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La importancia de que Bad Bunny reivindique la identidad cultural de Puerto Rico

Bad Bunny
Fotografía del 10 de enero de 2025 del cantante Bad Bunny (c) y Los Pleneros de la Cresta interpretando el tema 'CAFé CON RON' en La Respuesta, en San Juan (Puerto Rico). (Foto: EFE/Jorge Muñiz)

Bad Bunny reivindica la cultura de Puerto Rico con ritmos e instrumentos autóctonos como la plena, la salsa o el cordófono cuatro fusionados con reguetón en su nuevo álbum ‘Debí tirar más fotos’, lo que implica una importante exposición a nivel mundial de la identidad de la isla.

Joseph Ocasio, director de Los Pleneros de la Cresta, que tiene tres discos, asegura a EFE que «es bien importante» que Bad Bunny le haya dado esta oportunidad de difusión a la plena, que para él «es un mecanismo de resistencia» y tiene «el mismo potencial que otros géneros».

Los Pleneros de la Cresta colaboran con el artista urbano de fama y repercusión internacional en el tema ‘Café con ron’ de su último álbum, que cuenta con otros artistas emergentes de Puerto Rico como Chuwi, Rainao y Omar Courtz y que ha copado con sus canciones el top 10 de la lista global de Spotify.

«Este tema nace para demostrarle al mundo entero las cualidades que nosotros tenemos como boricuas. Quisimos presentar una de las cosas que nosotros tenemos en Puerto Rico que es el chinchorreo (una ruta de negocios con comida y bebida típica)», explica Ocasio, nacido en el pueblo montañoso de Ciales.

La plena es un género que tiene sus raíces en los esclavos, trabajadores de caña de azúcar y agricultores de la isla y que reivindica temas sociales y cuenta noticias y acontecimientos históricos al ritmo de los panderos.

Un álbum muy puertorriqueño

En la época navideña, el retumbe característico de los panderos de la plena destaca en las parrandas, una tradición que Bad Bunny ha enaltecido con este álbum y que ha llevado incluso al programa de ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon.

Otro elemento clave cultural que sobresale en el álbum es el cuatro puertorriqueño, considerado como el instrumento de cuerda nacional, a través de un solo que realiza José Eduardo Santana en el tema ‘Pitorro de coco’, nombre que hace referencia a una bebida hecha con ron.

«Ver que el instrumento está cogiendo un foro más amplio y cada vez más personas en el mundo lo quieran escuchar y más niños lo quieran aprender, me parece algo muy lindo», afirma Santana, que lleva 21 años tocando el cuatro.

El conocido como ‘Conejo Malo’ decidió apoyar la carrera de artistas emergentes de Puerto Rico en su nuevo proyecto como a los alumnos de la Escuela Libre de Música de Puerto Rico, que compusieron ‘Baile inolvidable’, una salsa que se convirtió en el número 1 a nivel mundial.

También ha puesto en la esfera internacional al grupo Chuwi, creado en 2020 y compuesto por la joven cantante de 23 años, Lorén Aldarondo y sus hermanos los músicos Wilfredo ‘Willy’ y Wester J. Aldarondo, oriundos de Isabela, junto al baterista Adrián López, con el tema ‘Weltita’.

Jóvenes con una misión similar

La voz principal de la agrupación, que cuenta con dos EP y que actualmente está creando un álbum, remarca que le encanta que Bad Bunny les permitiera componer su parte y hablar de sus raíces en Isabela: «Hemos dado un brinco demasiado de intenso», subraya Lorén.

Por su parte, su hermano ‘Willy’ declara que en un futuro aspira a crear «un centro cultural y de música» en el oeste, algo en lo que coincide con Los Pleneros de la Cresta, que pretenden fomentar la música tradicional en los pueblos de la montaña de Puerto Rico con la asociación Acción Valerosa y el centro Yerba Bruja.

Para el plenero Ocasio, «todos los colegas» que colaboran en el álbum coinciden «en valores y en la misión» de darle voz a la identidad puertorriqueña y la situación colonial de la isla, un Estado Libre Asociado a Estados Unidos.

«Se está fomentando el que tengamos que seguir defendiendo lo que es nuestro. Nuestra música, nuestras escuelas, nuestras playas, nuestros ríos y todos estos espacios que nos pertenecen como puertorriqueños», sentencia Ocasio, aludiendo a algunas de las reivindicaciones contra la colonización y la gentrificación que cita la canción ‘Lo que le pasó a Hawaii’.

Bad Bunny seguirá promocionando la cultura e identidad puertorriqueñas, así como la lucha de su pueblo, con una histórica residencia de 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, que comenzará en julio bajo el título ‘No me quiero ir de aquí’ y de la que se agotaron ayer en pocas horas todas las entradas de las primeras funciones que se pusieron en venta.

La legislación anti-inmigrante solo beneficia a la industria de las prisiones privadas

inmigrante
Sulma Arias es directora ejecutiva de People’s Action, una red de grupos de base que trabajan para la justicia económica y social, con más de un millón de miembros en 30 estados.

H.R. 29, conocida como el proyecto de ley Laken Riley, es un ataque a las protecciones legales que socava nuestros derechos para enriquecer a los empresarios e inversores.

Estás leyendo las palabras de una inmigrante quien vino a este país sin documentos.

Cuando hui de El Salvador hace cuatro décadas, tenía 12 años y estaba sola. Buscaba refugio de la guerra civil en mi país natal, donde los escuadrones de la muerte respaldados por Estados Unidos habían convertido los asesinatos y las violaciones en nuestra realidad cotidiana.

Me reuní con mis hermanas, mi única familia sobreviviente, en Wichita, Kansas. Una vez aquí, ayudé a abrir iglesias, puse en marcha empresas y crie a mis tres hijas. Hubo momentos en que no estaba segura de que llegaríamos a fin de mes, pero estaba agradecida por la sensación de paz y seguridad que logramos crear aquí.

Por eso me preocupa tanto que el nuevo Congreso, liderado por los republicanos, haya decidido iniciar su labor con un proyecto de ley, el H.R. 29, que infunde miedo en los corazones de las familias inmigrantes de todo el país. Este proyecto de ley privará a los jueces de su discreción y exigiría que los inmigrantes fueran detenidos y sujetos a deportación si son acusados ​​(ni siquiera condenados) de delitos menores.

El H.R. 29 es un ataque masivo a nuestro debido proceso legal. No garantizará la seguridad de nadie, sino que aterroriza a todos los inmigrantes de este país, que, según los estudios, tienen muchas menos probabilidades de cometer delitos de cualquier tipo que los estadounidenses que nacen aquí.

