Un guatemalteco deportado por error a México regresó a Estados Unidos este miércoles en cumplimiento de una orden de un tribunal federal que exigió a la Administración de Donald Trump gestionar el retorno del inmigrante, lo que marca la primera vez que el gobierno republicano acepta en traer al país a un extranjero expulsado.
Al hombre, que en la causa legal ha sido identificado por las iniciales O.C.G., se le permitió hoy su ingreso a Estados Unidos, según confirmó a la CNN Trina Realmuto, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, que defiende al inmigrante.
El equipo legal de la Alianza cree que el inmigrante quedará bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mientras pelea su caso frente a una corte de inmigración, detalló la CNN.
El regreso del inmigrante constituye la primera vez que el Gobierno Trump facilita la vuelta de un extranjero expulsado sin el debido proceso.
La semana pasada el Ejecutivo estadounidense había dicho que cumpliría con la orden judicial emitida por el juez Brian Murphy del Tribunal de Distrito de Massachusetts que exigía el regreso del guatemalteco, tras considerar que se cometió un error al expulsarlo.
Y es que, un tribunal de inmigración había emitido una orden que protegía al guatemalteco de ser enviado a su país. Sin embargo, las autoridades migratorias estadounidenses lo deportaron en autobús a México, desde donde fue enviado a su país de origen, y donde se mantenía escondido.
Los abogados de O.C.G. han asegurado que, por ser homosexual, su vida corría peligro en Guatemala o en México, donde dijo haber sido violado.
En su momento, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, justificó el envío de O.C.G. a México, que según ella era «una tercera opción segura para él, en espera de su solicitud de asilo».
Esta no es la primera vez que un juez federal ordena a la Administración de Trump traer de vuelta a un migrante deportado. Varias cortes han ordenado a la Casa Blanca regresar a expulsados a los que no se les dio oportunidad de pelear sus casos en corte, como el salvadoreño Kilmar Ábrego García.
El salvadoreño fue deportado en marzo a su país pese a que también contaba con una orden previa que bloqueaba su expulsión, y aunque el Gobierno consideró que su expulsión fue un error administrativo, argumentó que no podía ayudar en su retorno porque ya se encontraba bajo custodia de otro país.
Cain Oulahan, el abogado de inmigración de Ramón Morales Reyes, discute la detención de su cliente con la prensa, el 30 de mayo de 2025, en Milwaukee. (Foto: AP/Andy Manis/Archivo)
Un hombre que fue acusado falsamente de amenazar la vida del presidente estadounidense Donald Trump enfrenta un proceso de deportación, aun después de que las autoridades de Wisconsin señalaron que el inmigrante mexicano fue incriminado, y de que fue víctima de un ataque violento en 2023.
La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, habla en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Jasionka, Polonia, el martes 27 de mayo de 2025. (Foto: AP/Alex Brandon)
Funcionarios de la agencia reconocieron discretamente el miércoles que Morales Reyes ya no es sospechoso de esas amenazas. El día anterior, otro hombre fue acusado en Wisconsin por falsificar las cartas. Sin embargo, las publicaciones en redes sociales del gobierno federal en las que se ataca a Morales Reyes como un potencial asesino presidencial permanecen en línea.
Los abogados de Morales Reyes aseguran no representa un peligro para la sociedad, y los activistas creen que es un chivo expiatorio en un entorno cada vez más hostil hacia los inmigrantes. En tanto, las autoridades federales afirman que avanzan con el proceso de deportación en parte porque el hombre de 54 años no tiene permiso legal para vivir en el país.
Fotografía cedida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos donde aparece Ramón Morales Reyes, un inmigrante mexicano de 54 años que fue acusado falsamente de querer asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: EFE/Departamento de Seguridad Nacional)
A continuación, algunas de las cosas que hay que saber sobre el caso:
¿De qué se le acusa?
Morales Reyes emigró desde México en la década de 1980, según su abogado. Es casado, tiene tres hijos que son ciudadanos estadounidenses, y trabaja como lavaplatos en Milwaukee.
Agentes federales de inmigración lo detuvieron el mes pasado después de que dejó a su hija en la escuela.
Días después, Noem difundió su fotografía en las redes sociales, junto con un extracto de una carta que presuntamente había escrito en inglés en la que pedía que se le disparara a Trump durante un evento público. La Casa Blanca y los partidarios de Trump califican su detención como un éxito de las agresivas restricciones gubernamentales en materia de inmigración.
Pero la historia se vino rápidamente abajo, incluido el hecho de que Morales Reyes no habla bien inglés y no sabe escribir en ese idioma.
