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Judge says Penn must turn over information about Jewish employees in US discrimination probe

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HARRISBURG, Pa.— A federal judge on Tuesday ordered the University of Pennsylvania to hand over records about Jewish employees on campus to a federal agency as part of an investigation into antisemitic discrimination but said it did not have to reveal any employee’s affiliation with a specific group.

U.S. District Judge Gerald Pappert said employees can refuse to take part in the U.S. Equal Employment Opportunity Commission investigation but the agency “needs the opportunity to talk to them directly to learn if they have evidence of discrimination.”

He mostly upheld an administrative subpoena but said Penn does not have to disclose any worker’s affiliation with a Jewish-related organization nor must it provide information about three Jewish-affiliated groups. He set a deadline of May 1 to comply.

A university spokesperson said in an emailed response that the school is committed to confronting antisemitism and all forms of discrimination and has “taken multiple steps to prevent and address these despicable events.” Penn plans to appeal.

“While we acknowledge the important role of the EEOC to investigate discrimination, we also have an obligation to protect the rights of our employees. We continue to believe that requiring Penn to create lists of Jewish faculty and staff, and to provide personal contact information, raises serious privacy and First Amendment concerns. The University does not maintain employee lists by religion,” the university’s statement read.

It is not unusual for federal investigators looking into employment discrimination to request identities of employees of a particular religion, to facilitate outreach to people who may have been victims, according to a former federal official who spoke on condition of anonymity because they were not authorized to discuss the investigation.

Pappert wrote that the university and others who joined the litigation “significantly raised the dispute’s temperature by impliedly and even expressly comparing the EEOC’s efforts to protect Jewish employees from antisemitism to the Holocaust and the Nazis’ compilation of ‘lists of Jews.’” The judge called that “unfortunate and inappropriate.”

Pappert wrote that Penn and the others who opposed the subpoena were primarily concerned about linking employees to Jewish groups, saying “the EEOC no longer seeks any employee’s specific affiliation with a particular Jewish-related organization on campus.”

The judge exempted information about three Jewish organizations from the subpoena — MEOR, Penn Hillel and Chabad Lubavitch House. Executive directors with all three groups had declared in court filings they were legally and financially separate from the university.

“The privacy of persons making use of Chabad at Penn’s services and facilities is vital to Chabad at Penn’s operations,” Rabbi Menachem Schmidt said in a January declaration. “Chabad at Penn is accordingly concerned about the impact that non-consensual disclosure of personal information could have on its mission and activities.”

The Equal Employment Opportunity Commission investigation was prompted in part by a series of incidents, including that someone had shouted antisemitic obscenities and destroyed property at a Jewish student life center, a Nazi swastika was painted on an academic building and “hateful graffiti” was left outside a fraternity.

The investigation has also focused on actions related to protests over the war in Gaza, and Penn’s response to that and other incidents.

The EEOC claimed in a November filing that Penn’s “workplace is replete with antisemitism,” and it told the judge that investigators think “identification of those who have witnessed and/or been subjected to the environment is essential for determining whether the work environment was both objectively and subjectively hostile.”

Jane Fonda, Madonna y Javier Bardem piden cierre del centro de detención infantil de ICE

(Foto: EFE/NINA PROMMER/Archivo)

Jane Fonda, Madonna, Javier Bardem y Pedro Pascal son algunos de los artistas de Hollywood que se han sumado a una petición dirigida a la Administración Trump para exigir el cierre del Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas, donde el ICE ha estado deteniendo a niños y sus padres.

«Ningún niño debería estar encerrado en un centro de detención de inmigrantes», inicia la carta que actualmente cuenta con más de 4.000 firmas verificadas y que también está dirigida al operador de prisiones privadas CoreCivic.

«Los niños detenidos en centros de inmigración sufren traumas, abandono y condiciones que violan las normas básicas de salud, seguridad, dignidad y derechos humanos», continúa.

Entre los firmantes también se encuentran John Legend, Brandi Carlile, Hannah Einbinder, Alejandro González Iñárritu, Wunmi Mosaku, Billy Porter, Keke Palmer, Hasan Minhaj, Katie Couric, Susan Sarandon y entre otros.

Alrededor de 3.500 personas, más de la mitad menores de edad, han sido detenidas en el centro para familias migrantes en Dilley (Texas), según reveló un informe en febrero de ProPublica.

El centro recibió gran atención porque fue allí donde las autoridades federales enviaron a Liam Conejo Ramos, de 5 años, tras arrestarlo junto a su padre en Minneapolis.

Un análisis de este medio reveló que unos 300 menores enviados a Dilley por la Administración Trump permanecieron allí más de un mes, violando el Acuerdo Flores, que limita la retención de niños a un máximo de 20 días.

La detención de menores migrantes en EE.UU. ha aumentado de manera pronunciada durante el mandato de Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a los 25 que se registraron durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden.

