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¿Bajo qué circunstancias se puede revocar una tarjeta verde (green card) de Estados Unidos?

(Foto: Crédito/Wikipedia)

Washington — El reciente arresto del activista palestino y residente permanente legal en Estados Unidos, Mahmoud Khalil, quien desempeñó un papel destacado en las protestas en la Universidad de Columbia del año pasado por la guerra en Gaza, ha suscitado preguntas sobre los límites de la residencia permanente.

Khalil, titular de la residencia permanente desde 2024, obtuvo la residencia permanente legal en EE. UU. Sin embargo, quienes la poseen pueden perderla y ser deportados si violan la ley de inmigración.

El miércoles, un juez federal extendió los esfuerzos para detener la deportación de Khalil, mientras el residente de Nueva York permanece detenido en Luisiana, aunque no ha sido acusado de ningún delito.

De acuerdo con las leyes estadounidenses, no constituye un delito estar en desacuerdo, ni siquiera abiertamente, con las políticas o acciones del gobierno estadounidense, y la Carta de Derechos protege la libertad de expresión y el derecho de reunión.

El porqué

Las tarjetas de residencia permanente (green card o tarjeta verde) pueden ser revocadas, declaró a la Voz de América Linda Dakin-Grimm, abogada de inmigración con sede en Nueva York.

“No es tan común, pero tampoco es raro. Las personas pierden sus green card con mayor frecuencia cuando son condenadas por delitos… Una green card no es ciudadanía. Se considera un privilegio que se gana, pero también se puede perder si se incurre en conductas contrarias a las condiciones en las que viven los titulares de la green card ”, explicó.

Ejemplos de delitos que pueden causar la pérdida de estatus de un titular de green card incluyen delitos graves, delitos de drogas, fraude o preocupaciones de seguridad nacional, como vínculos con un grupo terrorista. Los titulares de green card también pueden perder su estatus y la residencia permanente legal por ser considerados una amenaza para la seguridad nacional.

Si un titular de green card es acusado de un delito, su caso penal se tramitará en el sistema judicial. Sin embargo, el proceso para revocar su estatus permanente se lleva a cabo en un tribunal de inmigración, donde los funcionarios deben presentar pruebas para justificar la revocación de la green card .

El cómo

Revocar una tarjeta de residencia permanente es un proceso legal que comienza cuando el gobierno estadounidense determina que una persona ha violado las leyes de inmigración.

El caso puede llegar a conocimiento del gobierno de diferentes maneras, ya sea a través de una verificación migratoria rutinaria, una investigación policial o a través de un denunciante.

“En teoría, podría tratarse de un denunciante. Alguien que tenga información… ¿Podrían llamar al Departamento de Estado? Quizás. ¿Podrían llamar a la línea directa de ICE? Quizás”, dijo Dakin-Grimm.

El Departamento de Seguridad Nacional suele iniciar el proceso. El titular de la tarjeta de residencia permanente recibirá un documento conocido como Notificación de Comparecencia ante un tribunal de inmigración o, en casos graves, podría ser arrestado y detenido.

Funcionarios de la Casa Blanca declararon el miércoles que el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene la autoridad para revocar una tarjeta de residencia permanente o cualquier visa si las actividades de una persona en Estados Unidos “pudieran tener consecuencias potencialmente adversas para la política exterior del país”.

Rubio ha afirmado que el caso de Khalil no se trata de libertad de expresión.

“Por cierto, nadie tiene derecho a una green card … Si nos hubieras dicho que eso era lo que pretendías hacer al llegar a Estados Unidos, nunca te habríamos dejado entrar”, declaró Rubio el miércoles. “Si lo haces una vez que hayas entrado, la revocaremos y te expulsaremos”.

La facultad del secretario de Estado para intervenir en un caso como el de Khalil se deriva de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Una disposición de la ley permite al secretario de Estado considerar deportable a un extranjero si se cree que su presencia o actividades perjudican significativamente los intereses de la política exterior estadounidense.

Según la NTA de Khalil, Rubio ya ha tomado esa decisión.

Se ha ordenado a Khalil que comparezca ante un juez de inmigración el 27 de marzo en el Centro de Detención Lasalle de Luisiana.

El tribunal

En un tribunal de inmigración, la carga de la prueba recae en el gobierno; debe demostrar que la persona violó las leyes de inmigración. En un caso como el de Khalil, los abogados de ICE solicitarán la deportación, pero deberán demostrar que representa una amenaza para la seguridad nacional.

El titular de la tarjeta verde también puede presentar una defensa.

En el sistema de justicia penal, si una persona no puede costear un abogado, el gobierno debe proporcionarle un defensor público. Sin embargo, en los tribunales de inmigración, los inmigrantes tienen derecho a su propio abogado, pero el gobierno no está obligado a proporcionarle uno. Si los inmigrantes no pueden costear un abogado o no pueden encontrar uno que los represente pro bono, no tendrán acceso a representación legal.

Dakin-Grimm afirma que el proceso a veces puede ser rápido, pero también complejo.

