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EE. UU. podría deportar a hombre que pasó 43 años en prisión antes de que anularan su condena

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Tejaswini Rao habla con invitados mientras Subramanyam y Saraswathi Vedam se abrazan durante la celebración del aniversario de bodas de sus padres en State College, Pensilvania, en agosto de 1981. (Saraswathi Vedam vía AP)

FILADELFIA— Después de esperar más de cuatro décadas para limpiar su nombre tras ser acusado de asesinar a un amigo en 1980, Subramanyam Vedam se preparaba para salir libre este mes de una prisión en Pensilvania.

Vedam y Thomas Kinser tenían 19 años y eran hijos de profesores de la Universidad Estatal de Pensilvania. Vedam fue la última persona en ser vista con Kinser y fue condenado dos veces por su asesinato, a pesar de la falta de testigos o motivos.

En agosto, un juez anuló la condena después de que la defensa de Vedam encontrara nuevas pruebas balísticas que los fiscales nunca habían revelado.

Mientras su hermana se preparaba para llevarlo a casa el 3 de octubre, el delgado y canoso Vedam fue puesto bajo custodia federal debido a una orden de deportación de 1999. El hombre, de 64 años, que llegó legalmente de India a Estados Unidos cuando tenía 9 meses, enfrenta ahora otra ardua batalla legal.

En medio de la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de realizar deportaciones masivas, los abogados de Vedam deben persuadir a un tribunal de inmigración de que una condena por drogas, emitida en la década de 1980, debería verse compensada por los años que pasó injustamente en prisión. Durante un tiempo, la ley de inmigración permitía que las personas que habían reformado sus vidas buscaran tales exenciones. Vedam nunca la persiguió entonces debido a la condena por asesinato.

“Fue alguien que sufrió una profunda injusticia”, dijo la abogada de inmigración Ava Benach. “(Y) esos 43 años no son una hoja en blanco. Vivió una notable experiencia en prisión”.

Vedam obtuvo varios títulos tras las rejas, tuteló a cientos de compañeros de prisión y en casi medio siglo cometió una sola infracción, relacionada con arroz traído de afuera.

Sus abogados esperan que los jueces de inmigración consideren la totalidad de su caso. El gobierno, en un escrito presentado el viernes, se opone al esfuerzo. Mientras tanto, Vedam permanece en una instalación de 1.800 camas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el centro de Pensilvania.

“Los criminales extranjeros ilegales no son bienvenidos en Estados Unidos”, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en un correo electrónico sobre el caso.

«Señor Vedam, ¿dónde nació?»

Tras la anulación de su condena inicial, Vedam enfrentó un conjunto inusual de preguntas en su nuevo juicio de 1988.“Señor Vedam, ¿dónde nació?” preguntó el fiscal del distrito del condado de Centre, Ray Gricar. “¿Con qué frecuencia regresaba a India?

“En su adolescencia, ¿alguna vez se interesó en la meditación?”

Gopal Balachandran, el catedrático de derecho de Penn State que ganó la revocación, cree que las preguntas estaban diseñadas para aislarlo del jurado, compuesto completamente por personas blancas, que emitió un segundo veredicto de culpabilidad.

Los Vedam fueron una de las primeras familias indias en el área conocida como “Happy Valley”, donde su padre había llegado como becario postdoctoral en 1956. Una hija mayor nació en State College, pero “Subu”, como se le conocía, nació cuando la familia estaba de regreso en India en 1961.

Regresaron a State College para quedarse antes de su primer cumpleaños y se convirtieron en la familia que daba la bienvenida a nuevos miembros de la diáspora india en la ciudad.

“Estaban totalmente comprometidos. Mi padre amaba la universidad. Mi madre era bibliotecaria y ayudó a iniciar la biblioteca”, dijo Saraswathi Vedam, de 68 años, hermana de Vedam y profesora de obstetricia en Vancouver, Columbia Británica.

Mientras ella estudiaba la universidad en Massachusetts, Subu se vio envuelto en la contracultura de finales de los años 70, dejándose crecer el cabello y experimentando con drogas mientras tomaba clases en Penn State.

Un día de diciembre de 1980, Vedam le pidió a Kinser que lo llevara al cercano Lewisburg para comprar drogas. Kinser nunca fue visto de nuevo, aunque su camioneta fue encontrada fuera de su apartamento. Nueve meses después, un grupo de excursionistas encontró su cuerpo en un área boscosa a varios kilómetros (millas) de distancia.