Respuesta de Chicago a política migratoria de Trump es modelo para otras grandes ciudades

(Foto: EFE/MICHAEL REYNOLDS/Archivo)

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dijo que la lucha de su ciudad contra la represión migratoria del presidente Donald Trump se ha convertido en modelo a seguir por grandes urbes como Boston, Los Ángeles, Nueva York y Seatle.

El político demócrata aseguró que ciudades de todo el país -incluyendo el estado de Illinois- han adoptado la estrategia de Chicago como modelo a seguir para responder a la dura intervención federal ordenada por el presidente contra los indocumentados.

«Somos más fuertes cuando permanecemos unidos», afirmó Johnson, al destacar que en todo Estados Unidos «están siguiendo nuestro ejemplo y alzando la voz para proteger a las comunidades inmigrantes de los ataques de Trump contra nuestra humanidad compartida».

Dijo que aproximadamente el 10% de la población del país -lo que representa a más de 30 municipios- se encuentra ahora bajo el amparo de órdenes ejecutivas o leyes locales modeladas a partir de la respuesta de Chicago ante los excesos de la administración Trump,

Durante la llamada ‘Operación Midway Blitz’, Johnson firmó una serie de órdenes ejecutivas destinadas a frenar los embates del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) y la Patrulla Fronteriza, en Chicago y sus alrededores.

Entre las medidas se incluyó la prohibición de que los agentes federales utilizaran propiedades de la ciudad para sus operaciones y la instrucción a los agentes de la policía de Chicago de colaborar con los manifestantes para gestionar -en lugar de disolver- las protestas.

Impulsó además a la policía de Chicago para que investigara las denuncias de conducta indebida por parte de agentes federales.

Johnson destacó que la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó una propuesta para elaborar una ordenanza que crea «zonas libres del ICE» en las propiedades del condado, tras mantener conversaciones con funcionarios de Chicago.

Lo mismo ocurrió en Oakland, Seattle, Providence (Rhode Island), Mineápolis, el condado de Santa Clara, San José y el condado de Los Ángeles. Todas estas localidades tomaron como referencia la redacción de la orden ejecutiva de Chicago para elaborar sus propias órdenes, adaptándolas a los requisitos legales locales, según el alcalde.

«Seguiremos liderando en este momento con convicción y claridad moral, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para proteger a nuestras comunidades de los peores excesos de la aplicación militarizada de las leyes de inmigración por parte de esta administración», concluyó el alcalde.

México exige a EE. UU. esclarecer muerte de migrante detenido por ICE, tras 14 decesos

La directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, Vanessa Calva Ruiz, habla en una rueda de prensa en Ciudad de México (México). (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

La muerte de un inmigrante mexicano la semana pasada en un centro de detención en las afueras de Los Ángeles llevó a las autoridades mexicanas a exigir al gobierno estadounidense el esclarecimiento de los hechos, en medio de un total de 14 ciudadanos mexicanos fallecidos en centros de detención en EE. UU.

La muerte de José Guadalupe Ramos-Solano fue anunciada este lunes por la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), en un escrito que especificaba que el hombre, que se encontraba detenido en el centro procesamiento de Adelanto, fue encontrado «inconsciente y sin respuesta» el 25 de marzo.

«El caso del señor Jose Guadalupe no es un caso aislado es un reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable», expresó Vanessa Calva Ruiz, la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería mexicana, en una conferencia de prensa sucedida en Los Ángeles.

La muerte de Ramos-Solano, es la decimocuarta muerte bajo custodia ICE desde que comenzó el año.

Las autoridades mexicanas hicieron énfasis en que tan solo en el en el centro de procesamiento de Adelanto en San Bernardino, cuatro personas mexicanas han fallecido «por aparentes complicaciones médicas lo que evidencia un patrón persistente de deficiencias estructurales» entre 2025 y 2026, por lo que agotarán todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática que presentan algunos de estos centros de detención.

De acuerdo con Calva Ruiz, estos descesos reflejan fallas y negligencias en la operación del lugar, contrarias a normas de EE.UU. y estándares internacionales de derechos humanos.

«A la fecha no hemos recibido respuestas que garanticen la corrección de las condiciones que propician estos fallecimientos», dijo la directora.

Como respuesta y tras haber llevado a cabo una serie de acciones diplomáticas, Calva Ruiz informó que el Gobierno de México planea presentar un escrito de amicus curiae en apoyo al caso judicial L.T. Mesrobian, una demanda presentada el 26 de enero de 2026 contra las condiciones en el centro de detención migratoria de Adelanto.

La demanda, presentada por abogados de Public Counsel y y de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), denuncia insalubridad, aislamiento punitivo y limitaciones al acceso de necesidades básicas de la instalación y responsabiliza jurídicamente a las autoridades de ICE de las condiciones de custodia en dicho centro.

En la conferencia de prensa, la familia de Ramos-Solano exigió justicia para su padre y para las demás familias que atraviesan situaciones similares en los centros de detención.

«Mi papa no era un criminal, era un trabajador», aseguró su hijo José Ramos.