En el sistema de tribunales de inmigración, la decisión de revocar una tarjeta verde es un procedimiento administrativo que lleva a cabo el Departamento de Justicia, bajo la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración.

“Es como si el gobierno estuviera procesando un caso, y el juez también fuera el gobierno”, dijo Dakin-Grimm.

El resultado

Si el juez de inmigración falla en contra del titular de la tarjeta verde, este puede apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

Y si la BIA coincide con el gobierno, el titular de la green card puede apelar ante un Tribunal Federal de Apelaciones. Aunque el caso puede llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, Dakin-Grimm afirma que eso rara vez ocurre, principalmente porque la Corte Suprema tiene total discreción sobre los casos que elige.

“La mayoría de las personas no pueden permitirse este tipo de trámite legal por sí mismas. Es muy, muy caro; cientos de miles de dólares para llevar un caso desde el tribunal de primera instancia hasta la Corte Suprema”, dijo. “Pero en el ámbito de la inmigración, es común ver agencias sin fines de lucro, clínicas de derecho, trabajando pro bono, trabajando gratis en casos importantes como este”.

Una decisión definitiva

Si se revoca la tarjeta verde y todas las apelaciones fracasan, la persona suele ser deportada de EEUU. Si la apelación prospera, conserva su green card y se le permite permanecer en el país.

Dakin-Grimm explicó que muchos titulares de tarjetas verdes creen que, como se llama «residencia permanente», el estatus es permanente.

«Pero solo es permanente si se cumplen las normas», afirmó.

[La corresponsal de la VOA en la Casa Blanca, Anita Powell, contribuyó a este informe]

Trump emprende acciones para desestimar demandas contra Iowa y Oklahoma por leyes de inmigración

ARCHIVO – Un grupo de personas escuchan a un orador en un mitin del grupo activista Iowa Movement for Migrant Justice el miércoles 1 de mayo de 2024, en Des Moines, Iowa. El letrero en primer plano dice: "No somos criminales. Somos trabajadores que laboran duro". (AP Foto/Charlie Neibergall, Archivo)

DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump emprendió acciones el viernes para desestimar las demandas contra Iowa y Oklahoma que presentó el Departamento de Justicia del expresidente Joe Biden, las cuales impugnan las leyes de inmigración de esos estados, según las cuales es un delito que alguien se encuentre allí si está en Estados Unidos sin autorización.

Gobernadores y legisladores republicanos de todo el país acusaron al entonces presidente Biden de no hacer cumplir la ley federal de inmigración y de no gestionar adecuadamente la frontera sur.

En respuesta, Iowa y Oklahoma promulgaron leyes similares que permiten que funcionarios estatales y locales arresten y acusen a personas que tienen órdenes de deportación pendientes, que previamente fueron expulsadas, o que se les haya negado la entrada a Estados Unidos. Ambas leyes se emitieron después de una promulgada en Texas.

El gobierno de Biden demandó a Texas, Iowa y Oklahoma por dichas leyes. La ley de Texas, de mayor alcance, estuvo en vigor sólo durante unas pocas y confusas horas en marzo pasado, antes de que un tribunal federal de apelaciones la suspendiera.

Las leyes de Iowa y Oklahoma han quedado en suspenso mientras los tribunales estudian si usurpan inconstitucionalmente la autoridad federal en materia de inmigración.

“La absurda oposición del gobierno de Biden a (la ley de Oklahoma) fue particularmente frustrante, ya que fue la burda negligencia de la Casa Blanca en la seguridad fronteriza la que hizo que la ley estatal fuera tan necesaria en primer lugar”, dijo el viernes en un comunicado el fiscal general estatal de Oklahoma, Gentner Drummond.

Trump se postuló para la presidencia con la promesa de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y deportar a muchas personas que viven en Estados Unidos sin autorización, promesas que cumplió en su primera semana en el cargo con órdenes ejecutivas que entraban en conflicto con la postura jurídica del gobierno anterior en los dos casos.

La fiscal general estatal de Iowa, Brenna Bird, dijo que la medida del gobierno de Trump para desestimar las demandas era una “gran victoria” para los habitantes de Iowa.

“Hoy, el presidente Trump, nuevamente, demostró que apoya a Iowa y mostró su compromiso de hacer a Estados Unidos seguro de nuevo al retirar la ridícula demanda de Biden”, declaró Bird en un comunicado.

Un grupo defensor de los derechos de los migrantes también demandó a Iowa por su ley en mayo pasado, pero la Corte Federal de Apelaciones del 8vo Circuito emitió recientemente una decisión que complica la batalla jurídica ahora que el gobierno de Trump ha retirado la queja del gobierno federal.

El tribunal de apelaciones dijo que la demanda presentada por la organización Iowa Migrant Movement for Justice debería ser desestimada por el juez del tribunal de distrito, argumentando que la demanda de Estados Unidos contra Iowa la hacía irrelevante. Rita Bettis Austin, directora jurídica de la Unión Americana de Libertades Civiles de Iowa, indicó en un comunicado el viernes que tenían la intención de seguir luchando para evitar que la ley de Iowa entre en vigor.

