Krasner won't seek the death penalty for a teenager charged with gunning down the Temple University officer, angering the victim's colleagues and family. (AP Photo/Matt Rourke, File)
PHILADELPHIA— Philadelphia’s top prosecutor won’t seek the death penalty for a teenager charged with fatally shooting a Temple University officer, a decision that angered the victim’s colleagues and relatives.
District Attorney Larry Krasner, a former civil rights lawyer, has long been a vocal opponent of capital punishment in a state with a moratorium on it. Pennsylvania Gov. Josh Shapiro, a fellow Democrat, has vowed not to sign any execution warrants.
Miles Pfeffer, 19, of suburban Philadelphia’s Buckingham Township, learned of the decision at a brief court hearing Wednesday. He is accused of killing Officer Christopher Fitzgerald, 31, in February 2023 as the officer chased three suspects after a series of robberies and carjackings in the area. After two of the suspects hid, officers say, Fitzgerald caught up with Pfeffer and ordered him to the ground. The pair struggled, and Pfeffer shot him six times, killing him, officials say.
Fitzgerald was a married father of four.
Pfeffer, then 18, was arrested the next morning at his mother’s suburban home and charged with murder, killing a police officer, carjacking and other crimes. He remains in prison without bail. No trial date has been set.
A spokesperson for Krasner said the death penalty decision followed “extensive input” from both experts and Fitzgerald’s family.
“They reviewed all aspects of the case itself and all obtainable information on the defendant prior to making their recommendations to D.A. Krasner, who made the final determination,” the statement Wednesday from spokesperson Dustin Slaughter said.
Pfeffer is represented by the public defender’s office, which generally does not comment on cases. Messages left with an office spokesperson were not immediately returned Wednesday.
Joel Fitzgerald, the victim’s father and a former city officer who now heads the transit police in Denver, released a statement saying Krasner’s background as a defense lawyer had “tipped the scales of justice,» according to local news reports.
The Temple University Police Association, in a social media post, called the decision “absolutely devastating.”
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, participa en la ceremonia de juramento del representante Michael Rulli, republicano de Ohio, en el Capitolio el martes 25 de junio de 2024, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)
WASHINGTON— La Cámara de Representantes de Estados Unidos se dispone a votar sobre una propuesta para exigir prueba de ciudadanía a los que quieran votar, una iniciativa a la que los republicanos han dado prioridad en este año electoral a pesar de que las investigaciones muestran que la cantidad de no ciudadanos que se registran y votan ilegalmente en las elecciones es ínfima.
Incluso si se aprueba en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, es poco probable que la legislación avance en el Senado, liderado por los demócratas. El gobierno del presidente Joe Biden también ha manifestado que se opone rotundamente porque afirma que ya existen salvaguardias para verificar la elegibilidad de los votantes y hacer cumplir la ley a los no ciudadanos que intentan votar.
Sin embargo, la votación en la Cámara dará a los republicanos la oportunidad de llamar la atención sobre dos de sus temas centrales en la carrera de 2024: la frontera y la seguridad electoral. También están utilizando la oposición demócrata al proyecto de ley como combustible para las afirmaciones del expresidente Donald Trump de que los demócratas han alentado la oleada de migrantes para poder conseguir que se registren y voten, lo que sería ilegal. A los no ciudadanos no se les permite votar en las elecciones federales, ni en ninguna elección estatal.
El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, uno de los principales defensores del proyecto de ley, dijo en una rueda de prensa a principios de esta semana que los demócratas se oponen porque “quieren que los ilegales participen en nuestras elecciones federales, quieren que voten.”
Durante un discurso pronunciado el miércoles como anticipo del esperado debate en la Cámara de Representantes, calificó la votación de “momento decisivo para una generación.”
“Si sólo un pequeño porcentaje, una fracción de una fracción de todos esos ilegales que Joe Biden ha traído aquí para que voten, si votan, no sólo cambiaría una contienda electoral”, dijo, “podría cambiar potencialmente todas nuestras contiendas”.