«Lo que paso con mi papá es inhumano, merecemos saber la verdad sobre lo que le pasó a mi papá, quiero justicia para mi papá y justicia para todas las familias que están sufriendo y que están pasando por algo similar», añadió Gloria Ramos, hija del fallecido.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que el país llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de los mexicanos en los centros de detención del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE) tras la muerte de Ramos-Solano.

La mandataria explicó que el Ejecutivo llevará esta situación por primera vez a la CIDH, al tiempo que enviará cartas a las autoridades estadounidenses para quejarse de la «deficiente atención médica» en el centro de Adelanto.

Shapiro Administration releases ‘Healthy Moms, Vibrant Futures’ maternal health strategic action plan

Shapiro Administration releases a new multi-agency strategic action plan to improve health outcomes for mothers and increase access to maternal health care

Harrisburg, PA – Today, the Shapiro Administration unveiled the Pennsylvania’s Maternal Health Strategic Action Plan, entitled Healthy Moms, Vibrant Futures. The comprehensive multiagency plan is the first in Pennsylvania and contains strategic goals, data and research,
ongoing work, and recommendations to combat maternal health disparities that can shape quality of life for both mothers and their children.

Since taking office, Governor Josh Shapiro has prioritized reducing maternal health disparities and investing in healthier lives for mothers and children. Since January 2023, the Shapiro Administration has invested more than $12.3 million in maternal and child health initiatives that are delivering real results, like increased postpartum depression screenings, improved access to care for women, and new grants specifically designed to improve the health of Pennsylvania mothers and babies. Governor Shapiro’s 2026-27 budget proposal includes an additional $7.5 million for the Department of Health to continue this important work to make pregnancies, deliveries, and postpartum care safer.

The Pennsylvania Department of Human Services (DHS) launched the Plan along with members of the Governor’s Commission on Women and leaders from the Pennsylvania General Assembly, as well as maternal health advocates.

“We know that Black women are much more likely to die from a pregnancy-related condition – and we know that nearly all of those deaths are preventable,” said Second Lady Blayre Holmes Davis. “These aren’t just statistics or numbers – these are real women who should still
be alive, who should be at home taking care of their child. It’s important that we don’t forget these women. We owe it to them to take action – and that’s what the Shapiro-Davis Administration is doing.”

“Pregnancy, childbirth, and welcoming a new baby are exciting but often stressful times for parents. Tragically, for too many women – and Black women especially – having a child can be life-threatening if they cannot access high quality care and parenting supports during and after their pregnancy,” said Human Services Secretary Val Arkoosh. “The Shapiro Administration is committed to reversing trends of maternal mortality and promoting good health for both mothers and children throughout their lives, and Healthy Moms, Vibrant Futures gives us a roadmap for this work. I am grateful for the perspectives and experiences shared with us that helped shaped this plan and our work, and we are committed to building a better future for mothers and their families.”

Healthy Moms, Vibrant Futures was developed collaboratively by the departments of Health, Human Services, Drug and Alcohol Programs, and Insurance along with the Black Maternal Health Caucus and insight from over 80 maternal and family health stakeholders across
Pennsylvania. The Shapiro Administration hosted 16 roundtable discussions and conducted a statewide survey to listen to the needs and experiences of women, providers, health systems, stakeholders, and other organizations that share the goal of reducing maternal mortality and morbidity.

Through the survey and listening session conversations, the plan was developed, centering on five specific maternal health priorities:

Improving detection and treatment of behavioral health conditions, including both mental health and substance use disorders;

  • Improving coordination and access to care in rural areas and maternity care deserts;
  • Increasing access to high-quality care;
  • Integrating initiatives to address health-related social needs into health care; and,
  • Expanding and diversifying the maternal health workforce.

In addition to these strategies, the plan focuses on reducing inequities in prenatal and postpartum care and parenting supports. Equity is outlined as a core tenet of the plan to address racial disparities in pregnancy-related deaths. According to the Pennsylvania Maternal
Mortality Review Committee
report, in 2021, African American or Black mothers were two times more likely to die of a pregnancy-related death than white mothers.

Implementation of this plan is a primary focus of the Perinatal Action Collaborative (PAC). The PAC’s members include leadership from the Shapiro Administration, stakeholders, maternal health care providers, community-based organizations focused on maternal and family
supports, and people with lived experience. The collaborative is tasked with helping prioritize recommendations outlined in the plan and improving the health of women in the Commonwealth.

Healthy Moms, Vibrant Futures also aligns with current DHS grant programs developed during the Shapiro Administration to support women’s health. Created in 2024, the Women’s Health Services Program funds providers statewide to administer prenatal care and postpartum supports, early detection and prevention of health conditions, parenting education programming, and referrals for assistance with other physical or behavioral health care needs.