“Con la presentación de hoy del Departamento de Justicia, seguimos firmes en nuestro compromiso de trabajar para evitar que esta ley perjudicial se aplique en Iowa”, manifestó Austin.

Los abogados que representan a Iowa Migrant Movement for Justice presentaron en febrero una petición para una nueva audiencia ante el tribunal de apelaciones.

Trump pide encarcelar a sus rivales en un duro discurso en el Departamento de Justicia

(Foto: EFE/Chip Somodevilla)

El presidente de EE.UU. Donald Trump pronunció este viernes en el Departamento de Justicia un discurso en el que lanzó una retahíla de quejas sobre las investigaciones criminales que amenazaron su carrera política y pidió que sus rivales sean encarcelados.

«Las personas que nos hicieron esto deberían ir a la cárcel», afirmó Trump sin precisar a quién se refería, mientras insistía en su teoría infundada de fraude en las elecciones de 2020, en las que perdió ante el demócrata Joe Biden.

El mandatario ofreció un discurso combativo y desafiante, en el que se refirió con términos a menudo vulgares a sus adversarios y se presentó como una víctima de persecución política.

La visita fue la primera de Trump al Departamento de Justicia y la primera de cualquier presidente en una década a esa institución, que tradicionalmente opera con independencia, pero que él ha tratado de moldear a su favor en este segundo mandato con el nombramiento de funcionarios leales en puestos clave, como la fiscal general, Pam Bondi.

«Expulsaremos a los actores deshonestos y las fuerzas corruptas de nuestro Gobierno. Expondremos, y mucho, sus crímenes atroces y su grave mala conducta, como nunca se ha visto», proclamó Trump en un discurso que duró una hora.

El mandatario llegó a sugerir que CNN y MSNBC, a las que calificó como «brazos políticos» del Partido Demócrata, llevan a cabo acciones que deberían considerarse «ilegales».

Trump hizo historia el año pasado al convertirse en el primer presidente de Estados Unidos condenado por un delito penal, en un caso en Nueva York sobre la falsificación de registros comerciales para ocultar una supuesta relación con la actriz Stormy Daniels.

Ese fue solo uno de los cuatro casos a los que se enfrentó el republicano, quien también fue acusado en Washington D.C. por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando sus seguidores intentaron impedir la certificación de la victoria de Biden en los comicios de 2020.

Además, enfrentó cargos en Georgia por tratar de revertir los resultados electorales en ese estado y en Florida por llevarse documentos clasificados de la Casa Blanca al dejar el poder en 2021 y almacenarlos en su mansión de Mar-a-Lago.

Esos casos quedaron estancados o los cargos fueron retirados tras su victoria en las elecciones de noviembre pasado, debido a que existe una política de larga data en el Departamento de Justicia establece que un presidente en ejercicio no puede ser enjuiciado.

VOA Voice of America cancela contratos con The Associated Press, Reuters y Agence France Presse

ARCHIVO – El edificio de Voice of America, el lunes 15 de junio de 2020, en Washington. (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo)

Por DAVID BAUDER Associated Press

La agencia gubernamental que dirige la emisora Voice of America (VOA, por sus siglas en inglés) decidió cancelar los contratos con The Associated Press, Reuters y Agence France-Presse, y ordenó el viernes a sus periodistas que dejen de usar material de esos servicios noticiosos.

Kari Lake, exlocutora convertida en política republicana que fue seleccionada por el presidente Donald Trump para dirigir VOA, estimó que la medida ahorraría 53 millones de dólares.

El nuevo gobierno ha afirmado rápidamente su autoridad en la VOA, que ha proporcionado noticias desde una perspectiva estadounidense a países de todo el mundo. Mientras esperaba la aprobación oficial para asumir el control, Lake fue nombrada asesora especial en la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, que supervisa la VOA y organizaciones hermanas como Radio Free Europe.

Lake anunció el jueves, a través de las redes sociales, que ponía fin a los “costosos e innecesarios contratos” con los servicios de noticias.

“No deberíamos pagar a organizaciones noticiosas externas para que nos digan cuál es la noticia”, dijo Lake, quien se postuló sin éxito para gobernadora de Arizona. “Con un presupuesto de casi 1.000 millones de dólares, deberíamos producir noticias nosotros mismos. Y si eso no es posible, el contribuyente estadounidense debería exigir saber por qué”.

En una reunión efectuada el viernes, se pidió a los empleados de VOA que dejaran de usar material de los servicios de noticias para sus informes, según periodistas que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a declarar públicamente sobre el tema.

En muchas organizaciones de noticias, se utilizan informes de audio, video y texto de los servicios de noticias para complementar los informes desde lugares donde no se encuentran los propios periodistas de la empresa.

La AP, Reuters y AFP declinaron comentar el viernes.

