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Juan Luna Valente

Juan Luna Valente junto a Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania. (Foto: Cortesía/Juan Luna Valente)

A raíz de las elecciones presidenciales de 2016, millones de inmigrantes indocumentados enfrentaron crecientes incertidumbre y ansiedad sobre su futuro en Estados Unidos. Las organizaciones que prestaban servicios a inmigrantes recibieron una demanda súbita de ayuda en todo el país. Desde entonces, la página web Inmigrante informado, se ha convertido  en un centro digital en el cual una red de personas ofrece la información y los consejos más actualizados y accesibles para la comunidad de inmigrantes indocumentados.

Uno de los temas en que ofrecen información es sobre lo que sucede con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia , por su acrónimo (DACA en inglés), que es una política migratoria que retrasa la deportación de las personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y no tienen documentación o un estatus legal oficial.

El programa fue implementado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, como una protección temporal mientras el Congreso aprobaba una ley de regularización migratoria. Hoy los beneficiarios de DACA cuentan con un número de seguro social y un permiso de trabajo que les permite existir administrativamente: trabajar, conducir un auto, o acceder a financiamientos para educación superior de manera legal.

Junto a su hermanita, tiene más oportunidades en la vida. (Foto: Cortesía/Juan Luna Valente)

El 13 de septiembre de 2023, el Juez del Tribunal de Distrito Hanen volvió a dictaminar que DACA es ilegal, un fallo similar fue dictado en junio de 2021. En noviembre de 2023, el caso fue apelado ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito y actualmente está en revisión.

Según datos federales, hay más de 530.000 beneficiarios activos del programa DACA al 31 de diciembre de 2023; de ellos, unos 429.000 son mexicanos.  Uno de ellos es Juan Luna Valente, nacido en el estado mexicano de Guerrero quien, llegó a Kennett Square en Pensilvania en 1995 con sus padres cuando tenía un año. Su mamá fue pizcadora de hongos en las fincas de champiñón de la localidad y su padre se dedicaba a la pintura. Juan es el mayor de seis hermanos, cinco de los cuales ya nacieron en Estados Unidos. Estudió la primaria en Kennett Square y la secundaria en Avondale. Pocos meses después de su graduación anunciaron el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia y a los 18 años envió su solicitud . “El proceso era completamente nuevo, descubrir qué se necesitaba. Me acuerdo que mandamos un paquete grueso que incluía sobre de manila lleno de documenos que incluían mi historial escolar para comprobaba mis estudios todo el tiempo en el país”.

Al lado del representante estatal Malcolm Kenyatta. (Foto: Cortesía/Juan Luna Valente)
 

Después de tres o cuatro meses supo que fue aceptado y estar en este programa cambió su vida. “Antes de DACA sentía que no tenía mucho futuro en este país. Uno se deprime y sentía que sería mejor regresar a México. Como indocumentado no hay muchos trabajos aunque era buen estudiante con mucho potencial, sentía que no podia hacer mucho”.

Ahora a los 30 años, Juan es asistente de enfermero en el  hospital pediátrico Nemours Children’s Hospital en el estado Delaware. Antes de ese trabajo, fue recepcionista bilingüe en un centro de terapia pues en aquel entonces estaba interesado en la salud mental.Recuerda cuando a los 10 años le interpretaba a su mamá durante las citas médicas de ella.

Aunque no ha participado en eventos de los beneficiarios de DACA para exigir que no se desmantele, Juan aprovecha las ocasiones para hablar de la importancia de ese programa en la vida de los jóvenes indocumentados con funcionarios gubernamentales como con el senador Robert Casey, Jr., con el representante estatal Malcolm Kenyatta y  con Chrissy Houlahan, congresista del sexto distrito de Pensilvania, entre otros.

“Mi esperanza es que la candidata presidencial Kamala Harris gane las elecciones, que se mantenga el control en el senado y pasar legislación para los que tenemos DACA, podamos recibir un camino a la ciudadanía, sería un sueño hecho realidad para mí poder votar,” concluye con firmeza.

Organizaciones de PA demandan al ICE

ICE
Sarah Paoletti, es la fundadora y directora de la Clínica Legal Transnacional en la Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Pensilvania.