El martes, las autoridades en Wisconsin acusaron a Demetric D. Scott de falsificar la carta en un intento por culpar a Morales Reyes, un posible testigo en su contra por un ataque de 2023. Scott está acusado de derribar a Morales Reyes de su bicicleta, herirlo con un cúter y posteriormente llevarse la bicicleta, según los registros judiciales.
Esta imagen suministrada por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. muestra una carta escrita a mano que según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue escrita por inmigrante y amenaza al presidente Donald Trump. (Foto: AP/Departamento de Seguridad Nacional)
De acuerdo con documentos judiciales, agentes policiales escucharon algunas llamadas que hizo Scott en las que habla de las cartas y de un complot para que una persona fuera detenida por las autoridades de inmigración, todo con el objetivo de que se desestimen los cargos de robo a mano armada y agresión agravada. También admitió ante la policía que escribió las cartas, según los documentos.
Scott, quien se encuentra detenido en la cárcel del condado de Milwaukee, está a la espera de juicio, programado para el mes entrante. Debe comparecer el martes ante el tribunal para enfrentar los nuevos cargos, incluidos los de intimidación de testigos y robo de identidad, ambos delitos graves.
La defensoría pública del estado no respondió por el momento a mensajes en busca de comentarios. Los abogados de Scott se han negado en ocasiones anteriores a comentar sobre el caso.
¿Cuál es su estatus migratorio?
A principios de este año, Morales Reyes solicitó una visa U, la cual se otorga a personas que están sin permiso legal en el país y que fueron víctimas de algún delito grave. La solicitud estaba pendiente, según sus abogados.
Morales Reyes ha permanecido encarcelado en el Centro de Detención Dodge, en Juneau, a unos 112 kilómetros (70 millas) al norte de Milwaukee.
Funcionarios de Seguridad Nacional no han corregido públicamente la información sobre las amenazas al presidente.
En cambio, han redoblado sus esfuerzos para proseguir con el caso de inmigración en su contra. Afirman que Morales Reyes ingresó al país ilegalmente al menos nueve veces entre 1998 y 2005, y que tiene antecedentes penales.
«Este criminal extranjero ilegal ya no está siendo investigado por amenazas contra el presidente, pero permanecerá bajo custodia de ICE a la espera de procedimientos de deportación», dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) en un comunicado el miércoles, en el que se refirió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por sus siglas en inglés.
Morales Reyes está acusado de dos incidentes en 1996, según sus abogados. En uno de ellos, fue arrestado por dañar propiedad durante un incidente vehicular en el que se dio a la fuga, pero no se le presentaron cargos penales. En el otro, recibió una multa por alteración del orden público y daño criminal después de una disputa con su esposa. Nadie resultó herido, según su abogado.
Los abogados de Morales Reyes señalaron que debería corregirse rápidamente la información sobre las amenazas, ya que su cliente y su familia son objeto de acoso y amenazas.
«Este gobierno ha actuado rápidamente al momento de hacer anuncios que creen que se ajustarán bien a su narrativa de que los inmigrantes son peligrosos», dijo el abogado Cain Oulahan.
¿Qué sigue?
Defensores de los derechos de los inmigrantes han cerrado filas en torno a Morales Reyes, incluido un grupo que se manifestó el miércoles a las afueras de un tribunal de inmigración en el centro de Chicago antes de una breve audiencia en el caso de deportación. Muchos de los presentes sostuvieron una enorme pancarta con la leyenda: «Dejen de usar a los inmigrantes como chivos expiatorios».
Morales Reyes, vestido con uniforme verde de prisión, compareció en una transmisión en vivo. Habló a través de un intérprete para decir que entendía los cargos en su contra.
Oulahan le dijo a la jueza que esperaba una resolución rápida, tomando en cuenta las acusaciones contra Morales Reyes. Su abogado busca que Morales Reyes quede en libertad bajo fianza.
Un abogado del gobierno le dijo a la jueza que no tenía información alguna sobre las acusaciones de amenazas.
La jueza de inmigración Carla Espinoza dijo que se necesitaba más tiempo para revisar los documentos. Fijó otra audiencia para el 10 de junio.
La situación ha sido difícil para Morales Reyes y sus familiares.
«Es un hombre de familia. Esto ha sido sumamente estresante para él», dijo Oulahan. «Está muy preocupado».
HARRISBURG, Pa. — Pennsylvania sued the U.S. Department of Agriculture on Wednesday, saying the agency, under President Donald Trump, had illegally cut off funding to it through a program designed to distribute more than $1 billion in aid to states to purchase food from farms for schools, child care centers, and food banks.
The lawsuit in federal court, announced by Gov. Josh Shapiro, a Democrat, comes three months after the USDA advised states that it was ending the pandemic-era assistance program because it no longer reflected agency priorities.
“I don’t get what the hell their priorities are if not feeding people and taking care of our farmers,» Shapiro said at a news conference at a food bank warehouse in Philadelphia.
