Un juez federal indicó que el gobierno del presidente Donald Trump estaba “fabricando” caos y dijo esperar que “la razón prevalezca sobre la retórica” en una mordaz orden en un caso sobre los esfuerzos del gobierno para deportar a un puñado de migrantes de distintos países a Sudán del Sur.
En la orden, publicada el lunes por la noche, el juez Brian Murphy escribió que le dio a la administración de Trump “una flexibilidad notable con una supervisión mínima” en el caso y enfatizó las numerosas veces que intentó trabajar con el gobierno.
“Por la conducta ejercida, es difícil llegar a cualquier conclusión que no sea que los Demandados invitan a la falta de claridad como un medio de evasión”, escribió Murphy, residente de Boston, en la orden de 17 páginas.
El juez supervisa un caso en el que defensores de la inmigración intentan evitar que el gobierno de Trump envíe a migrantes que trata de deportar de Estados Unidos a países de los que no son originarios sin darles una oportunidad significativa de protestar por su expulsión.
El juez dijo que los hombres no podían abogar por sí mismos
En una audiencia realizada la semana pasada y convocada para abordar informes de que ocho inmigrantes habían sido enviados a Sudán del Sur, Murphy dijo que los hombres no habían podido argumentar que la deportación podría ponerlos en peligro.
Pero en lugar de ordenar al gobierno que los devolviera a Estados Unidos para participar en audiencias, como querían los demandantes, le dio la opción de realizar las audiencias en Yibuti, donde el avión había volado en su camino a Sudán del Sur, siempre que los hombres permanecieran bajo custodia del gobierno estadounidense. Días después, el gobierno de Trump presentó otra moción diciendo que Murphy les exigía mantener a “criminales peligrosos en un lugar sensible”.
Pero en su orden del lunes, enfatizó repetidamente que fue “sugerencia” del propio gobierno que se le permitiera procesar las reclamaciones de los hombres mientras aún estaban en el extranjero.
“Resulta que tener procedimientos de inmigración en otro continente es más difícil y logísticamente más engorroso de lo que previeron los demandados”, escribió Murphy.
El gobierno ha argumentado que los hombres tenían antecedentes con el sistema de inmigración, y que habían tenido oportunidades para expresar su temor de ser deportados a un país fuera de su tierra natal. También ha dicho que el país de origen de los inmigrantes —Cuba, Laos, México, Myanmar, Vietnam y Sudán del Sur— no los aceptaría de regreso.
El gobierno también ha enfatizado repetidamente los antecedentes penales de los hombres en Estados Unidos y los ha presentado como amenazas a la seguridad nacional.
El gobierno se apoya en terceros países
La administración de Trump ha dependido cada vez más de que terceros países acepten a inmigrantes que no pueden ser enviados a sus naciones de origen por diversas razones. Algunas simplemente se niegan a aceptar a sus ciudadanos deportados, mientras que otras reciben a algunos, pero no a todos. Y otros más no pueden ser enviados a sus países de origen debido a preocupaciones de que serán torturados o lastimados.
Históricamente, eso ha significado que las autoridades de inmigración han tenido que liberar en Estados Unidos a personas a las que quieren deportar, pero no pueden.
Pero el gobierno de Trump ha presionado a otros países para que los acepten. En el hemisferio occidental, El Salvador, Costa Rica y Panamá han acordado aceptar a algunas personas que están siendo deportadas de Estados Unidos, siendo El Salvador el ejemplo más controvertido porque retiene a personas deportadas de Estados Unidos en una notoria prisión.
El gobierno de Trump ha dicho que estudia a otros terceros países para enviar allí a los deportados.
Murphy dijo en su orden que a los 8 hombres se les informó inicialmente el 19 de mayo que irían a Sudáfrica y luego, ese mismo día, se les dijo que serían enviados a Sudán del Sur. Señaló que el gobierno de Estados Unidos “ha emitido advertencias severas” con respecto a ese país.
Afirmó que los hombres tuvieron menos de 16 horas entre el momento en que les informaron que serían expulsados y su llegada al aeropuerto, “la mayoría de las cuales fueron horas no laborables” y que tuvieron una posibilidad “limitada, como máximo” de hablar con la familia o un abogado. “Dada la totalidad de las circunstancias, es difícil tomar en serio la idea de que los Demandados pretendían que estos individuos tuvieran alguna oportunidad real de hacer una reclamación válida”, escribió el juez.