Por qué introdujimos una demanda federal sobre la innecesaria y cruel detención de inmigrantes en el Valle Moshannon

Ninguna persona debe ser detenida mientras espera la decisión de su proceso migratorio. Organizaciones de PA demandan al ICE

Lo que resulta en condiciones horribles en muchos de esos centros de detención. Este es el caso del Centro de Procesamiento del Valle de Moshannon, en el condado de Clearfield, Pensilvania, donde los detenidos han sufrido insuficiente cuidado de salud física y mental, acceso extremadamente inadecuado a los servicios a quienes no hablan el idioma inglés y la discriminación rampante.

Es por esto por lo que ACLU-PA ha formado equipo con los Servicios Legales de Nueva Jersey y la Universidad de Pensilvania, Penn Carey Law Transnational Law Clinic, para introducir una demanda federal contra la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional, sobre las condiciones en Moshannon.

La demanda incluye los testimonios detallados de ocho personas. Un participante describe cómo no recibió tratamiento médico por tumores dolorosos.

Otro participante intentó suicidarse debido a una depresión y una condición médica sin tratamiento, que empeoró mientras estuvo detenido.

El personal de ICE y GEO igualmente negó tratamiento médico a otros participantes, pasándose siempre a los individuos entre el personal médico de ICE y GEO, cada uno tratando constantemente de desviar su responsabilidad de la necesidad de cuidado médico al otro.

Las mujeres participantes en la demanda describen como ellas son particularmente vulnerables en Moshannon. Viven en celdas rodeadas por población masculina en su mayoría con quienes ellas no pueden interactuar, resultando esto en limitados movimientos fuera de su unidad de vivienda. Acceso a los productos de cuidado menstrual es extremadamente restrictivo y cuidados de salud preventivos como mamografías, no son accesibles.

Mientras estas condiciones son alarmantes y preocupantes, no son únicas en Moshannon.

Moshannon es operado por el Grupo GEO, una corporación lucrativa que contrata con el Servicio de Control de Inmigracion y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para manejar los centros de detención en todo el país, Muchos de estos establecimientos han sido expuestos por sus horribles condiciones similares a las que hemos conseguido en Moshannon.

Vanessa Stine, es la abogada Principal de Derechos de los inmigrantes.

Nuestra demanda solicita al Departamento la apertura de una investigación formal y que se responsabilice al grupo GEO y a ICE por las condiciones en Mohannon.

Mientras la detención de ICE es cruel, innecesaria y no debería existir, en la medida en que ICE continúe manteniendo a personas detrás de las rejas, deben hacerlo de manera que se adhiera a las más básicas normas de dignidad y derechos.

La Oficina del Departamento de Derechos Civiles y Libertades está encargada de investigar abusos de derechos civiles en centros de detención de ICE. Es crítico que tomen un significante y robusto enfoque en esta investigación, no sólo porque los testimonios detallados de los participantes ilustran los serios y generalizados problemas que existen en Moshannon sino que también estos son los mismos problemas que la Oficina de Derechos Civiles y Libertades identificaron en sus recomendaciones de Junio del año 2023 acerca de Mohannon.

A pesar de esas recomendaciones, nuestra demanda es la primera vez que el público tiene la imagen completa de las horríficas condiciones en Moshannon. Esto es porque el departamento no hace públicas sus recomendaciones donde ICE no está de acuerdo con ellos. Esta falta de transparencias es la razón por la que nuestra demanda solicita al departamento, al finalizar su investigación, que provea un récord completo y público de sus hallazgos y recomendaciones.

Nuestros clientes detenidos han enfrentado horrores inimaginables. Como compartió uno de nuestros clientes, José, “no desearía a nadie lo que tuve que pasar en Moshannon debido a las condiciones allí, la manera como fui tratado y el racismo que experimenté. A pesar de que estoy detenido por ICE, soy un ser humano.

Los centros de detención ICE no deberían existir, No hay una buena razón para mantener a una persona encerrada mientras ellos manejan la maquinaria de inmigración de Estados Unidos. Pero mientras lo hacen, nuestros clientes y las decenas de miles de inmigrantes que son detenidas todos los días por ICE en todo el país merecen ser tratados con dignidad y respeto.

Vanessa Stine, es la abogada Principal de Derechos de los inmigrantes y Sarah Paoletti, es la fundadora y directora de la Clínica Legal Transnacional en la Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Pensilvania.