The USDA declined comment Wednesday.
The lawsuit, filed in federal court in Harrisburg, asks the court to reverse the USDA’s decision to end the reimbursement program.
Shapiro’s administration, in the lawsuit, said the USDA’s termination of the contract was illegal, saying the USDA didn’t explain why it no longer reflected agency priorities and that the contract didn’t expressly allow the USDA to terminate it for those reasons.
Shapiro said he was confident that Pennsylvania would win the lawsuit.
“A deal is a deal,” Shapiro told the news conference. “They made a deal with our farmers … they made a deal with Pennsylvania and they illegally broke it.”
The loss to Pennsylvania is $13 million under a three-year contract, money that the state planned to use to buy food from farms to stock food banks. States also use the money to buy food from farms for school nutrition programs and child care centers. Purchases include commodities such as cheese, eggs, meat, fruits and vegetables.
The department, under then-President Joe Biden, announced a second round of funding through the program last year.
Fotografía satelital cedida hoy por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos que muestra la localización de la tormenta tropical Philippe (c) en el Atlántico. EFE/NOAA-NHC
FILADELFIA — Los especialistas de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) han predicho una temporada de huracanes en el Atlántico por encima de lo normal, que dio inicio 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre de este año.
La agencia pronostica entre 13 y 19 tormentas con nombre, con entre seis y diez que se espera se conviertan en huracanes, debido en parte a temperaturas oceánicas más cálidas de lo normal. La mayor parte de la actividad pronosticada probablemente ocurrirá en agosto, septiembre y octubre, los meses de mayor actividad de la temporada de huracanes.
No se necesita vivir en una comunidad costera para experimentar el poder destructivo de estas tormentas, y no se requiere un huracán para afectar tu salud, tu hogar o tu economía.
Los remanentes de una tormenta tropical o un sistema de tormentas eléctricas que producen lluvias intensas, ráfagas de viento, relámpagos, crecidas de ríos, granizo o tornados pueden ocurrir incluso tierra adentro, lejos de donde el huracán entra en el continente.
La Oficina de Manejo de Emergencias de Filadelfia (OEM) invita a los residentes y negocios a tomar medidas simples desde ahora para prepararse ante los peligros que trae la temporada de huracanes y tormentas fuertes en el Atlántico.
“Filadelfia sufre daños por tormentas en forma de inundaciones, árboles y cables eléctricos caídos y daños estructurales en toda la ciudad, desde Manayunk hasta Port Richmond, desde Cobbs Creek hasta Germantown y desde Eastwick hasta Somerton”, expresó Dominick Mireles, Director de la OEM. “Las tormentas no esperan, así que no te demores. Mantente a salvo preparado en casa. Un habitante de Filadelfia preparado fortalece y hace más resilientes a nuestras comunidades. La planificación de mitigación de riesgos ayuda a cumplir con la visión de la alcaldesa Parker de una ciudad más segura, limpia y verde, garantizando un enfoque interinstitucional de todo el gobierno ante todos los riesgos de la ciudad”.
El equipo de planificación de mitigación de riesgos de la OEM trabaja para identificar y reducir riesgos en la ciudad. De hecho, este año actualizaron el Plan de Mitigación de Riesgos integral de la ciudad. Junto con ese plan, también completaron el Plan de Clima Severo 2025, uno de los documentos de respuesta a emergencias más utilizados por la OEM, y realizaron un taller informativo para sus aliados. El equipo de planificación también identificó formas para ayudarte a estar al tanto y preparado para esta temporada de tormentas severas y más allá.
Siga el pronóstico
El Centro de Integración Regional de la OEM rastrea las tormentas que se desarrollan en la cuenca atlántica (que incluye el Atlántico norte, el Golfo de México y el Caribe) mediante una mayor comunicación con el Servicio Meteorológico Nacional y el uso de herramientas que predicen la trayectoria de las tormentas, permitiendo que la ciudad se prepare.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitirá información del cono de pronóstico, que incluye vigilancias y advertencias por tormentas tropicales o huracanes para el territorio continental de EE. UU. Se puede utilizar esta herramienta para obtener la información más reciente sobre la posible trayectoria y peligros de un huracán.
Manténgase conectado a información crítica
Reciba el pronóstico, horario, riesgos y recomendaciones de acción protectora de parte de la ciudad cuando se acerque una tormenta severa. Envíe un mensaje de texto con la palabra READYPHILA al 888-777 para recibir alertas por texto gratuitas o visite el sitio web de OEM para personalizar alertas por texto o correo electrónico, incluyendo pronósticos de inundación en ríos y arroyos. La información inicial ahora está disponible en 11 idiomas, incluyendo el Lenguaje de Señas Americano.
