El Gobierno estadounidense anunció este lunes sanciones contra varias personas, algunos de ellos funcionarios del Gobierno de Georgia, por socavar la democracia y atentar contra los derechos humanos del pueblo georgiano.
Las sanciones fueron impuestas por el Departamento de Estado y por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
En un comunicado, el Departamento de Estado informó de la imposición de restricciones de visado a más de 60 personas georgianas, responsables o cómplices de socavar la democracia en Georgia.
Entre ellos están Zviad ‘Khareba’ Kharazishvili, jefe del Departamento de Tareas Especiales del Ministerio del Interior, y Mileri Lagazauri, uno de sus adjuntos, quienes están acusados de participar en graves abusos de los derechos humanos durante la respuesta violenta a las protestas pacíficas contra la ley de influencia extranjera.
También se sanciona a dos líderes georgianos de un grupo extremista violento, Konstantine Morgoshia y Zurab Makharadze, por graves abusos de los derechos humanos, al atacar violentamente a ciudadanos que ejercían su libertad de reunión pacífica.
«Seguimos preocupados por los abusos de los derechos humanos y las acciones antidemocráticas en Georgia, y seguiremos considerando la posibilidad de adoptar medidas adicionales en respuesta a ello. Estados Unidos apoya inequívocamente los derechos de los georgianos a reunirse, hablar y protestar pacíficamente sin temor a la violencia, la intimidación o la represión», apuntó en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken.
Por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a varias personas, entre ellas a Kharazishvili y a Lagazauri, asociados con brutales medidas represivas contra manifestantes pacíficos y opositores políticos.
También sancionó a Morgoshia y Makharadze, como responsables o cómplices en la represión violenta del ejercicio de la libertad de reunión pacífica de los georgianos.
El 28 de mayo de 2024, a pesar de semanas de protestas masivas contra la legislación propuesta, el partido gobernante Georgia Dream aprobó una ley titulada ‘Sobre la transparencia de la influencia extranjera’, conocida coloquialmente como la ‘ley de influencia extranjera’.
Esta ley exige que las organizaciones y medios no gubernamentales, incluidos los medios de comunicación, que reciban más del 20 % de su financiación de fuentes extranjeras se registren como organizaciones «que persiguen los intereses de una potencia extranjera».
Durante las protestas que tuvieron lugar antes de la aprobación de la ley, las fuerzas de seguridad del Departamento de Tareas Especiales del Ministerio del Interior «atacaron violentamente a ciudadanos georgianos, dirigentes de la oposición política, periodistas y activistas juveniles que expresaban pacíficamente sus opiniones», apunta la OFAC.
Esta violencia fue supervisada por Kharazishvili y su adjunto, Lagazauri.
Mientras, Morgoshia, está sancionado por ser uno de los fundadores de Alt-Info, una empresa de medios de comunicación que utilizó para amplificar la desinformación y difundir discursos de odio y amenazas contra las comunidades marginadas.
Y Makharadze es una personalidad de los medios de comunicación asociada a Alt-Info y es uno de los partidarios más vocales de la violencia contra los manifestantes pacíficos y los georgianos marginados.
September Is Suicide Prevention Month – and the Shapiro-Davis Administration Is Taking a Holistic Approach to Addressing Gun Violence
Harrisburg – Lt. Gov. Austin Davis joined experts from the American Foundation for Suicide Prevention and CeaseFirePA Education Fund today for a virtual “lunch and learn” session to discuss how to reduce firearm suicide deaths in the Commonwealth.
“We’re taking a holistic approach to addressing the epidemic of gun violence – and that has to include the epidemic of firearm suicides, which represents the majority of gun deaths in Pennsylvania,” said Lt. Gov. Austin Davis, who is also chair of the Pennsylvania Commission on Crime and Delinquency (PCCD). “As we recognize Suicide Prevention Month, we must take action to prevent gun suicides. That includes investing in mental and behavioral health services, as well as pushing for commonsense gun safety laws, breaking the stigma about suicide and talking openly and honestly about how we can address this crisis.”
The bipartisan 2024-25 state budget recently signed by Gov. Josh Shapiro provides an additional $20 million for county mental health programs, $5 million for crisis stabilization walk-in centers and makes available $100 million for mental health services and resources for K-12 schools.
Last week, the Governor signed an executive order to re-establish the state’s Office of Gun Violence Prevention, within PCCD. The office will collaborate with the Department of Health’s Division of Violence Prevention, the Department of Human Services and other key stakeholders to increase awareness of firearm safety practices like safer storage.
“Too often, we view firearm suicide as inevitable, as if there was nothing we could have done to prevent a loved one or a community member from taking their own life, especially with a gun – but nothing could be further from the truth,” said Samantha Bruno, Eastern Pennsylvania Area Director for the American Foundation for Suicide Prevention. “From breaking down the stigma through open conversation and education, to prevention policies like safe storage, we can equip not only firearm owners but entire communities with the tools and knowledge needed to save lives.”
