Inicio Blog Página 583

Qué le depara a la salud pública si se confirma Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud

salud
Robert F. Kennedy Jr. habla durante un mitin de campaña para el presidente electo Donald Trump el 1 de noviembre en Warren, Michigan. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Científicos de las agencias federales de salud esperan la segunda administración de Donald Trump con incertidumbre y temor, preguntándose cómo el presidente electo conciliará filosofías radicalmente diferentes entre los líderes de su equipo.

Trump anunció hace pocos días que nominará a Robert F. Kennedy Jr. (RFK) como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), después de decir durante la campaña presidencial que dejaría que el activista antivacunas implementase “sus locuras” en materia de medicamentos, alimentos y salud.

Si el Senado confirma a Kennedy, sus críticos dicen que un movimiento médico radical antisistema, con raíces en siglos pasados, tomaría el poder, amenazando los logros de un orden de salud pública basado en la ciencia y construido con esfuerzo desde la Segunda Guerra Mundial.

Trump dijo en un post en la red social X que “los estadounidenses han sido aplastados por el complejo industrial alimentario y las compañías farmacéuticas que se han dedicado al engaño, la información falsa y la desinformación cuando se trata de salud pública”, haciéndose eco de las quejas de Kennedy sobre el establishment médico.

RFK, ex candidato presidencial demócrata, “acabará con la epidemia de enfermedades crónicas” y “¡Hará que Estados Unidos vuelva a ser grande y saludable!”, escribió Trump.

Las acciones de los fabricantes de vacunas cayeron en medio de las noticias previas al anuncio de Trump sobre RFK.

Si Kennedy hace realidad su visión de transformar la salud pública, los mandatos de vacunación infantil podrían debilitarse. Las nuevas vacunas podrían no ser aprobadas nunca, incluso si la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) permite la comercialización de terapias peligrosas o ineficaces.

Los sitios web de la agencia podrían diseminar ideas sobre la salud no probadas o desacreditadas. Y si el plan de Trump de socavar los derechos de los funcionarios sigue adelante, cualquiera que cuestione estas decisiones podría ser despedido de inmediato.

“Nunca nadie como RFK Jr. se había acercado a la posición en la que podría estar para dar forma real a estas políticas”, dijo Lewis Grossman, profesor de Leyes en la American University y autor de “Choose Your Medicine”, una historia de la salud pública estadounidense.

Kennedy y su asesor Calley Means, un empresario del sector de la salud, afirman que se necesitan cambios drásticos debido a los altos niveles de enfermedades crónicas en Estados Unidos. Según ellos, las agencias gubernamentales han tolerado o promovido, de forma corrupta, dietas poco saludables, y medicamentos y vacunas peligrosos.

Means y Kennedy no respondieron a las solicitudes de comentarios. Cuatro miembros conservadores que formaron parte de la primera burocracia de la salud de Trump hablaron bajo condición de anonimato.

Recibieron con entusiasmo el regreso del ex presidente, pero expresaron pocas opiniones sobre políticas específicas. Días después de las elecciones, RFK Jr. anunció que la administración Trump despediría y reemplazaría inmediatamente a 600 funcionarios de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Creó un sitio web en el que buscaba candidatos por crowdsourcing para nombramientos federales, con una gran cantidad de enemigos de las vacunas y quiroprácticos entre los primeros favoritos.

En reuniones celebradas recientemente en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, en las que participaron Elon Musk, Tucker Carlson, Donald Trump Jr, Kennedy y Means, según Politico, entre los candidatos a los principales puestos en el área de salud estaba Jay Bhattacharya, un científico de la Universidad de Stanford que se opuso a los cierres durante covid. También el cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, que se opone a las vacunas de ARNm contra covid-19 y rechazó prácticas de control de enfermedades bien establecidas durante un brote de sarampión; el cirujano de la Universidad Johns Hopkins Marty Makary; y la hermana de Means, la cirujana formada en Stanford y gurú de la salud Casey Means.

Todos ellos pueden ser calificados de inconformistas, aunque sus ideas no son uniformes. Sin embargo, la posibilidad de que puedan dejar de lado un siglo de políticas de salud basadas en la ciencia es profundamente preocupante para muchos profesionales. Ven la presencia de Kennedy en el corazón de la transición de Trump como un triunfo del movimiento de “libertad médica”, que surgió en oposición a la idea de la Era Progresista de que los expertos son los que deben guiar la política y las prácticas de atención de salud.

Podría representar un alejamiento de la expectativa de que los médicos convencionales sean respetados por sus conocimientos especializados, dijo Howard Markel, profesor emérito de pediatría e historia en la Universidad de Michigan, que comenzó su carrera clínica tratando a pacientes con sida y la terminó tras sufrir un año de covid de larga duración.

“Hemos vuelto a la idea de ‘cada uno es su médico’”, comentó, refiriéndose a una frase que se impuso en el siglo XIX. Era una mala idea entonces y es aún peor ahora, agregó.

“¿Cómo afectará eso a la moral de los científicos?”, se preguntó Markel. Las agencias de salud pública, en gran medida un legado posterior a la Segunda Guerra Mundial, son “instituciones notables, pero se pueden echar a perder estos sistemas, no sólo quitándoles financiación, sino desmoralizando a los verdaderos patriotas que trabajan en ellas”.

El Comisionado de la FDA, Robert Califf, declaró en una conferencia el 12 de noviembre que le preocupaban los despidos masivos en la agencia. “No soy imparcial, pero creo que la FDA está en una especie de pico de rendimiento en este momento”, expresó.