Entonces, ¿quién se beneficiará con la ley H.R. 29? Empresas como CoreCivic y GEO Group, que hicieron un gran negocio durante la última administración Trump administrando prisiones privadas para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

CoreCivic y GEO mantuvieron a inmigrantes y solicitantes de asilo en condiciones inhumanas, malsanas y tóxicas, y expusieron a mujeres y niños a asaltos sexuales. Con esta nueva ley, los ejecutivos cínicos de estas empresas quieren desviar más dinero del tesoro público, para que los inversores ricos obtengan más beneficios por abusar y demonizar a las personas que buscan refugio de la violencia o la pobreza.

Cuando Trump ganó, las acciones de estas empresas se dispararon. ¿Por qué? Porque los inversores esperan ganar una fortuna deteniendo a inmigrantes. Más del 90 por ciento de los inmigrantes detenidos por el ICE terminan en instalaciones con fines de lucro.

GEO Group, que donó el máximo legal en contribuciones a la campaña de Trump, dijo a sus inversores que podrían ganar casi 400 millones de dólares al año si respaldan «las necesidades futuras del ICE y del gobierno federal» en un segundo mandato de Trump. El precio de sus acciones casi se duplicó en noviembre.

Independientemente de que los detenidos sean culpables o no, CoreCivic y GEO reciben sus ganancias. Para eso está la ley H.R. 29: para fomentar la codicia corporativa, no para proteger a las personas.

Todos tenemos interés en impedir que las empresas penitenciarias como CoreCivic y GEO adquieran más poder, independientemente de nuestro idioma, raza, género o comunidad. Además de encarcelar a inmigrantes, estas empresas privadas también buscan nuevas formas de encarcelar a los ciudadanos para poder ganar aún más dinero.

Si es que permitimos que nos quiten derechos fundamentales de esta forma, disminuimos nuestra humanidad, tanto como los derechos y libertades de todos.

Los que están detrás de la ley H.R. 29 quieren que tengamos miedo unos de otros para que no nos unamos. Quieren poder entrar a la fuerza en nuestros hogares, escuelas e iglesias para llevarse a nuestros vecinos y seres queridos. Quieren que los trabajadores tengan demasiado miedo como para hacer frente a los abusos de sus jefes. Todo para que sus donantes en la industria de las prisiones privadas puedan ganar más dinero.

Los demócratas tendrán que encontrar su camino en este nuevo Congreso. No es la manera correcta de hacerlo alinearse con los nativistas que reciben millones en contribuciones de campaña de la industria de prisiones privadas.

Exigimos algo mejor para nuestro país. Queremos un liderazgo auténtico con una visión afirmativa del futuro con dignidad con todas las personas, incluidos los inmigrantes.

La ley H.R. 29 ataca a comunidades enteras por el idioma que hablamos y el color de nuestra piel. En cambio, nuestros líderes electos, independientemente del partido, deben trabajar para abordar las necesidades de las personas mediante la construcción de una economía que funcione para todos nosotros, no solo para unos pocos ricos.

*Sulma Arias es directora ejecutiva de People’s Action, una red de grupos de base que trabajan para la justicia económica y social, con más de un millón de miembros en 30 estados.

Organizaciones proinmigrantes activan planes de contingencia para afrontar políticas de Trump

Trump
Una persona entra a la sede de CARECEN en Washington el 21 de enero de 2025; esta y otras organizaciones ponen en marcha sus planes preventivos para afrontar las políticas inmigratorias de la nueva gestión Trump. [Foto: Tomás Guevara, VOA]

Activistas en defensa de los inmigrantes ponen en marcha planes para afrontar cuatro años de gestión del presidente de EE. UU., Donald Trump, que inició con la firma de unos 10 decretos para aplicar su política migratoria de mano dura. La VOA dialogó con algunos de ellos sobre las estrategias a seguir.

Washington — El inmigrante guatemalteco Agustín L. se siente abatido ante los sucesivos anuncios sobre el tema migratorio en Estados Unidos, tras las nuevas medidas con las que la nueva administración del presidente Donald Trump busca aplicar sus políticas de mano dura contra la inmigración irregular.

“Uno no sabe ya ni que pensar y aunque intente ser optimista es difícil no sentir esta sensación rara”, dijo a la Voz de América bajo condición de anonimato por miedo a represalias.

Aunque no tiene ningún incidente policial o historial delictivo durante los 10 años que ha vivido indocumentado en la región de Washington, el temor, asegura, es una «carga».

Para las organizaciones que trabajan en defensa de los inmigrantes, la serie de decretos migratorios firmados desde las primeras horas de mandato del presidente Trump no los tomó por sorpresa, pero sí la magnitud de los decretos, por lo que han aumentado las preocupaciones.

Sobre todo si próximas medidas llegaran a apuntar contra estos grupos proinmigrantes.

El director del Centro de Recursos para Centroamericanos (CARECEN) en Washington, Abel Núñez, explicó a la VOA que desde los días seguidos al 5 de noviembre de 2024 trabajó con su equipos para afinar algunas estrategias que van en dos vías.

Por un lado, Núñez afirmó que apuestan por afianzar los mecanismos de trabajo con una creciente comunidad inmigrante que cada vez más se dirige a organizaciones como la suya para hacer consultas y buscar ayuda.

“Uno es preparar a la comunidad, es decir aumentar nuestra capacidad para hacerles saber cuáles son sus derechos, qué es lo que deben de hacer, cómo se deben de preparar. Por otro lado estamos aumentando nuestra capacidad de nuestros equipos de preparación para ayudar”, apuntó.

A la vez, su equipo está cerrando “todos los puntos blandos de nuestra organización porque puede ser que nos ataquen en términos de cómo llevamos nuestros récord y nos pueden tirar más auditorías”, agregó.

Desde el punto de vista legal, el abogado William Hernandez, de la organización Eagan Immigration, en Virginia, que cuenta con una red de abogados que llevan casos de inmigración a nivel nacional, indicó a la VOA que sí «hay preocupaciones» adicionales, más allá de las recientes acciones contra los inmigrantes indocumentados.

Hernandez insistió en que la cuestión en una situación como la actual en Estados Unidos en el tema migratoria, sería ver como se define el término “ayuda”.

“Si hay cierto nivel de preocupaciones, dependiendo como el gobierno, la administración de Trump defina ciertas cosas ahí tendríamos que anticipar quizá algunos problemas que puedan ocurrir, por ejemplo, ayudar a alguien que esté ilegalmente en Estados Unidos a quedarse”.

Aunque enfatizó que en el Derecho existe la relación de cliente y abogado, y este caso los profesionales que trabajan en la defensa de los inmigrantes indocumentados, “sabemos que nuestros clientes están aquí como indocumentados, pero nuestro deber es ayudarlos si existe algo dentro de la ley a lo que ellos puedan aplicar”.