Vedam fue detenido por cargos de drogas durante las investigaciones policiales, y finalmente fue acusado de asesinato. Fue condenado en 1983 y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para resolver el caso de drogas, se declaró no culpable de cuatro cargos de venta de LSD y un cargo de robo. El nuevo juicio de 1988 no ofreció ningún alivio a su situación.

Aunque la defensa cuestionó durante mucho tiempo las pruebas balísticas en el caso, el jurado, que escuchó que Vedam había comprado una pistola calibre .25 a alguien, nunca supo que un informe del FBI sugería que la herida de bala era demasiado pequeña para haber sido causada por esa arma. Balachandran halló ese informe mientras investigaba el caso en 2023.

Tras varias audiencias sobre el tema, un juez del condado de Centre anuló la condena y el fiscal del distrito decidió este mes no volver a juzgar el caso.

Funcionarios de Trump se oponen a la petición

Benach, la abogada de inmigración, suele representar a clientes que intentan permanecer en Estados Unidos a pesar de haber cometido una infracción anterior. Aun así, el caso de Vedam le parece “verdaderamente extraordinario” dadas las violaciones constitucionales cometidas.

“Cuarenta y tres años de encarcelamiento injusto compensan con creces la posesión con intención de distribuir LSD cuando tenía 20 años”, dijo.

Vedam podría pasar varios meses más bajo custodia antes de que la Junta de Apelaciones de Inmigración decida si reabre el caso. En un escrito divulgado el viernes, funcionarios del ICE dijeron que el tiempo se agotó hace años.

“No ha proporcionado evidencia ni argumento para demostrar que ha sido diligente en la búsqueda de sus derechos en lo que respecta a su estatus migratorio”, escribió Katherine B. Frisch, abogada principal adjunta.

A Saraswathi Vedam le entristece el reciente retraso, pero dijo que su hermano sigue siendo paciente.

“Él, más que nadie, sabe que a veces las cosas no tienen sentido”, afirmó. “Tienes que mantener el rumbo y seguir esperando que la verdad, la justicia, la compasión y la bondad prevalezcan”.

Eli Lilly invertirá más de 1.200 millones de dólares en modernizar planta en Puerto Rico

Eli Lilly
Fotografía de archivo donde aparece Edgardo Hernández, presidente de Operaciones de Fabricación Globales (TBC). EFE/ David Fernández

San Juan.- La farmacéutica estadounidense Eli Lilly anunció este miércoles que invertirá más de 1.200 millones de dólares para expandir y modernizar su planta de manufactura en Carolina.

Esta nueva inversión integrará tecnologías avanzadas y ampliará la capacidad de producción dentro del campus existente, con el fin de respaldar el creciente portafolio de medicamentos orales sólidos de la compañía para salud cardio metabólica, neurociencia, oncología e inmunología, explicó la empresa en un comunicado.

La planta será una de las instalaciones que manufacturará orforglipron, el primer agonista del receptor GLP-1 oral de molécula pequeña de Lilly, que la compañía planifica someter antes de finalizar el año a las agencias regulatorias globales para el tratamiento de la obesidad.

«Después de más de seis décadas, Lilly del Caribe continúa desempeñando un papel fundamental en la producción de medicamentos que transforman vidas para personas dentro y fuera de los Estados Unidos», dijo Edgardo Hernández, vicepresidente ejecutivo y presidente de Operaciones de Manufactura de Lilly, en la nota.

Lilly estima que el proyecto generará hasta 1.000 empleos durante la fase de construcción y 100 nuevos puestos especializados en el área de manufactura.

«Nuestras continuas inversiones en capacidad, infraestructura, tecnologías y empleos altamente especializados fortalecerán aún más la importancia de la planta dentro de la red global de manufactura de Lilly», aseguró Hernández.

«Nuestro progreso está fundamentado en la dedicación y la experiencia de nuestro equipo local, permitiéndonos ofrecer nuevos medicamentos a pacientes en todo el mundo», añadió.

Por su parte, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, resaltó que la inversión de Eli Lilly para expandir y modernizar su planta de manufactura en Carolina, posiciona a la isla «como un centro estratégico para la manufactura avanzada, la innovación y la seguridad económica nacional».