Lo que NO dijo Kamala Harris: Noticias falsas vs hechos. El uso de la IA en la campaña electoral

Monitores de computadoras y una laptop muestran la página de inicio de sesión de X, antes conocido como Twitter, el 24 de julio de 2023, en Belgrado, Serbia. (Foto: AP/Darko Vojinovic/ Archivo)

El ex-presidente Trump pasó buena parte de su campaña electoral de 2016 y de su presidencia hablando de “fake news” (noticias falsas). Un término poco conocido hasta entonces.

Para evitar la diseminación de contenidos falsos (y/o disuadir de la imputación maliciosa de los mismos) se estableció un proceso de verificación de hechos (“fact–checking”). Este proceso consiste en la verificación de la exactitud de informes y declaraciones cuestionadas. A veces se realiza a priori, otras a posteriori. En ocasiones es un proceso interno, antes de emitir declaraciones y en otras, externo y realizado por terceros.

Con la evolución tecnológica hemos pasado en tan solo ocho años de las “fake news” a la “deepfake” (uso de inteligencia artificial –IA– para producir videos, imágenes o audio manipulados digitalmente para que se asemejen a la voz y a la imagen de otra persona).

Esta será una fuente más de desinformación a identificar y evitar de aquí en adelante. Por supuesto la campaña electoral 2024 por la presidencia de los Estados Unidos no se libra de este tipo de desinformación.

En días pasados Elon Musk retwiteó en su cuenta personal de X, un supuesto anuncio político de la campaña de Kamala Harris. Mientras que en el tweet original se indicó que se trataba de una parodia, en el retweet de Musk se omitió este detalle. Los seguidores de la cuenta de X del magnate vieron la imagen y escucharon la supuesta voz de Kamala Harris, compartiendo ideas “bastante chocantes” sobre ella misma y su campaña.

Nada de esto es cierto. Kamala Harris no hizo esas declaraciones, ni el resto de comentarios del vídeo. Su voz y su imagen fueron alteradas. El vídeo es una parodia pero ha tenido millones de visionados. Pero muchos de los que lo vieron, creen Kamala Harris dijo lo que allí se ve y escucha.

¿Cuántos de los millones de personas que vieron el retweet de Musk fueron conscientes de que veían una parodia? Musk no lo avisó (sí lo hizo el autor del tweet original que lo identificó como “anuncio-parodia” y al que Musk retweeteó omitiendo ese detalle).

Lo curioso es que compartir tweets como el que diseminó el propietario del antiguo Twitter, va en contra de la propia política de su compañía X, donde no se permite difundir contenidos manipulados engañosos o que lleven a engaño.

La tecnología va por delante de la ley y la ausencia inicial de normativa legal ha hecho que el mal uso de la IA también en las campañas electorales sea una realidad en aumento.

El peligro del uso malicioso de la IA ya no es una historia de ciencia ficción sino una realidad utilizada de forma cada vez más frecuente. La IA generativa es cada vez más asequible. Como consecuencia la creación de “deepfakes” que nos convenzan es más barata y sobre todo rápida.

Aunque La Ley de Campaña Electoral Federal de los Estados Unidos del año 1971 prohibe calumniar a candidatos y/o a partidos políticos, o publicar información tergiversada y por tanto, en su espíritu si se recoge que está en contra de todo lo que el “deepfake” representa; es aún más cierto, que dado que esta normativa tiene más de medio siglo, no menciona ni regula expresamente el fenómeno deepfake y aún menos su uso en las campañas electorales.

En octubre de 2023 el Centro para la Democracia y la Tecnología (“Center for Democracy and Technology”) se sumó a la organización Public Citizen presentando una petición a la Comisión Federal Electoral (FEC) para que considerase cómo podría limitar las tergiversaciones fraudulentas en las comunicaciones electorales mediante el uso de medios generados por IA”.

En el caso que nos ocupa y frente a posibles repercusiones legales, Musk se ha defendido diciendo que consultó a un supuesto experto legal mundial antes de compartir el vídeo con la parodia y que este le dijo que “la parodia es algo legal en Estados Unidos”.

Lo cierto es que personajes como el presidente Biden, el ex-presidente Trump o el doctor Fauci tampoco se han librado de ser víctimas de “deepfakes”, como señaló hace un año NPR cuando el entonces candidato Ron DeSantis incluyó en su campaña una imagen de un supuesto abrazo entre Trump y Fauci.