Tanto Núñez como Hernandez, coinciden en que la administración del presidente Donald Trump tiene un compromiso con sus bases para “combatir” la inmigración irregular, lo cual indica que el escenario en los próximos cuatro años no será fácil. Anticipan que afrontarán retos en la defensa de derechos de los inmigrantes y su esfuerzo por mantener las estructuras de sus organizaciones intactas para sobrevivir este período.

Batallas abiertas

En Washington, cada orden firmada por el presidente Trump ha generado olas de reacciones inmediatas. Desde Casa de Maryland, una organización de larga data en defensa de inmigrantes en el área de la capital, su director Gustavo Torres, advirtió que la batalla apenas comienza y que “no nos quedaremos de brazos cruzados”.

Este grupo también ha establecido sus planes de acción ante la nueva presidencia de Trump, y aseguran que está en sintonía con el trabajo de otras organizaciones similares a nivel nacional.

“Proteger a nuestros miembros de Casa y a nuestra comunidad es nuestra primera prioridad, y no solo la de Casa. La oleada de apoyo que ha surgido de nuestros amigos, socios y aliados calienta el corazón: hemos construido una coalición de defensa de los inmigrantes de comunidades religiosas, empresas, organizaciones comunitarias, donantes, funcionarios electos, educadores, abogados y otras personas de bien, todos los cuales están listos para actuar, junto con nosotros”, comentó.

Torres aseguró que la batalla comienza en el sistema judicial, donde esperan aprovechar “todas las herramientas judiciales, administrativas, organizativas y legislativas” plasmadas en el estamento jurídico para defender derechos civiles.

Como preparativos para el nuevo gobierno que comenzó el lunes en el país, Torres dijo que han “creado redes de respuesta rápida bajo múltiples administraciones y estamos preparados para afrontar este momento (…) en el transcurso de esta semana y de cara a los próximos cuatro años, lucharemos”.

El efecto

Desde de la organización UnidosUS, su presidenta Janet Murguía detalló que la administración está dando más prioridad a la inmigración que a otros problemas cotidianos planteados por los votantes antes de las elecciones, sobre todo el costo de vida y los salarios.

Murguía ve un mayor riesgo para los indocumentados a medida se fomente el temor por las redadas masivas anunciadas para los próximos días a nivel nacional. Agregó además que las sucesivas ordenes ejecutivas firmadas por el mandatario tendrán un coste de miles de millones de dólares que “lo sentirán todos los estadounidenses”.

“Las medidas de aplicación interna, como las redadas en los lugares de trabajo, perturbarán y trastocarán barrios, empresas y comunidades de todo el país, y pondrán en riesgo la seguridad de todos los estadounidenses”, dijo Murguía.

Ante el temor extendido por la serie de acciones ordenadas por el gobierno, una red de iglesias de diferentes denominaciones en el estado de Virginia, instó a funcionarios electos a crear planes de contingencia para proteger a los inmigrantes.

“Nos preocupan especialmente los métodos de detención y deportación que se han denunciado, que pueden incluir redadas en iglesias, lugares de culto, hospitales, escuelas y otros lugares relacionados con la satisfacción de las necesidades humanas básicas”, afirmaron los líderes religiosos en una carta conjunta.

Además, aseguran que “separar a los niños de sus padres como medio de castigo o disuasión es excepcionalmente reprensible”, por lo que como dirigentes religiosos anglicanos, episcopales, apostólicos, presbiterianos, bautistas y adventistas, llaman a ampliar esta alianza en ese estado vecino a la capital Washington.

Desde su discurso de toma de posesión el presidente Donald Trump declaró el estado de emergencia en la frontera sur y dijo que durante su administración cumplirá con el objetivo de deportar a “millones y millones” de migrantes irregulares.

En las horas siguientes ha firmado una serie de órdenes ejecutivas enfocadas en la inmigración, con algunas medidas que han resultado aún más polémicas como la negación del derecho constitucional de ciudadanía a los niños nacidos de padres indocumentados.

Esa y otras medidas ya enfrentan demandas colectivas en tribunales, tanto por organizaciones como por estados que se oponen a algunas medidas anunciadas por el Ejecutivo de Trump.

El Caucus Hispano denuncia los retrocesos en políticas DEI del Gobierno de Trump

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(Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ/Archivo)

El liderazgo del Caucus Hispano del Congreso (CHC) denunció este jueves los retrocesos en políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) promovidos por el Gobierno de Donald Trump en su primera semana en el poder.

Trump ha eliminado los programas federales de equidad, diversidad e inclusión, y este martes dispuso que todos los empleados contratados bajo estas iniciativas sean puestos en licencia y que diseñen un plan con miras a su futuro despido.

«Esta acción dañina busca deshacer décadas de progreso hacia la creación de una sociedad más equitativa e inclusiva», apuntó en un comunicado el CHC, que dijo que se mantiene «firme en su compromiso de promover iniciativas de DEI».

«Al tomar como blanco estas iniciativas, esta orden envía un mensaje peligroso a millones de estadounidenses que dependen de estos esfuerzos para garantizar un trato justo y acceso a oportunidades», añadió.

La ofensiva de Trump contra la inmigración alerta a organizaciones proinmigrantes en  Pensilvania

El 16 y 17 de enero, los miembros de la Coalición de Inmigración de Pensilvania (PIC, por sus siglas en inglés) se reunieron en Harrisburg. (Foto: RRSS)

El presidente Donald Trump, sin perder tiempo después de su investidura, marcó el tono de su Administración con amplias órdenes de inmigración destinadas a endurecer drásticamente las normas y la aplicación de la ley. Al declarar una emergencia nacional en la frontera sur, Trump prometió deportar a “millones y millones” de personas, enmarcando sus acciones como una defensa contra una “invasión” del país.

En su discurso inaugural, Trump prometió detener de inmediato todas las entradas ilegales y desplegar tropas en la frontera sur. Sus órdenes ejecutivas, firmadas horas después de asumir el cargo, incluyeron la suspensión del reasentamiento de refugiados en Estados Unidos durante al menos cuatro meses, el fin de los programas de asilo y la revocación de la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados.

Los grupos proinmigrantes en Filadelfia han prometido resistir estas duras medidas. Organizaciones como VietLead y Make the Road Pennsylvania se han movilizado para defender a las comunidades inmigrantes, enfatizando la importancia de mantener unidas a las familias y oponiéndose a lo que describen como una “agenda fascista y odiosa”.

IMPACTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

Las posibles consecuencias de las políticas de inmigración de Trump se extienden más allá de las batallas legales. Los expertos advierten sobre importantes perturbaciones sociales, incluida la separación de familias y el vacío económico que deja la expulsión de millones de trabajadores indocumentados. Industrias como la agricultura y la construcción, que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante, podrían enfrentar una grave escasez de mano de obra, lo que exacerbaría los desafíos económicos existentes.

La opinión pública sigue dividida. Una encuesta reciente de Ipsos y The New York Times reveló que, si bien una mayoría apoya la deportación de inmigrantes no autorizados recientes, todavía hay una parte sustancial de la población preocupada por las implicaciones más amplias de esas deportaciones generalizadas.

PRECEDENTES HISTÓRICOS Y MEDIDAS CONTROVERSIALES

El plan de Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 ha suscitado críticas de juristas y organizaciones de derechos civiles. El Centro Brennan para la Justicia ha calificado la ley como una medida potencialmente inconstitucional que podría dar lugar a abusos contra los inmigrantes, lo que recuerda a algunos de los momentos más controvertidos de la historia de Estados Unidos.

A pesar del sombrío panorama, los grupos de derechos de los inmigrantes siguen luchando por soluciones sistémicas. La Coalición de Inmigración de Pensilvania y otros están trabajando para proteger los derechos de los inmigrantes, impulsando políticas como licencias de conducir para todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, y poniendo fin a las deportaciones médicas.

OBSTÁCULOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS

En un artículo de diciembre de 2024 de The Philadelphia Inquirer, Blanca Pacheco, codirectora del Movimiento Nuevo Santuario de Filadelfia, expresó su preocupación por la promesa del presidente electo Donald Trump de implementar deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. El plan de Trump, que podría afectar a hasta 13 millones de personas, representa una escala de deportación sin precedentes, que supera los esfuerzos históricos.

Según The Inquirer, hay aproximadamente 4,4 millones de niños ciudadanos estadounidenses en riesgo de perder a uno de sus padres por deportación. También hace hincapié en los desafíos logísticos y financieros, incluida la necesidad de construir centros de detención con 24 veces más camas, contratar a 30.000 nuevos agentes del ICE y crear más de 1.000 salas de audiencias adicionales, lo que pone de relieve los inmensos obstáculos legales y prácticos que podrían impedir la ejecución de los ambiciosos planes de deportación de Trump.

A medida que la nación lidia con las implicaciones de estas nuevas políticas de inmigración, el debate sobre la identidad y los valores de Estados Unidos se intensifica. Los próximos años serán una prueba crítica del compromiso del país con sus principios fundacionales de libertad y justicia para todos.

The AP NFL MVP finalists are Josh Allen, Saquon Barkley, Joe Burrow, Jared Goff and Lamar Jackson

NFL
Philadelphia Eagles running back Saquon Barkley (26) runs the ball for a touchdown during the second half of an NFL football NFC divisional playoff game against the Los Angeles Rams on Sunday, Jan. 19, 2025, in Philadelphia. (Photo: AP/Derik Hamilton/File)

Josh Allen, Saquon Barkley, Joe Burrow, Jared Goff and Lamar Jackson are finalists for The Associated Press 2024 NFL Most Valuable Player award.

Barkley, Burrow and Jackson also are finalists for Offensive Player of the Year and Burrow is also in the running for Comeback Player of the Year.

The winners will be announced at NFL Honors on Feb. 6. A nationwide panel of 50 media members who regularly cover the league completed voting before the playoffs began.

Here are the finalists, in alphabetical order, for the eight AP NFL awards:

Cincinnati Bengals quarterback Joe Burrow (9) throws a pass during an NFL football game, Saturday, Jan. 4, 2025, in Pittsburgh. (Photo: AP/Matt Durisko/File)

Most Valuable Player

Allen helped the Bills win their fifth straight AFC East title. He threw for 3,731 yards, 28 TDs and had six picks for a 101.4 passer rating. Allen ran for 531 yards and 12 scores.

Barkley ran for 2,005 yards, eighth-best in NFL history. He sat out Philadelphia’s final regular-season game when he needed 101 yards to break Eric Dickerson’s single-season record. Barkley helped the Eagles win the NFC East and advance to the conference championship game.

Burrow led the NFL with a career-high 4,918 yards passing and 43 TDs but the Cincinnati Bengals finished 9-8 and missed the playoffs.

Goff threw for 4,629 yards, 37 TDs, nine interceptions and led Detroit to the No. 1 seed in the NFC. The Lions were eliminated in the divisional round by Washington.

Jackson, the reigning winner, is seeking his third MVP award after leading the Ravens to an AFC North title. Jackson had career-highs with 4,172 yards passing, 41 TDs to just four interceptions and a 119.6 passer rating, which led the NFL. He was a first-team All-Pro for the third time and also ran for 915 yards and four TDs. The Ravens were knocked out of the divisional round by Allen and the Buffalo Bills.

Detroit Lions quarterback Jared Goff (16) gets set to run a play against the Minnesota Vikings during an NFL football game in Detroit, Sunday, Jan. 5, 2025. (Photo: AP/Rick Osentoski/File)

Offensive Player of the Year

Barkley, Burrow, Ja’Marr Chase, Derrick Henry and Jackson are finalists for the award.

Chase won the receiving triple crown, leading the league with 127 receptions, 1,708 yards and 17 TDs. The Bengals’ star wide receiver was a unanimous selection for All-Pro.

Henry, the 2020 Offensive Player of the Year, had 1,921 yards rushing and 16 TDs in his first season with the Ravens.

Baltimore Ravens quarterback Lamar Jackson (8) looks to pass during the second half of an NFL wild card playoff football game against the Pittsburgh Steelers, Saturday, Jan. 11, 2025, in Baltimore. (Photo: AP/Terrance Williams/File)

Defensive Player of the Year

Eagles linebacker Zack Baun went from mostly playing special teams for the Saints to earning All-Pro honors in his first season in Philadelphia.

All-Pro edge rusher Myles Garrett, the reigning Defensive Player of the Year, had 14 sacks for the Cleveland Browns.

Bengals All-Pro edge rusher Trey Hendrickson led the NFL with 17 1/2 sacks.

Broncos All-Pro cornerback Patrick Surtain II allowed just 37 receptions, had four picks and opposing quarterbacks had a 61.1 passer rating throwing against him

Steelers edge rusher T.J. Watt, the 2021 winner, had 11 1/2 sacks and forced six fumbles.

Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) runs into the endzone for a touchdown during to the first half of an NFL football divisional playoff game against the Baltimore Ravens in Orchard Park, N.Y., Sunday Jan. 19, 2025. (Photo: AP/ Jeffrey T. Barnes/File)

Offensive Rookie of the Year

Raiders tight end Brock Bowers set a rookie record with 112 receptions and his 1,194 yards receiving were the most by a first-year player at his position.

