MICHAEL KUNZELMAN y BEN FINLEY Associated Press
GREENBELT, Maryland, EE.UU. (AP) — Una jueza federal ordenó el viernes al gobierno del presidente Donald Trump que organice el regreso de un hombre de Maryland a Estados Unidos después de que fuera deportado por error a una notoria prisión en El Salvador, mientras que un abogado gubernamental no pudo explicar lo sucedido.
El fallo rechazó la afirmación de la Casa Blanca de que carece del poder para recuperar a Kilmar Ábrego García, un ciudadano salvadoreño, porque ya no se encuentra en Estados Unidos. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha corregido errores de deportación en años anteriores, según el abogado de Ábrego García y expertos jurídicos.
El gobierno presentó una apelación inmediatamente después del fallo, mientras que funcionarios del gobierno de Trump repitieron alegatos de que Ábrego García es un peligroso miembro de una pandilla y que los tribunales de Estados Unidos no tienen control sobre el asunto.
“No estamos al tanto de que la jueza tenga jurisdicción o autoridad sobre el país de El Salvador”, señaló en un comunicado la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tras el fallo de la jueza federal de distrito Paula Xinis.
El ICE expulsó a Ábrego García, de 29 años, el mes pasado a pesar de un fallo de un juez de inmigración en 2019 que lo protegía de la deportación a El Salvador, donde enfrentaba una probable persecución por parte de pandillas locales.
Su deportación, que la Casa Blanca dijo que se trataba de un “error administrativo”, ha indignado a muchos y ha generado preocupaciones sobre la expulsión de extranjeros a los que se les había otorgado permiso para estar en Estados Unidos.
“El expediente refleja que Ábrego García fue detenido en Maryland sin fundamento legal… y sin mayor proceso ni justificación jurídica fue enviado a El Salvador”, escribió Xinis en su orden.
Antes de emitir el fallo, Xinis señaló que la deportación fue “un acto ilegal”, y presionó a Erez Reuveni, abogado del Departamento de Justicia, para que dé respuestas, muchas de las cuales no tenía.
Reuveni admitió ante Xinis que Ábrego García no debería haber sido expulsado de Estados Unidos ni debería haber sido enviado a El Salvador. No pudo decirle a la jueza bajo qué autoridad fue arrestado en Maryland.
“También estoy frustrado porque no tengo respuestas para muchas de estas preguntas”, reconoció.
La jueza también cuestionó por qué Ábrego García fue enviado a la prisión en El Salvador, en la que según observadores abundan las violaciones a los derechos humanos.
”¿Por qué está allí, de todos los lugares?”, preguntó Xinis, quien fue nominada por el presidente Barack Obama.
“No lo sé”, respondió Reuveni. “Esa información no me ha sido proporcionada”.
Reuveni había pedido a la jueza más tiempo —24 horas— para que el gobierno pudiera posiblemente negociar el regreso de Ábrego García.
El abogado de Ábrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, le dijo a la jueza que estaba consternado de que el gobierno no hubiera hecho nada para traer de vuelta a su cliente, incluso después de admitir sus errores.
“Muchos tuits. Muchas conferencias de prensa de la Casa Blanca. Pero no se han tomado medidas reales con el gobierno de El Salvador para corregir las cosas”, manifestó.
Sandoval-Moshenberg indicó que, en esencia, la respuesta del gobierno a su error fue decir: “No hemos intentado nada, y ya no tenemos opciones”.
“Esto no es algo que esté fuera del poder del gobierno”, agregó, e hizo notar que rutinariamente Estados Unidos extradita a líderes de pandillas, traficantes de drogas y otras personas encarceladas de otros países.
En escritos jurídicos, Sandoval-Moshenberg le pidió al tribunal que retirara a Ábrego García de la “prisión de tortura” y “lo devolviera a la custodia de Estados Unidos”.
La Casa Blanca ha dicho que Ábrego García es miembro de la pandilla MS-13, e insistió en esa afirmación después de la audiencia del viernes. Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), declaró que Washington tiene “informes de inteligencia de que está involucrado en el tráfico de personas”.
McLaughlin no comentó si el gobierno cumpliría con la orden de la jueza ni cuándo y dónde podría ser devuelto Ábrego García a territorio estadounidense. Pero dijo que estaría “encarcelado y fuera de las calles de Estados Unidos”.
“Los miembros de la pandilla MS-13 asesinan, violan y mutilan por deporte”, declaró. “Es vergonzoso que los medios de comunicación convencionales elijan hacer lo que estas pandillas crueles les dicen que hagan mientras ignoran a sus víctimas”.
Los abogados de Ábrego García han argumentado que no hay evidencia de que él perteneciera a la MS-13. La acusación se basa en la afirmación de un informante confidencial en 2019 de que Ábrego García era miembro de una sección de la pandilla en Nueva York, donde nunca ha vivido.
Ábrego García tenía permiso del DHS para trabajar legalmente en Estados Unidos, señaló su abogado. Era aprendiz de hojalatero e intentaba obtener su licencia para ejercer ese oficio.
Huyó de El Salvador aproximadamente en 2011 porque él y su familia enfrentaban amenazas de pandillas locales. En 2019, un juez de inmigración de Estados Unidos le otorgó protección contra la deportación a El Salvador. Fue liberado y el ICE no apeló la decisión ni intentó deportarlo a otro país.
Más tarde, Ábrego García se casó con Jennifer Vásquez Sura, una ciudadana estadounidense. Ambos son padres de un hijo, y también de los dos hijos de ella de una relación anterior.
La jueza emitió su fallo el viernes, poco después de que Vásquez Sura se sumara a docenas de simpatizantes en una manifestación en la ciudad de Hyattsville para instar a que su esposo regrese de inmediato.
Vásquez Sura, quien no ha hablado con su esposo desde su deportación, instó a sus simpatizantes a seguir luchando por él “y por todos los Kilmar allá afuera cuyas historias aún esperan ser escuchadas”.
“A todas las esposas, madres, hijos que también enfrentan esta cruel separación, estoy con ustedes en este vínculo de dolor”, declaró durante la manifestación en un centro comunitario. “Es un trayecto que nadie debería tener que sufrir, una pesadilla que parece interminable”.