En su plataforma Truth Social esta semana, Trump sugirió que los demócratas están presionando para dar a los migrantes no ciudadanos el derecho al voto e instó a los republicanos a aprobar la legislación –la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, o Ley SAVE– o “irse a casa y llorar hasta dormirse.”
La fijación con el voto de los no ciudadanos forma parte de una estrategia más amplia y a largo plazo de la campaña de Trump para poner en duda la validez de unas elecciones en caso de que pierda, y ha impulsado constantemente esa narrativa durante sus mítines de campaña este año. El mes pasado, en Las Vegas, dijo a sus partidarios: “La única forma de que nos ganen es haciendo trampas”. También forma parte de una estrategia de campaña republicana más amplia, con legisladores republicanos en todo el país que aprueban leyes estatales y ponen medidas sobre el voto de los no ciudadanos en las papeletas estatales para noviembre.
Los demócratas y los defensores del derecho al voto han dicho que la legislación es innecesaria porque ya es un delito grave que los no ciudadanos se registren para votar en las elecciones federales, castigado con multas, prisión o deportación. Toda persona que se inscriba debe declarar bajo pena de perjurio que es ciudadano estadounidense. Los no ciudadanos tampoco pueden votar a nivel estatal. Un puñado de municipios les permiten votar en algunas elecciones locales.
“A pesar de toda su retórica histérica en torno a la Ley SAVE, los republicanos tienen un objetivo real: seguir erosionando la confianza de los estadounidenses en nuestros sistemas electorales”, declaró el representante Joe Morelle, de Nueva York, principal demócrata de la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes.
También han señalado encuestas que muestran que millones de estadounidenses no tienen fácil acceso a pruebas documentales actualizadas de su ciudadanía, como un certificado de nacimiento, un certificado de naturalización o un pasaporte, y por lo tanto el proyecto de ley podría inhibir a los votantes ciudadanos estadounidenses que no pueden seguir demostrando su estatus.
Si se aprobara el proyecto de ley, “no salvaguardaría la elegibilidad de los votantes estadounidenses, sino que privaría inmediatamente del derecho al voto a millones de ciudadanos estadounidenses”, afirmó Sean Morales-Doyle, director de derecho al voto del Centro Brennan para la Justicia.
Sin embargo, los republicanos que apoyan el proyecto de ley afirman que la reciente oleada sin precedentes de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México crea un riesgo demasiado grande de que los no ciudadanos se cuelen por las rendijas. Podrían infringir la ley a propósito o sin darse cuenta para emitir votos que influirían en las elecciones por márgenes estrechos.
Si se aprueba, el proyecto de ley obligaría a eliminar a los no ciudadanos de los censos electorales estatales y exigiría a los nuevos solicitantes que presenten pruebas documentales de su ciudadanía estadounidense. También obligaría a los estados a establecer un proceso para que los solicitantes que no puedan demostrarlo aporten otras pruebas además de su declaración de ciudadanía, aunque no está claro qué pruebas podrían incluir.
Las investigaciones y auditorías realizadas en varios estados demuestran que ha habido casos de no ciudadanos que se han registrado con éxito para votar y han emitido su voto, aunque ocurre raramente y suele ser por error. Los estados tienen mecanismos para comprobarlo, aunque no existe un protocolo estándar que sigan todos.
Por ejemplo, el secretario de gobierno de Ohio, Frank LaRose, descubrió recientemente 137 sospechosos de no ser ciudadanos en el censo del estado —de un total aproximado de 8 millones de votantes– y dijo que estaba tomando medidas para confirmarlos y eliminarlos.
En 2022, el secretario de gobierno de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, llevó a cabo una auditoría de las listas de votantes de su estado buscando específicamente a no ciudadanos. Su oficina descubrió que 1.634 habían intentado registrarse para votar durante un periodo de 25 años, pero los funcionarios electorales habían detectado todas las solicitudes y ninguno había podido registrarse.
En Carolina del Norte en 2016, una auditoría de las elecciones encontró que 41 migrantes legales que aún no se habían convertido en ciudadanos emitieron votos, de un total de 4,8 millones de votos emitidos. Los votos no marcaron la diferencia en ninguna de las elecciones del estado.