“Improving maternal and infant health requires a statewide response implemented at the local level where care and support are provided,” said Department of Health Secretary Dr. Debra Bogen. “The Healthy Moms, Vibrant Futures Action Plan was informed in part by the work of the Maternal Mortality Review Committee as well as diverse voices. The Action Plan is a blueprint to help ensure that pregnant women — especially disproportionately affected Black and rural women — their babies, and their families receive the care and support they need to thrive.”

“The Shapiro Administration understands that substance use disorder is a family illness, including pregnant and postpartum women and their children,” said DDAP Secretary Dr. Latika Davis-Jones. “This plan reflects a shared commitment to reducing maternal mortality,
improving care for pregnant and postpartum women, and eliminating the stigma attached to reaching out for help.”

The Maternal Health Strategic Plan is a steppingstone toward better access to maternity care throughout the Commonwealth. PID looks forward to working with our sister agencies to get stuff done for pregnant Pennsylvanians and those planning a pregnancy or currently parenting a new family addition,” said Pennsylvania Insurance Commissioner Michael Humphreys. “We want everyone to know that quality maternity care is available through their insurance, and that PID remains committed to addressing maternal health disparities here in the Commonwealth.”

“This plan reflects the real experiences of women across Pennsylvania – those who have navigated long wait times, provider shortages, insurance barriers, and the often unseen weight of postpartum depression. We are proud to support this work and committed to turning it into action. Because every woman deserves to be believed, supported, and cared for – not only during pregnancy, but throughout postpartum recovery and beyond,” said Executive Director of the Governor’s Advisory Commission on Women. Ashley N. Walkowiak.

«Maternal health is not just a clinical issue; it is a community issue. At Hamilton Health Center, we are deeply committed to ensuring every mother, regardless of circumstance, has access to the care and support she needs to thrive,» said Hamilton Health, President & CEO Terese M.DeLaPlaine, JD.

Read the Maternal Health Strategic Action Plan: Healthy Moms, Vibrant Futures.

More information on maternal-child health programs available across Pennsylvania is available on DHS’ website.

Trump dice que la guerra contra Irán no durará «mucho más tiempo»

(Foto: EFE/Aaron Schwartz/Archivo)

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que la guerra contra Irán no durará «mucho más» y opinó que el estrecho de Ormuz se abrirá «automáticamente» tras la salida de Estados Unidos.

«No vamos a estar allí mucho más tiempo. Ahora mismo les estamos dando una paliza», declaró Trump en una entrevista telefónica a The New York Post.

Según el mandatario, Estados Unidos no tendrá que quedarse en Irán «mucho más tiempo», aunque aclaró que le «queda trabajo por hacer para acabar con su capacidad ofensiva, sea cual sea la que les quede».

El republicano insistió en que ha «arrasado el país» y que a la república islámica «no le queda fuerza».

Sobre el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural, opinó que «se abrirá automáticamente».

«(Irán) no va a tener un arma nuclear. Cuando nos vayamos, el estrecho se abrirá automáticamente», subrayó.

La Casa Blanca dijo ayer que el mandatario mantiene vigente por ahora una duración de cuatro a seis semanas de operaciones militares para lograr todos sus objetivos en la guerra que libra junto a Israel contra Irán.

Trump, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y miembros del Gabinete republicano han cantado victoria y asegurado que cada día están más cerca de cumplir sus propósitos de acabar con el programa nuclear de Irán, la destrucción de sus misiles balísticos y Armada y de desmantelar su capacidad de producción armamentística.

Este lunes, el presidente afirmó en su red Truth Social que su país «está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable» en Irán, al tiempo que reiteró sus amenazas contra las instalaciones eléctricas y petrolíferas de la República Islámica «si no se llega pronto a un acuerdo».

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que atacará desde mañana miércoles las oficinas en Oriente Medio de compañías tecnológicas estadounidenses, a las que calificó como «compañías terroristas espías», y entre las que incluyó a Microsoft, Apple y Googl

Nacionales vencen a Filis con récord de Wiemer en paliza de 17 hits

El dominicano José Tena, de los Nacionales de Washington, conecta un sencillo productor ante el lanzador de los Filis de Filadelfia, el mexicoamericano Taijuan Walker, durante la primera entrada de un juego de béisbol, el lunes 30 de marzo de 2026, en Filadelfia. (Foto: AP/Matt Rourke)

FILADELFIA.— Siete bateadores de Washington conectaron al menos dos hits, incluido Joey Wiemer, quien igualó un récord de las Grandes Ligas de más apariciones consecutivas al plato embasándose para comenzar una temporada, y los Nacionales derrotaron 13-2 la noche del lunes a los Filis de Filadelfia.

Wiemer conectó un sencillo dentro del cuadro en la primera entrada y pegó un hit por el centro en la cuarta, con lo que igualó una marca al embasarse 10 veces consecutivas para iniciar la campaña, récord establecido por el dominicano de Toronto Carlos Delgado en 2002.

Finalmente, la racha de Wiemer terminó en la quinta entrada, cuando rodó para out.

