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Graves inundaciones y cortes de luz generalizados en Puerto Rico debido a Ernesto

Fotografía de una bandera puertorriqueña y un columpio colgados de un árbol durante el paso del huracán Ernesto, en la desembocadura del río Hernández, este miércoles en Loiza, Puerto Rico. EFE/Thais Llorca

Puerto Rico sufrió este miércoles graves inundaciones y cortes generalizados de luz debido a las copiosas lluvias que trajo la tormenta tropical Ernesto, que se convirtió en huracán categoría 1 al pasar al norte de la isla.

Las precipitaciones provocaron que todos los ríos de la isla quedaran «cerca o sobre su nivel de desbordamiento», según dijo en rueda de prensa el meteorólogo Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

La agencia meteorológica advirtió desde el inicio de la jornada de inundaciones repentinas en la mayor parte de Puerto Rico y pronosticó acumulaciones totales de lluvia de entre 6 y 10 pulgadas (15-25 centímetros).

Las inundaciones obligan a desalojos

Una de la zonas más afectadas fue la norteña Toa Baja, en la desembocadura del río La Plata, donde las autoridades tuvieron que desalojar a varias familias debido a que el agua llegó a las viviendas de barrios como San José.

El inspector Robert Ramos Rosario, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Bayamon, explicó a EFE que se cerró la carretera 2 por seguridad de los ciudadanos a causa del desbordamiento del río.

«Cada vez que hay un evento atmosférico esto ocurre porque el río viene desde la zona montañosa de Barranquitas, Comerío, Cayey y Naranjito, y desemboca aquí», lamentó.

Una de las personas que no pudo cruzar fue Arsenio Inocencio Frías, empleado de la Vaquería Los Nevarez, quien intentó desafiar la seguridad policial y tomar un tramo más corto para atender a las 300 vacas que tiene que ordeñar dos veces al día.

«Tengo que llegar», dijo a EFE Frías, quien aseguró que en el área estas inundaciones «han pasado bastantes veces».

Debido a que se abrieron cuatro compuertas de la represa La Plata, el personal de Manejo de Emergencias de Toa Baja orientó a la ciudadanía a desalojar el área del pueblo y los barrios de Toaville, San José, Campanilla y Monserrate.

También el municipio de Añasco emitió una orden de desalojo para los barrios de Miraflores, Espino, Cidra, Pozo Hondo, Corcovada Abajo y Playa debido a la amenaza inminente de inundaciones que representa el río Grande.

Otros ríos fuera de su cauce fueron Fajardo, Blanco, Jacaguas e Inabón. Las aguas de estos últimos invadieron la carretera PR-1 y la pista del Aeropuerto Internacional de Mercedita en Ponce.

Decenas de carreteras quedaron asimismo bloqueadas debido a las inundaciones, los deslizamientos de tierra y la caída de árboles y postes del tendido eléctrico.

La mitad de la isla a oscuras

Las lluvias y las fuertes ráfagas de viento tuvieron su efecto en la débil red eléctrica de la isla. Un total de 734.645 clientes, el 50.04 %, están sin luz a las 17:00 hora local (21:00 GMT), según los datos de la empresa LUMA Energy.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, urgió en conferencia de prensa acción a LUMA Energy, aunque reconoció que es «difícil» saber cuando se restaurará el servicio ya que los operarios están ahora en la calle evaluando los daños.

«Le he pedido directamente al presidente de LUMA que se restaure el servicio a la brevedad posible. Obviamente, las brigadas están en la calle y hay una diferencia en cuando se ha caído una línea, a cuando meramente la vegetación ha tocado una línea y afectó el servicio y el sistema se protegió», indicó.

No hay problemas en las plantas de generación de energía, así que se espera que una vez que LUMA determine que no hay daños en la línea se vaya restableciendo el servicio a los clientes.

La falta de electricidad también afectó a plantas o bombas del servicio de suministro de agua potable, lo que dejó a 304.575 abonados (el 23 %) sin servicio, de acuerdo a los últimos datos disponibles.

En cuanto al transporte aéreo, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Puerto Rico retomó pronto las operaciones aéreas, pero la tormenta provocó la cancelación de al menos 145 vuelos entre hoy y ayer.

Ante los daños causados por Ernesto, el presidente estadounidense, Joe Biden, firmó este miércoles una declaración de emergencia para ayudar a Puerto Rico.

El objetivo es brindar el apoyo adecuado a los 78 municipios del Estado Libre Asociado a EE.UU. para «salvar vidas, proteger la propiedad, seguridad y salud pública y minimizar o prevenir la amenaza de una catástrofe».