Al día siguiente, en una conferencia, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Mandy Cohen, recordó los horrores de las enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión y la poliomielitis. “No quiero que tengamos que dar marcha atrás para recordarnos que las vacunas funcionan”, afirmó.

Las acciones de algunos de los principales fabricantes de vacunas cayeron después que los medios de comunicación, encabezados por Politico, informaran de que se esperaba la elección de RFK.

Moderna, creadora de una de las vacunas más populares contra covid-19, cerró con una baja del 5,6%. Pfizer, otro fabricante de vacunas contra covid, cayó un 2,6%. GSK, que produce la vacuna contra el virus respiratorio sincitial, la hepatitis A y B, el rotavirus y la gripe, cayó algo más del 2%. La farmacéutica francesa Sanofi, cuyo sitio web presume de que sus productos vacunan a más de 500 millones de personas al año, cayó casi un 3,5%.

¿Éxodo de las agencias?

Ante la incertidumbre sobre la dirección de sus agencias, muchos científicos de edad avanzada de los NIH, la FDA y los CDC consideran la posibilidad de jubilarse, contó un científico de alto nivel de los NIH que habló bajo condición de anonimato por temor a perder su trabajo.

“Todo el mundo con quien hablo respira hondo y dice: ‘Esto no pinta bien’”, explicó el funcionario.

“Sé de muchas personas que están preparando sus currículums”, dijo Arthur Caplan, profesor de bioética en la Universidad de Nueva York. Entre ellos se encuentran dos de sus antiguos alumnos que ahora trabajan en la FDA, dijo Caplan.

Otros, como Georges Benjamin, director ejecutivo de la American Public Health Association, han han dicho que esperarán y verán qué pasa. “Trabajamos con la administración Trump la última vez. Hubo momentos en que las cosas funcionaron razonablemente bien”, explicó, “y momentos en que las cosas fueron caóticas, particularmente durante covid”.

Cualquier esfuerzo de desregulación al por mayor en la salud pública sería políticamente arriesgado para Trump, señaló Benjamin, porque cuando las administraciones “arruinan las cosas, la gente se enferma y muere”.

En la FDA, al menos, “es muy difícil hacer cambios sísmicos”, dijo Dan Troy, ex consejero jefe de la FDA.

Pero la administración podría conseguir fáciles victorias de tinte libertario, por ejemplo, diciendo a su nuevo jefe de la FDA que revierta la negativa de la agencia a aprobar el fármaco psicodélico MDMA de la empresa Lykos. El acceso a los psicodélicos para tratar el trastorno de estrés postraumático ha despertado el interés de muchos veteranos.

Las vitaminas y los suplementos, que ya sólo están ligeramente regulados, probablemente recibirán aún más carta blanca de la próxima FDA de Trump.

Libertad médica o Estado niñera

Pero los “influencers” de la salud en la futura administración Trump no son monolíticos. Los analistas ven posibles enfrentamientos entre Kennedy, Musk y las voces más tradicionales del Partido Republicano.

Casey Means, un médico holístico en el centro del equipo “Make America Healthy Again” de Kennedy, pide que el gobierno corte los lazos con la industria y elimine el azúcar, los alimentos procesados y las sustancias tóxicas de las dietas estadounidenses. Los republicanos tacharon estas políticas de “Estado niñera” cuando Mike Bloomberg las promovió como alcalde de Nueva York.

Tanto el ala libertaria como el de la “libertad médica” se oponen a aspectos de la regulación. Pero los partidarios de la biotecnología de Silicon Valley que están con Trump, como Samuel Hammond de la Foundation for American Innovation, han presionado a la agencia para que acelere la aprobación de medicamentos y dispositivos. Mientras tanto, el equipo de Kennedy dice que la FDA y otras agencias han sido “capturadas” por la industria, lo que resulta en medicamentos, vacunas y dispositivos peligrosos e innecesarios en el mercado.

Es probable que algunos organismos federales sufran cambios importantes. Los republicanos quieren reducir los 27 institutos y centros de investigación de los NIH a 15, y recortar el legado de Anthony Fauci dividiendo el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que dirigió durante 38 años, en dos o tres partes.

Numerosos intentos anteriores de reducir los NIH han fracasado frente a las campañas de pacientes, investigadores y médicos.

Legisladores republicanos han defendido recortes sustanciales del presupuesto de los CDC en los últimos años, incluido el fin de la financiación de la investigación sobre la violencia con armas de fuego, el cambio climático y la equidad en salud. De llevarse a cabo el Proyecto 2025, un proyecto político de la conservadora Heritage Foundation, dividiría la agencia en dos ramas: la de recopilación de datos y la de promoción de la salud. Los CDC tiene una influencia limitada en Washington, aunque ex directores y funcionarios de salud pública defienden su valor.

“Me sorprendería que los CDC no estuvieran en el radar” de posibles cambios, dijo Anne Schuchat, ex subdirectora principal de la agencia, que se jubiló en 2021.

El personal de los CDC es “muy empleable” y podría empezar a buscar otro trabajo si “su área de interés va a ser recortada o modificada”, opinó Schuchat.

Los ataques de Kennedy contra el HHS y sus agencias como herramientas corruptas de la industria farmacéutica, y sus demandas de que la FDA permita el acceso a medicamentos científicamente controversiales, recuerdan mucho a la campaña de los años 70 por parte de los conservadores que defendían el Laetrile, un peligroso e ineficaz derivado de la semilla de albaricoque promocionado como tratamiento contra el cáncer.

