DEEPTI HAJELA 

NUEVA YORK (AP) — Cuando Dauda Sesay llegó a Estados Unidos tras huir de la guerra civil en Sierra Leona y pasar casi una década en un campo de refugiados, no tenía idea de que podría convertirse en ciudadano. Pero le dijeron que si seguía las normas y no se metía en problemas, pasados algunos años podría solicitarlo. Como ciudadano estadounidense, estaría protegido.

Eso fue lo que lo llevó a postular: la premisa —y la promesa— de que, al convertirse en ciudadano estadounidense naturalizado, se establecería un vínculo entre él y su nuevo hogar. Tendría derechos y responsabilidades, como el voto, y al comprometerse con el país, el país también se comprometería con él.

“Cuando levanté mi mano y presté el juramento de lealtad, creí en ese momento en la promesa de pertenencia», afirmó Sesay, de 44 años, quien llegó a Luisiana hace más de 15 años y trabaja como defensor de los refugiados y de su integración en la sociedad estadounidense.

Pero en los últimos meses, a medida que el presidente Donald Trump reestructura la inmigración y la relación de la nación con los migrantes, esa creencia se ha resquebrajado para Sesay y otros ciudadanos naturalizados. Ahora se teme que los esfuerzos por aumentar drásticamente las deportaciones y cambiar quién puede considerar a Estados Unidos como su hogar, a través de medidas como intentar acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, esté teniendo un efecto dominó.

Lo que consideraban la protección fundamental de la naturalización se siente ahora más como arenas movedizas.

¿Qué pasa si se marchan?

A algunos les preocupa que, si salen del país, tengan dificultades al intentar regresar, temerosos ante los relatos de ciudadanos naturalizados que han sido interrogados o detenidos por agentes fronterizos de Estados Unidos. Se preguntan si deberían bloquear sus celulares para proteger su privacidad. Otros son reacios a moverse también a nivel nacional, después de historias como la de un ciudadano acusado de estar en el país ilegalmente y arrestado incluso después de que su madre presentara su certificado de nacimiento.

Sesay dice que ya no viaja dentro del país sin su pasaporte, a pesar de tener una REAL ID con los estrictos requisitos de identidad exigidos por el Gobierno federal.

Las redadas migratorias, a menudo llevadas a cabo por agentes federales enmascarados y sin identificación en lugares como Chicago y la ciudad de Nueva York, a veces han incluido a ciudadanos estadounidenses. Uno de ellos, que dice haber sido detenido por agentes de inmigración en dos ocasiones, ha presentado una demanda federal.

Para avivar la preocupación, el Departamento de Justicia emitió un memorando este verano en el que anunció que intensificaría los esfuerzos para desnaturalizar a los migrantes que hayan cometido delitos o se consideren un riesgo para la seguridad nacional. En un momento dado, Trump llegó a amenazar a la ciudadanía del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, un demócrata socialista de 34 años, quien se naturalizó cuando era joven.

Esta atmósfera hace que algunos tengan miedo de hablar de la situación en público, por temor a atraer una atención negativa sobre sí mismos. Los pedidos de comentarios a través de varias organizaciones comunitarias y otros contactos no encontraron a nadie dispuesto a hablar públicamente, además de Sesay.

En Nuevo México, la senadora estatal Cindy Nava dice que está familiarizada con el miedo ya que creció sin la documentación pertinente antes de ingresar al DACA —Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, un programa del expresidente Barack Obama que protegía de la deportación a quienes fueron llevados al país cuando eran niños— y obtener la ciudadanía a través de su matrimonio. Pero no esperaba ver tanto miedo entre los ciudadanos naturalizados.

“Nunca había visto a esas personas tener miedo (…) Las personas que conozco que antes no tenían miedo, ahora no están seguras de lo que su estatus les depara en términos de una red de seguridad”, comentó Nava.

Stephen Kantrowitz, profesor de historia en la Universidad de Wisconsin-Madison, señaló que el significado de la ciudadanía, y quién estaba incluido, se ha expandido y contraído a lo largo de la historia estadounidense. Aunque la palabra “ciudadano” está en la Constitución original, no está definida, explicó.

“Cuando se escribió la Constitución, nadie sabía qué significaba la ciudadanía”, manifestó. “Es un término técnico, procede de la tradición revolucionaria francesa. Sugiere una especie de igualdad de los miembros de una comunidad política, y tiene algunas implicaciones para el derecho a ser miembro de esa comunidad política. Pero es… tan indefinido”.

La inmigración estadounidense y sus obstáculos

La primera ley de naturalización aprobada en 1790 por el Congreso del nuevo país establecía que la ciudadanía era para cualquier “persona blanca libre” de buen carácter. Las personas de ascendencia africana o nacidos en África se incorporaron como una categoría específica a la ley federal de inmigración después de los estragos de la Guerra Civil en el siglo XIX, que fue también cuando se añadió la 14ª Enmienda a la Constitución para establecer la ciudadanía por derecho de nacimiento.

En los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX se promulgaron leyes que limitaban la migración y, por extensión, la naturalización. La Ley de Inmigración de 1924 vetó la entrada a personas procedentes de Asia porque no podían optar a la naturalización, al no ser ni blancas ni negras. Eso no cambió hasta 1952, cuando una ley migratoria acabó con las restricciones raciales a la naturalización. La Ley de Inmigración y Naturalización de 1965 reemplazó el sistema migratorio anterior por uno que distribuía visas de forma equitativa.

La historia estadounidense también incluye épocas en las que se retiró la ciudadanía a quienes la tenían, como después del fallo de la Corte Suprema de 1923 en el caso Estados Unidos vs. Bhagat Singh Thind. La resolución indicaba que los indios no podían naturalizarse porque no calificaban como blancos, lo que provocó varias docenas de desnacionalizaciones. En otras ocasiones se ignoró, como en la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses-estadounidenses fueron obligados a entrar en campos de internamiento.

«El poder político a veces simplemente decide que un grupo de personas, o una persona o una familia no tiene derecho a la ciudadanía», dijo Kantrowitz.

En este momento, Sesay dice que se siente como una traición.

“A los Estados Unidos de América, a eso es a lo que presté ese juramento de lealtad y con eso es con lo que me comprometí», afirmó. «Ahora, dentro de mi país, estoy viendo un cambio… Honestamente, ese no es el Estados Unidos en el que creía cuando puse mi mano sobre el corazón”.