«La expansión multimillonaria de Lilly representa una firme muestra de confianza en nuestra gente, nuestra infraestructura y nuestra competitividad a largo plazo dentro de la cadena de suministro de Estados Unidos», indicó.

«Esto demuestra que las empresas globales pueden seguir creciendo y prosperando aquí, mientras Puerto Rico contribuye de manera significativa a la resiliencia de las industrias más críticas de la nación», aseguró.

La expansión de la planta de manufactura de medicamentos orales sólidos está prevista para iniciar en 2026, con planes de comenzar la producción a finales de 2028.

Llega a Venezuela el vuelo de repatriación número 81 con 290 migrantes procedentes de EE. UU.

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Fotografía de archivo de un grupo de ciudadanos venezolanos al descender de un avión, tras ser deportados desde Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas.- Un total de 290 migrantes retornaron este miércoles desde Estados Unidos a Venezuela en el vuelo número 81 de repatriación coordinado este año por el gubernamental Plan Vuelta a la Patria, informó el Ministerio de Interior.

A través de Telegram, la cartera de Estado detalló que, del total de retornados, 239 son hombres, 43 mujeres, siete niños y un adolescente, quienes recibieron, subrayó, una «atención integral al momento de su llegada al territorio nacional».

El pasado viernes, otros 312 migrantes llegaron a Venezuela en un vuelo procedente de Texas (EE. UU.), entre ellos dos niños que, según denunció el Gobierno de Caracas, fueron «separados injustamente» de su madre, quien retornó al país suramericano el pasado septiembre, según el mismo ministerio.

El despacho de Estado indicó entonces -en Instagram- que entre los retornados, además de los dos niños, arribaron 260 hombres y 50 mujeres, que llegaron en un avión que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.Este mes, el presidente Nicolás Maduro informó que un total de 14.947 venezolanos han regresado a su país este año, después de que Caracas suscribiera en enero pasado un acuerdo de deportación con Washington.

La Liga del Barrio at 25: building futures, one game at a time in Philadelphia

Esther Alvarez, commissioner / board member, and Raymond Alvarez, president and CEO of La Liga del Barrio, receive a proclamation from At-Large Councilmember Rue Landau (Photo: JPROD Photography)

La Liga del Barrio, Philadelphia’s first Latino youth basketball league, celebrated 25 years of empowering young people through sports, education, and mentorship at its 25th Anniversary Gala, held on Friday, October 24, 2025, at the Philadelphia Ballroom.

Founded in 2000 by then–City Councilman Angel L. Ortiz and former Philadelphia 76ers General Manager Pat Croce, La Liga del Barrio has become a pillar of community development in North Philadelphia. Throughout its history, the nonprofit organization has impacted more than 18,000 young people, promoting a model that unites education and athletics by requiring every player to submit a school progress report before stepping onto the court.

La Liga was never just about basketball; it was about creating a lifeline for our community,” said Ray Álvarez, President and CEO of La Liga del Barrio. “For 25 years we have proven that when education and mentorship come first, you can change the trajectory of a child’s life. Now, we’re ready to secure a permanent home where the next generation can build an even stronger future”.

The gala featured cultural performances, dinner, a silent auction, alumni jersey retirements, and special awards. Among the evening’s highlights were keynote remarks from Dr. Ariel Lajara, Assistant Superintendent of the School District of Philadelphia, and Michael Going, Vice President of Social Responsibility and Fan Development for the Philadelphia 76ers.

One of the most emotional moments of the night came when several community leaders and institutions were honored, including Dr. José Lebron (Edison High School), John Seman (Chichester School District), Joshua Klaris (Lenfest North10), Angela Villani (Mariana Bracetti Academy Charter School), Dr. Alycia A. Marshall (Community College of Philadelphia), and Rev. Luis Cortés (Esperanza).

“I am deeply grateful to be honored by La Liga del Barrio,” said Rev. Cortés. “For two and a half decades, they have nurtured thousands of our children. Thank you, La Liga, for thinking of me.”

Josh Klaris, Executive Director of North10, also emphasized the spirit of collaboration:

“North10 is honored to be recognized as a valued community partner. Each of these organizations was acknowledged for their lasting impact on education and youth empowerment in North Philadelphia.”