Al igual que Kennedy defendió fármacos sin patente como la ivermectina y la hidroxicloroquina para tratar covid, los defensores del Laetrile afirmaron que la FDA y una industria con fines de lucro estaban conspirando para suprimir una alternativa más barata.

A lo largo de las décadas, el público y la industria se han mostrado escépticos ante las agencias reguladoras de la salud, afirmó Grossman. Los organismos tienen más éxito cuando se les pide que solucionen problemas, sobre todo cuando un medicamento defectuoso mata o lastima a un niño.

La Ley de Control Biológico de 1902, que creó el precursor de los NIH, se promulgó en respuesta a vacunas contra la viruela contaminadas que mataron al menos a nueve niños en Camden, Nueva Jersey. Las intoxicaciones infantiles relacionadas con el disolvente anticongelante de un medicamento con sulfamidas impulsaron la creación de la FDA moderna en 1938.

En 1962, la agencia adquirió la facultad de exigir pruebas de seguridad y eficacia antes de la comercialización de medicamentos tras el desastre de la talidomida, cuando los hijos de mujeres embarazadas que tomaban el medicamento contra las náuseas nacieron con extremidades terriblemente malformadas.

Si las tasas de vacunación caen en picada y proliferan los brotes de sarampión y tos ferina, los bebés podrían morir o sufrir daños cerebrales. “Sufriremos las consecuencias si la administración ataca abiertamente la salud pública”, afirmó Alfredo Morabia, catedrático de Epidemiología de la Universidad de Columbia y director del American Journal of Public Health. “Sería como quitarte el seguro de tu casa”.

Sam Whitehead, Stephanie Armour, David Hilzenrath y Darius Tahir colaboraron con este artículo.

KFF Health News es una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los principales programas operativos de KFF, la fuente independiente de investigación de políticas de salud, encuestas y noticias.

El Senado de EE. UU. rechaza resoluciones que pedían parar la venta de ciertas armas a Israel

(Foto: EFE/SHAWN THEW/Archivo)

El Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles por una amplia mayoría tres resoluciones presentadas por el senador independiente progresista Bernie Sanders que pedían el bloqueo de la venta de ciertas armas a Israel en protesta por las operaciones militares en curso en Gaza.

Un total de 79 senadores votaron en contra de las resoluciones que pedían prohibir la venta de munición de tanque de 120 milímetros; la venta de munición de mortero de alto explosivo de 120 mm y la venta de kits para transformar bombas no guiadas en armas guiadas de precisión.

Sanders denunció en el pleno que estas son armas «que se han utilizado con efectos devastadores contra los civiles de Gaza y Líbano» y aseguró que las restricciones no afectarían la capacidad de Israel para defenderse de los ataques.

En una rueda de prensa celebrada el martes, Sanders declaró que Israel tiene «el derecho a responder al terrorífico ataque de Hamás» del 7 de octubre de 2023, pero que «el Gobierno radical del primer ministro Netanyahu no ha emprendido solo una guerra contra Hamás sino contra el pueblo palestino».

«Lo más doloroso es que la mayor parte de lo que está ocurriendo se hace con armas estadounidenses y con el dinero del contribuyente estadounidense», afirmó Sanders, quien mostró algunas fotografías de niños gazatíes afectados por los bombardeos y la hambruna.

El senador de Vermont, que aspiró a la candidatura presidencial del Partido Demócrata en 2016 y en 2020, definió la crisis humanitaria en el enclave palestino como «apocalíptica».

«Lo más importante de todo es que Estados Unidos es cómplice de esas atrocidades. Esa complicidad debe terminar», recalcó.

Los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos, Antony Blinken y Lloyd Austin, enviaron una carta el mes pasado al Gobierno israelí en la que condicionaron el futuro apoyo a Israel a un alivio en el sufrimiento en Gaza.

Superado el ultimátum de 30 días, la Administración del demócrata Joe Biden no ha anunciado ningún cambio en su política de apoyo incondicional al Gobierno israelí, mientras sigue la ofensiva sobre el enclave palestino.

Philadelphia loses lawsuit that sought greater power for the city to regulate firearms

The Pennsylvania Judicial Center is shown in Harrisburg, Pa., July 27, 2009. (Photo: AP/Carolyn Kaster/File)

HARRISBURG, Pa. — Philadelphia cannot impose stricter firearms regulations than are allowed by state law, Pennsylvania’s Democratic-majority state Supreme Court ruled unanimously Wednesday, a blow to city leaders looking for ways to stem gun violence.

The justices ruled 6-0 to uphold a lower court’s dismissal of a lawsuit filed by the city, the nonprofit group CeaseFirePA and family members of gun violence victims.

They had sought to throw out a state law that has long prohibited municipalities from regulating the ownership or possession of guns or ammunition. Under it, courts in Pennsylvania have thrown out decades of local firearms measures, including a 1990s-era assault weapons ban in Pittsburgh.

Justice Kevin Brobson’s majority opinion acknowledged the tragedy of gun violence and that “a serious problem exists.” But, he wrote, the court’s role was not to decide whether laws passed by the Legislature are adequate to address the challenge.

“There is nothing for us to do in the absence of a constitutional violation or other infirmity” in state firearms laws that preempt local ordinances, Brobson, a Republican, wrote.

Gun-rights proponents hailed the decision. On his website, Joshua Prince, a lawyer who advocates for gun rights in court cases, called it a “monumental decision.” The nonprofit organization Pennsylvania Gun Rights called it a “huge win.”

