El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva en la que pide el desmantelamiento del Departamento de Educación, una acción con la que pretende avanzar en una promesa de campaña para desmantelar una agencia que desde hace tiempo ha sido un objetivo de los conservadores.
Trump ha ridiculizado al Departamento de Educación por derrochador y por estar contaminado por la ideología liberal. Sin embargo, completar su desmantelamiento es probablemente imposible sin una ley por parte del Congreso, que creó el departamento en 1979. Los republicanos dijeron que presentarán un proyecto de ley para lograrlo.
Sin embargo, el departamento no cerrará completamente. La Casa Blanca dijo que mantendrá ciertas funciones críticas.
Trump afirmó que su gobierno cerrará el departamento más allá de sus “necesidades básicas”, preservando sus responsabilidades en relación con la financiación del Título I para escuelas de bajos ingresos, las becas Pell y el dinero para niños con discapacidades. Anteriormente, la Casa Blanca había dicho que también continuará gestionando los préstamos estudiantiles federales.
El presidente culpó al departamento por el bajo rendimiento académico de Estados Unidos y señaló que los estados harán un mejor trabajo.
“No nos está haciendo ningún bien”, afirmó durante una ceremonia en la Casa Blanca.
El gobierno republicano de Trump ya ha empezado a desmantelar la agencia. Su fuerza laboral se está reduciendo a la mitad, y ha habido recortes profundos en la Oficina de Derechos Civiles y el Instituto de Ciencias de la Educación, que recopila datos sobre el progreso académico de la nación.
Los defensores de las escuelas públicas dijeron que eliminar el departamento dejará atrás a los niños en un sistema educativo estadounidense que es fundamentalmente desigual.
“Este es un día triste para los millones de niños estadounidenses que dependen de la financiación federal para recibir una educación de calidad, incluidos aquellos en comunidades pobres y rurales cuyos padres votaron por Trump”, señaló Derrick Johnson, presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés).
Los demócratas dijeron que la orden será impugnada en los tribunales y en el Congreso, e instaron a los republicanos a unirse a ellos en oposición.
La orden de Trump es “peligrosa e ilegal” y perjudicará desproporcionadamente a los estudiantes de bajos ingresos, a los estudiantes de color y a aquellos con discapacidades, precisó el representante Bobby Scott, el principal demócrata en la Comisión de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes.
El departamento “fue fundado en parte para garantizar la aplicación de los derechos civiles de los estudiantes”, dijo Scott. “Los defensores de la segregación en las escuelas públicas se opusieron y hicieron campaña por un regreso a los ‘derechos de los estados’”.
Los partidarios de la visión de Trump para la educación acogieron la orden.
“No más burocracia inflada dictando lo que los niños aprenden o sofocando la innovación con trámites”, dijo Tiffany Justice, cofundadora de Moms for Liberty, en las redes sociales. “Los estados, las comunidades y los padres pueden tomar las riendas, adaptando la educación a lo que realmente funciona para sus hijos”.
La Casa Blanca no ha especificado formalmente qué funciones del departamento podrían ser transferidas a otras dependencias o eliminadas por completo.
El departamento envía miles de millones de dólares al año a las escuelas y supervisa 1,6 billones de dólares en préstamos estudiantiles federales.
Actualmente, gran parte del trabajo de la agencia gira en torno a la gestión del dinero, tanto de su extensa cartera de préstamos estudiantiles como de una variedad de programas de ayuda para universidades y distritos escolares, además de las comidas escolares y el apoyo a estudiantes sin hogar. La agencia también es clave en la supervisión de la implementación de los derechos civiles.
Los estados y distritos ya controlan las escuelas locales, incluido el programa de estudios, pero algunos conservadores han presionado para eliminar las condiciones asociadas al dinero federal y proporcionarlo a los estados como “subvenciones bloque” que se utilizarían a su discreción. La concesión de subvenciones bloque ha suscitado preguntas sobre fuentes de financiación vitales, incluido el Título I, la mayor fuente de dinero federal para las escuelas que abarcan desde el kínder hasta el 12do grado de Estados Unidos. Las familias de niños con discapacidades han desesperado por lo que podría resultar del trabajo del departamento federal en la protección de sus derechos.
La financiación federal representa una porción relativamente pequeña de los presupuestos de las escuelas públicas, aproximadamente el 14%. El dinero a menudo apoya programas suplementarios para estudiantes vulnerables, como el programa McKinney-Vento para estudiantes sin hogar o el Título I para escuelas de bajos ingresos.
Las universidades dependen más del dinero de Washington, a través de subvenciones de investigación junto con la ayuda financiera federal que ayuda a los estudiantes a pagar su matrícula.
Los republicanos han hablado sobre cerrar el Departamento de Educación durante décadas, diciendo que desperdicia el dinero de los contribuyentes y pone al gobierno federal a cargo de tomar decisiones que deberían corresponder a los estados y las escuelas. La idea ha ganado popularidad recientemente a medida que los grupos de padres conservadores exigen más autoridad sobre la educación de sus hijos.
En su plataforma, Trump prometió cerrar el departamento “y devolverlo a los estados, donde pertenece”. Trump ha presentado al departamento como un nido de “radicales, fanáticos y marxistas” que extienden su alcance a través de orientaciones y regulaciones.
Incluso mientras Trump avanza para desmantelar el departamento, ha confiado en él para promover elementos de su agenda. Ha utilizado los poderes de investigación de la Oficina de Derechos Civiles y la amenaza de retirar el dinero federal de educación para apuntar a escuelas y universidades que infrinjan sus órdenes sobre atletas transgénero participando en deportes femeninos, activismo propalestino y programas de diversidad.
La senadora Patty Murray, demócrata en la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, desestimó la afirmación de Trump de que está devolviendo la educación a los estados. Señaló que en realidad está “tratando de ejercer cada vez más control sobre las escuelas locales y dictar lo que pueden y no pueden enseñar”.
Incluso algunos de los aliados de Trump han cuestionado su poder para cerrar la agencia sin una acción del Congreso, y hay dudas sobre su popularidad política. La Cámara de Representantes consideró una enmienda para cerrar la agencia en 2023, pero 60 republicanos se unieron a los demócratas para oponerse a la medida.
Durante el primer mandato de Trump, la secretaria de Educación, Betsy DeVos, buscó reducir drásticamente el presupuesto de la agencia y pidió al Congreso que agrupara toda la financiación de las escuelas primarias y secundarias en subvenciones bloque que otorguen a los estados más flexibilidad en cómo gastan el dinero federal. Ese movimiento fue rechazado, con resistencia de algunos republicanos.
Leavitt es uno de los tres funcionarios del gobierno federal nombrados en una demanda presentada por The Associated Press por motivos de la Primera y Quinta Enmienda. La AP dice que los tres están castigando a la agencia de noticias por decisiones editoriales que ellos se oponen. La Casa Blanca dice que la AP no está siguiendo una orden ejecutiva para referirse al Golfo de México como el Golfo de Estados Unidos.