Más de 1.300 reclusas en México reciben una segunda oportunidad para la reinserción social

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El director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en México, Jene Thomas, habla durante una rueda de prensa este miércoles en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

Ciudad de México.- Más de 1.300 mujeres privadas de la libertad en 11 reclusorios (cárceles) de México recibieron una segunda oportunidad para reinsertarse en la sociedad y mejorar su calidad de vida, según el informe de la organización La Cana y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), presentado este miércoles.

El objetivo del programa ‘Conciencia y oportunidades para mujeres privadas de la libertad’ es promover la reinserción social de mujeres de 18 a 29 años, a través del desarrollo de habilidades laborales, bienestar emocional y buenas prácticas penitenciarias, expuso la directora de La Cana, Daniela Ancira.

«Creemos firmemente en las segundas oportunidades, y aunque enfrentamos muchos retos, las recompensas han sido mucho mayores», comentó.

Chío, de 27 años, quien salió hace cuatro meses de prisión, donde estuvo recluida por defender su vida y la de su pareja de un ataque homofóbico, compartió que ahora está por terminar el bachillerato y quiere estudiar Derecho «para ayudar a otras personas».

«La Cana me cambió la vida totalmente, porque sinceramente yo pensé que no iba a salir nunca», expresó la joven que pudo visibilizar su caso en el pódcast ‘Penitencia’, lo que le ayudó a obtener su libertad.

Recordó que cuando llegó al penal estaba «muy mal, con golpes, triste» y todos la señalaban, excepto en los talleres de la organización que le ayudaron a adquirir habilidades, como la informática y la cerámica, pero sobre todo fortalecieron su salud mental y emocional.

«No hubo una sola persona que me señalara (…) la ONG me vio desde que llegué y hasta ahora no me han soltado», contó sobre el apoyo emocional y psicológico que aún recibe de la organización.

Según el informe del programa, de las más de 1.300 mujeres impactadas, un 70 % mejoró sus habilidades laborales y un 71 % disminuyó síntomas de ansiedad.

Además, la organización ha logrado mantener una tasa de reincidencia en 3 %, cuando el promedio nacional es de 20 %.

«Nos hacían ver que valíamos como personas»

Sin embargo, logró conseguir un trabajo con el apoyo de la ONG, cuyos talleres le «ayudaron bastante a ver la vida de otra manera», destacó.

«Pensé que no merecía una segunda oportunidad cuando llegué a prisión, pero en los talleres nos hacían ver que valíamos como personas, porque muchas veces ahí dentro sientes que no vales nada», expresó.

Luego de tres años desde su implementación, el programa ha logrado expandirse a cinco estados del país, en los reclusorios Ecatepec Barrientos, Chalco, Nezahualcóyotl Bordo, Nezahualcóyotl Sur, Texcoco y Santiaguito, en el Estado de México; Santa Martha Acatitla y Tepepan, en la Ciudad de México, y en los penales de estados como Querétaro, Zacatecas y Coahuila.

Jene Thomas, director de USAID en México, celebró el impacto del proyecto y su «alta sostenibilidad» que ha permitido replicar el modelo bajo el liderazgo de las mujeres.

“Hoy en el país tenemos muchísimas mujeres, desde la sociedad civil hasta la primera mujer presidenta, que están mostrando cómo las mujeres pueden liderar proyectos de importancia», resaltó.

State, local officials failed 12-year-old Pennsylvania girl who died after abuse, lawsuits say

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(Photo: Illustrative/Pexels)

PHILADELPHIA. — The state, two counties and different schools missed warning signs and failed to protect a 12-year-old Pennsylvania girl who was suffering abuse at her home before she died in May, according to lawsuits filed Wednesday by the girl’s family.

Malinda Hoagland’s half sisters filed suits in Pennsylvania state court as well as in federal court alleging that the defendants negligently missed red flags, including that the girlfriend of Malinda’s father who was helping care for the girl had a previous child abuse conviction.

Malinda’s father, Rendell Hoagland, and the woman, Cindy Warren, are facing murder and other charges stemming from the May death of Malinda in Chester County in suburban Philadelphia. Attorneys are not listed for the pair.

“The civil claims seek to ensure that full and complete accountability will be achieved for the heinous actions of the educators, case workers, and institutions who all failed Malinda miserably,» the half sisters’ attorney, Tom Bosworth, said in a statement.

The suit mentions tragic treatment, including that she was chained to an air hockey table, denied food, forced to hold books over her head and do pushups. She was regularly berated and covered it bruises, the suit said.

The Chester County district attorney’s office arrested Rendell Hoagland and Warren after they reported Malinda was unresponsive in May. She was taken to the hospital, where staff found she had broken bones and bruising all over her body, according to prosecutors.

