Más de dos docenas de grupos cristianos y judíos que representan a millones de estadounidenses —desde la Iglesia Episcopal y la Unión para el Judaísmo Reformista hasta los menonitas y los universalistas unitarios— presentaron una demanda en un tribunal federal el martes impugnando una medida de la administración Trump que otorga a los agentes de inmigración más libertad para realizar arrestos en lugares de culto.

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito en Washington, sostiene que la nueva política está generando miedo, lo que reduce la asistencia a los servicios de culto y otros valiosos programas eclesiásticos. El resultado, según la demanda, infringe la libertad religiosa de los grupos —específicamente su capacidad para ministrar a los migrantes, incluidos aquellos que están en Estados Unidos ilegalmente.

“Tenemos inmigrantes, refugiados, personas documentadas e indocumentadas”, declaró el reverendísimo Sean Rowe, obispo presidente de la Iglesia Episcopal.

“No podemos rezar libremente si algunos de nosotros vivimos con miedo”, indicó a The Associated Press. “Al unirnos a esta demanda, buscamos la capacidad de reunirnos y practicar plenamente nuestra fe, seguir el mandamiento de Jesús de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos”.

La nueva demanda hace eco y amplía algunos de los argumentos presentados en una demanda similar presentada el 27 de enero por cinco congregaciones cuáqueras y posteriormente respaldada por la Cooperativa Bautista y un templo sij. Actualmente está pendiente en el Tribunal de Distrito en Maryland.

No hubo una respuesta inmediata de la administración Trump a la nueva demanda, que nombra al Departamento de Seguridad Nacional y sus agencias de inmigración como demandados. Sin embargo, un memorando presentado el viernes por el Departamento de Justicia, oponiéndose a la esencia de la demanda, esbozó argumentos que también podrían aplicarse a la nueva demanda.

En esencia, el memorando sostiene que la solicitud de los demandantes se basa en la especulación de un daño futuro hipotético, y por lo tanto, es un motivo insuficiente para emitir una orden judicial.

El memorando indicó que la aplicación de la ley de inmigración que afecta a los lugares de culto ha sido permitida durante décadas, y la nueva política anunciada en enero simplemente indica que los agentes de campo, utilizando el “sentido común” y la “discreción”, ahora podrían llevar a cabo tales operaciones sin la aprobación previa de un supervisor.

Una parte de ese memorando podría no aplicarse a la nueva demanda, ya que argumenta que los cuáqueros y sus compañeros demandantes no tienen base para buscar una orden judicial a nivel nacional contra la política de aplicación revisada.

“Cualquier alivio en este caso debería limitarse únicamente a los demandantes nombrados”, sostiene el memorando del Departamento de Justicia, argumentando que cualquier orden judicial no debería aplicarse a otras organizaciones religiosas.

Los demandantes en el nuevo litigio representan un espectro mucho más amplio de fieles estadounidenses, incluyendo a más de uno millón de seguidores del Judaísmo Reformista, los aproximadamente 1,5 millones de episcopales en 6.700 congregaciones en todo el país, casi 1,1 millones de miembros de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.), y los aproximadamente 1,5 millones de miembros activos de la Iglesia Metodista Episcopal Africana, la denominación predominantemente negra más antigua del país.

Entre los otros demandantes están la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), con más de 3.000 congregaciones; la Iglesia de los Hermanos, con más de 780 congregaciones; la Convención Bautista Hispana de Texas, que abarca alrededor de 1.100 iglesias bautistas hispanas; la Conferencia General de Amigos, una asociación de organizaciones cuáqueras regionales; la Iglesia Menonita de EE. UU., con unos 50.000 miembros; la Asociación Unitaria Universalista, con más de 1.000 congregaciones; la Sinagoga Unida del Judaísmo Conservador, con más de 500 congregaciones en EE. UU.; y las ramas regionales de la Iglesia Metodista Unida y la Iglesia Unida de Cristo.

“La magnitud de la demanda será difícil de ignorar”, afirmó Kelsi Corkran, abogada del Centro de Derecho para la Defensa Constitucional y la Protección de la Universidad de Georgetown, quien es la abogada principal de la demanda.

Añadió que antes del reciente cambio en la administración Trump, los agentes de inmigración generalmente necesitaban una orden judicial u otra autorización especial para realizar operaciones en lugares de culto y otros lugares “sensibles” como escuelas y hospitales.

“Ahora pueden ir a cualquier lugar, en cualquier momento”, declaró Corkran a la AP. “Ahora tienen amplia autoridad para intervenir rápidamente. Han dejado muy claro que quieren detener a toda persona indocumentada”.

Citó un incidente reciente en el que un hombre hondureño fue arrestado fuera de la iglesia de su familia en el área de Atlanta mientras se celebraba un servicio en el interior.

La demanda incluye detalles de algunos de los demandantes sobre cómo podrían verse afectadas sus operaciones. La Unión para el Judaísmo Reformista y los Menonitas, entre otros, indicaron que muchas de sus sinagogas e iglesias albergan bancos de alimentos, programas de comidas, refugios para personas sin hogar y otros servicios de apoyo para personas indocumentadas que ahora podrían temer participar.

Uno de los demandantes es la Red Nacional Cristiana Latina, que busca reunir a líderes latinos de diferentes tradiciones y valores para colaborar en temas sociales urgentes. El presidente de la red es el reverendo Carlos Malavé, pastor de dos iglesias en Virginia, quien describió a la AP lo que los miembros de la red están observando.

“Hay un miedo profundo y desconfianza hacia nuestro gobierno”, declaró. “Las personas temen ir a la tienda, están evitando ir a la iglesia… Las iglesias están realizando cada vez más servicios en línea porque las personas temen por el bienestar de sus familias e hijos”.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, que lidera la denominación más grande de la nación, no se unió a la demanda, aunque ha criticado la represión migratoria de Trump. El martes, el papa Francisco emitió una fuerte reprimenda al plan de deportación, advirtiendo que la eliminación forzosa de personas puramente por su estatus ilegal les priva de su dignidad inherente y “terminará mal”.

Muchos líderes religiosos conservadores y expertos legales en Estados Unidos no comparten preocupaciones sobre la nueva política de arrestos.

“Los lugares de culto son para rezar y no son santuarios para actividades ilegales o para albergar personas involucradas en actividades ilegales”, apuntó Mat Staver, fundador de la organización legal cristiana conservadora Liberty Counsel.

“Los fugitivos o criminales no son inmunes a la ley simplemente porque entran en un lugar de culto”, dijo Staver en un correo electrónico. “Esto no es una cuestión de libertad religiosa. No hay derecho a violar abiertamente la ley y desobedecer a las fuerzas del orden”.

La profesora Cathleen Kaveny, que enseña en el departamento de teología y la facultad de derecho en Boston College, cuestionó si los demandantes prevalecerían con el argumento de la libertad religiosa, pero sugirió que la administración Trump podría ser imprudente al ignorar una visión tradicional de las casas de culto como santuarios para personas vulnerables.

“Estos edificios son diferentes —casi como embajadas”, manifestó Kaveny. “Pienso en las iglesias como pertenecientes a un país eterno”.