El Servicio Meteorológico Nacional puede emitir un Aviso, Previsión o Advertencia si un sistema de tormentas representa un peligro. Estos productos de alerta se envían directamente a las personas registradas en ReadyPhiladelphia.
Planificación de seguridad en el hogar
Cree un plan familiar de emergencia que contemple las necesidades de todos en su hogar, incluyendo mascotas. En caso de que necesite evacuar su hogar durante una emergencia, identifique dos opciones y rutas de evacuación, ya sea con familiares, amigos o un refugio abierto por la Alcaldía o la Cruz Roja Americana. Asegúrese también de tener todos los documentos importantes, ropa, medicamentos esenciales y una lista de contactos, todo lo cual puede colocar en una mochila de emergencia. Haga copias y guárdelas en un espacio digital protegido por contraseña.
Seguro contra inundaciones y protección de propiedades
Evalúe su riesgo de inundación usando el sitio del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP). Revise y actualice sus pólizas de seguro contra inundaciones con su proveedor. Recuerde que el seguro contra inundaciones no está incluido en las pólizas estándar de propietarios o inquilinos, y usualmente toma 30 días para que una nueva póliza entre en vigor.
Reduzca los riesgos de daños por tormentas alrededor de su propiedad podando ramas, destapando desagües pluviales y asegurando objetos sueltos.
Antes de una tormenta, mueva sus objetos de valor, electrónicos y electrodomésticos fuera del suelo del sótano o del nivel más bajo de su hogar usando estanterías o cajas de plástico. Estacione su vehículo en una zona más alta, alejada de garajes subterráneos o pasos a desnivel.
Sea un buen vecino
¡Vea cómo puede ayudar a los demás! Revise cómo están sus vecinos, especialmente los más vulnerables como adultos mayores, personas con necesidades especiales o quienes necesiten ayuda para prepararse, atravesar o recuperarse de una tormenta.
Salud y seguridad
Conozca los peligros locales, incluyendo las zonas propensas a inundación que debe evitar durante o después de una tormenta. Puede encontrar información sobre niveles de agua en la página del Servicio Nacional de Predicción del Agua de NOAA.
Si se encuentra con una carretera inundada, dé la vuelta y no conduzca a través de ella. El agua de inundación es turbia, puede tener escombros y moverse con rapidez.
Las tormentas pueden derribar ramas de árboles y cables eléctricos. Nunca se acerque a un cable caído; siempre asuma que está energizado. Estar bajo un árbol, e incluso dentro de un auto, no lo protege completamente de los rayos o vientos fuertes. Cuando escuche truenos, entre bajo techo. Llame al 9-1-1 en caso de emergencia. Lea más sobre a quién contactar si ve árboles o cables caídos.
Washington.- El Departamento de Seguridad Interna de EE. UU. (DHS, en inglés) anunció este miércoles que ha intensificado la revisión de registros de inmigración y tomará medidas para combatir las estadías prolongadas de extranjeros con visas vencidas, en respuesta al ataque terrorista en Colorado por el que está acusado un inmigrante que ingresó al país como turista.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, ordenó a las tres agencias que controlan la inmigración en EE. UU. -la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS)- redoblar los esfuerzos para identificar a los extranjeros que se hayan quedado en el país con sus visas vencidas.
La orden se da después del arresto de Mohammed Sabry Soliman, de 45 años, acusado de atacar a un grupo de personas con un lanzallamas casero durante una manifestación pro-Israel en Boulder (Colorado) el pasado domingo, según explicó el DHS en un comunicado.
El hombre, de nacionalidad egipcia, ingresó a Estados Unidos en agosto de 2022 con un visado de turista y solicitó asilo al mes siguiente. Su visado había vencido en febrero de 2023, de acuerdo con el DHS.
“En Estados Unidos no hay cabida para los simpatizantes del terrorismo del resto del mundo. Cualquiera que crea que puede venir a Estados Unidos y promover la violencia antisemita y el terrorismo, piénselo dos veces. No es bienvenido aquí”, dijo Noem en la nota de prensa.
La esposa y los cinco hijos de Soliman fueron detenidos este martes por las autoridades migratorias para ser deportados de forma expedita. El DHS no explicó si la familia también tenía una solicitud pendiente de asilo.
El endurecimiento en las revisiones ordenado por la secretaria sigue la política del presidente Donald Trump, que desde su retorno al poder el 20 de enero, ha buscado cumplir con su promesa de campaña de deportaciones masivas
El fiscal federal encargado del caso, Bishop Grewell, dijo en una rueda de prensa que al ser interrogado el acusado contó a las autoridades que había intentado comprar un arma de fuego, pero que recurrió a los cócteles molotov al no poder adquirirla por no tener la ciudadanía estadounidense.