The state and Chester and Monroe counties are named in the federal suit as well as Upper Dublin and Coatesville Area school districts. The state suit names Commonwealth Charter Academy. Messages seeking comments were left with the defendants.

The state attorney general’s office said in an email it was reviewing the suit and would not comment. Chester County declined to comment. An official with Monroe County said questions were forwarded to another official.

Exjefes de Gobierno rechazan que Brasil, Colombia y México «toleren dictadura venezolana»

gobierno
Un grupo de 32 exjefes de Estado cargaron este miércoles contra los Gobiernos de Brasil, Colombia y México por sumarse al "propósito del dictador" Nicolás Maduro de "mantenerse en el poder", lo que resulta "escandaloso" y significa un "verdadero atraco al derecho democrático interamericano". (Foto: EFE/Luis Eduardo Noriega Arboleda)

Un grupo de 32 exjefes de Estado cargaron este miércoles contra los Gobiernos de Brasil, Colombia y México por sumarse al «propósito del dictador» Nicolás Maduro de «mantenerse en el poder», lo que resulta «escandaloso» y significa un «verdadero atraco al derecho democrático interamericano».

Los exmandatarios, que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), alertaron además de que Maduro pretende incluso promover nuevas elecciones, una acción que «anularía la voluntad popular ya expresada de manera inequívoca» en las urnas el pasado 28 de julio.

Semejante acción, prosigue IDEA, desconocería la «derrota incuestionable de la dictadura de Maduro», como lo corroboran los informes técnicos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Centro Carter.

Se refiere además este grupo al informe de un panel de expertos de la ONU que reconoce que las actas de la oposición «exhiben todos los dispositivos de seguridad de los protocolos originales de los resultados» electorales.

Mientras que el anuncio del resultado realizado por el Consejo Nacional Venezolano (CNE), que proclamó ganador a Maduro «sin la divulgación de resultados tabulados a los candidatos, no tiene precedentes en elecciones democráticas contemporáneas».

A juicio de los exjefes de Gobierno, la ONU y la OEA han establecido que la Administración de Justicia en Venezuela «carece totalmente de independencia e imparcialidad y es cómplice necesaria en los crímenes de lesa humanidad que hoy conoce la Corte Penal Internacional».

Denunció IDEA que ya suman miles los prisioneros y desaparecidos, con un número importante de asesinatos y torturas a raíz de las pasadas elecciones presidenciales.

Sostiene que «la dictadura venezolana» pretende, además, «diluir las responsabilidad jurídica de quienes falsificaron los resultados electorales» mediante la intervención del Poder Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, la cúpula de la Fuerza Armada y el Ministerio Público.

«De tolerar los mencionados gobiernos los planes del dictador venezolano y sus poderes públicos coaligados comprometen el respeto al comportamiento democrático universal y lo hacen ante sus propias naciones», destaca el comunicado de IDEA.

El proclamado triunfo de Maduro por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para un tercer mandato consecutivo ha sido rechazado y calificado de «fraude» por la oposición mayoritaria y cuestionado por varios Gobiernos extranjeros y grupos de veeduría internacional

La declaración fue firmada por los expresidentes de Costa Rica Óscar Arias, Carlos Alvarado, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís; de España José María Aznar y Mariano Rajoy; de México Vicente Fox y Felipe Calderón; de Colombia Iván Duque, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, y de Argentina Mauricio Macri.

También la suscriben los exmandatarios Mario Abdo Benítez, Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay); Nicolás Ardito, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Valladares (Panamá); Alfredo Cristiani (El Salvador); Eduardo Frei (Chile); Osvaldo Hurtado, Guillermo Lasso, Jamil Mahuad y Lenin Moreno (Ecuador); Hipólito Mejía (República Dominicana); Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle (Uruguay), y Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga (Bolivia).

Pennsylvania troopers stop drivers at similar rates no matter their race or ethnicity, study finds

Pennsylvania
Pennsylvania State troopers pull over vehicles, Sept. 4, 2020, along the Pennsylvania Turnpike in Breezewood, Pa. (Photo: AP/Keith Srakocic/File)

HERSHEY, Pa. — Pennsylvania drivers were pulled over and cited by state police last year at roughly comparable rates for various races and ethnicities, according to information about 450,000 vehicle stops that was made public on Wednesday.

“The findings across multiple analyses demonstrated no substantive racial and ethnic differences in the initial reason for the stop by the Pennsylvania State Police,” Robin Engel, a researcher now at Ohio State, said in releasing the $194,000 study at the state police academy in Hershey, Pennsylvania.