Commanders quarterback Jayden Daniels led the team to an eight-win improvement and has them one win away from a Super Bowl appearance. He threw for 3,568 yards, 25 TDs and posted a 100.1 rating. Daniels also ran for 891 yards and six scores.

Giants receiver Malik Nabers had 109 catches for 1,204 yards and seven TDs.

Broncos QB Bo Nix helped the team reach the playoffs for the first time in nine years. He had 3,775 yards passing, 29 TDs, 12 picks and ran for 430 yards and four scores.

Jaguars receiver Brian Thomas Jr. caught 87 passes for 1,282 yards and 10 TDs.

This combo of file photos shows, from left, NFL Awards Coach of the Year finalists: Detroit Lions’ Dan Campbell, Minnesota Vikings’ Kevin O’Connell, Denver Broncos’ Sean Payton, Washington Commanders’ Dan Quinn, and ansas City Chiefs’ Andy Reid. (Photo: AP/File)

Defensive Rookie of the Year

Eagles cornerback Cooper DeJean was among the highest-rated players in the slot, holding opponents to 50 receptions. He had five pass breakups and quarterbacks had an 82.2 passer rating against him.

Rams defensive tackle Braden Fiske led the team and all rookies with 8 1/2 sacks. He had 51 pressures, two forced fumbles and recoveries, 10 tackles for loss and 10 quarterback hits.

Eagles cornerback Quinyon Mitchell allowed 40 receptions, had nine pass breakups and quarterbacks had an 87 passer rating against him.

Dolphins edge Chop Robinson had six sacks, 20 pressures and eight tackles for loss.

Rams edge Jared Verse had 4 1/2 sacks but led all rookies in quarterback hits (18), pressures (77) and hurries (56). He also had 11 tackles for loss.

Detroit Lions head coach Dan Campbell claps during an NFL football game against the Dallas Cowboys, Sunday, Oct. 13, 2024, in Arlington, Texas. (Photo: AP/Matt Patterson/File)

Coach of the Year

Detroit’s Dan Campbell, Minnesota’s Kevin O’Connell, Denver’s Sean Payton, Washington’s Dan Quinn and Kansas City’s Andy Reid are the finalists.

Campbell guided the Lions (15-3) to the NFC’s No. 1 seed. Connell led the Vikings (14-4) to the playoffs despite the departure of Kirk Cousins in free agency and losing rookie quarterback J.J. McCarthy to a season-ending knee injury in training camp.

Payton helped the Broncos (10-8) overcome salary-cap woes stemming from the decision to release Russell Wilson and ended a nine-year playoff drought.

Quinn took over a 4-13 team and turned the Commanders into a 12-win playoff team.

Reid had the Chiefs (16-2) back atop the AFC as the No. 1 seed in a quest for a third straight Super Bowl victory.

 Minnesota Vikings head coach Kevin O’Connell walks across the field during warm ups before an NFL football game against the Chicago Bears, Monday, Dec. 16, 2024 in Minneapolis. (Photo: AP/Stacy Bengs/File)

Assistant Coach of the Year

Bills offensive coordinator Joe Brady, Eagles defensive coordinator Vic Fangio, Vikings DC Brian Flores, Lions DC Aaron Glenn and Lions OC Ben Johnson made the list.

Comeback Player of the Year

Burrow, Vikings quarterback Sam Darnold, Chargers running back J.K. Dobbins, Patriots cornerback Christian Gonzalez and Bills safety Damar Hamlin are the finalists.

Renuncia Amy Eusebio, directora ejecutiva de la Oficina de Asuntos Inmigrantes de Filadelfia

Amy Eusebio, directora de la OIA. (Foto: Leticia Roa Nixon)

FILADELFIA.— La alcaldesa Cherelle L. Parker anunció este 22 de enero que Amy Eusebio, directora ejecutiva de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes (OIA), dejará su puesto en el gobierno de la ciudad a partir del viernes 24 de enero de 2025. Eusebio, una líder muy respetada en la comunidad inmigrante, se ha desempeñado como directora ejecutiva desde 2019.

La noticia causó preocupación en miembros de la comunidad inmigrante, con los que ella ha establecido lazos fuertes.

Amy renunció a raíz de las medidas radicales adoptadas por el presidente Donald Trump durante sus primeros días en el cargo. El anuncio no vino acompañado por los motivos, y los funcionarios de la ciudad tampoco respondieron por qué deja su trabajo en la ciudad.

En su primer día en el cargo Trump firmó órdenes ejecutivas acordes con su promesa de hacer “la madre de todas las deportaciones”.

La Administración Trump también ha tomado medidas para despojar a las escuelas e iglesias de las protecciones de aplicación de la ley de inmigración, lo que permite que las autoridades entren en esas instalaciones para realizar arrestos.  

Además de ordenar eliminar la ciudadanía para hijos de padres indocumentados o que no tengan una residencia permanente, el miércoles el Congreso también se apresuró como el presidente Trump, para aprobar la Ley Laken Riley, que facilita a los funcionarios federales de inmigración detener y deportar a las personas sin estatus legal que estén acusadas de delitos que van desde robos menores hasta asaltos a las fuerzas del orden; aunque ya la Administración de Trump había hecho claro que el mismo hecho de estar sin documentos en el país, es motivo de deportación.

Filadelfia es la ciudad más grande de Pensilvania y hogar de unos 50.000 inmigrantes indocumentados.

La Administración de Parker hizo el anuncio horas después de que los principales funcionarios de la ciudad dijeran a los legisladores locales que el estatus de Filadelfia como ciudad santuario, que se mantuvo durante años, sigue intacto, a pesar de las amenazas de la Administración de Trump de castigar a los funcionarios locales que no cumplan con las órdenes federales de inmigración. Según la política de la Ciudad, los funcionarios limitan su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El fiscal general adjunto interino de los EE. UU., Emil Bove, ha amenazado a los funcionarios estatales y locales con enjuiciarlos si no cooperan con la intensificación de la aplicación de la ley de inmigración.

Las declaraciones de los funcionarios contrastan con las que la alcaldesa había estado esquivando desde hace tiempo, motivo por el cual organizaciones proinmigrantes han externado su preocupación.

La concejal de la ciudad Kendra Brooks interrogó a los funcionarios de la Administración de Parker el miércoles sobre la vacante, durante una audiencia del comité sobre la preparación de la Ciudad para la Casa Blanca de Trump. La procuradora municipal Renee García, la abogada principal de la Ciudad, respondió que la Administración de Parker está realizando entrevistas para cubrir las vacantes por cubrir.