Los Nacionales conectaron 17 hits, en su mayoría sencillos de poco alcance, ya que solo tuvieron tres dobles y ninguno de sus imparables superó las 100 mph, según StatCast.

El dominicano José Tena lideró al equipo con tres hits y Luis García Jr. impulsó tres carreras.

Foster Griffin (1-0), en su primera aparición en las mayores desde 2022, se acreditó la victoria al permitir dos carreras y cinco hits en cinco entradas.

El venezolano Rafael Marchán conectó un jonrón de dos carreras por los Filis para producir sus únicas anotaciones.

Por los Nacionales, el venezolano Jorbit Vivas de 3-2 con dos anotadas y una producida.

Por los Filis, el cubano Adolis García de 4-2.

Algunos adultos de mediana edad deciden posponer la atención médica hasta tener Medicare

John Galvin es consciente de que necesita una colonoscopía. Pero está esperando hasta diciembre para hacerla, cuando cumpla 65 años y califique para Medicare.

Estaba pensando en retrasar el estudio, contó, porque este año la prima mensual del seguro de Obamacare se le triplicó a $2.460, lo que es igual a cerca de un tercio de sus ingresos.

Con un deducible de $2.700, habría tenido que pagar de su propio bolsillo la mayor parte del examen diagnóstico, un golpe económico que aseguró no poder asumir.

Galvin vive en North Kingstown, Rhode Island, y se retiró recientemente como director de una empresa de equipos médicos. “La colonoscopía me iba a costar cerca de $3.000. Así que decidí postergarla”, explicó.

También Nancy, la esposa de Galvin, está retrasando una costosa tomografía computarizada por unos años, hasta que pueda aplicar a Medicare y que el programa federal de salud cubra el costo. Medicare ofrece cobertura para todos los estadounidenses de 65 años en adelante.

Las personas con planes de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) que están cerca de la edad de jubilación fueron de las más afectadas por los aumentos de precios luego de la suspensión de los subsidios federales mejorados, a finales de diciembre.

Quienes tenían ingresos superiores al 400% del nivel federal de pobreza —$86.560 para una familia de dos miembros— habían estado recibiendo ayuda para pagar los planes desde que la administración Biden amplió los subsidios durante la pandemia de covid-19. Los adultos de 50 a 64 años representaban alrededor de la mitad de los inscritos en ACA.

Ahora, sin esa ayuda financiera, algunas personas en este grupo de edad dicen que están pensando si no les conviene retrasar la atención médica hasta que califiquen para Medicare.

Según defensores de pacientes, médicos y expertos en políticas de salud, esta decisión no solo puede poner en riesgo la salud, sino también generar mayores costos para el sistema. Al postergar la atención médica hasta alcanzar la elegibilidad para Medicare, muchas afecciones se pueden agravar, lo que termina trasladando el gasto a los contribuyentes.

“Habrá mucha demanda acumulada y necesidades no atendidas”, dijo Jessica Schubel, consultora de políticas de salud que trabajó en las administraciones de Barack Obama y Joe Biden. “Medicare va a tener que gastar mucho dinero cubriendo y manejando esos tratamientos”.

ACA ha sido una fuente clave de cobertura médica para personas de 50 a 64 años. El acceso a los planes del Obamacare ayudó a reducir a la mitad la tasa de personas sin seguro en este sector, según AARP, un grupo de defensa que representa a adultos mayores.

Esto permitió que algunas personas se jubilaran antes manteniendo cobertura. También ha servido como red de seguridad para los dueños de pequeños negocios y para quienes tienen empleos que no ofrecen seguro médico.

El otoño pasado se produjo el cierre del gobierno más largo de la historia, en medio de un intento fallido de los demócratas por extender los subsidios mejorados. Los republicanos que se opusieron a la medida argumentaron que la ayuda beneficiaba a las aseguradoras e incentivaba el fraude y la oferta de cobertura innecesaria.

El tema seguirá siendo relevante en la política, especialmente ante las elecciones de medio término de este año, incluso entre los estadounidenses mayores, que votan de manera regular, dijo el estratega republicano Gregg Keller, quien dirige Atlas Strategy Group.

“¿El costo de la atención médica va a ser un tema? Sin duda”, dijo. “¿Los precios de la atención médica influirán? Sí”.

Incluso antes de que expiraran los subsidios, los costos de la atención médica, los hogares de adultos mayores y los medicamentos recetados eran algunas de las principales preocupaciones de salud entre las personas mayores de 50 años, según una encuesta de 2024 de la Universidad de Michigan.

Los adultos de mediana edad con planes del Obamacare sienten con más fuerza el impacto de la eliminación de estos subsidios, porque ACA permite que las aseguradoras les cobren a las personas de 60 años primas hasta tres veces mayores que a las de 20, ya que estas últimas, por lo general, usan menos servicios médicos.

Y muchos adultos de mediana edad ya estaban inscriptos en los planes de menor costo disponibles, lo que los deja sin opciones más baratas, señaló Matt McGough, analista de políticas en KFF, una organización sin fines de lucro de información en salud que incluye KFF Health News.