«The scale of this problem is far more shocking than the statistics alone tell,” said Dr. Jay Breneman, Stoneleigh Foundation Fellow and Director of Firearm Suicide Prevention for CeaseFirePA Education Fund. «We must recognize that every suicide death represents a profound loss that continues to devastate families and entire communities for generations to come. Such a complex trauma requires an equally comprehensive response, and we appreciate the Lieutenant Governor’s leadership in this life-saving work.»
In Pennsylvania, youth mental health concerns have continued to increase. Data from the Pennsylvania Youth Survey (PAYS), last administered by PCCD in 2023, shows that more than 16 percent of Pennsylvania students seriously considered suicide and one in 10 students in middle and high school students in PA had planned suicide in the past year.
If you or a loved one are experiencing a behavioral health crisis, call or text 988 to contact the Suicide and Crisis Lifeline, which is available 24 hours a day, 365 days a year.
Fotografía de archivo del 3 de septiembre de 2024 de la directora de campaña de Harris-Walz, Julie Chávez Rodríguez, hablando durante un evento en Boynton Beach, Florida (Estados Unidos). (Foto: EFE/ Cristobal Herrera-ulashkevich)
Julie Chávez Rodríguez, jefa de campaña de la vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata, Kamala Harris, advierte en una entrevista con EFE que la «retórica divisiva y peligrosa» del exmandatario republicano Donald Trump está teniendo «consecuencias reales» en Estados Unidos.
Ejemplo de ello es Springfield (Ohio), donde se han sucedido las amenazas de bomba con desalojo de escuelas y edificios gubernamentales después de que Trump dijera de manera falsa que los migrantes haitianos de esa localidad se estaban comiendo a los «perros» y «gatos» de los vecinos.
«Este es el mismo tipo de retórica divisiva y peligrosa que hemos escuchado de Trump desde el primer día. Y no son solo palabras. Sabemos que esta retórica tiene consecuencias reales», se lamentó Chávez Rodríguez, la primera latina en liderar una campaña presidencial en Estados Unidos.
Para ella, el discurso de Trump tiene un impacto profundamente personal. Por sus venas corre la sangre de César Chávez (1927-1993), estadounidense de origen mexicano que hace seis décadas encabezó un movimiento para defender los derechos de los trabajadores del campo y se hizo popular con el grito de «¡Sí se puede!».
Chávez Rodríguez lamentó que las declaraciones de Trump estén causando estragos en Springfield, que en los últimos años ha recibido a inmigrantes haitianos que «trabajan duro y contribuyen a revitalizar su economía», pero ahora ven cómo sus vidas se interrumpen por amenazas de bomba.
«Lo que dice no son solo palabras. Tiene consecuencias reales y es peligroso para nuestras comunidades y para nuestro país. Por eso, en la campaña vamos a seguir recordando a los votantes que esto no son solo cosas que él dice, sino que tienen un impacto real y sirven para demonizar y crear violencia política en muchas de nuestras comunidades», afirmó.
La jefa de campaña, no obstante, engloba este último episodio en un patrón de comportamiento de Trump y señala que el expresidente ha usado este tipo de comentarios en el pasado para provocar división en Estados Unidos.
Por ejemplo, recordó cómo Trump lanzó su campaña de 2016 asegurando que México estaba enviando a EE. UU. a «violadores» y «asesinos», y cómo hace unos meses dijo que los migrantes que llegan al país están «envenenando la sangre», una frase que usó Adolf Hitler en ‘Mein Kampf’ («Mi lucha») para criticar la mezcla de razas.
«Hemos visto esto de Trump una y otra vez. Ha demonizado y, realmente, despreciado a la comunidad inmigrante y latina», afirmó.
Una de las consecuencias de esa retórica, recordó Chávez Rodríguez, fue el tiroteo ocurrido en agosto de 2019, en el que el atacante se dirigió a un Walmart de El Paso (Texas) frecuentado por la comunidad latina. Tras el ataque, publicó un manifiesto en el que mencionaba frases usadas por Trump, como «invasión» de migrantes.
Ese ataque, en el que murieron 23 personas y 22 resultaron heridas, está considerado como el atentado más mortífero contra latinos en la historia moderna de Estados Unidos.
El Southern Poverty Law Center, que monitorea grupos y lenguaje de odio en EE. UU., afirma que los grupos antiinmigrantes son los más extremos de los cientos de grupos nacionalistas blancos que han proliferado desde finales de los años 90, cuando la xenofobia antiinmigrante comenzó a alcanzar niveles no vistos desde la década de 1920.
Solo en 2023, según sus datos, la cifra de grupos contra los migrantes pasó de 1 a 18.
La entrada de un hospital en Miami, el 9 de enero del 2020. (Foto: AP/Wilfredo Lee)
Durante tres días, el personal de una clínica médica de Orlando alentó a una mujer con dolor abdominal que llamó a la línea de triaje a que fuera al hospital. Ella se resistió, atemorizada por una ley de Florida de 2023 que requiere que los hospitales pregunten si un paciente está en Estados Unidos con permiso legal.