This year, the gala also recognized two outstanding alumni — Radame Rivera and Tiana Garvin — retiring their jerseys in honor of their leadership on and off the court. They join international professional basketball player José Ortiz as the only three athletes to ever receive this distinction in La Liga’s history.

With this celebration, La Liga del Barrio looks to the future with an ambitious vision: to build its first permanent gym and community center along the American Street Corridor — an expansion that will increase programming by 75% and secure a legacy of opportunity for generations to come.

La Liga del Barrio a los 25 años: construyendo futuros, un juego a la vez en Filadelfia

Israel “Izzy” Colón, Rev. Luis Cortés y su esposa Damaris Cortés, Danny Cortés y su esposa Ellen Cortés, Carmen & Will Rocha, Amaris Hernández, Lydia Hernández Vélez y su esposo Ángel Ortiz (Foto: JPROD Photography)

La Liga del Barrio, la primera liga juvenil de baloncesto latina de Filadelfia, celebró 25 años de empoderar a jóvenes a través del deporte, la educación y la mentoría en su Gala del 25.º Aniversario, realizada el viernes 24 de octubre de 2025 en el Philadelphia Ballroom.

Fundada en el año 2000 por el entonces concejal Ángel L. Ortiz y el exgerente general de los Philadelphia 76ers, Pat Croce, La Liga del Barrio se ha convertido en un pilar del desarrollo comunitario en el norte de Filadelfia. A lo largo de su historia, la organización sin fines de lucro ha impactado a más de 18,000 jóvenes, promoviendo un modelo que une educación y deporte al requerir informes escolares de cada jugador antes de entrar a la cancha.

La Liga nunca fue solo sobre baloncesto; se trataba de crear un salvavidas para nuestra comunidad”, dijo Ray Álvarez, presidente y director ejecutivo de La Liga del Barrio. “Durante 25 años hemos demostrado que cuando se prioriza la educación y la mentoría, se cambia la trayectoria de vida de un niño. Ahora estamos listos para asegurar un hogar permanente donde la próxima generación pueda construir un futuro aún más sólido”.

La gala contó con presentaciones culturales, cena, una subasta silenciosa, el retiro de camisetas de exalumnos y reconocimientos especiales. Entre los momentos más destacados estuvieron las intervenciones del Dr. Ariel Lajara, sub-superintendente del Distrito Escolar de Filadelfia, y de Michael Going, vicepresidente de Responsabilidad Social y Desarrollo de Fanáticos de los Philadelphia 76ers.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a varias instituciones y líderes comunitarios, entre ellos el Dr. José Lebrón (Edison High School), John Seman (Chichester School District), Joshua Klaris (Lenfest North10), Ángela Villani (Mariana Bracetti Academy Charter School), la Dra. Alycia A. Marshall (Community College of Philadelphia) y el reverendo Luis Cortés (Esperanza).

“Me siento sumamente agradecido de ser honrado por La Liga del Barrio. Durante dos décadas y media han nutrido a miles de nuestros niños. Gracias, La Liga, por pensar en mí”, expresó el reverendo Luis Cortés.

Por su parte, Joshua Klaris, director ejecutivo de North10, destacó el espíritu de colaboración: “North10 se siente honrado de ser reconocido como un socio comunitario valioso. Cada una de las entidades fue reconocida por su impacto duradero en la educación y el empoderamiento juvenil en el norte de la ciudad”.

Este año, la gala también reconoció a dos exalumnos excepcionales, Radame Rivera y Tiana Garvin, retirando sus camisetas en honor a su liderazgo dentro y fuera de la cancha. Ellos se unen al jugador profesional internacional José Ortiz, siendo los únicos tres atletas en recibir esta distinción en la historia de La Liga.

Con esta celebración, La Liga del Barrio mira hacia el futuro con una visión audaz: construir su primer gimnasio y centro comunitario permanente en el corredor de American Street, una expansión que aumentará su programación en un 75 % y garantizará un legado de oportunidades para las generaciones venideras.

Shapiro demanda a USDA para garantizar pagos de SNAP en noviembre durante el cierre federal

SNAP

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, interpuso hoy una acción legal para obligar al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) a usar fondos de contingencia ya autorizados por el Congreso y así pagar los beneficios de SNAP correspondientes a noviembre, suspendidos a raíz del cierre del gobierno federal. La medida busca proteger a casi dos millones de residentes del estado —incluidos cientos de miles de niños y adultos mayores— que dependen de esta asistencia alimentaria mensual.