Researchers also found that trooper decisions about how to enforce the law after they stop someone are most strongly based on legal factors and not the drivers’ or troopers’ race or ethnicity.

However, troopers in the field were slightly more likely to engage in “discretionary” searches of Black drivers’ vehicles than those of white or Latino drivers when the drivers’ criminal histories were factored in, the report said.

Troopers do not ask drivers their race or ethnicity but record that information based on their subjective perceptions.

The state police and the American Civil Liberties Union in Pennsylvania two years ago agreed to settle a federal civil rights complaint alleging that seven troopers targeted Latino drivers for vehicle stops and detained them to check their immigration status. The 10 people who sued, all Latino, said troopers demanded “papers” from drivers and passengers.

To settle the case, the Pennsylvania State Police enacted a regulation prohibiting troopers from stopping anyone based on immigration status, citizenship or nationality, and stopping them from questioning people about their immigration status unless answers are needed for a criminal investigation unrelated to civil immigration laws.

The new report on traffic stops echoed last year’s findings that racial and ethnic disparities in Pennsylvania State Police traffic stops have become rare, likely because of increased scrutiny and supervision in the field. Authorities have also changed training tactics and prioritized treating people equally.

In an effort to make their work more transparent, state police have also been expanding the use of body cameras. Nearly half the force is now equipped to wear them.

Wider information about Pennsylvania traffic stops may soon become available. A law passed by the Legislature in May mandates other local police departments that serve populations of at least 5,000 people also must collect and make public traffic stop data. The measure takes effect at the end of next year.

Rep. Napoleon Nelson, D-Montgomery, chair of the Pennsylvania Legislative Black Caucus, called the newly released data “neither comforting nor extremely surprising.” He said the study will be closely reviewed and that information from smaller departments is needed to form a full picture.

«We don’t know the regional differences in statistical analyses yet, we haven’t seen that,” Nelson said. “There’s a lot we don’t know.”

A review of nearly 4.6 million vehicle and pedestrian stops by 535 California law enforcement agencies in 2022 found that Black people accounted for nearly 13% of traffic stops in that state, where they make up about 5% of the total population. A 2022 study in Massachusetts found no evidence of racial disparity in the decision to pull over drivers, but Hispanic and Black motorists were more likely than white drivers to be cited and white drivers more likely to get off with a just a warning.

In Missouri, a 2018 review concluded African-American drivers were 85% more likely to be pulled over than whites and that white motorists were less likely to be searched than Black, Hispanic and American Indian people but more likely to be caught with contraband. The report also concluded that 7.1% of Hispanics and 6.6% of Black people were arrested after stops, compared to 4.2% of whites.

PUC vice chair barrow appointed to FERC-NARUC current issues collaborative

Pennsylvania Public Utility Commission (PUC) Vice Chair Kimberly M. Barrow.

Initiative Will Explore National Issues Related to Utility Reliability, Infrastructure, Markets, Technology and Other Critical Utility Challenges

HARRISBURG, PA. – Pennsylvania Public Utility Commission (PUC) Vice Chair Kimberly M. Barrow has been appointed to a new Federal and State Current Issues Collaborative, as one of 10 individuals representing state utility commissions and national regions on the Collaborative.

This initiative is a joint effort by the Federal Energy Regulatory Commission (FERC) and the National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC), aiming to address and find solutions for critical challenges in the utility sector.

Vice Chair Barrow’s nomination highlights Pennsylvania’s ongoing influence and leadership in national utility discussions, further solidifying the state’s commitment to advancing utility regulation and addressing key issues affecting both state and federal jurisdictions.

«Joining this critical national conversation on utility reliability, infrastructure, and emerging technologies is a great honor,» said Vice Chair Barrow. «Pennsylvania, along with our Mid-Atlantic partners, plays a pivotal role in energy development and power generation. The Pennsylvania PUC has a rich history of influencing national utility policy, and I am dedicated to continuing that tradition.»

In outlining goals for the initiative, FERC has stated this Collaborative “will provide a venue for federal and state regulators to share perspectives, improve understanding and, where appropriate, identify potential solutions regarding challenges and coordination on matters that affect specific state and federal regulatory jurisdictions.”

The Collaborative will focus on a range of crucial topics, including:

  • Electric reliability and resource adequacy
  • Natural gas-electric coordination
  • Wholesale and retail markets
  • New technologies and innovations
  • Infrastructure development

“This Collaborative is an important and necessary step in continuing constructive dialogues between federal and state regulators,” noted NARUC President Julie Fedorchak when announcing the nominees for this initiative. “Challenging issues such as resource adequacy, natural gas-electric coordination and infrastructure are among the matters facing state commissions.”