“Esto es muy grave para las personas mayores inscriptas en el mercado de seguros”, dijo.

Quienes ganan apenas unos dólares por encima del 400% del nivel federal de pobreza ahora quedan fuera de los subsidios, y en algunos estados las primas promedio para este grupo llegaron al menos a triplicarse.

 Muchas personas están viendo aumentos anuales de miles de dólares, con primas que pueden representar hasta una cuarta parte de sus ingresos.

John Ayanian, médico de atención primaria e investigador de políticas de salud en la Universidad de Michigan, contó que con frecuencia sus pacientes mayores le hablan de sus esfuerzos para afrontar el pago de su atención médica. Algunos, de poco más de 60 años, probablemente abandonen la cobertura de ACA debido al aumento, dijo.

“Es una apuesta arriesgada”, opinó.

Marci Heinbaugh podría verse obligada a asumir ese riesgo. La trabajadora social de 63 años, que vive en una zona rural de Illinois, contó que su prima mensual superó el doble de su valor, pasando de unos $1.100 a $2.333, por un plan con gasto máximo de bolsillo de $10.150.

Sabía que tendría que pagar más, dijo, pero no imaginaba un aumento de esa magnitud. Después de unos meses, ya no está segura de poder mantener el plan durante el resto del año y dijo que incluso podría quedarse sin seguro. “Me da pánico siquiera pensarlo”, confesó Heinbaugh.

Las personas quieren comprar su propio seguro en el mercado y muchos adultos de mediana edad podrían pagarlo con un poco de ayuda financiera federal, dijo Alan Weil, vicepresidente senior de políticas públicas en AARP. Quienes abandonan la cobertura o retrasan la atención hasta cumplir 65 años pueden estar ahorrando dinero ahora, pero eso podría resultar más costoso para ellos —y para los contribuyentes— más adelante.

“Existe una probabilidad significativa de que los supuestos ahorros por reducir los subsidios a medida que las personas se acercan a la jubilación terminen convirtiéndose en mayores costos para Medicare”, señaló Weil.

Los afiliados a Medicare no están protegidos de los aumentos de costos. Por ejemplo, en enero, las primas estándar de la Parte B de Medicare subieron de $185 al mes a casi $203.

Hasta que Galvin pueda inscribirse en Medicare, prevé gastar los $30.000 de su cuenta de jubilación para cubrir los pagos de primas y el deducible de su plan del mercado.

Una encuesta de AARP de 2024 reveló que 1 de cada 5 adultos mayores de 50 años no tiene ahorros para la jubilación y que a 3 de cada 5 les preocupa no tener suficientes fondos para mantenerse.

La expiración de estos subsidios del Obamacare ejerce una presión financiera adicional sobre los estadounidenses a medida que se acercan a la jubilación, dijeron investigadores de políticas de salud.

“Están obligando a las personas a tomar decisiones imposibles”, dijo Natalie Kean, directora de defensa federal en salud de la organización sin fines de lucro Justice in Aging.

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KFF Health News es una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los principales programas operativos de KFF, la fuente independiente de investigación de políticas de salud, encuestas y noticias.

Corte Suprema de EE. UU. debate caso de ciudadanía por nacimiento

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La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, en Washington, el 24 de febrero del 2026. (AP foto/Matt Rourke)

WASHINGTON— Una de las primeras cosas que hizo una emigrada argentina después de que su hijo naciera en Florida el año pasado fue conseguirle un pasaporte de Estados Unidos.

Ella veía el pasaporte como una prueba tangible de que él es estadounidense. Pero ahora personas como ella están enfrascadas en una batalla legal por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que negaría la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos de personas que están en el país de manera ilegal o temporal.

“Es gracioso porque, en realidad, le reservé la cita para la solicitud del pasaporte incluso antes de que naciera”, comentó la mujer de 28 años, mientras su hijo, que ahora tiene 7 meses, dormía una siesta cerca. Habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, exigida por sus abogados, por temor a posibles represalias del gobierno republicano si se la identificaba públicamente.

“Diría que definitivamente me alivia que al menos él esté protegido”, manifestó.

La Corte Suprema escuchará argumentos el miércoles sobre si la orden de Trump, firmada el 20 de enero de 2025, su primer día de regreso en el cargo, se ajusta a la 14ª Enmienda posterior a la Guerra Civil y a una ley federal de hace 86 años que se ha entendido ampliamente como la que convierte en ciudadanos a todos los nacidos en el país, con excepciones limitadas para los hijos de diplomáticos extranjeros y de ejércitos invasores. Todos los tribunales que han considerado el asunto han determinado que la orden es ilegal y han impedido que entre en vigor.

El llamado a derogar la ciudadanía por nacimiento forma parte de la ofensiva del gobierno de Trump contra los inmigrantes, que ha incluido un aumento de las deportaciones, reducciones drásticas en el número de refugiados admitidos, la suspensión del asilo en la frontera y la eliminación de protecciones legales temporales para personas que huyen de la inestabilidad política y económica.