La clínica había trabajado duro para explicar los límites de la ley, que es parte del amplio paquete de políticas de inmigración más estrictas del gobernador Ron DeSantis. La clínica colocó carteles, avisándole a los pacientes que podían negarse a responder la pregunta y a pesar de ello recibirían atención: la información de identificación individual no sería reportada al estado.
“Intentamos explicar esto una y otra y otra vez, pero el miedo era real”, dijo Stephanie Garris, directora general del Grace Medical Home, quien agregó que la mujer finalmente acudió a una sala de emergencias para recibir tratamiento.
Texas será el próximo en poner a prueba una ley similar para los hospitales inscritos en los planes de salud estatales, Medicaid y el Children’s Health Insurance Program (Programa de Seguro Médico para Niños). Entrará en vigor el 1 de noviembre, justo antes del final de una elección presidencial en la que la inmigración es un tema clave.
“Los texanos no deberían tener que asumir la carga de mantener económicamente la atención médica de los inmigrantes ilegales”, dijo Greg Abbott, el gobernador republicano de Texas, en un comunicado en el que anunció su mandato, que difiere del de Florida en que los proveedores no tienen que informar a los pacientes que su estatus no será compartido con las autoridades.
Ambos estados tienen un gran número de inmigrantes, que van desde personas que están en Estados Unidos sin permiso legal hasta personas que tienen casos de asilo pendientes o son parte de familias de estatus mixto. Y aunque la tasa de personas sin seguro médico en estos dos estados —ninguno de los cuales ha ampliado la cobertura de Medicaid— es más alta que el promedio nacional, las investigaciones han demostrado que los inmigrantes tienden a usar menos y gastar menos en atención médica.
Texas y Florida tienen una larga historia de desafiar las políticas de inmigración del gobierno federal al aprobar políticas propias. Y sus líderes republicanos dicen que las leyes hospitalarias contrarrestan lo que consideran una aplicación laxa de la ley en la frontera por parte del gobierno del presidente Joe Biden, aunque ellos mismos admiten que los primeros datos de Florida son limitados.
Blaise Ingoglia, el senador republicano por Florida que patrocinó el proyecto de ley para hospitales, dijo en una declaración escrita que la ley es “la ley contra la inmigración ILEGAL más fuerte y completa liderada por un estado”, pero no respondió a las preguntas de The Associated Press sobre el impacto de la ley en la comunidad inmigrante o en los pacientes hospitalizados.
Luis Isea, un médico de medicina interna con pacientes en hospitales y clínicas en el centro de Florida, dijo que la ley “crea esa barrera adicional” para pacientes que ya están expuestos a muchas disparidades.
Los grupos de defensa de los inmigrantes en Florida dijeron que enviaron miles de mensajes de texto y correos electrónicos y realizaron clínicas para ayudar a las personas a comprender las limitaciones de la ley, incluido el hecho de que las agencias policiales no sabrían el estatus de una persona porque los datos se informarían de manera global.
Pero muchas de las llamadas no recibieron respuesta. Algunos pacientes reportaron que se iban de Florida como resultado del impacto de la ley para obtener atención médica y empleo. El gobierno de de DeSantis vinculó el mandato hospitalario a otras iniciativas que invalidaron algunas licencias de conducir, criminalizaron el transporte de inmigrantes que carecían de estatus permanente y cambiaron las políticas de verificación de empleo.
Otros, dicen los defensores, aguantaron su dolor o debieron ser persuadidos. Verónica Robleto, directora de programas en el Rural Women’s Health Project (Proyecto de Salud de Mujeres Rurales) en el centro norte de Florida, recibió una llamada antes de que la ley entrara en vigencia —en julio de 2023— de una mujer joven que no tenía permiso legal para estar en Estados Unidos y temía que la separaran de su hijo si daba a luz en el hospital.
“Tenía mucho miedo (pero) terminó por acudir después de hablar conmigo”, reportó Robleto.
Los datos que Florida y Texas recopilen probablemente no serán confiables por varias razones, sugirieron los investigadores. Paul Keckley, economista especializado en salud, dijo que el informe publicado por los funcionarios del estado de Florida podría tener datos “incompletos, inexactos o engañosos”.
Por un lado, es autoinformado. Cualquier persona puede negarse a responder, una opción elegida por casi el 8% de las personas ingresadas en el hospital y alrededor del 7% de quienes acudieron a la sala de emergencias entre junio y diciembre de 2023, según el informe del estado de Florida. Menos del 1% de las personas que acudieron a la sala de emergencias o fueron ingresadas en el hospital informaron estar en Estados Unidos “ilegalmente”.
La Florida Agency for Health Care Administration (Agencia para la Administración de Atención Médica de Florida) reconoció grandes limitaciones en su análisis, y confesó que no sabía cuánta de la atención brindada a los “extranjeros ilegales” quedó impaga. También dijo que no podía vincular los altos niveles de atención no remunerada con el nivel de “extranjeros ilegales” que llegan a un hospital, y agregó que están “más asociados con el estatus de los condados rurales que con los porcentajes de la inmigración ilegal”.