De acuerdo con la demanda, presentada junto con un bloque de 25 estados y el Distrito de Columbia, el USDA cuenta con miles de millones de dólares en reservas que pueden activarse en situaciones extraordinarias como un cierre gubernamental. El gobierno federal ordenó a principios de mes pausar la emisión de beneficios de noviembre, y la semana pasada formalizó la suspensión. Pensilvania acató la instrucción y notificó públicamente el paro de pagos por falta de financiamiento federal.

Shapiro calificó como “inaceptable” el uso de la asistencia alimentaria como “ficha de negociación”, al señalar que es la primera vez desde 1964 que se detienen pagos de SNAP a nivel nacional por decisión administrativa en medio de un cierre. “Cuando hay fondos de contingencia disponibles, el gobierno tiene la obligación de garantizar que la gente no pase hambre”, sostuvo el mandatario.

La queja enumera datos que dimensionan el impacto en el estado: en 2024, en promedio 2,025,387 residentes recibieron SNAP cada mes, entre ellos 713,811 niños y 697,001 adultos mayores; y solo en septiembre de 2025, el Departamento de Servicios Humanos (DHS) emitió 354 millones de dólares en beneficios. En términos económicos, la administración estatal subraya que cada dólar de SNAP genera 1.54 dólares en actividad económica, por lo que un corte abrupto afectaría a más de 10,600 comercios y a productores agrícolas locales.

Organizaciones de la red alimentaria caritativa advirtieron que no pueden absorber el incremento repentino de la demanda si se interrumpen los depósitos. Julie Bancroft, directora ejecutiva de Feeding PA, señaló que la cancelación de pedidos del Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP) y la eliminación del financiamiento del Programa de Asistencia para la Compra de Alimentos Locales (LFPA) ya habían tensionado el sistema y que una pausa en SNAP “simplemente no puede suplirse” con despensas.

La acción judicial de hoy se suma a otras emprendidas por la Administración Shapiro este año para sostener programas alimentarios y proteger a agricultores de Pensilvania, luego de que el gobierno federal diera por terminado el financiamiento de 13 millones de dólares del LFPA que beneficia a 189 granjas y 14 bancos de alimentos; en ese caso, la resolución sigue pendiente.

El litigio también busca aclarar un punto clave de política pública: si el USDA puede ignorar su propio plan de contingencia —que reconocía cerca de 6,000 millones de dólares en fondos multianuales para operaciones estatales durante un cierre— y, a la vez, suspender una prestación que llega a 42 millones de personas en todo el país.

La demanda cuenta con la adhesión de las fiscalías generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin; además de los gobernadores de Kansas y Kentucky.

Próximo paso: el caso buscará una orden judicial que obligue al USDA a liberar de inmediato los pagos de noviembre mientras persista el cierre, con especial urgencia ante la inminente temporada de fiestas, cuando tradicionalmente aumenta el gasto en alimentos y la presión sobre los bancos de comida.

Crece inquietud por atrasos y cancelaciones de vuelos por cierre de Gobierno en EE. UU.

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Imagen de archivo. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Washington.- La inquietud en EE. UU. va este martes en aumento ante un probable incremento de atrasos y cancelaciones de vuelos a medida que avanza el cierre de Gobierno y coincidiendo con la primera vez que los controladores aéreos no han recibido su nómina prevista debido a la falta de fondos.

Como empleados esenciales, estos profesionales calificados continúan en sus puestos de trabajo, muchos de ellos en turnos de diez horas, seis días a la semana, a pesar de no poder recibir salarios hasta que se solucione el bloqueo legislativo en el Senado, según indicó la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (NATCA, en inglés).

«Este trabajo ya es bastante estresante. Trabajamos día tras día y tomamos miles de decisiones. Lo hacemos cinco días a la semana. La mayoría, en realidad, seis, y a eso le sumamos que antes tuvimos solo un pago parcial y hoy no recibimos la nómina completa», denunció el presidente de la NATCA, Nick Daniels.

El atraso en los salarios complica aún más la situación en las torres de control estadounidenses (donde ya de por sí escasean los controladores), a medida que muchos de estos trabajadores dejen de presentarse en sus puestos por buscar oportunidades temporales de ingresos o simplemente por pedir la baja por enfermedad.