Mientras la ley regule seriamente este asunto y aunque lo haga, nos queda el pensamiento crítico. Si ve, escucha o lee algo que le parece chocante, raro o extraño no lo crea porque sí, profundice y contraste con medios y personas de reputada trayectoria y solvencia.

No todo lo que nos digan que alguien dijo, fue realmente dicho. La vídeo-parodia de Kamala Harris es una buena prueba de ello. Hay que aplicar el pensamiento crítico y el “factchecking” a todo lo que escuchemos en los mítines, debates, anuncios, etc. en esta campaña electoral. Cribar la buena información de la desinformación y reconocer a quien comparte y disemina la primera, otorgándole el olvido a quien se dedica a practicar la segunda debe convertirse en una práctica habitual.

Como siempre, la decisión, y el pensamiento crítico es algo personal y necesario. Su voto cuenta. ¡Hágase oír!

Fears of economic recession are overstated

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(Photo: EFE/JOHN TAGGART)

TV pundits are in a frenzy over the current Wall Street sell-off. The panic in the financial sector accelerated after the Bureau of Labor Statistics released July employment numbers, showing that 114,000 jobs were added to the U.S. economy, falling short of the nearly double that figure that was expected.

Let’s put things in perspective. Employment forecasts have been inconsistent over the past two years, predicting a recession that never materializes. Strong employment is supposedly why the Federal Reserve is continuing to hike interest rates. However, the real reason is their desire to increase unemployment to discipline a labor force that is rapidly growing in strength, unionizing, and finally achieving real wage gains.

The alarms on Wall Street are more of a political maneuver to pressure the Fed to lower interest rates in the coming months. The financial sector is finally realizing that the Fed has gone too far with its rigid rate hikes.

Several factors could explain the changes in unemployment: frictional unemployment (people temporarily leaving jobs to look for new ones), 4 million youths turning 18 this year, and temporary layoffs of 249,000 workers in July.

According to the Bureau of Labor Statistics, in July, the unemployment rates for adult men (4.0 percent) and Whites (3.8 percent) increased. Meanwhile, the rates for adult women (3.8 percent), teenagers (12.4 percent), Blacks (6.3 percent), Asians (3.7 percent), and Hispanics (5.3 percent) showed little or no change over the month.

External political pressures on the Fed will only intensify. The Biden Administration cannot tolerate an economic downturn close to the November elections. It’s time for the Fed to reconsider its approach.

Los temores de una recesión económica son exagerados

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(Foto: EFE/JOHN TAGGART)

Los expertos de la televisión están frenéticos por la actual ola de ventas en Wall Street. El pánico en el sector financiero se aceleró después de que la Oficina de Estadísticas Laborales publicara las cifras de empleo de julio, que muestran que se agregaron 114.000 puestos de trabajo a la economía estadounidense, cifra que se quedó corta en casi el doble de la esperada.

Pongamos las cosas en perspectiva. Las previsiones de empleo han sido inconsistentes durante los últimos dos años, prediciendo una recesión que nunca se materializa. Se supone que el alto nivel de empleo es la razón por la que la Reserva Federal sigue subiendo las tasas de interés. Sin embargo, la verdadera razón es su deseo de aumentar el desempleo para disciplinar a una fuerza laboral que está creciendo rápidamente, sindicalizándose y finalmente logrando ganancias salariales reales.

Las alarmas en Wall Street son más bien una maniobra política para presionar a la Reserva Federal para que baje las tasas de interés en los próximos meses. El sector financiero finalmente se está dando cuenta de que la Reserva Federal ha ido demasiado lejos con sus rígidas subidas de las tasas. Varios factores podrían explicar los cambios en el desempleo: desempleo friccional (personas que abandonan temporalmente sus trabajos para buscar otros nuevos), 4 millones de jóvenes que cumplen 18 años este año y despidos temporales de 249.000 trabajadores en julio.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, en julio, las tasas de desempleo de los hombres adultos (4,0 por ciento) y los blancos (3,8 por ciento) aumentaron. Mientras tanto, las tasas de las mujeres adultas (3,8 por ciento), los adolescentes (12,4 por ciento), los negros (6,3 por ciento), los asiáticos (3,7 por ciento) y los hispanos (5,3 por ciento) mostraron poco o ningún cambio a lo largo del mes.