La agencia no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios y más información. Su informe señaló que, durante gran parte de la última década, la cantidad de facturas impagas y deudas no cobradas que tienen los hospitales de Florida ha disminuido.
En Florida y en Texas, las personas que están en Estados Unidos ilegalmente no pueden inscribirse en Medicaid —el programa de seguro médico público para personas de bajos ingresos o recursos— excepto en el caso de una emergencia médica.
Múltiples factores pueden afectar el costo de la atención para las personas que están en Estados Unidos sin permiso legal, dijeron los expertos, especialmente la falta de atención preventiva. Eso es especialmente cierto para personas que tienen enfermedades progresivas como cáncer, dijo el doctor James W. Castillo II, autoridad de la salud del condado de Cameron, Texas, que tiene aproximadamente un 22% de población sin seguro en comparación con el promedio estatal del 16,6%.
En ese punto, dijo, “generalmente es mucho más difícil de tratar, mucho más caro de tratar”.
Los grupos comunitarios, legisladores y abogados de inmigración de Texas se están asociando con Every Texan (Cada Texano), una organización sin fines de lucro que se centra en políticas públicas y el acceso a la atención médica, para alentar a las personas a no responder la pregunta sobre su estatus, dijo Lynn Cowles, de Every Texan.
Y en Florida, aunque los temores de deportación disminuyen, persisten las dudas sobre el propósito de la ley.
“Cuánto de esto es una política sustancial y buena política frente a cómo le fue, dejo eso para que otros lo especulen”, dijo Garris, de la clínica de Orlando. “Pero sé que el efecto práctico de la ley fue atroz y degradante para los pacientes que viven aquí, que trabajan aquí. Es simplemente insultante”.
El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021). (Foto: EFE/BIZUAYEHU TESFAYE)
El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) responsabilizó este lunes a «la retórica de la izquierda comunista» del posible intento de asesinato que sufrió este domingo en Florida, el segundo contra el candidato republicano en dos meses.
«Debido a esta retórica de la izquierda comunista las balas están volando, ¡y esto solo empeorará!, advirtió en su red social, Truth Social, el exmandatario.
Señaló que «la retórica, mentiras y declaraciones falsas hechas» por la vicepresidenta y aspirante demócrata, Kamala Harris, durante el debate presidencial «manipulado» en ABC «ha llevado la política de nuestro país a un nivel completamente nuevo de odio, abuso y desconfianza».
Ryan Wesley Routh, el sospechoso de intentar asesinar a Trump en un campo de golf en el sur de Florida (EE. UU.), fue acusado este lunes de dos cargos federales por poseer armas de fuego, por los que podría afrontar hasta 20 años de cárcel.
Routh, de 58 años y criminal convicto, fue arrestado la tarde del domingo en West Palm Beach después de que se aproximara al campo de golf en el que estaba jugando el exmandatario armado con un rifle AK-47 con mira telescópica.
Tras ser detectado por el Servicio Secreto estadounidense, que le disparó, el hombre logró huir en un vehículo, aunque fue detenido poco después en una carretera cercana.
Las autoridades dijeron en una conferencia de prensa que no descartan añadir otros cargos según avance la investigación. Trump ha sufrido en poco más de dos meses dos intentos de asesinato. El pasado 13 de julio Thomas Mathew Crooks, de apenas 20 años, fue abatido por agentes del Servicio Secreto segundos después de disparar alrededor de ocho tiros al presidente cuando participaba en un mitin en Pensilvania.
Crooks usó un rifle tipo AR-15 adquirido por su padre de manera totalmente legal.
En su publicación en X de hoy, Trump asegura que ese «nivel completamente nuevo de odio» contra su persona procede también de las «demandas ridículas diseñadas específicamente» para infligirle daño como oponente político, primero del presidente, Joe Biden, y luego de Harris.
Pedro Isern es director ejecutivo del Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas (CESCOS) www.cescos.org.
Desde su nacimiento en 1945, una de las tareas principales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha sido buscar la paz y la cooperación entre los pueblos. Hoy, cuando nos acercamos a sus 80 años de vida, podemos ver cómo Taiwán busca vivir en paz con su región y el mundo, mientras China continental busca la agresión y provocación como método permanente.
Ante semejante agresión, sería decepcionante ver a una ONU neutral, pero es que ni siquiera hay neutralidad o equidistancia. En cambio, comprobamos el apoyo a una dictadura de 1.300 millones de habitantes y 35 trillones de dólares de PIB, contra una democracia pacífica de 23 millones de habitantes y 1,57 trillones de dólares de PIB (medido en paridad de poder de compra).
Taiwán no es solo una democracia transparente y pacífica que respeta el derecho de las minorías a expresar sus ideas y creencias. También es una economía clave en las cadenas globales de suministro de componentes de tecnologías de punta como los semiconductores.