Todo esto «hace que el sistema sea menos seguro. Y entonces, la única manera de hacerlo seguro es reducir el número de aeronaves», agregó Daniels.

«Les he dejado claro a nuestros controladores aéreos: tienen que ir a trabajar. Realizan una labor muy importante para nuestro país y tienen que ir. Pero no voy a mentir a nadie diciendo que no sienten el estrés», dijo este martes por su parte el secretario de Transporte, Sean Duffy.

En una rueda de prensa junto al liderazgo de la NATCA, Duffy advirtió que la paralización gubernamental impactó directamente en el 44 % de los miles de atrasos en vuelos del pasado domingo y al 24 % de los de este lunes.

El actual cierre del Gobierno entró el lunes en su quinta semana sin visos de acuerdo en el Senado, que este martes tumbó por décimo tercera vez una resolución temporal para financiar a agencias y programas gubernamentales hasta el 21 de noviembre, por lo que continúan las negociaciones.

La propuesta republicana no logró alcanzar la mayoría de 60 apoyos necesaria, en una votación a lo largo de las líneas partidistas (54-45), con la gran mayoría de los demócratas en contra, ya que se niegan a respaldar la medida si no se incluye una extensión de los subsidios del programa sanitario Obamacare, que expirarán a fines de año.

El actual cierre del Gobierno es el segundo más largo de la historia del país, luego de la paralización de 35 días entre 2018-2019, que precisamente llegó a su fin entre presiones de la industria aérea después de que el absentismo de los controladores interrumpiera operaciones en los aeropuertos más importantes de la nación.

En la actualidad, al menos 670.000 empleados federales han sido puestos en licencia sin sueldo, mientras que otros 730.000 trabajan sin recibir pagos, según el Centro de Política Bipartidista estadounidense.

EE. UU. deja de recibir pagos en efectivo para servicios migratorios y de ciudadanía

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Archivo. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Washington.- El Gobierno de Estados Unidos comenzó este martes a aceptar únicamente pagos electrónicos para los formularios presentados en papel, una medida que elimina el uso de cheques y giros postales en los trámites migratorios.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) está aplicando la medida que obliga a pagar mediante tarjeta de crédito o débito utilizando el formulario G-1450, o por débito bancario directo (ACH) a través del formulario G-1650, los diferentes servicios que presta.

Con esta medida, USCIS dejará de recibir cheques y giros postales como métodos de pago, una práctica habitual durante décadas en los procesos de inmigración, que incluyen procesos de naturalización, ajustes de estatus, solicitudes de visa de empleo entre otras.

La medida podría crear obstáculos adicionales para algunos inmigrantes indocumentados y otros solicitantes que no tienen acceso a sistemas de pago electrónicos en EE. UU.

Por su parte, la agencia, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), explicó que la transición busca «aumentar la seguridad y eficiencia en el manejo de fondos públicos».

Las solicitudes enviadas con cheques después de este martes podrán ser rechazadas por falta de pago, advirtió el organismo en un comunicado.

Durante 2025, la USCIS se ha visto envuelta en polémicas por denuncias de restricciones en visas para mujeres transgénero y por permitir a sus agentes evaluar si los solicitantes de diversos procesos han emitido comentarios o tenido conductas «antiamericanistas».

Juventud de Filadelfia se moviliza por el voto anticipado con la marcha “Give Us a Ballot”

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Trabajadores electorales procesan los votos por correo para las elecciones generales de 2024 en el almacén electoral de Filadelfia, el martes 5 de noviembre de 2024, en Filadelfia. (Foto: AP/Matt Rourke/Archivo)

El martes 28 de octubre de 2025, jóvenes, estudiantes y líderes comunitarios se reunieron frente al Ayuntamiento de Filadelfia para participar en la marcha y la concentración “Give Us a Ballot”, organizadas por PA Youth Vote junto a diversas organizaciones locales. La actividad busca celebrar y promover el Día del Voto Anticipado (Early Voting Day) y destacar el papel de la juventud en la vida cívica.

El evento busca inspirar a los votantes a emitir su voto antes del Día de las Elecciones. Inspirada en las palabras del Dr. Martin Luther King Jr. en su discurso “Give Us the Ballot” de 1957, la marcha representa un llamado a empoderar a las nuevas generaciones, a brindar acceso equitativo y a respetar su voz en los procesos democráticos.