Las presiones políticas externas sobre la Reserva Federal solo se intensificarán. La Administración Biden no puede tolerar una recesión económica cerca de las elecciones de noviembre. Es hora de que la Reserva Federal reconsidere su enfoque.

Yes, Puerto Rico deserves to have an Olympic team and, of course, the status of U.S. statehood would end it

Puerto Rico
El puertorriqueño Ayden Owens-Delerme compite en el evento de lanzamiento de disco del decatlón olímpico, el sábado 3 de agosto de 2024, en Saint-Denis, Francia. (Foto: AP/Matthias Schrader)

All Puerto Ricans have a story about how the average American – including fellow Americans of Latin American and Caribbean descent – remain misinformed about the colonial status of Puerto Rico.

In the case of Puerto Rico’s participation in the Olympic Games, a simple social media search will show how confused and misinformed so many people are of Puerto Rico and its national identity. Some will wonder why Puerto Ricans are not “eligible” for Team USA Olympic competition (not true; we are). Others don’t think the current Puerto Rican Men’s and Women’s National Basketball Team – both of whose rosters had many Puerto Ricans who were raised in the United States – were some sort of illegitimate roster of “fake” Boricuas. If Puerto Rico “should be” or “want to be” a U.S. state, how could they have an Olympics team?

Let me explain why Puerto Rico absolutely deserves and should always have participation in all international competition, including the Olympics – and how becoming a U.S. state would end Puerto Rico’s participation.

For decades, Puerto Ricans and the average American have not been given straight talk about the cold reality of Puerto Rico’s colonial reality. Before I was born and through most of my life, it was polite or proper to label Puerto Rico a “Commonwealth,” unEstado Libre Asociado” or a “territory.” Until recently, using the correct word “colony” to describe the relationship between the overseer United States and the archipelago of Puerto Rico was like using a profanity in church. Now, even pro-statehood party advocates begrudgingly use the “c-word.” Indeed, “colony” is the correct word. Since the days of the Taino losing ground to Spanish conquistadors and the U.S. military invading Guánica, Puerto Rico in 1898 — it has always been the right word to describe the situation. The United States owns Puerto Rico by law.

Despite this colonial status, Puerto Rican sports and administrative leadership have tenuously maintained Puerto Rico’s development in international athletic competition. If you read “The Sovereign Colony” by Antonio Sotomayor, you will learn Puerto Rico first sent a delegation to Cuba and Central America in the 1930s, then sent its first Olympic team to the 1948 London Games. In an act of defiance, the London Games flag bearer Miguel Barasorda insisted carrying the Puerto Rican flag instead of a Spanish colonial-era code of arms in the opening ceremonies. Since then, Puerto Rican athletes have represented Puerto Rico in every Summer Olympics since (except for the 1980 Summer Olympics in Moscow – because the United States boycotted and prevented Puerto Rico from taking part).

In addition, due to the mix of birthright U.S. citizenship and sports sovereignty, Puerto Ricans are eligible for either the United States or Puerto Rican Olympic Team. Island-born athletes such as the late Jose “Chequi” Torres (boxing) and Gigi Fernandez (tennis) have won medals for Team USA. Athletes of Puerto Rican heritage like Laurie Hernandez (gymnastics) and Carmelo Anthony (basketball) have worn the Stars and Stripes as well. Island-born Boricuas like Monica Puig (tennis) and U.S.-born Puerto Ricans like Jasmine Camacho-Quinn (track and field) have won medals for Puerto Rico. Just as Philadelphia 76ers star Joel Embiid earned the right to choose between playing for Team USA and his native Cameroon in the Olympics, those of Puerto Rican heritage rightfully have the same choice.

To those who find it contradictory that statehood is considered by some Puerto Ricans yet the archipelago participates at the Olympics – you have a point. Too many pro-statehood advocates flat out lie or fail to realize that if Puerto Rico becomes the 51st State, no, Puerto Rico cannot have their Olympics cake and eat it too. Despite unfounded or weak arguments to the contrary, the United States has never allowed a U.S. state – say, Texas or Hawaii – to take part in the Olympics separate from Team USA.  Some point to the Amateur Sports Act passed by President Jimmy Carter in 1978 as legal proof a state cannot participate separately in Olympic competition; some statehood advocates argue the revision of this act in 1998 could pave the way for Puerto Rico to be grandfathered in to maintain an Olympic team. Regardless, the reality is on your television or smart phones right now. Do you see a delegation from “the Lonestar State of Texas” in Paris? Does the state of Hawaii have a surfer wearing their state’s name on his or her chest? No. A U.S. state has never had its own Olympic team and realistically never will.