El sistema internacional no tiene que elegir entre China y Taiwán. Esa falsa dicotomía fue impulsada por Pekín y tácitamente aceptada por la mayoría. Es urgente para la estabilidad de la región y la paz global que este enfoque erróneo sea repensado. La ONU enfrenta aquí un desafío existencial. Si no comprende la magnitud del problema, es probable que continúe consolidando su camino hacia la intrascendencia.
Un sistema global liberal (es decir, basado en el respeto de los derechos humanos) no puede tomar partido por una dictadura expansionista por sobre una democracia pacífica. Una creciente parte de la sociedad civil global está pidiendo a la ONU que ni siquiera defienda a una democracia, sino que, apenas, ejerza un nuevo rol como suerte de árbitro neutral.
Ni siquiera se le pide que defienda a la pequeña isla agredida por la enorme dictadura. Simplemente, se pide un ejercicio diplomático de la neutralidad. Si la ONU ni siquiera puede ser neutral en 2024, es razonable sostener que los demócratas y las democracias transparentes deben repensar las características de las instituciones que forman el sistema global liberal.
El desprestigio de la ONU es hoy evidente. También es hoy evidente el prestigio de Taiwán. La próxima Asamblea anual de la ONU se enfrenta al desafío de la oportunidad. Después de lo sucedido durante la pandemia del COVID-19, la ONU tiene que comprender que enfrenta la urgencia de incorporar a países, personas y actores de la sociedad civil transparentes, para aprender de los errores.
* Pedro Isern es director ejecutivo del Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas (CESCOS) www.cescos.org.
El cantante puertorriqueño Ricky Martin presenta un espectáculo junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, como parte de su gira Ricky Martin Sinfónico este jueves, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). (Foto: EFE/STR)
‘Ricky Martin Sinfónico’, la propuesta escénica del cantante puertorriqueño Ricky Martin junto a orquestas sinfónicas de distintos países, ha logrado más de medio millón de asistentes desde su debut en 2022, según informaron este lunes los representantes del artista.
«Lo que he vivido hasta ahora con mi concierto sinfónico ha superado todas mis expectativas. Lo soñé por muchos años y después de vivir los dos primeros conciertos en el Hollywood Bowl, supe que quería llevarlo a todos los rincones del mundo», dijo Ricky Martin.
El cantante inicio esta aventura con dos conciertos completamente agotados en el afamado Hollywood Bowl con la Filarmónica de Los Ángeles y junto al director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.
Hoy en día, ha logrado agotar entradas en 16 países, incluyendo Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay, Mónaco, España, Suiza, Albania, Puerto Rico, República Dominicana, México, Perú, Panamá y Costa Rica.
Este fin de semana pasado, se presentó en Guatemala y El Salvador.
«Tener el honor de colaborar con orquestas sinfónicas de cada país y poder interpretar canciones tan significativas en mi vida en este formato ha sido mágico. La emoción que veo en las caras de las personas que lo han visto es contagiosa y siento que esto apenas empieza. Queda mucho por recorrer», aseveró el artista.
Tanto el público como la prensa especializada han elogiado el concierto en vivo y su gran repertorio, conformado por todos los éxitos de Ricky Martin, acompañados por las orquestas sinfónicas de cada país.
Simultáneamente, ha presentado su concierto en formato pop llamado ‘Ricky Martin Live’ en diferentes países de Europa, siendo el próximo el 21 de septiembre en Budapest, Hungría.
Días después, estará iniciando la filmación de la segunda temporada de la serie nominada al Emmy ‘Palm Royale’ de Apple TV, la cual protagoniza junto a las galardonadas actrices Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janney y Carol Burnett.
The motorcade for President Donald Trump arrives at Trump International Golf Club, Feb. 15, 2020, in West Palm Beach, Fla. (Photo: AP/Alex Brandon/File)
Donald Trump was the target of what the FBI said “appears to be an attempted assassination” at his golf club in West Palm Beach, Florida, on Sunday, just nine weeks after the Republican presidential nominee survived another attempt on his life. The former president said he was safe and well, and authorities held a man in custody.
U.S. Secret Service agents stationed a few holes up from where Trump was playing noticed the muzzle of an AK-style rifle sticking through the shrubbery that lines the course, roughly 400 yards away.
An agent fired and the gunman dropped the rifle and fled in an SUV, leaving the firearm behind along with two backpacks, a scope used for aiming and a GoPro camera, Palm Beach County Sheriff Ric Bradshaw said. The man was later stopped by law enforcement in a neighboring county.
It was the latest jarring moment in a campaign year marked by unprecedented upheaval. On July 13, Trump was shot during a rally in Butler, Pennsylvania, and a bullet grazed his ear. Eight days later, Democratic President Joe Biden withdrew from the race, giving way for Vice President Kamala Harris to become the party’s nominee.
Sheriff vehicles are pictured near Trump International Golf Club, Sunday. Sept. 15, 2024, in West Palm Beach, Fla., after gunshots were reported in the vicinity of Republican presidential candidate former President Donald Trump. (Photo: AP/Stephany Matat)
And it spawned new questions about Secret Service protective operations after the agency’s admitted failures in preventing the assassination attempt this summer.