Soliman podría enfrentar una pena de cadena perpetua por comisión de un delito de odio e intento de asesinato.
A pedestrian passes the Pennsylvania Capitol in Harrisburg, Pa., Nov. 19, 2019. (Photo: AP/Matt Rourke/File)
HARRISBURG, Pa.— A Democratic-sponsored proposal to limit per-student payments to Pennsylvania’s cyber charter schools and make other changes to how they operate narrowly passed the state House on Wednesday over Republican objections that it would imperil the online learning programs.
The 104-98 vote, with only two Republicans in favor, sets down a marker on the perennially contentious issue of school funding as state lawmakers work to complete the coming year’s state budget for the fiscal year that starts in July.
The bill’s $8,000 limit on how much public school districts would have to reimburse the cyber charters was the central piece of the sprawling legislation and would be a boost to the districts and the property tax payers who bear much of the cost of public education in Pennsylvania. There currently is no cap for the districts’ payments to cyber charters, an amount now linked to how much districts spent on their own students in the prior year.
Supporters said changes to the cyber charter rules are widely backed among the state’s 500 school boards and that cyber school spending has been the subject of critical reviews, including recently by Republican Auditor General Tim DeFoor.
But opponents defended the existing system as a critical lifeline to the students and families that for various reasons have sought alternatives to traditional schools.
The bill’s main provisions
The bill would set annual tuition payments from school districts to cyber charters at $8,000 per student, with potential yearly increases. Special education funding would also see changes.
Cyber charters would not be able to maintain cash balances above 12% of their spending and would not be able to provide payments or gifts to parents as incentives to enroll their children.
The bill would bolster disclosure requirements regarding cyber charters’ policies, instructional materials and budgets.
It would bar the state Education Department from approving any additional cyber charter schools through the 2029-30 school year. A new Cyber Charter School Funding and Policy Council would be set up to make recommendations concerning enrollment, governance and funding.
What did lawmakers say about it?
During floor debate Wednesday, Rep. Martina White, a Philadelphia Republican, said the measure will “close real schools, displace real students, strip families of the very choices that they depend on to give their children a chance at success.”
The moratorium would be highly damaging to cyber charters, said Rep. Craig Williams, a Delaware County Republican.
“You limit the number of cyber charters now in existence, you choke off its funding, and eventually you can kill cyber charter. Sixty-plus thousand students in our school system, finding another way to learn, and we’re going to choke it off with this bill,” Williams said.
The chair of the House Education Committee, Lehigh County Democratic Rep. Peter Schweyer, enumerated cyber charter spending issues raised in the auditor general’s report, including staff bonuses, gift cards, vehicle payments and fuel stipends.
“Gift cards?” Schweyer asked his colleagues. “We would all get in trouble if we were taking gift cards as part of our compensation.”
The money at stake
Leaders of existing public cyber charter schools say the measure would cut their funding by about $450 million or more across the state, with a third of the total reductions targeting special education student reimbursements.
A Democratic analysis put the figure at more than $600 million.
What are public cyber charter schools?
About 65,000 Pennsylvania students currently attend the state’s 14 public cyber charter schools, which are public, nonprofit corporations. They do not have to follow all of the requirements mandated of public schools under state law.
Cyber charter school are considered independent public schools, approved to operate with a “charter” issued by the Education Department. They use technology to provide much of the teaching. Students usually do not need to attend a physical location beyond certain events, such as standardized testing.
What happens now?
The proposal was sent over to the Republican majority state Senate for its consideration. The bill becomes part of a wider negotiations to determine the budget before lawmakers recess for the summer.
Una protesta contra la Administración de Trump se llevará a cabo en las calles de West Norriton a mediados de junio, según anunciaron los organizadores.
La manifestación, titulada “No reyes, fuera los payasos”, está programada para el lunes 16 de junio, en la intersección de Main Street y Egypt Road.
“Han desafiado a nuestros tribunales, deportado a estadounidenses, hecho desaparecer personas en las calles, atacado nuestros derechos civiles y recortado nuestros servicios”, dijeron los organizadores. “La corrupción ha llegado demasiado lejos. Sin tronos. Sin coronas. Sin reyes”.
Esta protesta forma parte de una serie de manifestaciones a nivel nacional que denuncian lo que los participantes consideran un abuso de poder sin control por parte del presidente y un lenguaje que simpatiza con figuras monárquicas.
El evento está previsto para desarrollarse de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Los organizadores locales, pertenecientes a la Serie de Protestas Vecinales del Pueblo CFC, afirman que su objetivo es dar visibilidad a diversas problemáticas mientras construyen apoyo y resistencia a nivel comunitario.
El grupo CFC también alienta a los asistentes a llevar donaciones para la despensa de alimentos Daily Bread.