The Collaborative will build on the work of the past three years of the Joint Federal-State Task Force on Electric Transmission, which included Vice Chair Barrow as a member.

Appointed participants on the Federal and State Current Issues Collaborative will serve one-year terms, which can be renewed for up to three years. The first meeting of the Collaborative is expected to take place this fall.

About the PUC

The Pennsylvania Public Utility Commission balances the needs of consumers and utilities; ensures safe and reliable utility service at reasonable rates; protects the public interest; educates consumers to make independent and informed utility choices; furthers economic development; and fosters new technologies and competitive markets in an environmentally sound manner.

Visit the PUC’s website at puc.pa.gov for recent news releases and video of select proceedings. You can also follow us on X (formerly Twitter), Facebook, LinkedIn, Instagram and YouTube. Search for the “Pennsylvania Public Utility Commission” or “PA PUC” on your favorite social media channel for updates on utility issues and other helpful consumer information.

Alberto Fernández, no nos mientas

Alberto Fernández
Alberto Fernández, expresidente de Argentina. (Foto: EFE/Archivo)

Buenos Aires, Argentina. –  Hace unos pocos años, en un acto en el que no faltaron los aplausos, los vítores y los discursos grandilocuentes, el señor presidente de la Nación anunció la creación del Ministerio de la Mujer. Sin dudas fue un acto emblemático y lleno de emociones.

Aquel día, entre otras cosas, Alberto Fernández dijo “Me da vergüenza que en nuestra querida república de Argentina, una mujer padezca violencia de género. Es un deber del Estado reducir gráficamente la violencia contra las mujeres hasta su total erradicación. Debemos entender de una vez que eso no puede seguir ocurriendo; nosotros los hombres tenemos que hacer mucho y lo primero que tenemos que hacer es respetar y poner en condiciones de igualdad a cada una de nuestras mujeres. Y les pido por favor que el día que me vean que estoy traicionando lo que les estoy diciendo, salgan a la calle y díganme: Alberto no nos mientas…”

Como si no le hubiera bastado con hacer el peor gobierno de los últimos tiempos, con el correr de los días fueron apareciendo muchos actos de corrupción que fueron aplicados sistemáticamente durante su gestión, y tal vez el más significativo haya sido el arreglo en la contratación de seguros para las empresas del Estado en un aberrante contubernio con uno de los brokers más importantes del país.

Millones de dólares en negocios de unos pocos en comisiones espurias que fueron a parar a las cuentas bancarias de su majestad el presidente y de otros amigos de lo ajeno.

Consultado por la prensa acerca del tema, se limitaron a contestar que “no es tan, así como lo dice el periodismo”

Alberto Fernández, no nos mientas…

Pero tal vez lo que rebasó el vaso que ya estaba medio lleno, fue que en medio de las escuchas por el caso mencionado más arriba, se descubrió toda una trama de violencia de Fernández contra su esposa y madre de su último hijo, Fabiola Yañez.

Hipocresía al máximo poder en una persona que se llenaba la boca hablando de la lucha contra el machismo, mientras que a puertas cerradas de la quinta presidencial donde residía habitualmente, le pegaba asiduamente a su esposa en ataques desenfrenados que fueron dejando evidencias en el rostro y en el cuerpo de Yañez y cuyas fotos fueron apareciendo en los principales medios periodísticos.

Innumerables testigos que habitaban el lugar como empleados de mantenimiento e incluso médicos y otros, fueron testigos de semejantes golpizas y nunca abrieron la boca por “respeto” a la investidura presidencial, que a esa altura estaba manchada con sangre. Todos esos cómplices deberán rendir cuentas a la justicia y no cerrar los ojos ante semejante horror.

Como si fuera la frutilla del postre, también se supo que antes que se promulgara la ley del aborto legal en el país, Fernández había obligado a su mujer a abortar ilegalmente en una situación anterior al nacimiento de Francisco, el hijo actual de ambos.

Basura por donde se la busque…

Alberto Fernández, no nos mientas.

Innovative app empowers Latino immigrants in the financial system

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Maza's founders: Robbie Figueroa (COO), Luciano Arango (CEO), and Siggy Bilstein (CTO). (Photo: Courtesy)

In an environment where financial barriers make it difficult for many immigrants in the United States to access essential services, a new app called Maza is transforming how this community interacts with the country’s financial system.

Created by entrepreneurs Robbie Figueroa, Luciano Arango and Siggy Bilstein, the sons of undocumented parents, Maza aims to empower both documented and undocumented Latino immigrants by providing them with tools and resources to facilitate their integration into the complex U.S. financial system.