La medida de VOA se produce en medio de las tensas relaciones entre la prensa y la Casa Blanca. The Associated Press ha presentado una demanda luego que la Casa Blanca prohibiera a sus reporteros participar en las ruedas de prensa, y el Pentágono ha retirado a varios reporteros de posiciones de larga data y las organizaciones de noticias son objeto de demandas e investigaciones emprendidas por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos.

En otra publicación en redes sociales, Lake dijo estar en modo de recopilación de hechos y “vaya, estoy encontrando un montón de tonterías por las que el contribuyente estadounidense no debería pagar”.

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Under what circumstances can a US green card be revoked?

green card
A demonstrator holds a sign during a protest at the University of California Los Angeles (UCLA), following the arrest in New York by U.S. immigration agents of Palestinian student protester Mahmoud Khalil, in Los Angeles, California, March 11, 2025.

Washington — The recent arrest of Palestinian activist and U.S. legal permanent resident Mahmoud Khalil, who played a prominent role in last year’s Columbia University protests over the war in Gaza, has prompted questions about the limits of a green card.

A green card holder since 2024, Khalil was granted lawful permanent residency status in the U.S. But green card holders can lose their status and face deportation if they violate immigration law.

A federal judge extended efforts to halt Khalil’s deportation, and the New York resident remains in detention in Louisiana although he has not been charged with any crime.

It is not a criminal offense to disagree, even openly, with the U.S. government’s policy or actions, and the Bill of Rights protects free speech and the right to assemble.

The why

Green cards can be revoked, New York-based immigration lawyer Linda Dakin-Grimm told VOA.

“It’s not that common, but it also isn’t rare. People lose their green cards most often when they’re convicted of crimes. … A green card is not citizenship. It’s seen as a privilege that you earn, but you can also lose it if you engage in conduct that is contrary to the conditions that green card holders live under,” she said.

Examples of crimes that can cause a green card holder can lose their status include aggravated felonies, drug offenses, fraud, or national security concerns such as ties to a terrorist group. Green card holders can also lose their status and lawful permanent residency status for being deemed a threat to national security.

If a green card holder is accused of a crime, their criminal case will go through the justice system. But the process to revoke their permanent status takes place in immigration court, where officials must present evidence to justify revoking a green card.

The how

Revoking a green card is a legal process that starts when the U.S. government determines that an individual has violated immigration laws.

The case can come to the government’s attention in different ways, either through a routine immigration check, law enforcement investigation, or whistleblower.

“It could theoretically be a whistleblower. Someone who has some information. … Could they call the State Department? Maybe. Could they call the ICE hotline? Maybe,” Dakin-Grimm said.

The Department of Homeland Security usually initiates the process. The green card holder will receive a document known as a Notice to Appear in immigration court or, in serious cases, they may be arrested and detained.

White House officials said Wednesday that Secretary of State Marco Rubio has the authority to revoke a green card or any visa if an individual’s activities in the United States “would have potentially serious adverse foreign policy consequences” to the country.

Rubio has said that Khalil’s case is not about free speech.

“No one has a right to a green card, by the way. … If you told us that’s what you intended to do when you came to America, we would have never let you in,” Rubio said on Wednesday. “If you do it once you get in, we’re going to revoke it and kick you out.”

The authority for the secretary of state to intervene in a case like Khalil’s stems from the Immigration and Nationality Act of 1952. A provision in the law allows the secretary of state to deem a non-citizen deportable if their presence or activities are believed to significantly harm U.S. foreign policy interests.

According to Khalil’s NTA, Rubio has made that determination.

Khalil has been ordered to appear in front of an immigration judge on March 27 at the Lasalle Detention Facility in Louisiana.

The court

In immigration court, the burden of proof is on the government; it must show the person violated immigration laws. In a case like Khalil’s, ICE attorneys will ask for deportation, but they will have to prove he is a threat to national security.

The green card holder can also present a defense.

In the criminal justice system, if a person cannot afford an attorney, the government must provide a public defender. In immigration court, however, immigrants have the right to their own attorney, but the government does not have to provide one. If immigrants cannot afford an attorney or cannot find one to represent them pro bono, they do will not have access to legal representation.

Dakin-Grimm says the process can sometimes go fast, but it is also complex.

In the immigration court system, the decision to revoke a green card is an administrative procedure conducted by the Department of Justice, under an office known as the Executive Office for Immigration Review.

“It’s kind of like the government is prosecuting a case, and the judge is also the government,” Dakin-Grimm said.

The outcome

If the immigration judge rules against the green card holder, they can appeal to the Board of Immigration Appeals (BIA).

And if the BIA agrees with the government, the green card holder can appeal to a Federal Court of Appeals. Although the case can end up at the U.S. Supreme Court, Dakin-Grimm says that rarely happens, mostly because the Supreme Court has complete discretion over the cases it chooses.

“Most people can’t afford to do this kind of legal work themselves. It’s just very, very expensive — you know, hundreds of thousands of dollars to take a case from the trial court level all the way to the Supreme Court,” she said. “But in the immigration space, you tend to see nonprofit agencies, law school clinics, working pro bono, working for free in significant cases like this.”