El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro (Foto: AP/Matt Rourke/Archivo)
HARRISBURG, Pensilvania.— El gobierno de Pensilvania demandó el miércoles al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), alegando que la agencia, bajo el mandato del presidente Donald Trump, cortó de manera ilegal los fondos que le llegaban a través de un programa diseñado para distribuir más de 1.000 millones de dólares en ayuda a los estados para la compra de alimentos de granjas para escuelas, centros de cuidado infantil y bancos de alimentos.
La demanda presentada en una corte federal y anunciada por el gobernador demócrata Josh Shapiro se produce tres meses después que el USDA informara a los estados que estaba terminando el programa de asistencia de la era de la pandemia porque ya no reflejaba las prioridades de la agencia.
«No entiendo cuáles son sus prioridades si no son alimentar a la gente y cuidar de nuestros agricultores», afirmó Shapiro en una conferencia de prensa en un almacén de un banco de alimentos en Filadelfia.
El USDA no respondió de momento a una solicitud de comentarios el miércoles.
La demanda, presentada en la corte federal en Harrisburg, solicita al tribunal que revierta la decisión del USDA de terminar el programa de reembolso.
En la demanda, el gobierno de Shapiro señala que la terminación del contrato por parte del USDA era ilegal, afirmando que la agencia no explicó por qué ya no reflejaba sus prioridades y que el contrato no permitía expresamente al USDA terminarlo por esas razones.
Shapiro manifestó su confianza en que Pensilvania ganará la demanda.
«Un trato es un trato», manifestó Shapiro en la conferencia de prensa. «Hicieron un trato con nuestros agricultores, hicieron un trato con Pensilvania y lo rompieron».
La pérdida para Pensilvania es de 13 millones de dólares bajo un contrato de tres años, dinero que el estado planeaba usar para comprar alimentos de granjas para abastecer bancos de alimentos. Los estados también utilizan el dinero para comprar alimentos de granjas para programas de nutrición escolar y centros de cuidado infantil. Las compras incluyen productos como queso, huevos, carne, frutas y verduras.
Bajo el entonces presidente Joe Biden, el USDA anunció una segunda ronda de financiación a través del programa el año pasado.
Julie Bancroft joined Pennsylvania Department of Human Services (DHS) Secretary Dr. Val Arkoosh, Pennsylvania Department of Agriculture Secretary Russell Redding, and the Westmoreland Food Bank to discuss the importance of the Supplemental Nutrition Access Program (SNAP) amid federal proposals that would take food assistance away from thousands of Pennsylvanians and significantly alter the program, costing the state over $1 billion more annually. (Credit: Commonwealth Media Services)
El pasado 2 de junio, la Dra. Val Arkoosh, Secretaria del Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania (DHS), y el Secretario del Departamento de Agricultura de Pensilvania, Russell Redding, se reunieron en Westmoreland, PA con el equipo directivo de Feeding Pennsylvania y el Banco de Alimentos de Westmoreland para analizar la importancia del Programa de Acceso a Nutrición Suplementaria (SNAP) en medio de propuestas federales que privarían de asistencia alimentaria a miles de residentes de Pensilvania y alterarían significativamente el programa, con un costo adicional de más de mil millones de dólares anuales para el estado.
El SNAP ayuda a casi dos millones de personas en todas las comunidades del estado a comprar alimentos para sí mismas y sus familias. Los niños y los adultos mayores representan más de la mitad de los residentes de Pensilvania que reciben ayuda del programa SNAP, el cual también permite a las familias trabajadoras de bajos ingresos y a las personas con discapacidades mantener sus alimentos en sus mesas.
“SNAP ayuda a las personas a satisfacer una de nuestras necesidades más esenciales: les permite participar plenamente en el trabajo y la escuela, y llevar una vida más saludable. Sin embargo, el Congreso está considerando cambios al programa SNAP que pondrían en peligro la asistencia alimentaria de casi 140,000 residentes de Pensilvania”, declaró el secretario Arkoosh. “Si estas propuestas para cambiar el SNAP se convierten en ley, los niños vulnerables, las personas con discapacidad, los residentes mayores de Pensilvania y muchos otros verían en riesgo su acceso a los alimentos y desestabilizarían aún más nuestra economía agrícola y nuestra fuerza laboral en un momento convulso”.
El Servicio de Investigación Económica del USDA descubrió que cada mil millones de dólares en beneficios federales del SNAP aumenta el PIB en 1,54 mil millones de dólares y apoya específicamente la creación de empleos y los ingresos para los minoristas de alimentos y los agricultores. Cada mes, el SNAP aporta más de $365 millones en beneficios en efectivo que solo se pueden usar para comprar alimentos, lo que apoya a los negocios locales, a los productores de alimentos y a la economía agrícola de Pensilvania.