The man who was detained had a calm, flat demeanor and showed little emotion when he was stopped, according Martin County Sheriff William Snyder.
“He never asked, ‘What is this about?’ Obviously, law enforcement with long rifles, blue lights, a lot going on. He never questioned it,” Snyder said.
In an email to supporters, Trump said: “There were gunshots in my vicinity, but before rumors start spiraling out of control, I wanted you to hear this first: I AM SAFE AND WELL!” He wrote: “Nothing will slow me down. I will NEVER SURRENDER!”
He returned to Mar-a-Lago, his private club in Palm Beach where he lives, according to a person familiar with Trump’s movements who was not authorized to discuss them publicly and spoke on condition of anonymity.
It was not immediately clear how the development would affect his schedule or campaign dynamics. Trump was set to speak from Florida about cryptocurrency live on Monday night on the social media site X and had stops planned Tuesday and Wednesday in Michigan and on New York’s Long Island.
An email to Trump campaign staffers obtained by AP said, “We ask that you remain vigilant in your daily comings and goings.”
“As we enter the last 50 days of President Trump’s campaign, we must remember that we will only be able save America from those who seek to destroy it by working together as one team.”
Photos that show an AK-47 rifle, a backpack and a Go-Pro camera on a fence outside Trump International Golf Club taken after an apparent assassination attempt of Republican presidential candidate former President Donald Trump, are displayed during a news conference at the Palm Beach County Main Library, Sunday. Sept. 15, 2024, in West Palm Beach, Fla. (Photo: AP/Stephany Matat)
Biden and Harris were briefed on the matter and each issued a statement condemning political violence. Harris’ added that she was “deeply disturbed” by the day’s events and that “we all must do our part to ensure that this incident does not lead to more violence.”
Biden said he had directed his team to ensure the Secret Service «has every resource, capability and protective measure necessary to ensure the former President’s continued safety.”
In the aftermath, Trump checked in with allies, including running mate Ohio Sen. JD Vance, South Carolina Sen. Lindsey Graham and several Fox News hosts. House Speaker Mike Johnson said he spent several hours with Trump and called him “unstoppable.”
Fox News host Sean Hannity recounted on air his conversation with the former president’s golf partner, Steve Witkoff.
They had been on the fifth hole and about to go up to putt when they heard a “pop pop, pop pop.” Within seconds, he said Witkoff recounted, Secret Service agents “pounced» on Trump and “covered him” to protect him.
Trump had returned to Florida this weekend from a West Coast swing that included a Friday night rally in Las Vegas and a Utah fundraiser. His campaign had not announced any public plans for Trump on Sunday. He often spends the morning playing golf.
This photo provided by the Martin County Sheriff’s Office shows Sheriff’s vehicles surrounding an SUV on the northbound I-95 in Martin County on Sunday, Sept. 15, 2024. (Phto: APMartin County Sheriff’s Office)
Trump has had a stepped-up security footprint since the assassination attempt in July. When he is at Trump Tower in New York, parked dump trucks have formed a wall outside the building. At outdoor rallies, he now speaks from behind bulletproof glass.
The Florida golf course was partially shut down for Trump as he played, but there are several areas around the perimeter of the property where golfers are visible from the fence line. Secret Service agents and officers in golf carts and on ATVs generally secure the area several holes ahead and behind Trump. Agents also usually bring an armored vehicle onto the course to shelter Trump quickly should a threat arise.
The Palm Beach County sheriff said the entire golf course would have been lined with law enforcement if Trump were the president, but because he is not, “security is limited to the areas that the Secret Service deems possible.”
“I would imagine that the next time he comes to the golf course, there will probably be a little more people around the perimeter,» Bradshaw said. “But the Secret Service did exactly what they should have done.»
Late Sunday, Trump posted a message on social media thanking the Secret Service and law enforcement for keeping him safe, calling them “brave and dedicated Patriots,” adding that it was «certainly an interesting day!”
He was to be briefed in person Monday by acting Secret Service director Ronald Rowe about the investigation into the assassination attempt, according to a person familiar with the plan for the briefing who was not authorized to speak publicly.
Former presidents and their spouses have Secret Service protection for life, but the security around former presidents varies according to threat levels and exposure, with the toughest measures typically being taken in the immediate aftermath of their leaving office.
Trump’s protective detail has been higher than some other former presidents because of his high visibility and his campaign to seek the White House again.
The man in custody was Ryan Routh, three law enforcement officials told the AP. The officials who identified the suspect spoke on the condition of anonymity because they were not authorized to discuss the ongoing investigation.
Records show Routh, 58, lived in North Carolina for most of his life before moving to Hawaii in 2018. In 2020, he made a social media post backing Trump’s reelection, but in more recent years his posts have expressed support for Biden and Harris.
Routh tried to recruit Afghan soldiers fleeing the Taliban to fight in Ukraine, and spent several months in the country, according to an interview with The New York Times last year.