The need for a solution like Maza is clear: over 21 million Latino immigrants live in the United States, of whom more than 7.4 million are undocumented. This demographic faces multiple challenges, including limited English proficiency, lack of citizenship, low income, absence of health insurance, and lower levels of education. These factors further complicate their ability to access essential financial services.

Maza helps immigrants establish their financial presence without the usual hurdles of government offices. (Photo: Courtesy)
 

The advantages of online processing

Maza offers an online service for applying for the Individual Taxpayer Identification Number (ITIN), a crucial number that allows immigrants to file tax returns and comply with U.S. tax laws. This initiative is particularly relevant in the current political climate, where obtaining an ITIN can facilitate access to employment and financial opportunities.

“Forget about long lines and paperwork. With our 100% online service, you can obtain your ITIN from the comfort of your home, quickly and hassle-free. Enjoy an efficient and secure process with Maza,” the company emphasizes. This ease of use and accessibility makes Maza an indispensable tool for immigrants looking to establish their financial presence without the typical barriers of government offices.

24/7 support and reliable security

Maza understands that immigrants need a reliable service that is available at any time. That’s why it offers customer support 24 hours a day, 7 days a week, with a staff ready to assist with the ITIN application process and provide ongoing support. “We know time is precious, and sometimes questions arise outside of regular business hours,” the founders point out, assuring that the support doesn’t end with obtaining the ITIN.

User data security is a top priority for the company. The app uses data encryption and conducts annual security audits to protect its clients’ information. Additionally, Maza works with an IRS-certified processing agent to ensure a secure and reliable process.

Innovation and perseverance

The founders of Maza—Robbie Figueroa (COO), Luciano Arango (CEO), and Siggy Bilstein (CTO)—represent the first generation of entrepreneurs who, despite the challenges, have managed to build an innovative and essential platform for their communities. “We are building the platform our parents needed,” they affirm, recognizing their commitment to creating paths and opportunities for newcomers to successfully establish their financial presence in the United States.

For more information, interested parties can visit the website www.conmaza.com or download the Maza app on their mobile devices.

Innovadora aplicación empodera a inmigrantes latinos en el sistema financiero

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Los fundadores de Maza: Robbie Figueroa (COO), Luciano Arango (CEO) y Siggy Bilstein (CTO). (Foto: Cortesía)

En un entorno donde las barreras financieras dificultan el acceso a servicios esenciales para muchos inmigrantes en Estados Unidos, una nueva aplicación llamada Maza está revolucionando la forma en que esta comunidad interactúa con el sistema financiero del país.

Creada por los emprendedores Robbie Figueroa, Luciano Arango y Siggy Bilstein, hijos de padres indocumentados, Maza tiene como objetivo empoderar a los inmigrantes latinos, tanto documentados como indocumentados, al proporcionarles herramientas y recursos para facilitar su integración en el complejo sistema financiero estadounidense.

La necesidad de una solución como Maza es clara: más de 21 millones de inmigrantes latinos residen en Estados Unidos, de los cuales más de 7.4 millones son indocumentados. Este grupo demográfico enfrenta múltiples desafíos, como el dominio limitado del inglés, la falta de ciudadanía, bajos ingresos, ausencia de seguro médico y menores niveles de educación. Estos factores dificultan aún más su capacidad para acceder a servicios financieros esenciales.

Maza facilita a los inmigrantes establecer su presencia financiera sin las barreras típicas de las oficinas gubernamentales. (Foto: Cortesía)

La ventaja de los trámites en línea

Maza ofrece un servicio en línea para la solicitud del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, en inglés), un número crucial que permite a los inmigrantes presentar declaraciones de impuestos y cumplir con las leyes fiscales estadounidenses. Esta iniciativa es relevante en el actual clima político, en que la obtención de un ITIN puede facilitar el acceso a oportunidades laborales y financieras.

«Olvídate de las filas y papeleo. Con nuestro servicio 100 % online, obtén tu ITIN desde la comodidad de tu hogar, rápido y sin complicaciones. Disfruta de un proceso eficiente y seguro con Maza», enfatiza la compañía. Esta facilidad de uso y accesibilidad hace que esta herramienta sea indispensable para los inmigrantes que buscan establecer su presencia financiera sin las barreras típicas de las oficinas gubernamentales.

Atención 24/7 y seguridad confiable

Maza entiende que los inmigrantes necesitan un servicio confiable y disponible en cualquier momento. Por ello, ofrece atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un personal listo para ayudar en la tramitación del ITIN y brindar soporte continuo. «Sabemos que el tiempo es oro y que a veces las dudas surgen fuera de horario laboral», señalan sus fundadores, y aseguran que el apoyo no termina con la obtención del ITIN.