“For two years, Pennsylvanians have lived with this threat that localities might soon be allowed to create their own gun laws — including outright bans,” the organization wrote on Facebook. “Today, that fear is lifted.”

Republicans in the General Assembly, joined by a segment of Democrats, have voted repeatedly in recent years against proposals backed by many urban and suburban lawmakers to restrict gun ownership or gun owners’ rights.

In a statement, Philadelphia Mayor Cherelle Parker’s administration said the court’s decision means that Philadelphia cannot enact “many common-sense regulations of firearms that are proven to reduce gun violence and save lives.”

“While we are disappointed with this result, the Parker administration will continue to seek remedies to Philadelphia’s deadly gun violence crisis through every legal tool in the toolbox at our disposal,” Parker’s administration said.

House Speaker Joanna McClinton, D-Philadelphia, who in the past has supported an assault weapons ban and other gun control measures, said the decision was disappointing for communities that are wrestling with gun violence.

“However, today’s decision underscores that the General Assembly ultimately bears the responsibility for approving commonsense gun safety measures that can prevent violence and keep Pennsylvanians safe,” McClinton said.

Just eight states allow cities and towns to pass their own gun safety laws, according to the anti-gun-violence group Everytown for Gun Safety.

The lawsuit raised what Brobson called a novel approach to the constitutionality and validity of firearms preemption laws. The plaintiffs argued the laws violate the constitutional guarantee of due process of law, constitute a type of state-created danger, and interfere with Philadelphia’s health and disease prevention laws.

Adam Garber, executive director of CeaseFirePA, which works to end gun violence, said the organization was “deeply disappointed by the court’s decision that will continue to handcuff local governments’ ability to save the lives of their residents. The Pennsylvania General Assembly’s refusal to act has exacerbated this crisis and it’s time for them to change their approach.”

Philadelphia Police Department statistics show homicides have fallen in 2024 after several years of much higher rates that coincided with a national surge in gun violence. Through Wednesday, the city had recorded 228 homicides in 2024.

In 2023, the city recorded 410 after hitting what it says was a record high of 562 in 2021.

Researchers say gun violence is down in most big cities this year. The Center for American Progress said earlier this year that Philadelphia had seen the most significant decline in gun violence in 2024 of the 50 most populous U.S. cities.

The FBI reported violent crime in the U.S. had dropped in 2023 by about 3% from the year before, including a drop of 12% in murders and non-negligent manslaughter. That was in line with findings by the nonpartisan Council on Criminal Justice, which reported 13% fewer homicides across 29 cities during the first half of 2024 from the year before.

Grandes Ligas desairan a México y Puerto Rico, sin juegos ahí en 2025

Grandes Ligas
Luis Serna, de los Yankees de Nueva York, lanza frente a José Briceño, de los Diablos Rojos del México,en un juego amistoso disputado en la capital mexicana el 25 de marzo de 2024 (Foto: AP/Fernando Llano)

Las Grandes Ligas cancelaron los planes de realizar juegos de la temporada regular el próximo año en Ciudad de México y San Juan de Puerto Rico.

La temporada se inaugura el 18 y 19 de marzo por medio de una serie de dos juegos en Tokio entre los Dodgers de Los Ángeles —con su astro Shohei Otahni— y los Cachorros de Chicago.

El contrato colectivo suscrito en 2022 con el sindicato de peloteros también preveía juegos en la capital mexicana en mayo, los primeros duelos en París en junio y encuentros en San Juan en septiembre.

Las Grandes Ligas cancelaron los juegos en Francia en 2023 después de no encontrar un promotor. Se jugaron 49 compromisos de temporada regular en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan desde 2001 hasta 2018.

Los juegos programados en San Juan y Ciudad de México en 2020 fueron cancelados debido a la pandemia de coronavirus.

“No vamos a San Juan. No tuvimos, a pesar de muchos esfuerzos, un arreglo que tuviera sentido económico para nosotros”, dijo el comisionado Rob Manfred el miércoles, en una conferencia de prensa después de una reunión de propietarios. “Nos gustaría hacer encuentros en San Juan y lo que está disponible cambia año con año y espero que todo funcione en el futuro”.

Las mayores realizaron encuentros en el Estadio Alfredo Harp Helú de Ciudad de México en 2023 y 2024.

“Estoy seguro de que volveremos durante el término de este acuerdo”, dijo Manfred, en referencia al contrato laboral que se extiende hasta la temporada 2026.

“Tuvimos una postura realmente agresiva de juegos internacionales la última temporada. Obviamente, estamos abriendo en Tokio. Tokio es realmente nuestro enfoque ahora por razones comerciales muy buenas”.

El contrato laboral de las Grandes Ligas establece juegos para 2026 en Ciudad de México en mayo, Londres en junio y San Juan en septiembre.

Public hearings intensify over the proposed 76 Place arena in Philadelphia

Philadelphia
Residents of Chinatown protest the proposed 76ers arena, fearing displacement and the loss of their neighborhood’s cultural identity.

The proposal to build a new arena for the Philadelphia 76ers in Center City is under intense scrutiny as City Council deliberates its fate. Two hearings have been held so far, with a final session scheduled for December 12. The timeline for the decision is tight, as the team has urged lawmakers to approve the $1.3 billion project before the year ends to maintain its development schedule.

The project has gained backing from Philadelphia Mayor Cherelle Parker, the Black Clergy of Philadelphia and several construction unions. Supporters argue that the arena will generate jobs, stimulate economic growth, and enhance the city’s stature. However, strong opposition has emerged from Chinatown residents and community groups, who fear the project, could displace residents and small businesses in the neighborhood.