El caso presenta otra prueba para un alto tribunal que ha permitido que continúen algunos esfuerzos antiinmigración, incluso después de que tribunales inferiores los bloquearan. El caso ante el tribunal proviene de Nueva Hampshire, donde el juez federal de distrito Joseph N. LaPlante dictaminó que la orden “probablemente viola” tanto la Constitución como la ley federal.

Constitución vs. orden ejecutiva

La primera frase de la 14ª Enmienda, la Cláusula de Ciudadanía, convierte en ciudadanos a “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción”. El caso gira en torno al significado de la frase final sobre la jurisdicción, que también se utilizó en leyes de ciudadanía promulgadas en 1940 y 1952.

La postura de Trump, expuesta en la orden titulada “Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense” y respaldada por algunos académicos derechistas, sostiene que las personas que están aquí de manera ilegal o temporal no están “sujetas a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, sus hijos nacidos en el país no tienen derecho a la ciudadanía.

El tribunal debería aprovechar el caso para corregir “malentendidos de larga data sobre el significado de la Constitución”, escribió el procurador general D. John Sauer.

En ese sentido, Sauer comparó el caso con la decisión fundamental de 1954 en Brown v. Board of Education, que prohibió la segregación racial en las escuelas públicas, y con el histórico caso Heller de 2008, que declaró que las personas tienen un derecho constitucional a poseer armas para la autodefensa.

El año pasado, la jueza Sonia Sotomayor calificó el esfuerzo del gobierno de Trump por sostener la orden como “una tarea imposible a la luz del texto de la Constitución, su historia, los precedentes de este tribunal, la ley federal y la práctica del Poder Ejecutivo”.

Sotomayor fue acompañada por los otros dos jueces liberales en un voto disidente frente a una decisión de los seis jueces conservadores del tribunal, que utilizó una ronda anterior de la disputa sobre la ciudadanía por nacimiento para limitar el uso de medidas cautelares de alcance nacional por parte de jueces federales.

Impugnando a Trump

Las madres embarazadas y sus defensores que impugnan la orden, así como los jueces de tribunales inferiores que la han bloqueado, han señalado que los argumentos del gobierno de Trump carecen de fundamento.

“Tenemos al presidente de Estados Unidos intentando reinterpretar radicalmente la definición de ciudadanía estadounidense”, afirmó Cecillia Wang, directora legal de la Unión Americana de Libertades Civiles, quien se enfrentará a Sauer el miércoles.

Más de un cuarto de millón de bebés nacidos en Estados Unidos cada año se verían afectados por la orden ejecutiva, según investigaciones del Migration Policy Institute y del Population Research Institute de la Universidad Estatal de Pensilvania.

Aunque Trump se ha centrado en la inmigración ilegal en su retórica y sus acciones, las restricciones a la ciudadanía por nacimiento también se aplicarían a personas que están legalmente en Estados Unidos, incluidos estudiantes y solicitantes de la green card, o estatus de residente permanente.

«Lo más hermoso»

La mujer de Argentina contó que llegó a Estados Unidos en 2016 con una visa para asistir a la universidad y desde entonces ha solicitado una green card.

Describió un momento de pánico tras el fallo del tribunal en junio, cuando al menos era posible que las restricciones entraran en vigor, particularmente en estados como Florida que no habían impugnado la orden de Trump. Fallos de tribunales inferiores durante el verano garantizaron que la orden siguiera suspendida y prepararon el terreno para el caso actual ante la Corte Suprema.

Además de las preocupaciones previsibles de una madre primeriza, explicó: “Nunca pensé que, ya sabes, tan cerca del final de mi embarazo, tendría que estar siquiera pensando en… la orden ejecutiva y en cómo habría afectado a mi bebé”.

No ha reconsiderado su decisión de venir a Estados Unidos ni su deseo de quedarse, indicó, mientras su hijo se movía.

“Así que nada de lo que pase, políticamente o de otro tipo, habría cambiado mi visión del país, porque me dio lo más hermoso que tengo hoy, que es mi familia”, expresó.

The Rumberos bring Easter magic to Juniata Park

Rumberos Jeep Club display of Jeeps. (Photo: Aleida García)

The morning air along Cayuga Street smelled of barbecue and spun sugar before the first Easter egg was ever found. On Saturday, March 28, Ferko Playground at 1101 E. Cayuga Street in the Juniata neighborhood of Philadelphia was full of vivid colors and the joyous sound of children’s giggles. This is the particular type of joy that only children in full pursuit of hidden treasure can generate. Jeeps of every color and style — chrome glinting under the spring sun, paint jobs bold as declarations — lined the street bumper to bumper, a rolling gallery of pride and personality. And behind every one of them stood a member of the Rumberos Jeep Club, dressed in matching jackets and festive hats crowned with white bunny ears, ready to give this neighborhood a day it would not forget.