En un documento de respaldo al proyecto de ley, Johnson enumeró otros ejemplos de no ciudadanos que habían sido eliminados de las listas en Boston y Virginia. Los departamentos electorales de esos estados no han respondido por el momento a las preguntas de The Associated Press para verificar esas afirmaciones.
Varios secretarios de gobierno, entrevistados durante su cumbre de verano celebrada esta semana en Puerto Rico, afirmaron que los intentos de los no ciudadanos de registrarse y votar no constituyen un gran problema en sus respectivos estados.
El secretario de gobierno de Kentucky, el republicano Michael Adams, dijo que su estado ya exige una identificación con foto para votar y que la mayoría de la gente utiliza el carné de conducir. El estado no permite que los no ciudadanos que viven ilegalmente en el país obtengan carnés de conducir, y dijo que sólo un “universo minúsculo” de residentes legales no ciudadanos puede obtener uno.
Por ello, “en mi estado no tenemos ningún problema”, afirmó en una entrevista.
La vicegobernadora de Utah, la republicana Deidre Henderson, que supervisa las elecciones, dijo que apoya la propuesta de ley en su concepto, pero relató un episodio sobre cómo una selección agresiva del censo electoral puede dar lugar a la eliminación de votantes cualificados. Hace unos años, todos los miembros de su familia recibieron papeletas de voto por correo para unas elecciones municipales, excepto ella. Había sido eliminada del censo por haber nacido en Holanda, donde su padre estaba destacado en las Fuerzas Aéreas estadounidenses.
“Yo era vicegobernadora, supervisaba las elecciones, y me sacaron porque nací en Holanda”, dijo. “Así que creo que definitivamente tenemos esos controles y equilibrios en el estado de Utah, tal vez hasta un extremo”.
La votación en la Cámara de Representantes tiene lugar días después de que el Comité Nacional Republicano diera a conocer su plataforma de partido, que hace hincapié en cuestiones de seguridad fronteriza y se posiciona en contra de que los demócratas concedan “derecho de voto” a los migrantes que viven ilegalmente en el país.
Se espera que los republicanos saquen a relucir sus preocupaciones sobre inmigración e integridad electoral en la Convención Nacional Republicana de la próxima semana en Milwaukee, donde Trump tiene previsto aceptar su tercera nominación consecutiva a la presidencia.
El presidente Joe Biden llega a una visita a las oficinas generales de la AFL-CIO, el miércoles 10 de julio de 2024, en Washington, aclamado por la presidenta de la AFL-CIO, Liz Shuler, izquierda. (AP Foto/Evan Vucci)
El presidente Joe Biden se reunió el miércoles con la mayor federación de sindicatos de Estados Unidos, en un esfuerzo para obtener el apoyo de un electorado determinante mientras contraataca los continuos llamados a retirarse de la campaña electoral de 2024.
Biden se reunió con el consejo ejecutivo de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), un grupo que representa a 12,5 millones de miembros.
“Los considero como mi OTAN local — no bromeo”, dijo el demócrata, de 81 años, a la multitud reunida en sus oficinas generales. Elogió el poder de los sindicatos y les habló de su apoyo hacia ellos, y dijo a la multitud que hasta Wall Street reconocía el poder de los sindicatos, mientras articulaba nuevamente su visión de una economía construida “de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera”.
“Dije que sería el presidente que más apoyaría a los sindicatos en la historia de Estados Unidos”, dijo Biden a la multitud que lo aclamaba. “Bueno, adivinen qué. Lo soy”.
La AFL-CIO dijo que el presidente había acordado asistir a la reunión desde hace más de un año, pero su participación ahora implica un escrutinio mucho mayor debido a que su débil desempeño en el debate contra Donald Trump hizo temer sobre su capacidad para competir en la elección de noviembre. Su reunión con funcionarios sindicales también coincide con la cumbre de la OTAN en Washington, donde Biden aborda asuntos geopolíticos con otros líderes mundiales.
Biden habló con un micrófono de mano, y no había ningún teleprompter a la vista. Agradeció a los líderes sindicales por su apoyo, y presentó sus planes para el futuro, buscando dejar a un lado las dudas sobre su campaña de reelección. Biden es cercano a muchos de los líderes sindicales que estaban en la sala, y considera a Liz Shuler, presidenta de la AFL-CIO, como una amiga personal.
