A las 6 de la mañana, antes de que la ciudad despierte, Carmen Meléndez ya está de pie. A sus 68 años, recorre los pasillos recién iluminados de edificios de oficinas con un trapeador y un carrito de limpieza, acompañada por el zumbido de las luces fluorescentes y el tenue olor de los productos industriales. Lleva años haciendo este tipo de trabajo —y no está lista para dejarlo. No porque no quiera, sino porque no puede permitirse hacerlo.
Carmen comenzó a recibir beneficios del Seguro Social el año pasado, a los 67 años. Según la ley federal, puede trabajar y recibir beneficios al mismo tiempo, y por ahora esa combinación es lo que la mantiene a flote. El monto que recibe queda apenas por encima del límite para la mayoría de los programas de asistencia pública: demasiado para calificar para ayuda, insuficiente para sentirse segura. El aumento constante de las primas de Medicare, los copagos que crecen cada año y las advertencias sobre futuros recortes de beneficios se han instalado en su vida diaria como un peso bajo y persistente.
“Si dejo de trabajar”, dice en voz baja, “no sé cómo voy a seguir adelante. Mi cheque cubre lo básico —apenas— y con el aumento constante de costos como la renta, la comida y los servicios públicos, tengo incetidumbre sobre el mañana. Me da miedo lo que pasará cuando mi cuerpo diga basta”.
La historia de Carmen no es inusual. Es, de hecho, el retrato de una crisis que está reconfigurando el panorama económico de Estados Unidos —un cuerpo envejecido, un cheque de beneficios insuficiente y una red de seguridad que se desvanece, uno a uno. Estados Unidos está envejeciendo más rápido de lo que su fuerza laboral puede sostener. La convergencia de una caída en las tasas de natalidad, políticas migratorias cada vez más restrictivas y una creciente ola de jubilaciones de los baby boomers está ejerciendo una enorme presión sobre el Seguro Social y Medicare. Esta no es una crisis futura, está ocurriendo ahora.
Los números no mienten
Según proyecciones de la Oficina del Censo de EE. UU., para el año 2030 todos los baby boomers tendrán 65 años o más, lo que significa que uno de cada cinco estadounidenses estará en edad de jubilación. Se proyecta que la población de personas de 85 años o más —quienes más dependen de recursos públicos— se triplicará hasta alcanzar casi los 19 millones. Mientras tanto, la población en edad de trabajar que financia estos programas mediante impuestos sobre la nómina se reduce proporcionalmente. La tasa de dependencia de adultos mayores —el número de jubilados por cada 100 personas en edad laboral— casi se duplicará entre 2020 y 2060.
El demógrafo Dowell Myers, de la Universidad del Sur de California, ha advertido que este desequilibrio no solo provocará crisis fiscales en el Seguro Social y Medicare, sino también grave escases de mano de obra, a medida que las jubilaciones masivas reduzcan el grupo de trabajadores disponibles. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, esta ola de retiradas ralentizará significativamente el crecimiento de la fuerza laboral durante la próxima década y más allá.
Seguro Social: décadas de problemas contables
Cuando el Seguro Social se estableció en 1935, la edad de jubilación se fijó en 65 años, en una época en que la esperanza de vida promedio de los hombres era considerablemente menor. El programa se diseñó, en parte, bajo la premisa de que una gran proporción de quienes contribuían nunca llegaría a cobrar beneficios. Ese cálculo se ha invertido drásticamente a medida que los estadounidenses viven más tiempo.
Para Carmen, estas cifras no son una abstracción. Un recorte del 21 % a un cheque que ya ofrece poco margen significaría elegir entre medicamentos y comida, entre calefacción y renta. La edad de jubilación ya se elevó a 67 años para quienes nacieron después de 1957, y continúan surgiendo en el Congreso propuestas para aumentarla a 68 o incluso 70. Para trabajadores latinos y negros en empleos físicamente exigentes —que ya enfrentan una menor esperanza de vida promedio debido a desigualdades de salud sistémicas— cada aumento adicional equivale, en la práctica, a excluirlos de un beneficio al que contribuyeron durante décadas. Para una mujer cuyo trabajo está evidenciado en sus manos y su espalda, la idea de trabajar dos años más después de los 67, va más allá de un debate de políticas públicas, es un ajuste de cuentas en el físico.
La crisis demográfica en dos frentes
Durante generaciones, Estados Unidos contó con un amortiguador confiable: tasas de natalidad relativamente altas y una inmigración constante de trabajadores jóvenes que contribuían al sistema y criaban a la siguiente generación de contribuyentes. Ambos factores están ahora en retroceso. La tasa de fertilidad ha caído de forma sostenida desde 2007. La inmigración legal neta ha disminuido casi un 58 % desde su punto máximo, y las políticas federales actuales han acelerado esta tendencia a través de un aumento en las deportaciones y la reducción de vías legales.
Las consecuencias se extienden por toda la economía. Menos inmigrantes significa menos trabajadores, menos ingresos por impuestos sobre la nómina, un mercado de vivienda más débil y una escasez creciente de personal de cuidado para adultos mayores, precisamente cuando millones de boomers necesitarán atención. Como ha señalado la Oficina del Censo, mayores niveles de inmigración aumentan directamente la proporción de personas en edad de trabajar; en escenarios de baja inmigración, la carga de dependencia se agrava de forma considerable. Los trabajadores con más probabilidades de ocupar esos puestos de cuidado —limpiar oficinas, atender salas hospitalarias y sostener el sistema con sus impuestos— son justamente quienes hoy están siendo excluidos.
¿Quién actúa en Washington?
Algunos legisladores están prestando atención. El senador Bernie Sanders y las representantes Pramila Jayapal y Alexandria Ocasio‑Cortez han abogado por eliminar el tope del impuesto sobre la nómina, de modo que los ingresos superiores al umbral actual de aproximadamente 168 000 dólares también contribuyan al sistema. Republicanos moderados han respaldado reformas migratorias específicas para sectores con escasez de mano de obra, como la agricultura, la construcción, la atención médica y el cuidado de personas mayores.
Otros han propuesto aumentar aún más la edad de jubilación, recortar beneficios o avanzar hacia una privatización parcial —soluciones que afectarían con mayor dureza a los trabajadores de menores ingresos. La brecha entre estos enfoques sigue siendo amplia. La Oficina de Referencia Poblacional proyecta que el gasto en Seguro Social y Medicare aumentará del 9.1 % del PIB actual al 11.5 % para 2035. Sin una reforma estructural, esa diferencia se cubrirá con recortes de beneficios o con deuda.
Un camino hacia adelante
No existe una solución única. Pero una combinación de expansión de vías legales de inmigración, inversión en políticas de apoyo a las familias para estabilizar las tasas de natalidad y políticas de jubilación que reconozcan el desgaste físico del trabajo obrero haría este desafío manejable. Para la comunidad latina de Filadelfia —joven, mayoritariamente inmigrante y profundamente integrada en la economía del cuidado y del trabajo— estos no son debates abstractos. Son los trabajadores que atienden hogares de ancianos, cubren turnos en hospitales y pagan impuestos sobre la nómina los que mantienen vivo el sistema.
Y luego está Carmen. Todavía trapeando pisos en la oscuridad, todavía estirando su cheque para cubrir lo que Medicare no alcanza, todavía llegando temprano para que los demás podamos entrar a oficinas limpias al amanecer. Ella no está esperando a que Washington lo resuelva. Está haciendo lo que siempre ha hecho: presentarse, trabajar duro y esperar que el sistema resista el tiempo suficiente para sostenerla cuando finalmente tenga que soltar.