“Los agricultores reciben casi una cuarta parte de cada dólar que las familias de Pensilvania gastan en comestibles, ya sea que esos dólares provengan del SNAP o de cualquier otra fuente”, dijo el Secretario Redding. “La mayoría de las 48,800 granjas de Pensilvania son familiares. Perder los fondos del SNAP afectaría a las familias agrícolas de Pensilvania, así como a las familias de las 12,000 personas que trabajan en la industria alimentaria, cuyos empleos se sustentan directamente con los gastos mensuales del SNAP”.
“En los bancos de alimentos, estamos llamados a servir, cuidando a nuestros vecinos necesitados”, dijo Jennifer Miller, directora ejecutiva de Westmoreland Food Back. “La necesidad sigue creciendo, pero los recursos se ven amenazados cada día. El Banco de Alimentos del Condado de Westmoreland atiende a más de 20,000 personas cada mes. Actualmente, cuenta con 165 centros de distribución de programas y socios en su red. De ellos, 37 son despensas de alimentos donde los vecinos de bajos ingresos pueden acceder a asistencia alimentaria de emergencia durante todo el mes. En 2024, el Banco de Alimentos distribuyó más de 6.3 millones de libras de alimentos, proporcionando más de 5.8 millones de comidas a vecinos necesitados. El 50% de los alimentos distribuidos proviene de los gobiernos federal y estatal, y el 50% restante de donaciones locales, campañas de recolección de alimentos y Feeding America™.
«Los recortes propuestos a SNAP y Medicaid dejan atrás a los más vulnerables de nuestra Mancomunidad, incluyendo niños, adultos mayores y veteranos», declaró Julie Bancroft, directora ejecutiva de Feeding PA. De aprobarse, los cambios reducirán drásticamente la disponibilidad de millones de comidas para los residentes de Pensilvania, obligándolos a recurrir a una red de bancos de alimentos que ya cuenta con recursos insuficientes.
Feeding Pennsylvania es la asociación estatal de los nueve bancos de alimentos asociados a Feeding America en Pensilvania. Los esfuerzos colectivos apoyan a los bancos de alimentos miembros para asegurar alimentos y otros recursos para aliviar el hambre y la inseguridad alimentaria en las comunidades de Pensilvania.
Los bancos de alimentos miembros de Feeding Pennsylvania atienden a más de 1.5 millones de personas al año, distribuyendo más de 237 millones de libras de alimentos a través de una red de más de 2,700 agencias.
SNAP trabaja con la red de alimentos de beneficencia para compensar la demanda de las despensas de alimentos y los programas de alimentación locales. El SNAP proporciona nueve veces más comidas que los bancos de alimentos de Pensilvania. Cualquier reducción en los fondos y beneficios del SNAP desviará la demanda a los bancos de alimentos, que ya sufrieron un recorte de $13 millones a principios de este año.
El Congreso se encuentra actualmente en medio de un proceso de conciliación presupuestaria que busca recortar los programas federales, principalmente Medicaid y el SNAP. Los cambios propuestos al SNAP alterarían fundamentalmente la estructura de este programa durante más de 60 años y amenazarían la asistencia alimentaria de casi dos millones de residentes de Pensilvania.
Actualmente, 140,000 residentes de Pensilvania perderían el acceso a la asistencia alimentaria debido a los requisitos más estrictos de declaración de empleo. El SNAP ya tiene un requisito de trabajo, y el DHS trabaja con programas de empleo y capacitación en todo Pensilvania para ayudar a los participantes del SNAP a obtener las habilidades y el apoyo que necesitan para lograr un empleo sostenible.
Desde su creación, los beneficios del SNAP se han financiado íntegramente con fondos federales. Sin embargo, la versión actual del proyecto de ley trasladaría hasta el 25% del costo de los beneficios a los estados y añadiría nuevos requisitos administrativos al programa. Esto obligaría a Pensilvania a asumir más de mil millones de dólares anuales para mantener estos beneficios esenciales y el estado no puede cubrir estos costos.
Estos cambios afectarán la actividad económica de los minoristas de alimentos, productores y agricultores, afectarán a la fuerza laboral y aumentarán la demanda de la red de alimentos de beneficencia.
El SNAP genera casi 474 millones de dólares en salarios de supermercados y sustenta más de 12 000 empleos en la industria alimentaria en Pensilvania
El gasto del SNAP representa una fuente crucial de ingresos para las tiendas de comestibles, especialmente para los pequeños negocios y supermercados locales que atienden a comunidades de bajos ingresos y representan la mayoría de los minoristas autorizados por el SNAP.
Asistencia alimentaria
A la fecha, el proyecto de ley aún debe ser aprobado por el Senado de los EE. UU. y promulgado, por lo que actualmente no hay cambios en el SNAP.