To see how Puerto Rico can maintain and grow its international sports participation, look no further than its own history and the struggles of independent nations and small sovereign entities like Ireland, Jamaica, the Dominican Republic, South Sudan and others in Paris right now. For pro-statehood advocates to be honest with their fellow Puerto Ricans, they will inevitably have to admit this celebration of Puerto Rican excellence and pride would all end under their preferred political status.

Michael Collazo is CEO of Dahday, LLC and a member of Philly Boricuas. You can follow him on X (formerly Twitter) @mcollazo215.

Abinader presentará reforma constitucional el mismo día de su investidura

Abinader
Fotografía de archivo del presidente dominicano, Luis Abinader. (Foto: EFE/Orlando Barría)

Impedir modificaciones a las reglas de elección presidencial (limitada a dos mandatos consecutivos), consolidar la independencia del Ministerio Público, reducir el número de diputados y unificar la celebración de elecciones son los ejes de la propuesta de reforma constitucional que Luis Abinader presentará el mismo día de su toma de posesión como jefe de Estado dominicano el 16 de agosto, según anunció a principios de semana.

En su rueda de prensa semanal, Abinader dijo que la reforma de la Constitución -una iniciativa que aparecía incluida en su programa para los comicios del 19 de mayo- no es «una reforma coyuntural impulsada por necesidades político-partidarias o aspiraciones individuales», sino que está «pensada para el beneficio de la colectividad» y para consolidar los principios de democracia, transparencia e institucionalidad, como «un blindaje a la democracia».

«El poder ha decidido ponerse límites (apartando de la política futura) la posibilidad de modificar la Constitución una y otra vez en beneficio propio, para permitir al presidente de turno mantenerse en el poder», subrayó Abinader, para quien ha quedado «demostrado que la regla constitucional actual, que establece la posibilidad de servir por dos periodos consecutivos y nunca más, es la adecuada a nuestra realidad política».

Otro de los ejes de esta iniciativa, resultado de «rondas continuas y sucesivas de trabajo y de diálogo», es la consolidación de un Ministerio Público (Fiscalía) independiente, por lo que quiere incluir en la Constitución un mecanismo de elección que permita a esta instancia ejercer sus funciones «sin injerencias políticas y con total imparcialidad», así como con «transparencia y equidad y para erradicar la impunidad que ha debilitado nuestras instituciones en el pasado».

En cuanto al plan de unificar la celebración en un mismo día de los comicios municipales, legislativos y presidenciales, Abinader señaló que ello responde a «la necesidad de optimizar los recursos y fortalecer la eficiencia del proceso», al tiempo que busca reducir la fatiga electoral de la ciudadanía y promueve una mayor coherencia en la toma de decisiones por parte de los votantes, quienes podrán manifestar su voluntad «de manera clara en un solo evento».

Abinader también desea reducir de 190 a 137 el número de diputados en el Congreso Nacional a partir de 2032, en busca de un Legislativo «más operativo, donde el debate sea más dinámico y la capacidad de generar consensos sea más efectiva».

Ello, añadió, contribuirá además a un uso más eficiente de los recursos públicos, lo que permitirá que esos fondos se redirijan a otras áreas prioritarias.

Abinader, reelegido en mayo pasado para un segundo mandato, y su vicepresidenta, Raquel Peña, tomarán posesión el 16 de agosto en Santo Domingo, un acto que contará con la presencia de al menos 14 jefes de Estado o de Gobierno.

Entre los mandatarios que han confirmado su asistencia están el rey de España, Felipe VI; los presidentes de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento; Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña Palacios; Panamá, José Raúl Mulino Quintero; Guatemala, Bernardo Arévalo; Surinam, Chandrikapersad Santokhi; Guinea Bissau, general Umaro Sissoco Embalo; Guyana, Mohamed Irfaan Ali; Colombia, Gustavo Petro Urrego, y Uruguay, Luis Lacalle Pou.

Asimismo, participarán en el acto el gobernador general de Antigua y Barbuda, Rodney Williams; el primer ministro de Belice y ministro de Finanzas, Desarrollo Económico, Inversiones e Inmigración, John Briceño, y el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.