The Community Benefits Agreement (CBA), a legally binding document tied to the project, promises $50 million for citywide programs and initiatives aimed at addressing community concerns. However, critics, including Councilmembers Jamie Gauthier and Jim Harrity, have called the allocation inadequate. Harrity highlighted that Chinatown is home to hundreds of independent businesses and stated that the $1.6 million earmarked for small business support falls short of addressing their needs.

Small businesses in Chinatown face uncertainty as critics argue the project’s $1.6 million allocation for support is grossly insufficient.

Transportation and construction concerns

Transportation logistics remain a major concern. The arena is planned to sit atop Jefferson Station, with the Sixers estimating that 40% of fans will rely on public transit to attend games. However, SEPTA, the region’s public transportation authority, is facing severe budget deficits, potential service cuts, and contract negotiations with its largest union. Additional Regional Rail service would be required for the arena, but it’s unclear where funding for these enhancements would come from.

Councilmember Michael Driscoll also raised concerns about disruptions to Center City businesses during the arena’s construction phase, which could coincide with Philadelphia’s hosting of high-profile events like the FIFA World Cup, the MLB All-Star Game, and the nation’s Semiquincentennial celebration in 2026.

The proposed arena’s location above Jefferson Station raises concerns about public transit funding, leaving Chinatown and nearby communities at risk of being overlooked.

Council scrutiny and impasse

Councilmembers grilled the Sixers organization on various aspects of the proposal, including the demolition phase, post-game transit planning, and workforce diversity in the project. Councilmember Mark Squilla, whose district includes the proposed site, noted that there might not be enough votes to advance the project in its current form. “I didn’t get a count, but it doesn’t seem like [there are enough votes],” he said.

David Gould, the Sixers’ Chief Corporate Affairs Officer, addressed concerns raised by council members about the potential impact of the arena on Chinatown and other nearby neighborhoods. He stated, “There is no single developer that will be able to guarantee … the preservation of any neighborhood. We are very excited and supportive and look to collaborate with how we can leverage the funds in the community benefits agreement with the tools that the city has at its disposal to best protect and preserve Chinatown.”

This acknowledgment came in response to questions about whether the $50 million community benefits agreement sufficiently addressed displacement fears and other issues voiced by Chinatown residents and business owners. “Fifty million dollars is the number we can support. We can’t go above that,” Gould stated during the hearing.

Councilmember Jamie Gauthier questioned whether the agreement included sufficient protections for neighborhoods directly impacted by the arena, particularly Chinatown. Gould responded that no developer can guarantee the preservation of a neighborhood but expressed willingness to collaborate with the city to leverage available tools for mitigation.

Councilmembers, including Jamie Gauthier, question whether the proposed arena includes adequate safeguards to protect Chinatown’s residents and economy.

Heaven or hell?

The proposed $1.3 billion 76 Place arena in Philadelphia has ignited a fiery debate. While proponents envision a revitalized Center City and job growth, opponents fear significant disruptions and negative impacts on the community. Supporters argue that the arena will attract visitors, stimulate economic activity, and create jobs. “This arena would bring back businesses,” said Sam Staten Jr. of Local 332, highlighting the mayor’s vision for the city.

However, critics express concerns about the six-year construction period, which could severely disrupt daily life in nearby neighborhoods, particularly Chinatown. “Daily life would be hell,” stated Fern Lee Hagerdorn, a South Philadelphia resident. Increased traffic congestion and strain on public resources are also major concerns.

Access to healthcare during construction is another contentious issue. Dr. Walter Tsou, a former health commissioner, voiced alarm over the potential impact on emergency services at Jefferson Hospital. He questioned the Sixers’ owners’ apparent disregard for potential delays in critical care.

The road ahead

If approved, the 18,500-seat arena would open in 2031, coinciding with the expiration of the Sixers’ lease at the Wells Fargo Center in South Philadelphia. While the team has entertained the idea of relocating to New Jersey if the Philadelphia plan falls through, their priority remains Center City.

As of this writing, the debate over the 76 Place arena is likely to intensify. The final public hearing on the project is set for December 3, and the council is expected to vote on December 12. The decision will not only shape the future of the Sixers but also define Philadelphia’s approach to balancing economic development with community preservation.

This content is a part of Every Voice, Every Vote, a collaborative project managed by The Lenfest Institute for Journalism. Lead support for Every Voice, Every Vote in 2024 and 2025 is provided by the William Penn Foundation with additional funding from The Lenfest Institute for Journalism, Comcast NBC Universal, The John S. and James L. Knight Foundation, Henry L. Kimelman Family Foundation, Judy and Peter Leone, Arctos Foundation, Wyncote Foundation, 25th Century Foundation, and Dolfinger-McMahon Foundation. To learn more about the project and view a full list of supporters, visit www.everyvoice-everyvote.org. Editorial content is created independently of the project’s donors.

El dominicano Adriano Espaillat, elegido presidente del Caucus Hispano del Congreso

Adriano Espaillat
El congresista demócrata por Nueva York, Adriano Espaillat, habla en una rueda de prensa en el edificio Rayburn del Capitolio en Washington (EE. UU). Archivo. EFE/Lenin Nolly

Nueva York.- El representante demócrata Adriano Espaillat, primer inmigrante dominicano en el Congreso de EE. UU., fue elegido este miércoles presidente del Caucus Hispano demócrata (CNC) en sustitución de la representante Nanette Barragán.