A final decision

If the green card is revoked and all appeals fail, the person is usually deported from the U.S. If the appeal is successful, the person keeps their green card and is allowed to stay in the country.

Dakin-Grimm said many green card holders think because it is called “permanent residency,” the status is actually permanent.

“But it’s only permanent as long as you follow the rules,” she said.

Investigan a más de 50 universidades en EE. UU. como parte de campaña de Trump contra diversidad

ARCHIVO – Linda McMahon, nominada por el presidente Donald Trump como secretaria de Educación, llega a una audiencia de la Comisión de Salud, Educación y Trabajo en relación con su nominación, el jueves 13 de febrero de 2025, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo)

WASHINGTON (AP) — Más de 50 universidades son investigadas por presunta discriminación racial como parte de la campaña del presidente Donald Trump para poner fin a los programas de diversidad, equidad e inclusión que, según sus funcionarios, excluyen a estudiantes blancos y estadounidenses de origen asiático.

El Departamento de Educación anunció las nuevas pesquisas el viernes, un mes después de emitir un memorando donde advierte a las escuelas y universidades de Estados Unidos que podrían perder fondos federales por “preferencias basadas en la raza” en las admisiones, becas o cualquier aspecto de la vida estudiantil.

“Los estudiantes deben ser evaluados según su mérito y logros, no prejuzgados por el color de su piel”, afirmó la secretaria de Educación, Linda McMahon, en un comunicado. “No cederemos en este compromiso”.

La mayoría de las nuevas indagaciones se centran en las asociaciones de las universidades con el PhD Project, una organización sin fines de lucro que ayuda a estudiantes de grupos subrepresentados a obtener títulos en Negocios con el objetivo de diversificar el mundo empresarial.

Funcionarios del Departamento dijeron que el grupo limita la elegibilidad en función de la raza y que las universidades que se asocian con él “participan en prácticas de exclusión racial en sus programas de posgrado”.

En el grupo de 45 universidades que enfrenta el escrutinio por sus vínculos con el PhD Project están importantes universidades públicas como la Universidad Estatal de Arizona, la Universidad Estatal de Ohio y Rutgers, junto con prestigiosas escuelas privadas como Yale, Cornell, Duke y el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

A través de un comunicado, la Universidad Estatal de Ohio señaló que “no discrimina por raza, etnia o cualquier otra clase protegida, y nuestros programas de doctorado están abiertos a todos los solicitantes calificados”.

Hasta el momento, un mensaje enviado al PhD Project no ha obtenido respuesta.

Otras seis universidades son investigadas por otorgar “becas basadas en la raza que son inadmisibles”, indicó el Departamento, y una más está acusada de llevar a cabo un programa que segrega a los estudiantes en función de la raza.

El Departamento de Educación informó que esas escuelas son: la Universidad Estatal de Grand Valley, Ithaca College, New England College of Optometry, la Universidad de Alabama, la Universidad de Minnesota, la Universidad del Sur de Florida y la Universidad de Oklahoma en Tulsa.

Un comunicado de prensa inicial del Departamento de Educación identificó erróneamente a la Universidad de Tulsa como una de las escuelas bajo investigación.

El memorando que el gobierno republicano de Trump envió el 14 de febrero fue una amplia expansión de una decisión de la Corte Suprema de 2023 que prohíbe que las universidades utilicen la raza como un factor en las admisiones.

Esa decisión se centró en las políticas de admisión en Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, pero el Departamento de Educación señaló que interpretará la decisión para prohibir políticas basadas en la raza en cualquier aspecto de la educación, tanto en escuelas de educación primaria y secundaria como en educación superior.

En el memorando, Craig Trainor, secretario asistente interino de derechos civiles, señaló que los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión de las escuelas y universidades han “introducido estereotipos raciales y una conciencia racial explícita en la capacitación, programación y disciplina cotidianas”.

El memorando está siendo impugnado en demandas federales presentadas por los dos sindicatos de profesores más grandes del país. En dichas demandas se afirma que el memorando es demasiado vago y viola los derechos de libertad de expresión de los educadores.

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Turbulencia  

empleo

Las incertidumbres prevalecientes en la economía de Estados Unidos se han convertido en turbulencia en las bolsas de valores, conduciendo la semana pasada a una caída en todos los índices bursátiles, la cual ha borrado todas las ganancias registradas después de la inauguración del presidente Donald Trump. Por ejemplo, el índice SP 500 ha registrado tres semanas consecutivas de pérdidas, después de la cúspide que alcanzó el 19 de febrero, ha caído más de 6 por ciento y ahora está debajo de lo que estaba antes del 20 de enero.