Al anunciar a Biden, Shuler dijo a los asistentes que él había apoyado el empleo, la fabricación y que había creado buenos empleos sindicalizados en energías limpias. Dijo sin rodeos que el presidente tenía el apoyo sindical.
“Usted siempre ha sido nuestro escudo, y ahora nosotros somos su escudo”, dijo Shuler al presidente.
El Consejo está integrado por más de 50 funcionarios de los sindicatos que componen la AFL-CIO, y el grupo representa a 12,5 millones de miembros.
Pastors Carol Pagan and her husband, Jose, both from Puerto Rico, engage with parishioners on Sunday, June 9, 2024 at Iglesia Jesucristo es el Rey (Church Jesus Christ is the King), a thriving Latino congregation that shares the building with First Baptist Church in Reading, Pa. The pastors encourage parishioners to vote in the election — irrespective of who they choose as the president. (AP Photo/Luis Andres Henao)
Luis Andres Henao
READING, Pa— Religion and politics frequently overlap in Reading, an old industrial city in one of the most pivotal swing states of this year’s presidential election.
In Pennsylvania, there is early precedent for this kind of thing. The state began as a haven for Quakers and other European religious minorities fleeing persecution. That includes the parents of Daniel Boone, the national folk hero born just miles from Reading, a town where the Latino population is now the majority.
Today, the Catholic mayor is also a migrant — and the first Latino to hold the office in Reading’s 276-year history. Mayor Eddie Moran is keenly aware of the pivotal role Pennsylvania could play in the high-stakes race, when a few thousand votes in communities like his could decide the future of the United States.
“Right now, with the growing Latino population and the influx of Latinos moving into cities such as Reading, it’s definitely an opportunity for the Latino vote to change the outcome of an election,» Moran says. “It’s not a secret anymore.”
A parishioner prays during a Mass at St. Peter the Apostle Catholic Church in Reading, Pa., on Sunday, June 9, 2024. (AP Photo/Luis Andres Henao)
A community of spirituality — and Latinos
In Reading, the sky is dotted with crosses atop church steeples, one after the other. Catholic church pews fill up on Sundays and many stand for the services. Elsewhere, often in nondescript buildings, evangelical and Pentecostal congregations gather to sing, pray and sometimes speak in tongues.
Outside, salsa, merengue and reggaeton music (often sung in Spanglish) blast from cars and houses along city streets first mapped out by William Penn’s sons — and that now serve a thriving downtown packed with restaurants proudly owned by Latinos.
This is a place where, when the mayor is told that his town is 65% Latino, he takes pride in saying: “It’s more like 70%.”
They believe in their political sway. A recent Pew Research Center survey found that eight in 10 Latino registered voters say their vote can make a difference.
On a recent Sunday, Luis Hernandez, 65, born in Puerto Rico, knelt to pray near the altar at St. Peter the Apostle Catholic Church. Later, walking out after Mass, Hernandez said he’ll vote for Trump — even on the very day of the former president’s criminal convictions related to hush money for a porn star.
“Biden is old,” Hernandez says, and then reflects on how Trump is only a few years younger. “Yes, but you look at Trump and you see the difference. … Biden’s a good man. He’s decent. But he’s too old.”
In the weeks after he spoke, many more Americans would join in calls for Biden to withdraw from the race after his debate debacle, which crystallized growing concerns that, at 81, he’s too old.
Immigration is a key topic on people’s lips
It’s not just about Biden’s age or debate performance. It’s also, Hernandez says, about the border crisis. He says too many immigrants are arriving in the United States, including some he considers criminals. And, he adds, so much has changed since his Dominican-born father arrived in the 1960s — when, he says, it was easier to enter and stay in America.
For some, there are other issues as well.
“It’s the economy, immigration and abortion,” says German Vega, 41, a Dominican American who became a U.S. citizen in 2015. Vega, who describes himself as “pro-life,” voted for Trump in 2020 and plans to do so again in November.