«Al comenzar el Congreso 119, enfrentaremos los desafíos que tenemos por delante como un frente unido para priorizar las protecciones para las comunidades inmigrantes y garantizar políticas que sean humanas y reflejen los valores de nuestra nación», indicó en un comunicado Espaillat, que nació en 1954 en la ciudad de Santiago de los Caballeros en la República Dominicana.

La migración será una de las materias en las que el Caucus pondrá especial atención ante los planes del presidente electo Donald Trump de llevar a cabo una deportación masiva de indocumentados.

«A medida que la influencia del CHC ha seguido creciendo desde nuestra creación en 1976, nuestro objetivo hoy reafirma nuestro compromiso de ofrecer resultados tangibles para las comunidades latinas en todos los temas para garantizar que nuestras voces sean escuchadas y nuestras comunidades tengan la oportunidad de tener éxito y prosperar», afirmó el congresista, que también fue senador y asambleísta estatal de Nueva York.

El Caucus Hispano estará conformado ahora por 43 legisladores demócratas latinos, -de la Cámara de Representantes y del Congreso- el mayor grupo de latinos en la historia del Congreso, como resultado de las elecciones del pasado 5 de noviembre.

PA Gaming Control Board Fines Video Gaming Terminal Operators Totaling $70,000

PA

Board also placed 17 individuals on its gambling exclusion lists

HARRISBURG, PA: The Pennsylvania Gaming Control Board (“Board”) approved consent agreements today presented by the Board’s Office of Enforcement Counsel (“OEC”) during its public meeting resulting in fines totaling $70,000.

Both of the approved fines involved Video Gaming Terminal (“VGT”) Operator Licensees:

  • TA Operating LLC was fined $37,500 for its failure to have a Board-credentialed employee present while the VGT room at its Harrisburg store located at 7848 Linglestown Road was opened and used by patrons; and, 
  • Love’s Travel Stops & Country Stores, Inc. was fined $32,500 for its failure to have a Board-credentialed employee present while the VGT room at its Carlisle store located at 1165 Harrisburg Pike was opened and used by patrons.

Per Board regulation, VGT establishments are required to have at least one Board-credentialed employee on site supervising the VGT area when the games are available for play.

The approved Consent Agreements containing additional details on the incidents are available upon request through the Board’s Office of Communications. 

The Board also approved recommendations by OEC for the placement of 17 individuals on its various Involuntary Exclusion Lists. This includes five persons who left minors unattended in order to engage in gaming activities in a casino and four others for committing fraud using iGaming sites.

Placed on the Casino Involuntary Exclusion for unattended minors were:

  • A male patron who left two minors of ages 6 and 13 unattended in a vehicle parked on a street near Live! Casino and Hotel Philadelphia, while the outside temperature was 92 degrees, for 13 minutes while he gambled at the sportsbook;
  • A male patron who left a14-year-old unattended in a vehicle in the parking lot of Live! Casino and Hotel Philadelphia for 7 hours and 12 minutes while he gambled at table games;
  • A male patron who left a 6-year-old unattended in a vehicle in the parking lot of Hollywood Casino Morgantown for 30 minutes while he gambled at slot machines;
  • A male patron who left an infant unattended in a vehicle parked in the parking lot of Rivers Casino Philadelphia, while the outside temperature was 91 degrees, for 5 minutes while he gambled at the sportsbook; and,
  • A male patron who left an 11-year-old unattended in a vehicle in the parking lot of Mount Airy Casino Resort for 1 hour 40 minutes while he gambled at table games.

 Actions such as these to deny statewide gambling privileges serve as a reminder that adults are prohibited from leaving minors unattended in the parking lot or garage, a hotel, or other venues at a casino since it creates a potentially unsafe and dangerous environment for the children. To compliment the efforts by casinos to mitigate this issue, the Board created an awareness campaign, “Don’t Gamble with Kids”.

The eight additional persons placed on the Casino Involuntary Exclusion List, whose presence in a licensed facility would be inimical to the interest of the Commonwealth and licensed gaming, were for various offenses. Since its inception, 1,247 persons have been placed on the Casino Involuntary Exclusion List.

The four persons placed on the iGaming Involuntary Exclusion List were:

  • Two individuals together created 5 separate online accounts using the personal information of other individuals;
  • An individual used an online gaming account and illegally requested and received chargebacks to a credit card totaling $3,250; and,
  • An individual used an online gaming account and illegally requested and received chargebacks to a credit card totaling $5,800. 

The Board’s actions in these matters stem from its commitment to keep individuals who have committed fraud from gaming online in Pennsylvania. The additions made today brought the total number of individuals who are currently on the iGaming Involuntary Exclusion List to 51.

The next meeting of the Board is scheduled for 10:00 a.m., Wednesday, December 18, 2024 in the Board’s Public Hearing Room located on the second floor of the Strawberry Square Complex in Harrisburg.

About the Pennsylvania Gaming Control Board

The Pennsylvania Gaming Control Board is tasked to oversee all aspects of gambling involving 17 land-based casinos, online casino games, retail and online sports wagering, and Video Gaming Terminals (VGTs) at qualified truck stops, along with the regulation of online fantasy sports contests.

The land-based casino industry in Pennsylvania consists of six racetrack (Category 1) casinos, five stand-alone (Category 2) casinos, two resort (Category 3) casinos and four mini-casinos (Category 4).  A significant job generator in the Commonwealth, casinos and the other types of Board-regulated gaming generated $2.54 billion in tax revenue in Fiscal Year 2023/24.