Anuncian inversión de 720 millones para 20 proyectos de energía

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El gobernador, Pedro Pierluisi. (Foto: EFE/Archivo)

El gobernador, Pedro Pierluisi, anunció esta semana una inversión de 720 millones de dólares para el desarrollo de 20 proyectos de energía bajo el Programa de Fiabilidad y Resiliencia de la Energía Eléctrica (ER2, por sus siglas en inglés).

«Hemos sido eficientes para agilizar los proyectos de reconstrucción de nuestra infraestructura; sin duda, una de las áreas más importantes para nuestro desarrollo socioeconómico, y a la vez la más compleja, es nuestra infraestructura de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica», destacó Pierluisi en un comunicado.

El programa ER2 financia proyectos que abarcan generación centralizada de energía, fuentes de energía distribuida, microrredes y tecnologías habilitadoras para la integración de renovables o recursos de energía distribuida.

«Estamos inmersos en el desarrollo de los proyectos de mejoras a la red eléctrica y reparaciones a las plantas generatrices, con más de 210 proyectos en etapa de construcción y cerca de 40 proyectos en diseño, para una inversión combinada de más de 2.400 millones con fondos de FEMA», agregó el gobernador, acompañado del secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez.

Por otro lado, el ER2 reserva más de 1.300 millones de dólares de los fondos CDBG-DR para el desarrollo e interconexión de proyectos de generación eléctrica.

De esta partida, se han destinado, aproximadamente, 730 millones de dólares para un proceso competitivo que subvencione proyectos que adelantan la meta de unificar esfuerzos para crear diversas fuentes de generación de energía y almacenamiento.

En este proceso han participado entidades públicas y privadas, sin fines de lucro y con fines de lucro.

«Esta subvención proveerá un 100 por ciento de financiamiento para proyectos de entidades públicas y un 60 por ciento para proyectos de entidades privadas», explicó Pierluisi.

Los proyectos seleccionados incluyen: tres provienen de entidades públicas o municipales, 15 de entidades privadas con fines de lucro, una de una entidad privada sin fines de lucro y otra de una organización no gubernamental.

De la cantidad estimada de inversión de los fondos CDBG-DR, 71,4 millones de dólares serán utilizados para proyectos municipales, 634 millones para entidades privadas con fines de lucro, 9,4 millones de dólares para la entidad privada sin fines de lucro y 4,9 millones para la entidad no-gubernamental.

Los proyectos preseleccionados recibirán una subvención del 100 por ciento para entidades públicas y del 60 por ciento para entidades privadas.

Los proyectos seleccionados representan un avance significativo en la estabilidad energética de la isla, en línea con los objetivos de la Ley Pública de Energía de Puerto Rico, que establece metas de 40 por ciento de energía renovable para 2025 y 100 por ciento para 2050.

A partir de septiembre, se solicitarán a las 20 entidades elegidas, los Planes de Ejecución de Proyectos y Análisis de Viabilidad, y los proyectos que superen estas revisiones pasarán a la ejecución de los acuerdos de subvención.

«Con estos proyectos estamos dando otro paso hacia adelante a favor de la resiliencia energética de nuestra isla. Estos proyectos van a mejorar nuestra infraestructura eléctrica y son parte de una amplia gama de proyectos de vivienda y de revitalización que se están financiando con los fondos CDBG-DR y CDBG-MIT», zanjó el mandatario.

Abordan la creciente indigencia de menores

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(Foto: Archivo)

Miembros del Comité de Educación del Concejo Municipal de Filadelfia, realizaron una audiencia el 31de julio en relación con el aumento de indigencia entre jóvenes de la ciudad. Por varias horas hicieron preguntas a funcionarios y empleados del Distrito Escolar de la ciudad.

El concejal Isaiah Thomas es el presidente y Anthony Phillips, el vicepresidente del Comité de Educación integrado también por los concejales Mark Squilla, Jamie Gauthier, Quetcy M. Lozada, Nina Ahmad y Kendra Brooks. La audiencia tuvo lugar en el centro juvenil de baloncesto Alan Horwitz, “Sixth Man,” de la ciudad

Según las estadísticas del Distrito Escolar del 17 de agosto de 2023, hay 8,383 niños y jóvenes indigentes en el año escolar 2023 y ha habido un incremento del 7% desde 2019.