Durante la jornada, los asistentes marcharon alrededor del Ayuntamiento con pancartas, escucharon discursos de miembros del Concejo Municipal, líderes electos y estudiantes, y disfrutaron de presentaciones musicales, DJs y actividades que promueven la participación cívica de manera creativa y festiva. También habrá estaciones de asistencia al votante y talleres para la elaboración de carteles.

Según PA Youth Vote, la movilización tiene tres objetivos principales: motivar a los votantes jóvenes y primerizos a participar anticipadamente, conectar las políticas públicas con la vida cotidiana de las comunidades y fomentar una cultura de participación ciudadana sostenida.

Los organizadores recordaron que los votantes en Filadelfia podían emitir su voto anticipado en persona hasta las 5:00 p.m. del mismo 28 de octubre, tanto en el Ayuntamiento (sala 142) como en las oficinas electorales satélite ubicadas en la ciudad.

PA Youth Vote es una coalición no partidista de jóvenes, educadores y organizaciones dedicada a fortalecer la educación cívica y promover el liderazgo juvenil en toda Pensilvania. La iniciativa refleja el compromiso de una nueva generación de participar activamente en la construcción de una democracia más representativa y accesible para todos.

Este contenido forma parte de Every Voice, Every Vote, un proyecto colaborativo gestionado por The Lenfest Institute for Journalism. El apoyo principal para Every Voice, Every Vote en 2024 y 2025 proviene de la William Penn Foundation, con financiamiento adicional de The Lenfest Institute for Journalism, Comcast NBCUniversal, The John S. and James L. Knight Foundation, Henry L. Kimelman Family Foundation, Judy and Peter Leone, Arctos Foundation, Wyncote Foundation, 25th Century Foundation y Dolfinger-McMahon Foundation. Para obtener más información sobre el proyecto y consultar la lista completa de patrocinadores, visita Every Voice, Every Vote .
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Pensilvania es uno de los 23 estados que demandaron a la Administración Trump

Gobernador de Filadelfia, Josh Shapiro. (Foto: Archivo)

Un grupo de 23 estados, junto al Distrito de Columbia, demandó este martes a la Administración del presidente Donald Trump para mantener la financiación en noviembre de la ayuda alimentaria, que reciben alrededor de 42 millones de personas, y que será suspendida debido al cierre del Gobierno federal.

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, en inglés) publicó el fin de semana un aviso en su sitio web en el que indica que no financiará el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que otorga alimentos a cerca de uno de cada ocho estadounidenses, si el cierre continúa el próximo mes.

La demanda, encabezada por los estados de California y Massachusetts, argumenta que los beneficios del SNAP se «retrasarán por primera vez desde el inicio del programa» debido a la falta de acción del USDA, ya que los fondos fueron aprobados por el Congreso de Estados Unidos.

“Suspender los beneficios SNAP en estas circunstancias es contrario a la ley y arbitrario y caprichoso según la Ley de Procedimiento Administrativo”, declararon los estados en la demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Massachusetts.

California es uno de los estados más afectados por la suspensión de la ayuda que reciben 5,5 millones de sus residentes, quienes necesitan los llamados “cupones de comida”. El 63,2 % de los participantes del SNAP en el Estado Dorado son niños o adultos mayores.

“La decisión de la Administración Trump de retener la asistencia alimentaria ya financiada ha dejado a millones de estadounidenses con miedo e incertidumbre”, señaló el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, en un comunicado.

Los legisladores demócratas habían pedido a la secretaria del USDA, Brooke Rollins, que utilizara fondos de emergencia de 5.000 millones de dólares para cubrir la financiación de SNAP, pero se negó, argumentando que los necesitaba para enfrentar posibles catástrofes.

“El USDA no solo tiene la autoridad para usar fondos de contingencia, sino que también tiene la obligación legal de gastar todos los dólares disponibles para financiar los beneficios del SNAP”, argumentó el fiscal general de California, Rob Bonta.

La suspensión de las ayudas alimentarias ha salpicado incluso a los republicanos del Senado, que esta semana podrían debatir un proyecto de ley para financiar el programa

Un proyecto de ley de la Cámara de Representantes, respaldado por los republicanos y que financiaría temporalmente al gobierno federal, no logró la aprobación del Senado este martes por la decimotercera vez.