Additional information about both the PGCB’s gaming regulatory efforts and Pennsylvania’s gaming industry can be found at gamingcontrolboard.pa.gov

Texas ofrece terrenos a Trump en la frontera con México para posibles deportaciones masivas

Trump
La senadora estatal de Texas Dawn Buckingham en un evento en Conroe, Texas, el 29 de enero del 2022. (Foto: AP/Jason Fochtman/Houston Chronicle)

Texas ha puesto a disposición del gobierno federal un terreno rural a lo largo de la frontera con México para utilizarlo como área de maniobras para las posibles deportaciones masivas que se tienen previstas durante el gobierno del virtual presidente electo Donald Trump.

La propiedad, que Texas compró el mes pasado, está ubicada en una zona rural del condado de Starr en Rio Grande Valley. Dawn Buckingham, la comisionada de Tierras de Texas, le envió una carta a Trump el 14 de noviembre en la que presentó la oferta.

“Sabemos por canales no oficiales que lo están analizando y tomando en cuenta. Pero sólo queremos que sepan que somos un buen socio. Estamos aquí. Queremos ayudar”, dijo Buckingham a The Associated Press en una entrevista el miércoles.

La propiedad no tiene caminos pavimentados y se encuentra en un condado en el que sólo hay un hospital público y recursos locales limitados. Sin embargo, Buckingham enfatizó su ubicación.

“Creemos que está muy bien ubicado. El terreno es muy plano allí. Está cerca de importantes aeropuertos. También junto a un puente que cruza el río”, dijo Buckingham. “Entonces, si es útil, me encantaría asociarme con el gobierno federal. Y si no lo es, continuaremos buscando la manera de ayudarlos”.

La oferta del terreno es el más reciente ejemplo de una marcada división entre los estados y los gobiernos locales sobre si apoyar o combatir los planes de Trump de llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes que viven sin autorización en Estados Unidos. El martes, el concejo municipal de Los Ángeles aprobó mediante una votación convertirse en una jurisdicción “santuario”, decisión con la que se limita la cooperación con las autoridades federales de inmigración para llevar a cabo deportaciones.

Desde hace tiempo, Texas se ha mostrado a favor de implementar medidas agresivas en la frontera para frenar los cruces, incluida la instalación de alambre de púas y la aprobación de una ley el año pasado que permitiría a las fuerzas policiales arrestar a migrantes que cruzan la frontera ilegalmente.

“Al ofrecer esta propiedad recién adquirida de 1.400 acres (566 hectáreas) al gobierno entrante de Trump para la construcción de una instalación para el procesamiento, detención y coordinación de lo que será la mayor deportación de criminales violentos en la historia de nuestra nación, me uno (a las labores) del presidente Donald Trump para garantizar que las familias estadounidenses están protegidas”, dijo Buckingham en un comunicado.

Trump ha dicho que planea comenzar sus labores de deportación desde el primer día de su presidencia. Atacó frecuentemente la inmigración ilegal durante su campaña, vinculando un aumento récord en los cruces fronterizos no autorizados a problemas que van desde el tráfico de drogas hasta los altos precios de la vivienda.

Se estima que hay 11 millones de personas que están en el país sin autorización. Aún persisten dudas sobre cómo se identificaría a las personas y dónde serían detenidas.

El equipo de transición de Trump no dijo si aceptaría la oferta de Texas, pero envió un comunicado.

“Desde el primer día, el presidente Trump movilizará todas sus herramientas a disposición para resguardar la frontera, proteger a sus comunidades y lanzar la mayor operación de deportación de criminales inmigrantes ilegales en la historia”, dijo el miércoles Karoline Leavitt, la portavoz del equipo de transición.

La Oficina General de Tierras de Texas no reveló el monto que se pagó por el terreno, pero la comisionada declaró que el propietario anterior se opuso a la construcción de un muro fronterizo.

El gobernador Greg Abbott ordenó en 2021 la construcción de un tramo de 2,4 kilómetros (1,5 millas) de muro fronterizo en ese terreno. Buckingham dijo que con la reciente compra, el estado ha creado una nueva posibilidad para ampliar la construcción del muro fronterizo.

SEPTA evita una huelga al llegar a un acuerdo con su sindicato de trabajadores más grande

SEPTA
SEPTA cuenta con 285 estaciones, 13,000 paradas de autobús y trolebús, y 150 rutas. (Foto: Leticia Roa Nixon)

El sistema de transporte público de Filadelfia llegó a un acuerdo provisional con su sindicato de trabajadores más grande, evitando una posible huelga que podría haber provocado la suspensión de labores de miles de empleados.

La Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania y el Sindicato de Trabajadores del Transporte Local 234 anunciaron el acuerdo de un año el miércoles. El acuerdo exige que los miembros del sindicato reciban un aumento del 5% y un ajuste de pensión no especificado. El contrato también tiene un lenguaje destinado a mejorar la seguridad personal de los trabajadores de primera línea, incluida la instalación de cabinas a prueba de balas para los conductores, ya que muchos enfrentan violencia y acoso.

El presidente del sindicato, Brian Pollitt, dijo que se celebraría una votación de ratificación el 6 de diciembre.

El acuerdo se produce unas dos semanas después de que los miembros del sindicato votaran a favor de autorizar una huelga una vez que su contrato de un año con SEPTA expirara el 8 de noviembre. Sin embargo, los líderes del sindicato acordaron retrasar una huelga mientras sintieran que se estaban logrando avances en la mesa de negociaciones.