Durante la audiencia se habló de la ley federal, McKinney-Vento Homeless Assistance Act fue creada para apoyar la matriculación y educación de estudiantes indigentes. 

Está destinada para proveer a esos estudiantes con las mismas oportunidades educacionales como las que tienen estudiantes que cuentan con una vivienda, así como eliminar el mayor número de barreras para el aprendizaje como sea posible para estos estudiantes. Esta ley requiere que los distritos escolares identifiquen y provean servicios a estudiantes que no tengan una vivienda hasta los 21 años. Para cumplir con esos requisitos cada escuela tiene una persona de enlace y casi siempre se le asigna esa función a un consejero. Además de esos enlaces las 20 escuelas comunitarias designadas tienen un coordinador que provee servicios a las familias.

Durante la pandemia del COVID-19, se destinaron $4.5 millones fondos de la ley pública American Rescue Plan Act (ARPA) de 2021, con los cuales el Distrito contrató a cuatro miembros de personal con base en las escuelas en su oficina de educación para niños y jóvenes que sufren indigencia.

Por otra parte, el programa estatal de educación para niños y jóvenes indigentes por su acrónimo en inglés ECYEH, fue establecido para asegurar que la juventud indigentes tenga acceso a educación pública gratuita y adecuada mientras que se eliminan las barreras que enfrenta este sector. Su meta es que el proceso educativo continúe con el menor número de interrupciones mientras los niños y jóvenes no tienen un lugar dónde vivir.

El Programa dio servicios a más de 10,000 estudiantes durante el año escolar 2022-23. Según el ECYEH, aproximadamente el 6% de todos los estudiantes de escuelas públicas de Filadelfia no tienen una vivienda estable, lo cual es preocupante para los miembros del Comité de Educación del Concejo Municipal de Filadelfia.

El presidente de ese Comité, Isaiah Thomas y otros concejales indicaron que organizarán más audiencias sobre este problema social.

Stomach Problems Can Be COVID-19

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Por lo general, si sus problemas estomacales se deben a una intoxicación alimentaria o algo menor, debería sentirse mejor en 48 horas (Foto: Andrea Piacquadio/Ilustrativa/ Pexels)

When we think of common COVID-19 symptoms, what most often comes to mind are a cough, a fever, body aches or exhaustion, the usual flu-related symptoms. However, gastrointestinal or stomach issues can also indicate COVID-19 infection. We just do not talk much or hear a lot about this side of COVID-19, for whatever reason. I think we tend to keep these kinds of struggles, many of them bathroom-related, private.

It is estimated that around 1 out of every 5 people who test positive for COVID-19 had at least one gastrointestinal symptom. When the virus enters the body, it attacks cells in your airways, but researchers think it also can harm the cells in your digestive tract and liver.

Markers of stomach upset associated with COVID-19 can include losing your appetite, diarrhea, nausea, vomiting, and stomach pain. It can sometimes feel more like a nasty case of food poisoning, where symptoms last for several days. If you have these symptoms, it does not necessarily mean you have COVID-19, but you should pay attention and test yourself for COVID-19. If you are feeling sick with stomach upset, be sure to drink a lot of fluids to avoid dehydration. You can also eat bland foods, like toast, applesauce, white rice, oatmeal, boiled or baked potatoes or bananas. These foods help to replenish carbohydrates and can help limit your need to use the bathroom.

Usually, if your stomach problems are because of food poisoning or something more minor, you should feel better within 48 hours. If you don’t, you should call your doctor as it could be an early sign of COVID-19. If you have signs of severe dehydration, like dark urine, dizziness, dry mouth, if you have bloody diarrhea, severe stomach pain or if you are feverish, seek medical care immediately.

COVID-19 infection can be different in each person, which is why it makes it tricky to monitor and diagnose. Sometimes, individuals sick with COVID-19 may report stomach symptoms and no respiratory symptoms. Other times, the stomach problems show up first, followed by the usual respiratory issues.

The new “FLiRT” variants of COVID-19 are causing a summer surge of cases, where people are reporting both respiratory and stomach symptoms. As always, the best way to prevent COVID-19 (and the stomach issues that may come with it), is to stay up to date with your COVID-19 vaccines. Social distancing, cleaning with disinfectant, handwashing, and masking are also helpful.