“Biden doesn’t know what he’s saying. He doesn’t know what he’s doing, and we have a country divided,” Vega says. Trump is “a person of character. … He looks confident. He never gives up; he’s always fighting for what he believes.”
Of course, there are some here who just don’t favor taking sides — except if it’s for Jesus. Listen to Pastor Alex Lopez, a Puerto Rican who cuts hair in a barber shop on the first floor of his home on Saturdays, and preaches on the second floor on Sundays.
“We’re neutral,” he says. “We just believe in God.”
A parishioner holds her daughter in her arms and talk to a child at Iglesia Jesucristo es el Rey (Church Jesus Christ is the King), a thriving Latino congregation that shares the building with First Baptist Church in Reading, Pa., Sunday June 9, 2024. (AP Photo/Luis Andres Henao)
A city with deep industrial roots resurges
Reading was once synonymous with iron and steel. Those industries cemented the creation of the Reading Railroad (an early stop on the Monopoly gameboard) that helped fuel the Industrial Revolution and became, in the late 19th century, one of the country’s major corporations.
Today, the city of about 95,000 people, 65 miles northwest of Philadelphia, has a fast-increasing population. However, it is one of the state’s poorest cities, with a median household income of about $44,000, compared to about $72,000 in Pennsylvania.
Reading is 67% Latino, according to U.S. Census figures, and home to high concentrations of people of Dominican and Puerto Rican heritage — as well as Colombians and Mexicans, who own restaurants and other businesses around town.
Political candidates are taking notice of Reading’s political and economic power. The 2020 presidential election in Pennsylvania was decided by about 82,000 votes, and — according to the Pew Research Center — there are more than 600,000 eligible Latino voters in the state.
It’s true that Reading still leans mostly Democratic — Biden crushed Trump in the city by a margin of about 46 percentage points in 2020. However in that election, voting-age turnout in the city (about 35%) was significantly lower than the rest of the state (about 67%).
But the Trump campaign doesn’t want to miss out on the opportunity to turn it around. It recently teamed up with the Republican National Committee and Pennsylvania GOP to open a “Latino Americans for Trump” office in a red-brick building near the Democratic mayor’s downtown office.
Moran has made a plea to Biden and other Democrats to take notice and visit Reading before the election. It’s crucial, he says.
“I think that it’s still predominantly Democratic,” he says. “But the candidates need to come out and really explain that to the community.”
One development, Moran says, is that religious leaders are now less hesitant to get involved in politics.
“Things change, even for churches,” he says. Clergy “realize the importance that they hold as faith-based leaders and religious leaders and they’re making a call of action through their congregations.”
The Rev. Juan Eduardo Rodriguez, who later became pastor of St. Margaret Catholic Church, walks through St. Peter the Apostle Catholic Church in Reading, Pa., Wednesday, June 12, 2024. (AP Photo/Luis Andres Henao)
The message: Get out and vote
A few blocks from St. Peter’s, a crowd gathers inside First Baptist Church, which dates to the late 19th century.
In a sign of Reading’s changing demographics, the aging and shrinking congregation of white Protestants donated the building to Iglesia Jesucristo es el Rey (Church Jesus Christ is the King), a thriving Latino congregation of some 100 worshippers who have shared the building with First Baptist for nearly a decade.
Pastors Carol Pagan and her husband Jose, both from Puerto Rico, recently led prayer. At the end of the service, microphone in hand, the pastors encourage parishioners to vote in the election — irrespective of who they choose as the president.
“The right to vote is,” Carol Pagan says before her husband chimes in: “a civic responsibility.”
After the service, the congregation descends to the basement, where they share a traditional meal of chicken with rice and beans.
“I believe the principle of human rights have to do with both parties — or any party running,” Carol Pagan says. “I always think of the elderly, of the health system, of health insurance, and how it shouldn’t be so much about capitalism but more rights for all of us to be well.”
Both of the Pagans make clear that they won’t vote for Trump. They’re waiting, like others, for circumstances that might lead Biden to withdraw, so they can support another Democratic candidate.
“It’s our duty to shield that person with prayer — it doesn’t matter if that person is a Democrat or a Republican,” Carol Pagan says. “We owe them that.»