El Local 234 tiene unos 5.000 miembros, incluidos operadores de autobuses, metro y tranvías, mecánicos, cajeros, personal de mantenimiento y conserjes.

Pollit dijo que evitar una huelga era una prioridad, y señaló que el transporte público es una «necesidad necesaria» para muchos residentes, incluidos los estudiantes que toman los trenes y autobuses de SEPTA para ir a la escuela y los trabajadores que dependen de la agencia para llegar a sus trabajos.

«Obtuvimos un trato justo, y ahora debemos centrarnos en asegurarnos de que SEPTA se mantenga fuerte para todos los que dependen de ella», dijo Pollitt.

Scott Sauer, director general interino de SEPTA, dijo que ambas partes trabajaron duro para llegar a un acuerdo.

“Este acuerdo es justo para nuestros esforzados empleados de primera línea y responsable con los clientes y los contribuyentes”, dijo.

La SEPTA, que ha dicho en repetidas ocasiones que su salud financiera es incierta, propuso recientemente un aumento generalizado de las tarifas del 21,5% que comenzaría el día de Año Nuevo, así como severos recortes en el servicio que entrarían en vigor el próximo verano. La agencia ha programado una audiencia pública sobre el plan para el 13 de diciembre.

Si la junta directiva de la SEPTA lo aprueba, los pasajeros pagarían el aumento además de un aumento de tarifa promedio provisional propuesto del 7,5% que el panel debe considerar a finales de este mes. Si se aprueba, entraría en vigor el 1 de diciembre. Si ambos aumentos entran en vigor, el costo de la tarifa única del autobús urbano y el metro pasaría de $2 a $2,90. Las tarifas clave de SEPTA, donde los pasajeros obtienen descuentos por usar una tarjeta prepaga para pagar tarifas que ahora varían de $3.75 a $6.50, según la zona que usen, oscilarían entre $5 y $8.75 el 1 de enero.

SEPTA aumentó las tarifas por última vez en 2017, y se espera que el aumento propuesto genere $23 millones adicionales para este año fiscal y $45 millones por año a partir de 2026.

SEPTA, el sexto sistema de transporte público más grande del país, enfrenta un déficit presupuestario estructural anual de $240 millones a medida que se elimina gradualmente la ayuda federal por la pandemia. Perdió alrededor de $161 millones en ayuda estatal desde que el Senado estatal controlado por los republicanos se negó a votar sobre la propuesta del gobernador demócrata Josh Shapiro de $283 millones en nueva ayuda estatal para el transporte público. En cambio, los legisladores aprobaron un pago único al fondo fiduciario estatal para sistemas de transporte, del cual SEPTA recibió $46 millones.

SEPTA avert a strike by reaching a deal with its largest workers union

SEPTA
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) trains sit in the yard at Fern Rock Transportation Center in Philadelphia, in this file photo from Oct. 25, 2021. (Photo: AP/Matt Rourke/File)

BRUCE SHIPKOWSKI

Philadelphia’s mass transit system has reached a tentative contract deal with its largest workers union, averting a potential strike that could have seen thousands of employees walk off the job.

The Southeastern Pennsylvania Transportation Authority and Transport Workers Union Local 234 announced the one-year agreement Wednesday. It calls for union members to receive a 5% raise and an unspecified pension adjustment. The contract also has language aimed at improving the personal safety of frontline workers, including installing bulletproof enclosures for drivers since many face violence and harassment.

Union President Brian Pollitt said a ratification vote would be held Dec. 6.

The agreement comes about two weeks after union members had voted to authorize a strike once their one-year contract with SEPTA expired Nov. 8. Union leaders, though, agreed to delay a strike as long as they felt progress was being made at the bargaining table.

Local 234 has about 5,000 members, including bus, subway and trolley operators, mechanics, cashiers, maintenance people and custodians.

Pollitt said Wednesday that avoiding a strike was a priority, noting that public transit is a “necessary need” for many residents, including students who take SEPTA trains and buses to school and workers who rely on the agency to get to their jobs.

«We got a fair deal, and now we need to focus on making sure SEPTA stays strong for everyone who depends on it,» Pollitt said.

Scott Sauer, SEPTA’s interim general manager, said both sides worked hard to reach a deal.

“This agreement is fair to our hardworking frontline employees and responsible to the customers and taxpayers,” he said.

SEPTA, which has repeatedly said its financial health is uncertain, recently proposed an across-the-board 21.5% fare increase that would start New Year’s Day as well as severe service cuts that would take effect next summer. The agency has scheduled a Dec. 13 public hearing on the plan.

If approved by SEPTA’s board, riders would pay the increase on top of a proposed interim average fare increase of 7.5% the panel is due to consider later this month. If passed, it would take effect Dec. 1. If both increases take effect, the single fare cost of riding the city bus and subway would go from $2 to $2.90. SEPTA key fares, where riders get discounts for using a prepaid card to pay fares that now range from $3.75 to $6.50, depending on the zone they use, would range from $5 to $8.75 on Jan. 1.

SEPTA last raised fares in 2017, and the proposed increase would be expected to bring in an additional $23 million for this fiscal year and $45 million per year starting in 2026.

The nation’s sixth-largest mass transit system, SEPTA faces an annual structural budget deficit of $240 million as federal pandemic aid phases out. It lost out on about $161 million in state aid since the Republican-controlled state Senate declined to vote on Democratic Gov. Josh Shapiro’s proposal for $283 million in new state aid to public transit. Instead, lawmakers approved a one-time payment to the state trust fund for transit systems, of which SEPTA got $46 million.