El efecto acumulativo de las decisiones sobre aranceles, inmigración y reducción del gobierno ha espantado a los mercados y despertado el fantasma de una recesión y hasta de crecimiento negativo con inflación. Sin embargo, lo que está contribuyendo más a esta ola de pesimismo es el estilo de adopción de decisiones, errático y de montaña rusa, del nuevo gobierno. Porque, como lo describió el presidente del banco central Jerome Powell, “la economía de Estados Unidos continúa situada en un buen lugar…a pesar de los elevados niveles de incertidumbre.”

El siguiente obstáculo vendrá hacia el fin de esta semana, cuando la mayoría Republicana en ambas cámaras legislativas deberá demostrar suficiente cohesión y disciplina para impedir el cierre del gobierno. El Congreso tiene que aprobar una resolución presupuestaria para el año fiscal 2025 en curso, o por lo menos aprobar una resolución de continuidad, para mantener los mismos niveles de gasto, dado que la última expira este viernes 14 de marzo.

  *Analista y consultor internacional, ex-director de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español TV y radio, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.

Shapiro Administration Invests Nearly $1.5 Million to Expand Community-Based

Shapiro
El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. (Foto: Archivo)

The Shapiro Administration is committed to providing critical drug prevention resources in rural and underserved areas.


Funding secured in multistate opioid settlements by then-Attorney General Josh Shapiro continues to help Pennsylvania expand the full spectrum of other substance use disorder services and supports.

Harrisburg, PA – Today, the Department of Drug and Alcohol Programs (DDAP) announced an investment of nearly $1.5 million in funding for seven Pennsylvania organizations to implement community-based prevention services throughout Pennsylvania to prevent opioid use disorder (OUD). The funding will allow for more evidence-based and youth-focused programs centered on preventing opioid misuse from an early age to be offered in more communities.

Funding for these grants is provided from the Mallinckrodt opioid settlement, which was the result of a multistate investigation of opioid manufacturers and distributors spearheaded by then-Attorney General Josh Shapiro. It led to multiple settlement agreements worth billions of dollars to expand or enhance recovery support services for individuals in recovery from OUD and other substance use disorders (SUD), most of which goes directly to Pennsylvania counties to meet local needs.

“Prevention is critical to our overall public health strategy to manage the opioid epidemic in Pennsylvania,” said DDAP Secretary Dr. Latika Davis-Jones. “We need to educate both children and adults about the risks of opioids and potential consequences, and this funding will do just that. Stopping misuse before it starts is crucial to our efforts in reducing opioid overdoses—especially in rural and underserved areas of Pennsylvania.”  

DDAP is awarding seven grants of up to $200,000 each to the following community-based organizations:

  • Little Wings of Hope: Allegheny County
  • Pennsylvania State System of Higher Education Foundation: Allegheny County
  • Cambria County Drug Coalition, Inc.: Cambria, Somerset and Bedford counties
  • Willow Foundation: Carbon, Luzerne, Lackawanna, and Schuylkill counties
  • YWCA Tri-County Area: Chester and Montgomery counties
  • Mother of Mercy: Philadelphia
  • Unity Recovery: Philadelphia

“Creating a campaign centered around adverse childhood experiences—traumatic or stressful events that happen during childhood that can increase the risk of substance misuse as an adult—has been a goal of the Cambria County Drug Coalition for many years. This funding will help us to achieve that goal,” said Cambria County Drug Coalition Project Coordinator Nichole Rousell. “We are proud to receive this grant and are looking forward to impacting residents of not only Cambria County but Bedford and Somerset counties as well.”

The recipients are required to administer activities that focus on the primary prevention of OUD. Primary prevention refers to programs or activities that prevent the initiation of substance use/misuse or prevent use beyond initial experimentation. In addition, all activities must take place in community settings or post-secondary education settings including colleges or universities.

Prevention activities funded through these grants may include:

  • Community anti-drug coalitions that engage in drug use prevention efforts;
  • Supporting community coalitions in implementing evidence-informed prevention;
  • Engaging non-profits and faith-based communities as organizations to support prevention;
  • Evidence-based or evidence-informed community education programs and campaigns for youth, families, and others;
  • Youth-focused programs or strategies that have demonstrated effectiveness in preventing drug misuse and seem likely to be effective in preventing the uptake and use of opioids;
  • Community-based education or intervention services for families, youth, and adolescents at risk for OUD and any co-occurring substance use disorder and mental health conditions; and
  • Evidence-informed programs or curricula to address mental health needs of young people who may be at risk of misusing opioids or other drugs, including emotional modulation and resilience skills.

Since day one, the Shapiro Administration has prioritized a focus on and investments in sustained recovery and expanding access to equitable prevention and treatment services by:

  • Awarding more than $6 million for 19 organizations to establish or expand SUD services, community outreach and education to underrepresented communities of color;
  • Awarding more than $8 million to expand or enhance recovery support services for individuals in recovery;
  • Awarding nearly $7 million to administer the operations of DDAP’s current Get Help Now hotline for a five-year period;
  • Awarding $4 million for the establishment of regional recovery hubs to enhance resources for individuals in recovery and promote recovery within communities across Pennsylvania;
  • Awarding more than $2 million for community-based organizations and public health programs to assist individuals in accessing DDAP-licensed recovery houses; and
  • Awarding more than $1 million to expand or enhance community-based harm reduction services for individuals who use opioids and other drugs, particularly in underserved areas.