Amy fue directora del Programa de Identificación Municipal en el 2018. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando en servicios sociales sin fines de lucro, entre ellos Congreso de Latinos Unidos. En sus roles anteriores se caracterizó por estar focalizada en garantizar que los programas de los que formaba parte fueran culturalmente receptivos a las comunidades inmigrantes.

«Agradezco a Amy por su servicio a nuestra ciudad y especialmente por su servicio a la comunidad inmigrante», dijo la alcaldesa Cherelle L. Parker en un comunicado de prensa.  «Amy ha trabajado diligentemente para asegurarse de que Filadelfia sea un lugar acogedor para personas de todos los ámbitos de la vida». 

La quisqueyana ha trabajado en estrecha colaboración con la Comisión de la Alcaldía para Asuntos Asiáticos y Americanos del Pacífico y la Comisión para Asuntos de Inmigrantes Africanos y del Caribe para aumentar su impacto y sus servicios en Filadelfia.

«Como latina negra, hija de inmigrantes dominicanos, liderar el lanzamiento del programa PHL City ID y dirigir la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de Filadelfia durante los últimos cinco años ha sido un honor increíble», expresó Amy Eusebio, en el mismo comunicado.

 «Estoy agradecida con la alcaldesa por designarme para este puesto, y con los muchos socios locales, estatales y nacionales con los que he tenido el placer de trabajar para promover la inclusión y la visibilidad de los inmigrantes desde 2019». 

La Administración Parker agregó que emprenderá una búsqueda nacional para identificar y contratar a un sucesor que dirija la Oficina de Asuntos de Inmigrantes.

Eagles’ Jalen Hurts ready to face Commanders in NFC title game on balky left knee

Jalen Hurts
Philadelphia Eagles' Jalen Hurts speaks during a news conference at the NFL football team's training facility, Wednesday, Jan. 22, 2025, in Philadelphia. (AP Photo/Matt Slocum)

PHILADELPHIA— Jalen Hurts hobbled back to the Philadelphia Eagles’ huddle after his left knee was twisted on a sack, an injury that forced him after the drive to the sideline medical tent for a quick exam.

Hurts got checked out — and backup Kenny Pickett started to warm up in case he was needed in the NFC divisional playoff game against the Los Angeles Rams.

No so fast.

“We looked up, and (Hurts) was warming up,» wide receiver A.J. Brown said Wednesday. “So that tells you everything about him.”

Hurts never missed a snap to help the Eagles win their ninth straight home game and usher them into their second NFC conference championship game in three seasons at Lincoln Financial Field.

Still banged up, Hurts isn’t about to miss the biggest game of the season on Sunday against the Washington Commanders.

The Eagles held a walk-through instead of a full practice on Wednesday — perhaps in part to take stress off Hurts’ knee — but that won’t keep him off the field against the Commanders.

“I’m expecting him to come out and do what he does,” Brown said. “He’s a warrior.”

His usual stoic self, Hurts kept his emotions more wrapped up than his knee. His answers Wednesday on the state of his health were shorter than a shovel pass.

How’s his knee?

“Progressing.”

Can he play on Sunday?

“Yeah.”

Hurts has been remarkably durable throughout his career from training camp until November when injuries start to hit. Already playing with a broken finger on his non-throwing hand, he missed the final two games of the regular season after suffering a concussion in a Dec. 22 loss to Washington. A year ago, it was a mangled finger on his throwing hand that limited his effectiveness in a playoff loss at Tampa Bay. And two seasons ago, when Hurts led the Eagles to a Super Bowl, he suffered a sprained right shoulder in December that cost him two games.

“It’s a part of the game,” Hurts said. “I accept whatever comes with that.”

Now it’s a balky knee, which could limit the mobility of a quarterback who is one of the elite dual threats in the NFL. He rushed for 630 yards this season, and he ripped off a career-long 44-yard TD run against the Rams before he was hurt.

“The combination of Saquon (Barkley) and Jalen in the backfield is really, really powerful,” offensive coordinator Kellen Moore said. “They do an excellent job of having the threat of both of them. Jalen does an excellent job making decisions. He has to make decisions a lot of times in those runs whether to hand it or keep it. I thought that was a really, really cool play.”

With the Eagles riding Barkley and his 2,005 yards rushing this season, Hurts’ passing numbers dipped He threw for 2,903 yards after topping 3,000 in each of the previous three seasons. Hurts has thrown for only a combined 259 yards and two touchdowns with no interceptions in playoff wins against Green Bay and Los Angeles.

Take a look at the other three QBs standing: Buffalo’s Josh Allen has thrown for 399 yards and two TDs with no interceptions in two playoff games; Washington’s Jayden Daniels has 567 yards, four TDs and no picks; and Kansas City’s Patrick Mahomes threw for a modest 177 yards and a score in his lone game for the No. 1 seed in the AFC.

True, passing yards aren’t the final grade on a quarterback’s performance — especially in a playoff win — but the Eagles only had 65 net yards through the air against the Rams.

“Not ideal,” Moore said.

But not enough to prevent the Eagles from moving to the betting favorite to win the Super Bowl, according to BetMGM Sportsbook. They are followed by the Chiefs, Bills and Commanders.

Hurts had 18 touchdown passes and five interceptions this season. He threw only one pick after the Eagles returned from their Week 5 bye.

“He’s the same guy all the time,” coach Nick Sirianni said. “No matter who we’re playing, when we’re playing, practice, game, he’s consistent. He loves football. He loves the process it takes.”

One knock on Hurts is that his running style makes him susceptible to injury. He suffered a concussion against the Commanders after his head slammed against the ground on one run and he was hit in the helmet by Frankie Luvu at the end of another.

Knees, fingers, shoulders — playing hurt is part of the gig for an elite quarterback. No matter the state of his physical condition, the Eagles always like their chances with No. 1 in the huddle.

“I’m expecting Jalen to be Jalen,” Barkley said. “He’s going to show up for us. He’s going to make plays. He has that ‘it’ factor.”

Cámara baja de EE. UU. aprueba ley de detención migratoria que podría ser la 1ra que Trump promulgue

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, acompañado por el representante Jeff Hurd (izquierda), la presidenta de la conferencia republicana, Lisa McClain, y el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, durante una conferencia de prensa en la sede del Comité Nacional Republicano, en Washington, el miércoles 22 de enero de 2025. (Foto: AP/J. Scott Applewhite)

La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio el miércoles su aprobación final a un proyecto de ley que requiere la detención de migrantes que se encuentren en el país sin permiso y que hayan sido acusados de robo y delitos violentos, la primera medida que el presidente Donald Trump puede promulgar, luego de que el Congreso —con cierto apoyo bipartidista— se movilizó rápidamente en línea con los planes del mandatario de endurecer las medidas contra la inmigración ilegal.

