Christine Farro ya envía menos regalos a sus nietos en sus cumpleaños y pospuso las vacunas de dos gatos y un perro. Toda su ropa proviene de tiendas de segunda mano y la mayoría de sus verduras vienen de su jardín. A los 73 años, ha reducido sus gastos tanto como puede para vivir con un presupuesto ajustado.
Pero está a punto de apretarse aún más.
A medida que la administración Trump reanuda la cobranza de préstamos estudiantiles en mora, una población ha quedado atrapada inesperadamente en el fuego cruzado: cientos de miles de estadounidenses a mayores cuyas deudas de décadas ahora los ponen en riesgo de que se les embarguen sus cheques del Seguro Social.
“Trabajé horas ridículas. Trabajé fines de semana y noches. Pero nunca pude pagarlo”, dice Farro, una jubilada de bienestar infantil en Santa Ynez, California.
Como a millones de deudores de créditos estudiantiles, el gobierno pausó hace cinco años los pagos y los intereses de Farro, cuando la pandemia sumió a muchos en dificultades financieras. Ese período de gracia terminó en 2023 y, a principios de este mes, el Departamento de Educación dijo que reiniciaría las «cobranzas involuntarias» embargando salarios, reembolsos de impuestos y beneficios de jubilación y discapacidad del Seguro Social. Anteriormente, a Farro se le embargó su Seguro Social y espera que se reactive.
Los préstamos de Farro datan de hace 40 años. Era madre soltera cuando obtuvo una licenciatura en psicología del desarrollo y cuando descubrió que no podía ganar lo suficiente para pagar sus préstamos, volvió a la escuela y estudió una maestría. Su salario nunca alcanzó. Las cosas solo empeoraron.
Alrededor de 2008, cuando consolidó sus préstamos, pagaba 1.000 dólares al mes, pero años de pagos perdidos y acumulación de intereses significaban que apenas estaba haciendo mella en una deuda que había aumentado a 250.000. Cuando buscó ayuda para resolver su deuda, dice que la compañía de préstamos solo tenía una sugerencia.
“Dijeron: ‘Múdate a un estado más barato’”, dice Farro, quien alquila una casita de 37 metros cuadrados (400 pies cuadrados) a un amigo. “Me di cuenta de que estaba viviendo en una realidad diferente a la de ellos”.
El adeudo de préstamos estudiantiles de personas mayores ha crecido a un ritmo asombroso, en parte debido al aumento de las matrículas que han obligado a más personas a pedir prestadas sumas mayores. Las personas de 60 años o más tienen un estimado de 125.000 millones de dólares en préstamos estudiantiles, según el Centro Nacional de Derecho del Consumidor, un aumento de seis veces en comparación con hace 20 años. Eso ha disparado hasta 3.000% el número de beneficiarios del Seguro Social que les han embargado sus pagos durante el mismo período, según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB).
Se estima que 452.000 personas de 62 años o más tenían préstamos estudiantiles en mora, según un informe de enero de la CFPB.
Debbie McIntyre, una maestra de educación para adultos de 62 años en Georgetown, Kentucky, está entre ellos. Sueña con jubilarse y escribir más ficción histórica, y con abordar un avión por primera vez desde la secundaria. Pero su esposo ha estado sin trabajo por discapacidad durante dos décadas y han usado tarjetas de crédito para sobrevivir con las escasas prestaciones de él y el sueldo de ella. Su alquiler aumentará 300 dólares cuando renueven su contrato. McIntyre no sabe qué hacer si le embargan el sueldo.
Ella plantea la idea de la bancarrota, pero eso no eliminará automáticamente sus préstamos, que están sujetos a un estándar diferente al de otras deudas. Calcula que, si toma trabajos adicionales cuidando niños o dando tutorías, podría destinar 50 dólares a sus préstamos de vez en cuando. Pero no ve una solución real.
“No sé qué más puedo hacer”, dice McIntyre, quien tiene demasiado miedo de verificar cuál es el saldo de su préstamo. “Nunca saldré de este agujero”.
Braxton Brewington, de la unión de deudores Debt Collective, dice que es sorprendente cuántas personas mayores se conectan a las llamadas de la organización y asisten a sus protestas. Muchos de ellos, dice, deberían haber tenido sus deudas canceladas, pero fueron víctimas de un sistema «lleno de fallas, ilegalidades y casualidades». Muchos cuyas educaciones los han dejado con deudas en la vejez, de hecho, han pagado el principal de sus préstamos, a veces varias veces, pero aún deben más debido a intereses y tarifas.
Para aquellos que están sujetos a embargo, Brewington dice que los resultados pueden ser devastadores.
“Escuchamos de personas que se saltan comidas. Conocemos personas que diluyen su medicación o parten sus pastillas por la mitad. Las personas toman medidas drásticas como retirar todos sus ahorros o disolver sus planes de ahorro para la jubilación”, dice. “Conocemos a personas que han caído en la indigencia”.
Las cobranzas de préstamos en mora podrían haberse reiniciado sin importar quién fuera presidente, aunque la administración Biden intentó limitar la cantidad de ingresos que se podría embargar. La ley federal protege solo 750 dólares de los beneficios del Seguro Social del embargo, una cantidad que pondría a un deudor muy por debajo del umbral de pobreza.
“Básicamente estamos dando beneficios federales a las personas con una mano y quitándoselos con la otra”, dice Sarah Sattelmeyer del grupo de expertos New America.
Linda Hilton, una oficinista jubilada de 76 años de Apache Junction, Arizona, pasó por el embargo antes del covid y dice que sobrevivirá de nuevo. Pero los vuelos para ver a sus hijos, tener comidas ocasionales en un restaurante y otros placeres de la vida de jubilada pueden desaparecer.
“Va a significar restricciones”, dice Hilton. “No habrá viajes. No habrá lujos”.
Algunos deudores ya han recibido notificaciones sobre las cobranzas. Muchos más viven con miedo. El presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva pidiendo el desmantelamiento del Departamento de Educación y, para aquellos que buscan respuestas sobre sus préstamos, los despidos masivos han complicado que se respondan las llamadas.
Aunque la secretaria de Educación, Linda McMahon, dice que reiniciar las cobranzas es un paso necesario para los deudores “tanto por el bien de su propia salud financiera como por la perspectiva económica de nuestra nación”, incluso algunos de los partidarios más fervientes de Trump están cuestionando una medida que hará sus vidas más difíciles.
Randall Countryman, de 55 años, de Bonita, California, dice que una propuesta de la administración Biden para perdonar parte de la deuda estudiantil no le pareció justa, pero no está seguro de que el enfoque de Trump lo sea tampoco. Apoya a Trump, pero desearía que el gobierno tomara decisiones caso por caso sobre los deudores. Countryman piensa que los estadounidenses no se dan cuenta de cuántas personas mayores se ven afectadas por las políticas sobre préstamos estudiantiles, a menudo consideradas como un problema de los jóvenes, y lo difícil que puede ser para ellos pagar.
“El problema de un joven hoy”, dice, “es el problema de una persona mayor mañana”.
Countryman comenzó a trabajar en un título mientras estaba en prisión, luego lo continuó en la Universidad de Phoenix cuando fue liberado. Comenzó a ponerse nervioso a medida que acumulaba deuda de préstamos y nunca terminó su título. Ha tenido varios empleos, pero encontrar trabajo a menudo se ha complicado por su historial criminal.
Vive de la pensión del Seguro Social de su esposa y de la amabilidad de su suegra. No sabe cómo se las arreglarían si el gobierno exige el reembolso.
“En cierto modo, desearía no haber ido a la escuela en primer lugar”, dice.