La seguridad de los datos de los usuarios es una prioridad para la empresa. La aplicación utiliza cifrado de datos y realiza auditorías de seguridad anuales para proteger la información de sus clientes. Además, Maza trabaja con un agente tramitador certificado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés), garantizando un proceso seguro y confiable.

Innovación y perseverancia

Los fundadores de Maza –Robbie Figueroa (COO), Luciano Arango (CEO) y Siggy Bilstein (CTO)– representan a la primera generación de emprendedores que, a pesar de los desafíos, han logrado construir una plataforma innovadora y esencial para sus comunidades. «Estamos construyendo la plataforma que nuestros padres necesitaban», afirman, a la par que reconocen estar comprometidos con crear caminos y oportunidades para que los recién llegados establezcan, con éxito, su presencia financiera en Estados Unidos.

Para más información, los interesados pueden visitar el sitio web www.conmaza.com o descargar la aplicación Maza en el dispositivo móvil.

Qué sabemos sobre la supuesta ciberintrusión a la contienda presidencial de EE. UU.

ciberintrusión
La candidata presidencial demócrata y vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, habla en un evento de campaña en el campus de la Universidad de Nevada, Las Vegas, el 10 de agosto de 2024. (Foto: VOA)

El FBI investiga supuestos intentos de ciberintrusión en las campañas de los principales candidatos a la presidencia de EE. UU. El equipo del expresidente Donald Trump ha revelado detalles, mientras el de la demócrata Kamala Harris mantiene cautela. ¿Qué se sabe exactamente?

Durante el fin de semana surgieron detalles de una supuesta ciberintrusión iraní al equipo de campaña del candidato presidencial republicano Donald Trump, la cual podría haber resultado en el robo de documentos internos de la campaña.

El FBI está investigando el asunto, así como los intentos de infiltrarse en la campaña de reelección del presidente Joe Biden, que se convirtió en la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris luego de que Biden abandonara la contienda.

Esto es lo que sabemos sobre el tema:

¿Qué sucedió?

El equipo de campaña de Trump dijo el sábado que había sido hackeado y que documentos internos delicados fueron robados y distribuidos. Culpó a operadores iraníes.

El mismo día, Politico reveló que había recibido documentos internos de la campaña de Trump por correo electrónico, de una persona que se identificaba únicamente como “Robert”. Según Politico, los documentos incluían dosiers sobre el candidato republicano a la vicepresidencia JD Vance y sobre el senador Marco Rubio, cuyo nombre también se barajó como posible candidato vicepresidencial.

Otros dos medios de comunicación, The New York Times y The Washington Post, también dijeron haber recibido material filtrado. Ninguno de ellos reveló detalles sobre lo que tenían, y se limitaron a describir los documentos en términos generales.

Aún no está claro si los materiales que recibieron los medios de comunicación se relacionaban con el supuesto hackeo del que fue objeto el equipo de campaña de Trump.

El vocero de la campaña de Trump, Steven Cheung, indicó que ambos hechos sí estaban vinculados, y dijo que los documentos “se obtuvieron ilegalmente” y que “cualquier medio de comunicación o de noticias que reimprima documentos o comunicaciones internas estaría sirviendo a los intereses de los enemigos de Estados Unidos y haciendo exactamente lo que quieren”.

El FBI confirmó el lunes que está investigando la intrusión en la campaña de Trump. Dos personas familiarizadas con el tema dijeron que el FBI también está investigando los intentos de infiltrar la campaña de Biden-Harris.

¿Por qué Trump está culpando a Irán?

El equipo de campaña de Trump no aportó pruebas concretas que demostraran que Irán estaba detrás del hackeo. Pero señaló un informe de Microsoft publicado el viernes que detallaba un intento iraní de infiltrarse en una campaña presidencial en junio.

El informe de Microsoft decía que una unidad de inteligencia militar iraní había enviado “un correo electrónico de spear-phishing a un funcionario de alto rango de una campaña presidencial desde una cuenta de correo electrónico comprometida de un exasesor sénior”. El spear-phishing es una modalidad de ciberataque en la que un hacker se hace pasar por un remitente conocido o de confianza, muchas veces con el objetivo de instalar malware o recabar información delicada.

La empresa tecnológica no reveló qué campaña o asesor sufrió el ataque, pero dijo que lo había notificado. Desde entonces, tanto Trump como Roger Stone, un viejo amigo y asesor del expresidente, han dicho que fueron contactados por Microsoft en relación con presuntos ataques cibernéticos.