The house of Ryan Routh is seen in Kaaawa, Hawaii, Sunday, Sept. 15, 2024. Routh is in police custody in connection with the apparent assassination attempt of Republican presidential nominee former President Donald Trump on Sunday in West Palm Beach, Fla. (Photo: AP/Audrey McAvoy)
The FBI was leading the investigation and working to determine any motive. Attorney General Merrick Garland was receiving regular updates. Agents with the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives were helping investigate.
“The FBI has responded to West Palm Beach Florida and is investigating what appears to be an attempted assassination of former President Trump,” the bureau said.
Florida Gov. Ron DeSantis, a Republican, said the state would do its own investigation, posting on X that, “The people deserve the truth about the would be assassin and how he was able to get within 500 yards of the former president and current GOP nominee.”
News reporters were not with Trump on Sunday. Bucking tradition, Trump’s campaign has not arranged to have a protective pool of reporters travel with him, as is standard for major party nominees and for the president. Harris does not have a protective pool at all times, but does allow reporters to travel with her for public events.
Snyder, the Martin County sheriff, said the suspect was apprehended within minutes of the FBI, Secret Service and Palm Beach County Sheriff’s Office putting out a “very urgent BOLO” — or “be on the lookout” alert.
Snyder said his deputies “immediately flooded” northbound I-95 and “we pinched in on the car, got it safely stopped and got the driver in custody.”
Una multitud se congrega en el Zócalo --la plaza principal de Ciudad de México-- el domingo 15 de septiembre de 2024 para conmemorar la independencia del país. (Foto: AP/Félix Márquez)
CIUDAD DE MÉXICO. — Horas antes del inicio de las celebraciones por el Día de la Independencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó su reforma constitucional más polémica: la que restructura el poder judicial para que todos los jueces sean elegidos por voto popular.
Ni los recursos judiciales de las últimas semanas que pedían paralizar su entrada en vigor por irregularidades en la tramitación parlamentaria, ni las enconadas críticas de sectores sociales que creen que politizará la justicia, ni las advertencias sobre los riesgos que supone para la democracia mexicana lanzadas por algunos países han podido evitar que la Constitución mexicana quedara reformada el domingo por la noche con la publicación de los cambios en el Diario Oficial de la Federación.
“Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, que tengamos un auténtico, un verdadero estado de derecho… que se acabe la simulación, porque se hablaba de que vivíamos en democracia pero no, dominaba una oligarquía”, dijo López Obrador en un video en el que se le ve firmando la reforma en presencia de su sucesora, Claudia Sheinbaum, que asumirá el poder el 1 de octubre. “Ahora sí es el pueblo el que manda”.
Sheinbaum ganó las elecciones generales de junio con el 60% de los votos y por eso el oficialismo asegura que está suficientemente legitimado para hacer los cambios ahora propuestos.
“Viva la justicia”, clamó el mandatario poco después durante su última ceremonia del “Grito”, el acto simbólico que marca el inicio de las fiestas patrias.
“Viva la Cuarta Transformación”, agregó ante un Zócalo repleto en referencia al proyecto oficialista que él ha liderado.
López Obrador quería dejar como legado muchos cambios en la Constitución y el primero y más polémico ya es un hecho, aunque sus detractores consideran que más que mejorar la justicia, la va a dilapidar y politizar.
El trámite parlamentario de la controvertida iniciativa concluyó la madrugada del miércoles con su aprobación en el Senado. El oficialismo consiguió el único voto que le faltaba gracias a un parlamentario de la oposición, y después de una muy convulsa sesión que incluyó la irrupción de manifestantes en el pleno, el cambio repentino de sede y acusaciones de cooptar el voto.
Posteriormente la reforma fue ratificada por una mayoría de los 32 estados del país.
López Obrador, que ha tenido duros enfrentamientos con la judicatura porque los tribunales bloquearon o paralizaron algunas de sus grandes reformas, asegura que la iniciativa acabará con la corrupción al facilitar las sanciones a los magistrados.
Pero los críticos argumentan que pone en riesgo la independencia judicial, representa un duro golpe para el sistema de contrapesos del gobierno y generará incertidumbre entre los inversores.
Además, consideran que llenará las cortes con jueces afines al partido en la presidencia, permitirá que personas con poca experiencia sean jueces y podría facilitar que políticos y delincuentes puedan influir en los fallos judiciales.
El camino por delante para poner en práctica una reforma que tiene todavía muchas preguntas sin resolver es una gran incógnita.
Algunos expertos creen que todavía podría ser impugnada por contradecir convenios o tratados internacionales suscritos por México y en los que el Estado mexicano se compromete a tener una justicia imparcial.
La reforma judicial es la primera de las reformas constitucionales previstas por el presidente y que incluyen, entre otras, la supresión de organismos autónomos que hacían contrapeso al poder ejecutivo, y que la Guardia Nacional —un cuerpo creado en este gobierno con la premisa de estar bajo mando civil— pase a manos del Ejército.