Senado estadounidense votará para financiar al gobierno antes de inminente plazo

Senando
El Capitolio de EE. UU., sede de las dos Cámaras del Congreso, puede verse el 12 de marzo de 2025, en Washington, D.C., EE. UU.

A los senadores estadounidenses se les está agotando el tiempo para aprobar una resolución continua a corto plazo (CR en inglés) impulsada por congresistas republicanos, que financiará al gobierno después de la fecha límite de la medianoche del viernes.

El Senado de Estados Unidos votará esta mañana en una primera ronda preliminar que permitirá comprobar si la legislación cuenta con los 60 votos necesarios para avanzar antes de la votación final, prevista para más tarde este mismo día.

Aunque la Cámara Alta estadounidense tiene una mayoría republicana, no es la necesaria para aprobar la medida, por lo que se necesitan al menos ocho demócratas para avanzar con el paquete de financiación.

El líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune, insistió ante el pleno el jueves para argumentar que cualquier responsabilidad por un cierre recaería directamente sobre los demócratas.

«Los demócratas deben decidir si apoyarán la legislación de financiación aprobada por la Cámara de Representantes o si cerrarán el gobierno», declaró Thune al inaugurar la sesión.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, ha pedido que el Senado apruebe una versión anterior de la medida en cuya negociación participaron los demócratas. Los senadores demócratas expresan su preocupación por facilitar el camino para que la administración Trump continúe implementando cambios a gran escala en el gobierno federal y los programas de seguridad social.

Al final del jueves, Schumer cedió y expresó su apoyo a la legislación, que evitará que partes del gobierno cierren después de la medianoche.

«Votaré para mantener el gobierno abierto y no para cerrarlo», declaró el senador neoyorquino en un discurso ante el Senado.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, a principios de esta semana.

«No quiero un cierre del gobierno», declaró el senador demócrata Chris Van Hollen el jueves. «Y por eso me gustaría votar sobre un proyecto de ley para mantener el gobierno abierto durante 30 días mientras mantenemos una negociación bipartidista. Pero no apoyaré este proyecto de ley de la Cámara de Representantes republicana que simplemente le da a Elon Musk más recursos y herramientas para desmantelar grandes sectores del gobierno federal con el fin de manipularlo para personas como él y los muy ricos».

«Votar en contra de la Resolución Conjunta perjudicará al pueblo estadounidense y acabará con el increíble impulso que el presidente [Donald] Trump ha generado en los últimos 51 días», declaró a la prensa la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a principios de esta semana.

La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aprobó el martes una medida de gasto a corto plazo por 217 votos a favor y 213 en contra. La Cámara de Representantes suspendió sus sesiones por el resto de la semana a partir del martes por la tarde, presionando a los senadores para que aprobaran su versión de la Resolución Conjunta.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declaró a la prensa el martes que la resolución continua de siete meses era un paso importante hacia la implementación de la agenda de Trump de erradicar el despilfarro y el abuso gubernamental a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

«Nos permite avanzar en la modificación del tamaño y el alcance del gobierno federal. Se está produciendo un cambio radical en Washington. Este es un momento diferente al que hemos vivido. El trabajo de DOGE está detectando cantidades masivas de fraude, despilfarro y abuso», declaró Johnson. «Tenemos una Casa Blanca realmente dedicada a que retomemos una senda fiscalmente responsable».

El representante Thomas Massie fue el único republicano que se mantuvo firme, a pesar de la publicación de Trump del lunes por la noche en Truth Social, en la que pedía que Massie perdiera su escaño si votaba en contra de la medida de gasto.

La resolución continua da tiempo a los legisladores para llegar a un acuerdo sobre las versiones del Senado y la Cámara de Representantes sobre el gasto público, una herramienta clave para implementar la agenda de política interna de Trump.

La pregunta es cómo y cuándo promulgar la extensión propuesta de los recortes de impuestos de 2017 y cómo reducir el déficit estadounidense sin recortar programas clave de la red de seguridad social que ayudan a los votantes estadounidenses.

Los líderes del Senado han propuesto aprobar los recortes de impuestos en un proyecto de ley separado a finales de este año.

Estado de la educación cívica en Pensilvania

Pensilvania

La educación cívica es fundamental en el sostenimiento y fortalecimiento de la democracia en Estados Unidos. A medida que el país se acerca a la conmemoración del 250° aniversario de su fundación, la formación cívica debería ser prioritaria a nivel nacional.

Por ello desde hace tres años la Coalición Cívica de Pensilvania (“PA Civics”) y el Comité de los Setenta celebran la Semana del Aprendizaje Cívico.