Children as young as one year old gripped their Easter baskets with both hands and set off across the grass with the focused intensity of seasoned treasure hunters. Young children toddled across the green lawn, while older kids sprinted. Hot dogs sizzled on the grill, the smoke drifting lazily over parents who stood in clusters, laughing and talking, relaxed in the way people only are when they feel genuinely welcomed. A cotton candy stand spun pink and blue clouds of sweetness that ended up less in baskets and more on faces and fingers. Drinks flowed freely. A bouncy house drew long, cheerful lines. And all around the celebration, the swings and slides of the playground added their own percussion to an afternoon already overflowing with sound and sweetness.

Little Ailany Salgero, accompanied by her mother Blanca Averalo, happily peeks through the bunny cutout. (Photo: Aleida García) 

One moment stopped me completely. A little one-year-old girl discovered a cutout of a bunny rabbit that fit her just right— one of those painted boards with a hole where the face should be—and pressed her tiny face into the opening. The delight that crossed her features was pure and unguarded, the kind of happiness that has no calculation in it. Her mother, Blanca Arevalo, watched from a few steps away, beaming. Blanca had brought her one-year-old daughter, Ailany Salgero, after spotting a flyer at school. «I enjoy going out with my daughter for events like this one in our community,» Blanca told me, «and getting out for the day.» She didn’t need to say more. The afternoon had already said it.

Families getting ready for the Easter Egg Hunt at Ferko playground in Juniata. (Photo: Courtesy of Rumberos Jeep Club)

Maribel Oquendo, president of the Rumberos Jeep Club, beamed with joy as she watched the children enjoying their day. “We just love seeing people happy,” she said, and it is the most honest summary of this organization you will find. The Rumberos was founded in January 2021 out of a shared love of Jeeps — the kind of passion that starts in driveways and grows into something that feels like family. But just over a year into the club’s life, tragedy arrived without warning. On April 24, 2022, a house fire in the Kensington neighborhood killed a father and his three children. He tried to save his children but perished in the fire. Only the mother survived. The grief of that event rippled far beyond the block where it happened, reaching the Rumberos. It was then that they chose to do more than just get together for weekend fun. “We wanted a club with a purpose, and that purpose is to make life better and happier for families. We are not just in Philadelphia, said Cookie Barreto, an active Rumberos member. We are receiving recognition in Newark, New Jersey, soon, and we want to be recognized in Philadelphia as well.

Rumberos Board and Members from left to right Marisol Oquendo, president of Rumberos Jeep Club, and members Nilda Martínez, Rabbit, Yolanda Negron, María Rodríguez, Cookie Barreto. (Photo: Aleida García)

They chose to be something more. They formalized their mission, became a registered 501(c)(3) nonprofit, and built a calendar of community service that now spans the entire year. Their Easter Egg Hunt kicks off the spring. In August, they host a Back-to-School event and put school supplies in the hands of children who need them. Come December, they host a toy distribution that transforms into its own kind of Christmas morning. Throughout the rest of the year, they clean streets, feed the homeless, and show up wherever there is work to be done. The funds come, in part, from the Rumberos’ commercial services: Jeep escorts for proms, weddings, graduations, and funerals — their fleet bearing witness to how full they are of life and the spirit of giving.

Children of all ages were lined up at the start of the hunt, excited about the Easter Egg search and getting a basket full of delicious treats. (Photo: Aleida García)

Rumberos Jeep Club maintains a steady presence at the Boys and Girls Building on the 1200 block of East Cayuga, just steps east of Ferko Playground. There is real talent inside this organization. I asked Imalay Lopez, the club’s secretary, what drew her in. Her answer was immediate. «I love Jeeps, and this is a family group,» she said. «I love my community — and I am a teacher in this community.» She said it the way people speak when identity and purpose have fused. Julia Ayala, another member, put it with the calm confidence of someone who has earned the right to her convictions: «This group gets better all the time. We are mostly older people, and we know what we are doing. We are doing what we can to help families and children in Philadelphia.»

Rumberos Jeep Club members say they feel at home in the family organization. Right to left President Maribel Oquendo, y miembras Elsie Pirela, y Aileen Ayala. (Photo: Aleida García)

Membership in the Rumberos is not taken lightly. Every applicant must meet with the full group and receive unanimous approval. They must also pass a child abuse clearance — a requirement that speaks directly to this organization’s character. The children they serve are not a backdrop for their brand. They are the whole point.

Members of the Rumberos Jeep Club together for group photo after the Easter Egg Hunt. (Photo: Courtesy of Rumberos Jeep Club)

By the time the afternoon wound down and the last Easter egg had been claimed, I stood at the edge of Ferko Playground and felt something I don’t always feel at community events: the sense that something real had happened here. Not a photo opportunity. Not a line item in someone’s outreach budget. Something real. The Rumberos Jeep Club is one to watch in Philadelphia. More than that, they are ones to support.