“La corporación Microsoft nos acaba de informar que uno de nuestros muchos sitios web ha sido hackeado por el gobierno iraní. Tales acciones no son nada agradables”, escribió Trump en su plataforma Truth Social el sábado.

Grant Smith, abogado de Stone, dijo que su cliente “fue contactado por Microsoft y el FBI en relación con este asunto y sigue cooperando con estas organizaciones”. No quiso hacer más comentarios al respecto.

¿Qué dice el gobierno estadounidense?

Funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos se negaron a especular sobre las acusaciones de que Irán estaba detrás del hackeo, pero un vocero dijo que era plausible, ya que en el pasado Irán había recurrido a ciberataques y engaños.

“Estos últimos intentos de interferir en las elecciones estadounidenses no son nada nuevo para el régimen iraní”, afirmó el lunes Vedant Patel, vocero del Departamento de Estado.

Funcionarios de los servicios de inteligencia estadounidenses declinaron hacer comentarios sobre el incidente y remitieron las preguntas al FBI, el cual se ha limitado a decir que está investigando el asunto.

Cuando se le preguntó a la misión de Irán ante Naciones Unidas acerca de los señalamientos del equipo de campaña de Trump, negó estar involucrada.

“No le damos ninguna credibilidad a tales aseveraciones”, dijo la misión a The Associated Press. “El gobierno iraní no posee ni alberga ninguna intención o motivo para interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos”.

Sin embargo, desde hace tiempo se sospecha que Irán lleva a cabo campañas de hackeo que tienen como objetivo sus enemigos en Oriente Medio y otras regiones. Teherán también ha amenazado con tomar represalias contra Trump por el ataque que ordenó en 2020 que mató al general de la Guardia Revolucionaria Qassem Soleimani.

¿Harris también fue blanco de un ataque?

El equipo de campaña de Harris se ha negado a decir si ha identificado algún intento de infiltración por parte de algún Estado extranjero, limitándose a decir que vigila atentamente las amenazas cibernéticas y que no tenía conocimiento de ninguna violación de seguridad en sus sistemas.

Pero dos personas familiarizadas con el tema dijeron que el equipo de campaña de Biden-Harris también fue blanco del presunto ciberataque iraní. Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a divulgar detalles de la investigación.

Al menos tres miembros del equipo de campaña Biden-Harris recibieron correos electrónicos de phishing (una técnica que emplea correos electrónicos o sitios web fraudulentos que suplantan a empresas o instituciones para obtener contraseñas y otros datos privados), pero los investigadores no han encontrado pruebas de que dicho ciberataque haya sido exitoso, dijo una de las fuentes. Los intentos se produjeron antes de que Biden abandonara la contienda.

El FBI comenzó a investigar ese incidente en junio, y los servicios de inteligencia creen que Irán estaba detrás de los intentos, dijo la fuente.

¿Dónde he escuchado esto antes?

El supuesto hackeo y filtración de material de campaña puede sonar como un tema familiar porque ya ha ocurrido antes, notoriamente en 2016.

Ese año, un hacker ruso reveló correos electrónicos del director de campaña de Hillary Clinton, John Podesta. El sitio web WikiLeaks publicó una gran cantidad de mensajes que fueron ampliamente difundidos por los medios de comunicación.

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, señaló el martes el uso reiterado de esta táctica contra Estados Unidos y dijo que demuestra que sus enemigos extranjeros están “decididos a sembrar el caos y socavar nuestro proceso democrático”.

“Así que tenemos que mantenernos firmes para garantizar que nuestra ciberseguridad pueda resistir tales ataques a medida que se aproxima noviembre”, dijo en un comunicado.

Según expertos, el aparente hackeo de la campaña de Trump no será el último intento de este tipo para incidir en el resultado de las elecciones estadounidenses, ya sea a través de ciberataques o de desinformación en línea. Tanto Irán como Rusia, por ejemplo, han comenzado a dirigirse a los estadounidenses mediante sitios web de noticias falsas y otros contenidos en redes sociales que parecen tener como objetivo influir en los votantes, según han declarado directivos de Microsoft y funcionarios de los servicios de inteligencia estadounidenses.

Chris Krebs, un exfuncionario de seguridad electoral de alto nivel, advirtió en la plataforma social X que los estadounidenses deberían tomarse en serio esta amenaza.

“Puede que no te guste la persona que ha sido objeto del ataque, pero al enemigo eso le importa un comino”, dijo sobre el hackeo de la campaña de Trump. “Las elecciones estadounidenses las deciden los estadounidenses. Que siga siendo así”.