Este año se celebró del 10 al 14 de marzo, en un ambiente marcado por la orden del presidente Trump de desmantelar el Departamento de Educación de Estados Unidos. Algo que tendrá gran impacto no solo en Pensilvania, sino en todo el país, al supervisar esta agencia federal más de 100,000 escuelas públicas y 34,000 privadas. Casi el 90% de los estudiantes asisten a escuelas públicas, conforme señaló el senador Chuck Schumer (D-NY) en su alocución en el senado el pasado 6 de marzo.

Pensilvania pretende hacer coincidir la celebración el próximo año del 250º aniversario de la Fundación de Estados Unidos, con el anuncio de que la Macomunidad está lista para asumir un rol de liderazgo en la educación cívica a nivel nacional. Para ello, debe remontar la mala calificación recibida en un estudio del Instituto Forum de 2021 respecto a calidad, rigor y organización de sus estándares de educación cívica e historia de EE. UU.

Para corregir esa situación, el evento “Estado de la Educación Cívica en Pensilvania” reunió a funcionarios electos, educadores y líderes cívicos que discutieron acerca del futuro de la educación cívica y cómo posicionar a Pensilvania a la cabeza de la nación.

El gobernador Josh Shapiro abrió este evento virtual, destacando que ha “intentado hacer de la educación un foco central de su tiempo como gobernador”.

Para ello ha instado la aprobación bipartidista de inversiones históricas durante sus dos primeros presupuestos y aseguró su “firme intención de seguir intentando hacer lo mismo” en el próximo.

Destacó la importancia del conocimiento del contenido histórico y las habilidades disciplinarias para preparar a los estudiantes para la vida cívica y de la alfabetización digital, para que los estudiantes sepan “discernir sobre lo que leen y absorben en las redes sociales”.

Reconoció que “queda un largo camino por recorrer” para educar a toda una generación para que asuma el liderazgo y esté más comprometida cívicamente, algo “que se inicia en las aulas”. 

Jim Gerlach, excongresista de Pensilvania, explicó el origen de PA Civics, y su evolución movida por el deseo de promover la educación cívica en Pensilvania y de comprender la Ley 35, aprobada en Pensilvania en 2018. Esta ley requiere que todos los distritos escolares de Pensilvania a partir del año escolar 2020-2021 evalúen a los estudiantes una vez en su carrera académica (grados 7 a 12) en educación cívica, gobierno e historia de los Estados Unidos.

PA Civics y su brazo administrativo (Comité de los Setenta), pretenden aprender directamente de los maestros qué están experimentando y qué tipo de recursos necesitan para poder trabajar con los responsables de las políticas para mejorar esta ley. También – según señaló el excongresista Gerlach, copresidente junto al también excongresista Joe Hoeffel de PA Civics –“trabajar con nuestros maestros, educadores para darles más oportunidades de desarrollo, recursos, etc.”.

Para Gerlach la educación cívica se basa en tres pilares: conocimiento, comprensión de nuestra historia, estructura de gobierno, desarrollo de habilidades en términos de interacción con compañeros de estudios y comunidad para tratar de comprender los problemas y las cuestiones y por último, “tomar ese conocimiento y… habilidades y salir y participar” de forma activa.

Los maestros han detectado la falta de estándares claros y de apoyo curricular en las escuelas. Como consecuencia, no hay un vínculo real entre los programas académicos con los tres pilares anteriores, que permitan asegurarse de que cuando un estudiante se gradúa en 12º grado, tiene un nivel suficiente de competencia, conocimientos, habilidades y capacidad de tomar acción.

El senador Dave Argall (R, condados de Carbon, Luzerne y Schuylkill), que forma parte del Comité de Educación del Senado y el representante Tim Brennan (D, condado de Bucks), discutieron sobre el avance de la educación cívica en Pensilvania.

Respecto a la Ley 35, Argall señaló que ninguno de los problemas que afrontaron al aprobar la Ley 35 en 2018 ha desaparecido. El representante Brennan ha buscado un apoyo legislativo más profundo de esta ley y elaborado un memorándum instando a analizar los programas de educación cívica de estados exitosos y ver cómo pueden ser aplicados. 

Se celebró también una mesa redonda de educadores con Michele Halloran, Allderdice HS (Pittsburgh), Anne Olvera, Edwin Stanton School (Filadelfia), Shannon Salter, Building 21 HS (Allentown), representante nacional de docentes de Educando para la Democracia Estadounidense, y cofundadora del grupo de trabajo de liderazgo docente y Leon Smith, Haverford HS (condado de Delaware), Maestro del año de Pensilvania 2025, a los que se les preguntó  acerca de “cómo imparten educación cívica en los centros donde enseñan” y “cómo influye la Ley 35 en su enseñanza”.

Al evento asistieron más de 100 maestros, padres, administradores, formuladores de políticas y miembros interesados a los que se les realizó una encuesta acerca de cómo quieren y creen que pueda ser la educación cívica en Pensilvania.

La principal conclusión del evento fue que es necesario encontrar maneras a través del proceso legislativo sobre cómo implementar la educación cívica en Pensilvania, para empoderar a más profesores que interactúen con los estudiantes y formen grandes ciudadanos del futuro.

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