La aprobación de la Ley Laken Riley, la cual lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia que fue asesinada el año pasado por un venezolano, muestra cuán drásticamente el debate político sobre la inmigración ha virado hacia la derecha tras la victoria electoral de Trump. La política de inmigración ha sido a menudo uno de los temas más arraigados en el Congreso, pero un grupo crucial de 46 demócratas políticamente vulnerables se unió a los republicanos para aprobar la estricta propuesta con un recuento de votos de 263 a favor y 156 en contra.

“Durante décadas, ha sido casi imposible para nuestro gobierno ponerse de acuerdo sobre soluciones para los problemas en nuestra frontera y dentro de nuestro país”, comentó la senadora republicana Katie Britt. Señaló que es probable que sea el “proyecto de ley migratorio más significativo” que el Congreso ha aprobado en casi tres décadas.

Sin embargo, el proyecto de ley requerirá un incremento masivo en las capacidades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pero no incluye ningún financiamiento nuevo.

Mientras tanto, el nuevo presidente ha emitido una serie de órdenes ejecutivas destinadas a sellar la frontera con México a la inmigración y, en última instancia, deportar a millones de migrantes que carecen de un estatus legal permanente en Estados Unidos. El miércoles, Trump también canceló el reasentamiento de refugiados y su gobierno ha manifestado que tiene la intención de procesar a funcionarios del orden público locales que no cumplan con sus nuevas políticas de inmigración.

Los líderes republicanos del Congreso han dejado claro que tienen la intención de seguir el mismo camino, aunque su mayor desafío será encontrar una manera de aprobar los fondos para implementar realmente los estrictos planes de Trump.

“Lo que está haciendo es iniciar lo que finalmente será nuestra agenda legislativa”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Los republicanos de la Cámara de Representantes inicialmente aprobaron la legislación el año pasado con el apoyo de 37 demócratas en un movimiento que pretendía ser un reproche político al manejo de la frontera sur por parte del entonces presidente Joe Biden. Luego, languideció en el Senado controlado por los demócratas.

Este año, los republicanos, ahora con control de ambas cámaras del Congreso, han hecho de esto su máxima prioridad. Cuando se presentó ante el Senado, 12 demócratas votaron a favor de la medida, y cuando la cámara baja votó sobre una versión del proyecto de ley a principios de este mes, 48 demócratas lo apoyaron.

La mayoría de los adultos en Estados Unidos están a favor de deportar a los inmigrantes condenados por delitos violentos, de acuerdo con una encuesta reciente del Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos y The Associated Press. Sin embargo, sólo alrededor del 37% de los adultos de Estados Unidos están a favor de deportar a los migrantes que se encuentren en el país de manera ilegal que no han sido condenados por un delito.

“Aunque el proyecto de ley no es perfecto, envía un mensaje claro de que pensamos que los criminales deberían ser deportados”, manifestó el representante Tom Suozzi, un demócrata de Nueva York que ha instado a su partido a apoyar una implementación más estricta de la ley de migración.

En virtud del proyecto de ley, las autoridades federales estarían obligadas a detener a cualquier migrante arrestado o acusado de delitos como el robo en tiendas. El alcance de la propuesta se amplió en el Senado para incluir también a aquellos acusados de agredir a un agente de policía o delitos que lesionen o causen la muerte de alguien.

El proyecto de ley también otorga legitimación legal a los fiscales generales estatales para demandar al gobierno federal por daños causados por decisiones federales de inmigración. Esto da a los estados un nuevo poder en la política de inmigración cuando ya han estado tratando de contrarrestar las decisiones presidenciales bajo los gobiernos de Trump y Biden. Los demócratas intentaron sin éxito que esa disposición fuera eliminada del proyecto de ley en el Senado, diciendo que inyectaría aún más incertidumbre y partidismo en la política de migración.

En última instancia, incluso el gobierno de Trump probablemente tendrá dificultades para implementar los nuevos requisitos a menos que el Congreso dé seguimiento más adelante este año con financiamiento. Los republicanos están actualmente planeando cómo impulsar sus prioridades a través del Congreso mediante un proceso de línea partidista conocido como reconciliación presupuestaria. Han estimado el costo de financiar las prioridades de deportación y frontera de Trump en aproximadamente 100.000 millones de dólares.

Trump ha “establecido la empresa logística doméstica más grande de nuestras vidas, que es la deportación de la mayoría de los extranjeros que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos”, comentó Ken Cuccinelli, quien dirigió los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump, a un panel del Senado recientemente.

Cuccinelli señaló que requeriría un aumento de jueces de inmigración, fiscales y otro personal, pero Trump también ha allanado el camino para usar elementos militares, bases y otros recursos para llevar a cabo las deportaciones masivas.

El Departamento de Seguridad Nacional ha estimado que la Ley Laken Riley costaría 26.900 millones de dólares en el primer año para implementarla, incluyendo un aumento de 110.000 camas de detención del ICE.

La mayoría de los demócratas criticaron la falta de financiamiento en el proyecto de ley como prueba de que es un enfoque fragmentado que haría poco para solucionar los problemas en el sistema de inmigración, pero cargaría a las autoridades federales con nuevos requisitos.

“Los autores del proyecto de ley afirmaron que iba a resultar en el arresto y detención de delincuentes peligrosos, pero no lo hará porque es un mandato totalmente sin fondos”, comentó el senador demócrata Chris Murphy.

Otros expresaron preocupaciones de que el proyecto de ley privaría de derechos de debido proceso a los migrantes, incluidos menores o beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). El senador Alex Padilla dijo que ahora las autoridades federales se verían obligadas a priorizar la detención de migrantes arrestados por delitos menores como el robo en tiendas, en lugar de aquellos que cometen delitos graves.

En general, no hay evidencia de que los migrantes sean más propensos a cometer delitos violentos. Varios estudios han encontrado que los inmigrantes cometen delitos a tasas más bajas que los nacidos en Estados Unidos. Los grupos que abogan por políticas de inmigración restrictivas disputan o descartan esos hallazgos.

Pero los republicanos señalaron a la homónima del proyecto de ley, Laken Riley, y cómo fue asesinada por un migrante venezolano que había sido arrestado previamente por las autoridades locales, pero liberado mientras seguía su caso de inmigración.

“Si esta ley hubiera estado vigente, él nunca habría tenido la oportunidad de matarla”, afirmó el representante Mike Collins.

EE. UU. ordena investigar esfuerzos locales para obstruir el cumplimiento de la ley migratoria

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El logo del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la sede de esa agencia en Washington el 23 de agosto del 2024. (Foto: AP/Mark Schiefelbein)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a los fiscales federales que investiguen a todo funcionario local o estatal que crean que esté interfiriendo con las medidas enérgicas del gobierno del presidente Donald Trump para hacer cumplir las leyes migratorias, y señaló que podrían enfrentar cargos penales, en una aparente advertencia a las decenas de jurisdicciones santuario del país.