Los residentes de Pensilvania que necesiten asistencia alimentaria pueden solicitar SNAP y otros programas en www.dhs.pa.gov/COMPASS.
Los servicios de la Oficina de Asistencia del Condado (CAO) también están disponibles si los beneficiarios no pueden acceder a los servicios en línea o necesitan asistencia a la que no pueden acceder a través del sitio web de COMPASS, la aplicación móvil myCOMPASS PA o llamando a los Centros de Atención al Cliente al 1-877-395-8930 o al 215-560-7226 para residentes de Filadelfia.
Los beneficios de SNAP se emiten mensualmente en tarjetas EBT. Para necesidades alimentarias inmediatas, los residentes de Pensilvania pueden llamar al 211 o visitar www.pa211.org para conectarse con diversos recursos alimentarios locales y también pueden visitar www.feedingpa.org para encontrar bancos de alimentos locales y otros programas de asistencia alimentaria.
Las personas necesitadas también pueden visitar pa-navigate.org/ para obtener ayuda para encontrar alimentos, otros recursos y asistencia
Decenas de manifestantes se congregaron el martes en el corazón de la comunidad latina en Minneapolis después de que un numeroso contingente de agentes federales y locales ataviados con equipo táctico llevaron a cabo lo que llamaron una operación policial.
Los manifestantes acudieron al área cerca de un restaurante mexicano y de otros negocios de propiedad latina tras ver transmisiones en vivo que afirmaban que se estaba llevando a cabo una redada de inmigración, lo que fue muestra de la oposición a tales redadas en una ciudad que se ha declarado santuario para los migrantes. Sin embargo, declaraciones de las autoridades locales indicaron que no se trataba de un asunto de inmigración, sino de un caso criminal.
“Mientras seguimos recopilando detalles, este incidente estaba relacionado con una orden de registro criminal por drogas y lavado de dinero, y no estaba relacionado con la aplicación de la ley de inmigración», aseveró el alcalde Jacob Frey en una publicación de Facebook poco después del operativo policial. «No se realizaron arrestos”.
Pero varias decenas de manifestantes permanecieron en la intersección ocupada por agentes federales horas antes, y utilizaron autos para bloquear el tránsito. Algunos sostenían carteles que decían “Eliminen el ICE” y “Detengan las deportaciones”.
Un conductor atravesó la multitud con su vehículo. Al menos una persona pareció haber sido derribada, pero se levantó y dijo que estaba bien. Los manifestantes desinflaron las llantas del vehículo; la policía intervino para llevarse al conductor y se produjo un altercado. Al menos un hombre fue detenido.
Un video de un transeúnte mostraba a agentes con insignias de agencias locales, pero también federales, incluyendo el FBI y la de Investigaciones de Seguridad Nacional. Un vehículo blindado en la escena llevaba las iniciales de Investigaciones de Seguridad Nacional. El jefe de policía de Minneapolis también estuvo presente.
Michelle Gross, presidenta del grupo local Comunidades Unidas Contra la Brutalidad Policial, dijo que el despliegue de fuerza parecía diseñado para “aterrorizar a la gente para que se someta”.
“Esto es brutalidad con efectivos militares, y no lo vamos a permitir en nuestra ciudad”, expresó.
Jennifer Davila, quien trabaja en la comunidad, dijo que ya estaba en vilo debido a las redadas. Es una comunidad muy unida, y “si algo sucede, lo sabemos”, comentó.
“Tenían una furgoneta blanca, una furgoneta negra y un tanque. Para una redada, eso es bastante excesivo”, dijo Davila. “Y luego entran en una comunidad de color y hacen esto, porque tenemos todo tipo de inmigrantes, no sólo latinos”.
Aunque el alcalde dijo que no hubo arrestos, algunos manifestantes fueron detenidos al menos temporalmente a medida que crecían las tensiones entre la multitud y los policías. Un fotógrafo de Minnesota Public Radio fue rociado con gas pimienta y su cámara fue rota.
Una publicación de Facebook de la oficina del sheriff indicaba que “se asoció con agencias federales en una investigación criminal, y parte de esa investigación incluyó la ejecución de múltiples órdenes de registro en múltiples ubicaciones en el área metropolitana”.
Frey dijo que el único papel del departamento de policía fue ayudar con el control de multitudes, y que el departamento no estuvo involucrado en “nada relacionado con la aplicación de la ley de inmigración”. Tanto el departamento de policía como las oficinas del sheriff locales tienen políticas contra la cooperación con acciones de inmigración.
La oficina del sheriff dijo que al realizar investigaciones criminales, “trabajamos regularmente con socios federales”. Una portavoz local del FBI, Diana Freedman, se negó a proporcionar detalles sobre la operación en un mensaje de texto.