Senate Banking Committee Chairman Sherrod Brown, D-Ohio, speaks with reporters at the Capitol in Washington, March 15, 2023. (Photo: AP/J. Scott Applewhite/File)
Trying to defend their narrow Senate majority with a challenging slate of contests on Republican-leaning turf, Democrats are pumping $25 million into expanded voter outreach across 10 states.
The new spending from the Democratic Senatorial Campaign Committee, first shared with The Associated Press, comes less than two months until the Nov. 5 election and as Democrats are benefiting from a fundraising surge since President Joe Biden ended his reelection bid in July and endorsed Vice President Kamala Harris as the party standard-bearer.
“A formidable ground game makes all the difference in close races,” DSCC Chairman Sen. Gary Peters of Michigan said in a statement. “We are reaching every voter we need to win.”
The latest investment will be distributed across Arizona, Florida, Maryland, Michigan, Montana, Nevada, Ohio, Pennsylvania, Texas and Wisconsin. The money will go toward efforts to defend five Democratic incumbents and open seats in Michigan, Maryland and Arizona that are currently included in Democrats’ majority, as well as efforts to unseat GOP incumbents in Florida and Texas.
Plans for the money will vary by state but will include hiring more paid field organizers and canvassers; digital organizing programs targeting specific groups of voters online; texting programs; and in-person organizing events targeting younger generations and nonwhite voters.
Democrats currently hold a 51-49 Senate advantage, a split that includes independent senators who caucus with Democrats. But of the 33 regular Senate elections this November, Democrats must defend 23 seats, counting the independents who caucus with them to make their majority. They’ve devoted few national resources to West Virginia, a Republican-leaning state where Sen. Joe Manchin, a Democrat-turned-independent, is retiring.
Sen. Ted Cruz, R-Texas., speaks during the Republican National Convention, July 16, 2024, in Milwaukee. (Photo: AP/Paul Sancya/File)
The playing field gives Democrats little margin for error. If they lose West Virginia and hold all other seats, they still would have to upset Florida Sen. Rick Scott or Texas Sen. Ted Cruz to win a majority or hope Harris wins the presidential election — an outcome that would allow her running mate, Tim Walz, to cast the tiebreaking vote for Democrats as vice president, as Harris did in a 50-50 Senate during the first two years of Biden’s administration.
Sen. Jon Tester, D-Mont., walks to a vote on Capitol Hill, Sept. 6, 2023, in Washington. (Photo: AP/Alex Brandon/File)
The DSCC declined to disclose a state-by-state distribution of the $25 million. But it’s no secret that Democrats’ defense of the majority starts with tough reelection contests for Sens. Jon Tester of Montana and Sherrod Brown of Ohio. Both are relatively popular, multiterm incumbents, but they’re running in states where Donald Trump, the former president and current Republican nominee, has twice won by comfortable margins. That means Tester and Brown would need a considerable number of voters to split their tickets between Trump and their Senate choice.
Senate Democrats already have financed field offices in Montana and Ohio, since those are not presidential battleground states where the Harris campaign leads Democrats’ coordinated campaign operations. And even with the money coming from national coffers, the additional on-the-ground spending will reinforce the two Democratic senators’ strategies of distancing themselves from Harris and the national party.
Five of the 10 states getting money, meanwhile, overlap with the presidential battleground map: Arizona, Michigan, Nevada, Pennsylvania and Wisconsin. Biden won all of them four years ago, while Trump won all except Nevada in 2016. Both presidential campaigns see the states as tossups this fall.
Rep. Colin Allred, D-Texas, speaks during the Democratic National Convention Aug. 22, 2024, in Chicago. (Photo: AP/Paul Sancya/File)
The voter outreach spending comes alongside an ongoing $79 million advertising effort by Democrats’ Senate campaign arm and builds on staffing and infrastructure investments that the national party arm already has made.
The outlay comes after Harris, who has raised more than $500 million since taking over the Democratic presidential ticket in July, announced plans to distribute $25 million to party committees that focus on down-ballot races. Senate and House Democrats’ respective campaigns each got $10 million of that money, an acknowledgment that Democratic majorities on Capitol Hill would make a Harris presidency more successful and that Harris and down-ballot Democrats can help each other at the ballot box.
Democratic aides said the on-the-ground spending was always in the Senate committee’s plans, but Harris’ bounty certainly expands options for all party-affiliated campaign groups. Democrats believe they have a superior campaign infrastructure to Trump and the rest of the GOP in a campaign year where the White House and control of Capitol Hill could be decided by marginal turnout changes among the parties’ core supporters and a narrow band of persuadable voters.
Still, the National Republican Senatorial Committee has outraised and outspent Senate Democrats this cycle, though Democrats had more cash on hand at the end of July, the last reporting period disclosed to the Federal Election Committee.
Through July 31, the NRSC had raised $181.3 million and spent $138.5 million. Republicans reported a balance of $51 million. Democrats had raised $154 million and spent $103.3 million. They reported a balance of $59.3 million.