El memorando, enviado por el secretario de Justicia interino Emil Bove, señala un cambio brusco respecto a las prioridades del gobierno demócrata del expresidente Joe Biden, e instruye a la división civil del departamento a identificar leyes y políticas estatales y locales que “amenacen con impedir” que se lleven a cabo las iniciativas de inmigración del gobierno de Trump y que puedan objetarlas en los tribunales.

También dice a los fiscales en términos muy claros que estarán en la primera línea de un esfuerzo de todo el gobierno para combatir la inmigración ilegal y el crimen fronterizo, y que deben llevar a cabo la visión política de la Casa Blanca republicana del presidente Donald Trump en lo que respecta a crímenes violentos, la amenaza de pandillas transnacionales y el tráfico de drogas.

“De hecho, es responsabilidad del Departamento de Justicia defender la Constitución y, en consecuencia, ejecutar legalmente las políticas para cuya implementación el pueblo estadounidense eligió al presidente Trump”, escribió Bove, quien antes de unirse al gobierno formó parte del equipo jurídico que defendió a Trump contra dos casos penales presentados por el Departamento de Justicia.

“Santuario” no tiene una definición jurídica, pero el término abarca una gama de protecciones para los inmigrantes, particularmente aquellos que viven en Estados Unidos de manera ilegal. La mayoría de las veces, las leyes establecen límites legales sobre cómo las fuerzas de seguridad en esas jurisdicciones pueden cooperar con las autoridades federales de inmigración.

Los tribunales han respaldado repetidamente la mayoría de las leyes santuario, y los expertos jurídicos señalaron que, aunque las acusaciones son posibles, dudaban que los cargos tuvieran alguna tracción en los tribunales.

«¿De qué acusarías a estas personas?”, preguntó Robert J. McWhirter, un erudito constitucional y abogado de inmigración asentado Arizona desde hace mucho tiempo. “Nada obliga a las fuerzas del orden locales a cooperar con las fuerzas del orden federales en ningún asunto. Ni siquiera el robo de bancos”.

En Chicago, que tiene algunas de las protecciones santuario más fuertes a nivel nacional, los dirigentes de la ciudad desestimaron la noticia de posibles investigaciones. La tercera ciudad más poblada de la nación ha sido una ciudad santuario durante décadas, limitando la cooperación entre la policía y los agentes federales de inmigración.

“Si el gobierno federal va a investigar, eso es su prerrogativa”, señaló el concejal Andre Vasquez, quien es el presidente del comité de inmigración del Ayuntamiento elegido por el alcalde Brandon Johnson.

Vasquez, hijo de dos inmigrantes guatemaltecos, recordó un mitin de campaña en 2016 en la Universidad de Illinois en Chicago que Trump canceló abruptamente a medida que crecían las multitudes de manifestantes ruidosos. La cancelación sigue siendo un distintivo de honor para muchos jóvenes activistas en el bastión demócrata.

“Siempre habrá ese tipo de relación entre Chicago, el presidente Trump y el Partido Republicano”, señaló Vasquez. “Nací y crecí en Chicago, en una familia de inmigrantes. Hará falta más que eso para hacerme sentir un poco asustado”.

El memorando de Bove dice que los fiscales federales deben “tomar todas las medidas necesarias para proteger al público y asegurar la frontera estadounidense al retirar a los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país y la persecución de extranjeros ilegales por delitos cometidos en la jurisdicción de Estados Unidos”.

También instruye a los fiscales a investigar posibles cargos criminales contra funcionarios estatales y locales que obstruyan o impidan funciones federales. Como posibles vías para la persecución, el memorando menciona un delito de asociación delictuosa así como una ley que prohíbe albergar a personas que se encuentren en el país de manera ilegal.

“La ley federal prohíbe que los actores estatales y locales se resistan, obstruyan y dejen de cumplir con los comandos y solicitudes relacionados con la inmigración que sean legales”, señala el memorando. “Las fiscalías federales y los componentes litigantes del Departamento de Justicia investigarán incidentes que involucren cualquier tipo de mala conducta para una posible persecución”.

Pero en Colorado, donde la ley estatal prohíbe que los funcionarios policiales locales ayuden a los agentes federales de inmigración sin una orden judicial, la fiscalía estatal dijo que no tenía conocimiento de ningún funcionario estatal o local que obstruyera la aplicación de la ley de inmigración.

“El gobierno federal, no las fuerzas policiales locales, es responsable de hacer cumplir las leyes federales de inmigración”, dijo en un comunicado la oficina de Phil Weiser, un demócrata.

El memorando incluye una serie de directivas más allá de las relacionadas con las jurisdicciones santuario. Sugiere que habrá un aumento en los casos de inmigración bajo el nuevo gobierno, instruye a las fiscalías federales de todo el país a informar a los tribunales sobre su política “y desarrollar procesos para manejar el aumento del número de procesamientos que resultarán”. Cualquier decisión de los fiscales federales de no procesar violaciones de inmigración debe ser divulgada a la sede del Departamento de Justicia en informes llamados urgentes, que se utilizan para actualizar al liderazgo sobre emergencias de aplicación de la ley o asuntos significativos de interés nacional.

En el memorando también señala que el departamento retomará el principio de acusar a un procesado con el cargo más severo que pueda demostrar, una posición común de departamentos dirigidos por republicanos y que tiene la intención de despojar a los fiscales de la opción de acusar a un individuo con un cargo menor. Y rescinde políticas implementadas por el secretario de Justicia de Biden, Merrick Garland, incluida una diseñada para poner fin a las disparidades de sentencia que han impuesto penas más severas por diferentes formas de cocaína.

“Los cargos más graves son aquellos punibles con la muerte donde sea aplicable, y delitos con las sentencias mínimas obligatorias más significativas”, escribió Bove.

Es común que los Departamentos de Justicia cambien las prioridades de aplicación bajo un nuevo gobierno presidencial en cumplimiento con las ambiciones políticas de la Casa Blanca. El memorando refleja el constante tira y afloja entre los gobiernos demócratas y republicanos sobre cómo destinar mejor los recursos a lo que los funcionarios consideran la amenaza más urgente del momento.

Por ejemplo, el edicto para acusar del delito más fácilmente demostrable es consistente con directivas de fiscales generales republicanos anteriores, como John Ashcroft y Jeff Sessions, mientras que fiscales generales demócratas, como Eric Holder y Garland, han reemplazado la política y en su lugar han fomentado la discreción fiscal.